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Decreto 27/2018 de desburocratización y simplificación, su incidencia en la Actividad Portuaria. Ley 24.093

February 28, 2018

 

El Poder Ejecutivo Nacional ha dictado con fecha 10/01/2018, el decreto 27/2018, cuya finalidad se encuentran explicitada en sus considerandos, indicando que el Gobierno Nacional se ha planteado la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas existentes en diversos regímenes legales vigentes mediante procesos que agilicen y alivianen la carga burocrática que afecta la ejecución y cumplimiento de los fines de las actividades propias de esos regímenes, dirigidas hacia la búsqueda de sistemas adecuados al desarrollo productivo, protegiendo a los usuarios y consumidores, eliminando tiempos y costos innecesarios que obstaculizan no solo las actividades sino también las inversiones necesarias para el incremento de la actividad económica de la Nación.

 

Dentro de la enumeración de las actividades objeto del decreto, en su capítulo IV, hace referencia a las actividades portuarias, ley 24093, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 1992, y su decreto reglamentario 769/1993, del Poder Ejecutivo Nacional, centrando el interés y normatividad del decreto, en forma particular en el procedimiento de habilitación de todos los puertos de la República, vinculados al comercio internacional e interprovincial, habilitación que otorga dicho Poder Ejecutivo, por expresa delegación del Congreso Nacional, que fue dispuesta en el art. 5º de la ley.

 

Debemos recordar que conforme nuestra Constitución Nacional, las facultades para habilitar puertos con destino al comercio exterior, en todo el territorio de la Republica, corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, y que en virtud de esta delegación un acierto en el contenido de la “desregulación de la actividad portuaria” enunciado por la ley 24093, tuvo por efecto agilizar el procedimiento para esa habilitación, evitando los largos y complicados procedimientos de sanción de las leyes que hubieran requerido el tratamiento y sanción de una ley en particular para cada una de las solicitudes de habilitación.

 

En este sentido, la ley 24093 ha enunciado y actuado anticipadamente, dentro de los mismos principios de desregulación y simplificación que propone ahora el decreto 27/2018.

 

Para entender y facilitar el análisis de las disposiciones sobre habilitación de puertos que dispone la ley de Actividades Portuarias, y su decreto reglamentario 769/93, aprovecho para efectuar un breve resumen de la situación actual de los puertos en la República Argentina, luego del sustancial y novedoso cambio que ha provocado la sanción de la ley que comentamos, en los 25 años que ya lleva la aplicación de sus normas sin haber sido alterado ni modificado su texto ni los principios que la sustentan.

 

Hasta el momento de la sanción de la ley mencionada, todos los puertos de la República Argentina eran propiedad y administración del Estado Nacional, lo que contradecía al régimen federal instaurado por la Constitución Nacional. La ley 24093 provocó la restauración de esos principios, devolviendo a las Provincias, el dominio, la explotación y la administración de todos los puertos que se encontraban construidos y operando en sus territorios.

 

El Estado Nacional, en virtud de un veto parcial, retuvo solamente el dominio y administración del puerto de Buenos Aires que la ley transfería a la Ciudad homónima, por lo que ese importante puerto, se mantiene dentro del dominio del Estado Nacional y bajo la administración de la Sociedad Estatal (AGP).

 

Asimismo, a partir de una creación original y novedosa en la normativa existente, consecuente con los principios de desregulación portuaria propuestos por la ley, en su art. 17 se dispuso que los particulares pudieran construir, operar y administrar libremente puertos en terrenos de su dominio, facilitando así la inversión privada y la competencia entre los diferentes puertos que se construyeran y solicitaran su habilitación.

 

De esta manera, al efectuarse previamente la clasificación del art .7 de la ley, y conforme la titularidad de sus propietarios y operadores, los puertos quedaron conforme su dominio definidos como “puertos estatales”, nacionales, provinciales o municipales, y “puertos particulares”, dentro de los cuales se incorporó la institución de los “puertos industriales” afectados físicamente o funcionalmente a una actividad específica, productiva o extractiva en ellos.

 

En cuanto al uso a practicarse en los puertos, la ley efectúo la distinción entre los puertos “de uso público” donde pueden ingresar y operar libremente buques y cargas, y los “puertos de uso privado”, restringida su actividad y servicios a lo que decidieran sus titulares y quienes contrataran con ellos.

 

Es decir, que la utilización de los términos “publico” y “privado” no se encuentran en la ley referidos a la titularidad del dominio o explotación estatal o particular del puerto, sino a su destino, ya que tanto los puertos estatales como los particulares pueden estar destinados por sus propietarios a un uso privado restringido a sus propias necesidades, o al uso público y comercial, abierto a quien quiera operar en ellos con sus buques o con sus cargas destinadas o provenientes del comercio exterior.

 

Efectúo esta aclaración porque el decreto 27/2018 emplea una distinción ajena a la que es propia del régimen legal, designando como “puertos públicos” a los puertos estatales provinciales y municipales, y “puertos privados”, para referirse a los de propiedad de los particulares, y si bien esta alteración de conceptos, no afecta la finalidad de los dispuesto en el decreto, resulta siempre recomendable que en un acto con contenido y efectos legales, se utilice con exactitud la terminología de la norma en consideración, para que su sentido y disposiciones sean entendidas con claridad por quien tiene que transitar dentro de su ordenamiento.

 

Después de este breve anticipo, a continuación dirijo el comentario al contenido del decreto, que como se comentó más arriba, tiende a facilitar aún más el proceso de desregulación de la actividad portuaria, enunciado y cumplido por la ley, que ya había facilitado la delegación de las facultades del Congreso de la Nación para la habilitación de puertos, en el Poder Ejecutivo Nacional evitando así los complejos y lentos trámites propios de la sanción de las leyes, por lo que ahora con el decreto en análisis, no se alteran sustancialmente las disposiciones de la ley 24093, respecto del procedimiento de habilitación, aunque se sustituyen algunos incisos de la misma ley, se modifican con estrictas facultades propias, las disposiciones del decreto reglamentario 769/93, relativas a esa tramitación.

 

El régimen propio de la ley 24093 de Actividades Portuarias, que ya lleva 25 años de vigencia, no resulta afectado ni modificado sustancialmente como se comentó en el párrafo anterior, sino solo reiterado en aspectos que se complementan con los del decreto reglamentario de la ley, facilitando los trámites de las habilitaciones, y estableciendo, para los puertos estatales que se encontraban en operación y funcionaban en situación histórica de habilitados de hecho, su continuidad, en la actividad que se encontraba administrada por el Estado Nacional.

 

El decreto incursiona en otros aspectos que resultan complementarios de las normas ya dispuestas por el decreto reglamentario 769/93 de la ley aunque se plantean formalmente como modificaciones a ciertos principios de la ley, respecto de las facultades de la Autoridad de Aplicación que se crea en su art. 22.

 

El art. 28 del decreto modifica el texto referido a la habilitación de los puertos y determina que será otorgada por la autoridad con rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre a la Autoridad Portuaria Nacional, con posterior comunicación al Congreso de la Nación en el plazo de 10 días del acto administrativo respectivo, lo que en definitiva agiliza el proceso de habilitación, aunque esto merecería la opinión de una autoridad en derecho constitucional, que determine si el acto que la ley permite que sea efectuada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pueda ser sustituido por una “acto administrativo” que en definitiva también facilita el trámite sin recurrir al procedimiento de dictado de un decreto, pero ello no altera en absoluto ningún aspecto esencial del la ley, ya que la habilitante se mantiene encuadrada dentro del ámbito y competencia del Poder Ejecutivo Nacional.

 

A continuación se sustituye el art. 9 de la ley por un sistema que también exige una resolución ministerial para declarar habilitados a los puertos particulares que se encontraban en funcionamiento con anterioridad a la sanción de la ley, en base a una autorización precaria, sustituida por una resolución de la Autoridad Portuaria Nacional que deberá informar al Congreso de la Nación, lo que tampoco en definitiva produce una alteración o modificación a la situación de estos puertos, que según la ley pueden continuar y aún han continuado en algunos casos con su actividad, hasta tanto obtuvieran su habilitación definitiva.

 

Este mismo sistema se aplica, conforme el art. 32, a los puertos del Estado Nacional o los de las provincias que se encontraban operando o administrados o en explotación por sí o por terceros con anterioridad a la sanción de la ley, que se tendrán por habilitados en forma excepcional mediante un acto administrativo de la Autoridad Portuaria Nacional, acreditando sus condiciones de operatividad ante esa Autoridad, que en caso de no expedirse en los siguientes 180 días del requerimiento, se tendrá por acreditados los elementos de la solicitud.

 

Si estos puertos ya operaban en el comercio exterior sin problemas antes de la sanción de la ley, que conforme el régimen vigente en ese momento, eran todos de propiedad y administración del Estado Nacional, su continuidad en la actividad no resulta cuestionable.

 

Se sustituye por el art. 30 un inciso del art. 22 de creación de la Autoridad de Aplicación de la ley, otorgándole facultades para asesorar a la Autoridad Portuaria Nacional respecto de la habilitación de los puertos, lo que tratándose de facultades de asesoramiento no se altera el régimen de facultades y competencias que la ley otorga a la Autoridad de Aplicación de la Ley, en sus artículos 5 y 9.

 

Finalmente, el art. 31 del decreto instaura un régimen disciplinario que no se encontraba en la ley, disponiendo la aplicación de sanciones económicas (multas) por incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieran los titulares de las administraciones portuarias, cuyos montos serán actualizables por la Autoridad de Aplicación conforme el índice de precios al consumidor del INDEC, incluyendo el cese temporario de las operaciones del puerto por un día hasta 30 días corridos, suspendiendo la habilitación o decretando su caducidad, quedando abierta la vía recursiva administrativa o judicial ante el organismo competente.

 

Creo que esta introducción de normas y disposiciones tendientes a la aplicación de sanciones económicas, que no se encontraban reguladas en el anterior régimen, y que fueron analizadas y descartadas durante el tratamiento de la ley, no son precisamente elementos de desburocratización y simplificación de normas aplicables a la actividad portuaria, sino que incluso pueden interferir en el logro de algunos de los principios en que se sustenta el decreto en análisis.

 

En conclusión, como se advierte y se comentó al analizar en particular las disposiciones del decreto respecto de la simplificación en los trámites de habilitación de los puertos, no afectan las que se encuentran reguladas en la ley, sino que complementan y amplían las existentes para otorgar mayores facilidades a esas tramitaciones, en beneficio de una mayor agilidad de la actividad, que ya la ley había dispuesto en beneficio del comercio exterior de la República Argentina.

 

 

 

(*) Abogado (Universidad de Buenos Aires) especializado en Derecho Marítimo, Puertos y comercio exterior.

Socio del Estudio "Romero Carranza, Rufino & Monsegur - abogados", Buenos Aires.

Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo Vicepresidente Honorario Rama Argentina, y fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo.

Miembro individual del Comité Marítimo Internacional (C.M.I.)

Trabajó desde 1967 en la reforma del sistema portuario argentino.

Fue Profesor de Derecho de la Navegación entre 1975 y 1996, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Ha sido relator y expositor en temas portuarios en seminarios en Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos y España.

Entre los años 1983 y 1993 colaboró como asesor privado del Senado de la Nación y Cámara de Diputados, en la redacción de la Ley de actividades Portuarias 24.093, sancionada en 1992 y participó en la redacción de su Decreto Reglamentario N° 769, de 1993.

Intervino profesionalmente en la habilitación de puertos particulares e industriales.

Ha continuado efectuando estudios, trabajos y conferencias sobre el nuevo régimen legal de los puertos argentinos.

 

Citar: elDial.com - DC24AC 

Publicado el 23/02/2018 

 

 

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