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Informe jurídico societario sobre aspectos relevantes del decreto 27/2018 - sector público. Desburocratización y simplificación

February 12, 2018

or Soledad Richard y Pablo Javier Rodríguez[1]

 

  1. Exposición de motivos

 

El Decreto 27/2018 del Poder Ejecutivo Nacional tiene fecha del 10/01/2018, ha sido publicado en el Boletín Oficial el día 11/01/2018 y entró en vigencia el día 12/01/2018.

El considerando de la norma indicada contiene una declaración de intenciones excelente, habrá que analizar oportunamente si se logran los objetivos determinados y si se traduce en una mayor eficiencia del Estado.

La normativa fija como objetivo tornar más eficiente la gestión pública, incentivar la inversión, la productividad, el empleo y la inclusión social. Todo ello mediante un proceso de eliminación y simplificación de normas, lo que debe reflejarse en menores costos y plazos, lo cual redunda no sólo en beneficio del empresario sino también en el circuito productivo.

Continúa expresando en sus considerandos “…que es indispensable elaborar una estrategia sistémica e integral que establezca como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público y abierta a la participación de la sociedad, que incluya la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas eficientes que nos lleve a un Estado eficaz, capaz de responder a las necesidades ciudadanas y respetuoso de la autonomía privada.”

Remarca como elemento esencial la necesaria implementación y utilización de tecnología de la información y comunicación disponibles. Y agrega que, en ese marco, “…por el Decreto N° 561 de fecha 6 de abril de 2016, se aprobó la implementación del Sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.”

En definitiva, se considera que los objetivos propuestos son positivos, ya que la burocratización con los elevados costos y las demoras en la gestión de trámites constituye un elemento que desalienta el desarrollo económico y social.

El Decreto 27/2018 se encuentra dividido en 22 capítulos, cada capítulo aborda un tema diferente. El amplio temario comprende temas tan diversos como: 1) Senasa, 2) Sociedades, 3) Fondo Fiduciario para el desarrollo de capital emprendedor; 4) Actividades Portuarias; 5) Aviación Civil; 6) Tránsito y Seguridad Vial; 7) Sistema métrico legal; 8) Marcas y Patentes; 9) Fondo de Garantía Argentino; 10) Sociedades de Garantía Recíprocas; 11) Firma Digital;  12) Energía; 13) Obras de Arte; 14) Promoción del Trabajo; 15) Administración de Bienes del Estado; 16) Fondo de Garantía de Sustentabilidad; 17) Licitación en Obras Públicas; 18) Industria; 19) Seguros; 20) Unidad de Información Financiera; 21) Fondo Fiduciario de Capital Social y 22) Acceso al Crédito.

Como técnica legislativa no resulta favorable la inclusión de un temario tan diverso, con problemáticas disímiles. De todas maneras, estimamos que la norma tiene como eje implementar la utilización de herramientas de digitalización, tanto en la gestión de los trámites como en el registro de la información, y es esto lo que constituye la columna vertebral común en las diferentes áreas sobre las que aborda el decreto bajo análisis.

La temática relativa al Derecho Societario se encuentra principalmente normado en el Capítulo II. En la exposición de motivos correspondiente se entiende que, a los efectos de conseguir los objetivos indicados precedentemente, se modifica:

  • La Ley General de Sociedades (Ley N° 19.550), en sus arts. 8, 34, 35 y 61.

  • La Ley N° 26.047 relativa al Registro Nacional de Sociedades, en sus arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 13.

  • La Ley 22.315, regulatoria de la Inspección General de Personas Jurídicas, en su art. 4.

  • La Ley N° 27.349 en lo relativo a las Sociedades por acciones Simplificadas, en sus arts. 36, 38 y 39.

 

  1. Capítulo II. Sociedades

 

En lo relativo al Derecho de Sociedades el Decreto 27/2018 modifica normas relativas a los siguientes temas:

-Registro Nacional de Sociedades, implementando un sistema de centralización nacional de datos.

-Socio aparente y socio oculto, prohibiendo esta situación societaria y sancionando su incumplimiento.

-Posibilidad de que las sociedades lleven libros sociales y contables digitales.

-Sociedades por acciones simplificadas, permite establecer un objeto social amplio y plural, y posibilita que las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones o debentures puedan constituir este tipo social.

Analicemos a continuación cada uno de los puntos indicados.

 

  1. Registro Nacional de Sociedades.

En este aspecto el Decreto 27/2018 tiene como objetivos: a) la modificación del Registro Nacional de Sociedades por Acciones; b) creación de un sistema centralizado de información sobre la creación y modificación de todas las personas jurídicas; c) la adecuación de los Registro Nacionales al Plan de Modernización del Estado aplicando los sistemas informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio de Modernización.

 

  1. Modificaciones a la estructura de los Registros Nacionales.

 

El art. 8 de la Ley General de Sociedades (LGS) ya contemplaba el Registro Nacional de Sociedades por Acciones.

Con posterioridad diferentes normas reglamentan dicho Registro Nacional, a los fines de dar cumplimiento al art. 8 LGS. Así se sanciona el 07 de febrero la Ley 26.047 que crea el Registro Nacional de Sociedades por acciones y que además comprende el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones, éstos últimos creados por la ley 22.315 y el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el decreto 23 del 18 de enero de 1999.  

Por lo tanto, la norma bajo análisis no crea estos Registros Nacionales, sino que modifica las normas que los crearon dándole impulso e introduciendo normas tendientes a la incorporación de herramientas tecnológicas y de digitalización.

Por su parte el art. 8 de la LGS es modificado remarcando que el Registro Nacional de Sociedades por Acciones se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (algo que ya se encontraba establecido en el art. 2 de la Ley 26.047). Lo que agrega es que los mismos utilizarán los sistemas informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio de Modernización.

El nuevo texto del art. 8 de la Ley General de Sociedades (LGS) establece que la “…organización y funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones estará a cargo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o del Organismo que éste indique al efecto, para lo cual se utilizarán los sistemas informáticos desarrollados y provistos por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN o, en su caso, por quien el PODER EJECUTIVO NACIONAL determine”.

De la modificación del art. 8 de la LGS se torna necesario modificar, y así se procedió a hacer, la Ley N° 26.047 (en sus arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 13) que se refiere al Registro Nacional de Sociedades por Acciones, Registro Nacional de Sociedades Extranjeras, Registro Nacional de Asociaciones Civiles y de Fundaciones y Registro Nacional de Sociedades no Accionarias.

Resulta importante también la derogación del art. 4, en sus incs. d), e) y f) de la ley 22.315 relativa a la Inspección General de Personas Jurídicas lo que implica que desafecta a los Registros Nacionales de la órbita de control de la IGJ. Cabe preguntarse qué organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en ejercicio se encargará de los Registros Nacionales indicados o si se creará un organismo nuevo al efecto. 

 

  1. Sistema centralizado de información de las personas jurídicas

 

El Decreto 27/2018 precisa un sistema centralizado de información a nivel nacional. Tampoco en este caso se trata de una novedad atento a que ya estaba considerado en las normativas indicadas precedentemente, lo que hace la presente modificación es profundizar y detallar algunos aspectos de esa centralización de datos.

Actualmente, en la práctica cada una de las 24 jurisdicciones nacionales lleva su Registro General de personas jurídicas. La modificación normativa determina el procedimiento a los efectos de que cada una de estas jurisdicciones, mediante medios digitales, remitan al Registro Nacional de Sociedades por Acciones los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o autoricen.

Dispone que los Registros Nacionales serán de consulta pública por medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un arancel que ingresará a la Cuenta Única del Tesoro de la Nación y que luego se distribuirán a las respectivas jurisdicciones conforme lo establezca la reglamentación.

Cada dependencia administrativa y judicial de cada jurisdicción continuará teniendo la facultad de calificación y de inscripción a los efectos de la constitución y modificación de las personas jurídicas y deberán remitir mediante medios informáticos al Ministerio de Justicia o al organismo que éste indique los datos de las entidades que inscriban, modifique o autoricen.

Los datos relativos a la modificación incluyen los cambios que refieran a la integración de los órganos de administración, representación y fiscalización, las transmisiones de participaciones sociales sujetas a inscripción, el acto de presentación de estados contables, los procedimientos de reorganización, disolución y liquidación y las declaraciones juradas de beneficiarios finales de las mismas.

Dispone que el Ministerio de Modernización pondrá a disposición de las distintas jurisdicciones, los sistemas y plataformas informáticas necesarios para efectivizar los objetivos propuestos en la exposición de motivos.

Desde un punto de vista práctico, la circunstancia de que se pueda acceder con las herramientas digitales actuales a información de cualquier persona jurídica que desarrolle su actividad en el territorio nacional constituye una herramienta importante y efectiva, esto permitirá saber, cuanto menos, qué sociedades subsisten, quiénes la representan, etc. 

Establece un procedimiento de incorporación de datos disponiendo que se comenzará por las sociedades y entidades de antigüedad máxima de 5 años y que una vez concluida la centralización de información de las mismas se continuará almacenando la información de las sociedades y entidades de los siguientes 5 años y así sucesivamente. Será importante reglamentar el procedimiento y los tiempos de ejecución a los fines de conseguir la centralización y digitalización de datos en el menor tiempo posible.

Se crea un Comité Técnico Consultivo integrado por un representante designado por el Ministerio de Justicia y por dos representantes de dos jurisdicciones quienes elaborarán propuestas y sugerencias para mejorar el funcionamiento de los Registros Nacionales.

En definitiva, el Decreto analizado modifica lo relativo a los Registros Nacionales de sociedades profundizando la digitalización de la información de cada una de las 24 jurisdicciones y si bien se entiende que no restringe la facultad de contralor de cada una de ellas si dispone la obligación de remitir de forma digital la misma la que será receptada por el Registro Nacional para la consulta pública sin necesidad de acreditar interés.

 

  1. Socio aparente y socio oculto.

 

El Decreto 27/2018 sustituye los arts. 34 y 35 LGS.

Esta modificación se corresponde a lo indicado en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), punto 5, párrafos 728 al 731 y 746 (Recomendación 33) atento a que se considera que incentiva conductas o situaciones contrarias a la transparencia y al combate de lavado de activos. También se corresponde al cumplimiento de requisitos necesarios para ingresar como miembro pleno a la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

El art. 34 LGS en su nueva redacción prohíbe la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del socio oculto. Consideramos que efectivamente asta prohibición desalienta la utilización de la figura del socio oculto y socio aparente.

El art. 35 LGS que antes regulaba la situación del socio del socio ha sido sustituido estableciendo la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada de quienes infrinjan la norma del art. 34.  De la lectura del decreto parece desprenderse que se elimina del texto legal la regulación de la figura del socio del socio. Quizás hubiera sido de mejor técnica legislativa incorporar en el art. 34 el nuevo texto legal y dejar como estaba el antiguo art. 35 LGS en tanto la figura del socio del socio consideramos que no afecta a la transparencia ya que se trata de una figura jurídica en la que el socio del socio no es considerado como tal para la sociedad ni para los terceros, sino que constituye un contrato entre las partes interesadas.

 

  1. Modificación del art. 61 LGS.

 

El nuevo texto del art. 61 LGS dispone que se podrá prescindir de las formalidades establecidas por los arts. de la LGS 73, 162, 213, 238, 290 y de lo dispuesto por el art. 320 del CCCN (libros contables), pudiendo llevar Registros Digitales en la misma forma que los Registros Digitales de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) instituidas en la Ley N° 27.349, en un claro intento por despapelizar la registración de información.

Los artículos de la LGS y del CCCN a los que remite el art. 61 LGS se refieren a los Libros societarios y contables que deben llevar las personas jurídicas. En cuanto a los libros sociales hasta la fecha ha sido necesario para las sociedades (salvo para las Sociedades por acciones Simplificadas), contar con libros en soporte papel (Libros de Actas de Reuniones del Órgano de Gobierno, Libro de Actas del Órgano de Administración, Libro de Registro de Accionistas, Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora). A partir de la vigencia del decreto 27/2018 se posibilita que las sociedades lleven los libros sociales y contables como las SAS.

De la lectura del art. 58 de la Ley 27.349 (que regula las SAS) se desprende que estas sociedades llevarán en registros digitales los Libros de Actas, Libros de Registro de Acciones, Libro de Inventario y Balance, Libros IVA Compras y Ventas. Incluso se faculta la creación de una página web donde se vuelquen la totalidad de los datos de los registros.

Este tema reviste radical importancia práctica atento a que los Libros sociales constituyen los medios probatorios que dan seguridad jurídica a las resoluciones de los diferentes órganos de la sociedad. Los libros de Registro de Acciones nos permiten entre otras, determinar quiénes revisten la calidad de socios, los datos personales, la participación en el capital social, si las acciones se encuentras gravadas, etc. Los Libros de Actas de Asambleas y de Directorio nos permiten determinar las resoluciones que adoptaron cada uno de los órganos sociales. Por ello será de radical importancia la determinación de procedimientos de registración digital que continúen brindando seguridad jurídica en tutela de los intereses de los socios, la sociedad y los terceros que se vinculen con ellos. Y nos preguntamos si las instituciones públicas, las privadas y las personas en general que habitamos este suelo contamos en este momento con las herramientas digitales y tecnológicas necesarias para su aplicación.

La clave será determinar cómo podrán acceder los actores del derecho y los ciudadanos en general a dicha información de manera fehaciente, advirtiendo la importancia de esta documentación. Es menester recordar el efecto constitutivo que tiene las decisiones adoptadas por sus órganos, ya sea en reuniones de socios o de administradores, cualquiera sea su tipo societario, siendo su inscripción meramente declarativa. En este sentido, aún no inscripta esta información será clave el acta que sustente la reunión del órgano pertinente: a los efectos del ejercicio de la función notarial por ejemplo será fundamental determinar cómo se podrá acceder a esta información a los efectos de cumplimentar con el artículo 307 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

  1. Modificación a la Ley de Sociedades por Acciones Simplificada (Ley 27.349).

 

Introduce una modificación al art. 36, inc. 4) disponiendo que la sociedad en su contrato social podrá establecer un objeto amplio y plural. Esto permite una mayor flexibilidad en la utilización de estos tipos sociales. 

Sustituye el art. 38 relativo a la inscripción registral. No se observan modificaciones que conlleven un cambio sustancial con relación al texto anterior. Introduce los términos “requisitos formales” y suprime las palabras “autoridad de contralor” en el primer párrafo del artículo.  

Sustituye también el art. 39. En dicha norma elimina el inc. 1 del art. 299 LGS por lo que las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones o debentures también pueden constituirse como sociedades por acciones simplificadas.

Si uno lee la exposición de motivos, previo a la lectura del articulado, se espera una modificación con mayores efectos atento a que los considerandos expresan “…que resulta conveniente realizar ciertas modificaciones a la Ley N° 27.349 con el objeto de impulsar la creación de nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas a través de la eliminación de barreras interpretativas y estableciendo la obligatoriedad del uso de medios digitales y tecnológicos disponibles”. Lo cierto es que las SAS son el tipo social regulado con mayor aplicación de las nuevas tecnologías y medios digitales y, como indicamos, las modificaciones a este tipo social radican en la mayor flexibilidad a la hora de determinar el objeto social y a la eliminación del inc. 1 del art. 299 LGS en el texto del art. 39 que regula las SAS lo que permite que las sociedades abiertas puedan constituir sociedades enmarcadas en este tipo social. La exposición de motivos revela una declaración de intenciones mucho más amplia de lo que se modifica finalmente en esta temática.

 

  1. CAPITULO X. SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA.

 

En consonancia con los objetivos generales del Decreto 27/2018 la normativa pretende modernizar, simplificar y ampliar el ámbito de aplicación de las Sociedades de Garantía Recíproca, permitiendo que se otorguen garantías no sólo a las PyMEs sino también a empresas y terceros en general.

En cuanto a los límites operativos se disponen condiciones equitativas entre la banca privada y la banca pública.

 

  1. Conclusiones.

 

Como se observa en lo expuesto, los objetivos trazados en los considerandos de esta norma resultan una declaración de intenciones excelente. Transitar el camino de la Digitalización y Centralización de Datos con acceso público debería conseguir una mayor transparencia, agilidad y reducción de costos.

Habrá que observar con detenimiento la manera en que se reglamentan los Registros Nacionales de Sociedades.

Así también se considera positiva la modificación del art.34 LGS, no así la supresión del art. 35 LGS.

La posibilidad de digitalizar los libros societarios y contables merece un seguimiento cauteloso en su instrumentación, ya que la información que ellos contienen es de fundamental importancia para los actores jurídicos. No sólo reglamentar el acceso a dicha información, sino que se garantice que ésta es fehaciente y completa, no sólo en cuanto a su contenido sino también en relación a su autoría y origen.

Por su parte las modificaciones al Régimen de Sociedades por Acciones Simplificada en algunos aspectos, como la posibilidad de objetos múltiples, se puede considerar que otorga mayor agilidad y flexibilidad, aunque en otros aspectos no resulta clara la consonancia entre los considerandos y los artículos modificados en la norma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Profesores de Derecho de Sociedades en las Universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba, respetivamente, Doctores en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Master en Derecho de Empresa de la Universidad Pompeu Fabra –Barcelona-, Miembros Titulares del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto que nos ha autorizado a publicar este relevante informe sobre aspectos societarios que se requiriera a estos Miembros.

Citar: elDial.com - DC24A2 

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