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La circularidad argentina y los DNU -A propósito del Decreto 27/2018 del PEN-

February 12, 2018

 

 


“El reciente dictado del decreto n° 27/2018 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, también denominado “megadecreto” posibilita varios niveles de análisis, sin embargo, en este caso he decidido reflexionar sobre una característica tristemente definitoria del pensamiento jurídico argentino, que queda expuesta a partir del dictado del mencionado decreto y se refiere a la circularidad de dicho pensamiento, que nos conduce una y otra vez a los mismos lugares.” 

“Desde siempre los decretos de necesidad y urgencia han formado parte del repertorio de clásicos en el debate jurídico, siendo merecedores de innumerables críticas.”

“Lo cierto es que en el año 1994 tuvimos la oportunidad de resolver el asunto en un sentido u otro, es decir, quitándolos definitivamente de nuestro sistema constitucional o bien habilitándolos de forma excepcionalísima, y bajo parámetros objetivos que imposibiliten cualquier discrecionalidad y todo tipo de subjetividades interpretativas, y no mediante fórmulas ambiguas y expresiones abiertas como lo dispusieron los constituyentes del 94; pues al menos así hubiésemos salido, aunque sea en este punto, de la rotonda jurídica que -a estas alturas- nos mantiene a todos mareados.”



Citar: elDial.com - DC24A0 

Publicado el 07/02/2018 

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La circularidad argentina y los DNU

-A propósito del Decreto 27/2018 del PEN-

 

Por Guido Risso(*)

 

 

El reciente dictado del decreto n° 27/2018 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, también denominado “megadecreto” posibilita varios niveles de análisis, sin embargo, en este caso he decidido reflexionar sobre una característica tristemente definitoria del pensamiento jurídico argentino, que queda expuesta a partir del dictado del mencionado decreto y se refiere a la circularidad de dicho pensamiento, que nos conduce una y otra vez a los mismos lugares.

 

Hace al menos un siglo -por trazar una línea histórica- que, al igual que un auto atrapado en una rotonda, debatimos sobre los mismos asuntos sin avanzar en ningún sentido.

 

Desde siempre los decretos de necesidad y urgencia han formado parte del repertorio de clásicos en el debate jurídico, siendo merecedores de innumerables críticas.

 

Tal discusión se centraba fundamentalmente en dos cuestiones elementales, la correspondiente a su legitimidad y la referida a su constitucionalidad, pues no obstante la Constitución histórica no establecía expresamente esas atribuciones, parte de la doctrina y el derecho judicial  las entendía derivadas de facultades implícitas, llegando incluso a convertirse -sobre todo en determinados periodos presidenciales- prácticamente en una rutina institucional.

 

Lo cierto es que en el año 1994 tuvimos la oportunidad de resolver el asunto en un sentido u otro, es decir, quitándolos definitivamente de nuestro sistema constitucional o bien habilitándolos de forma excepcionalísima, y bajo parámetros objetivos que imposibiliten cualquier discrecionalidad y todo tipo de subjetividades interpretativas, y no mediante fórmulas ambiguas y expresiones abiertas como lo dispusieron los constituyentes del 94; pues al menos así hubiésemos salido, aunque sea en este punto, de la rotonda jurídica que -a estas alturas- nos mantiene a todos mareados.

 

Sucede que, como adelantamos en el párrafo precedente, la ultima reforma constitucional operada concedió finalmente al presidente de la nación, bajo dos exigencias de carácter ambiguo (que su dictado se encuentre justificado por razones de necesidad y urgencia), la competencia para dictar decretos-leyes tan solo excluyendo determinadas materias.

 

De tal modo, en una redacción cargada de defectos -pues como explicaremos luego, a la formulación de las disposiciones se las reconoce confusas y contradictorias en cuanto a los objetivos señalados- el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional al otorgarle las atribuciones al Presidente de la Nación expresa lo siguiente:

 

“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

 

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.

 

No se requiere ajustar demasiado la mirada ni la inteligencia para poder observar cómo el artículo constitucional, en sí mismo, provoca una verdadera reducción al absurdo del aparente rigorismo de su prohibición inicial: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

 

En efecto, el inciso al haber indirectamente admitido el ejercicio de facultades legislativas por parte del poder ejecutivo se ha desnaturalizado a sí mismo y, contrariamente al discurso de la época, que en principio pretendía moderar los rasgos fuertes del sistema presidencialista, a dado a los decretos de necesidad y urgencia, bajo el juego prohibición/excepción, la habilitación normativa de la cual carecían antes de la reforma.

 

En suma, las disposiciones bajo análisis no guardan coherencia con los motivos y fundamentos que los constituyentes señalaron como inspiradores de su labor, por tal razón es que pese a las rimbombantes prohibiciones normativas, la puerta continua entreabierta.

               

 

 

 

 

 

 

(*) Doctor en Ciencias Jurídicas. Especialista en Constitucionalismo.

Profesor universitario de grado y doctorado.

 

Citar: elDial.com - DC24A0 

Publicado el 07/02/2018 

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