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Impacto del “mega decreto” en materia societaria Modificaciones en la ley 19.550 (Ley General de Sociedades), Ley 27.349 (Ley de Emprendedores y S.A.S) y Ley 26.047 (Registros Nacionales de Sociedades)

February 28, 2018

Luego del anuncio realizado por fuentes del gobierno ha sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 27/2018 titulado como “Desburocratización y Simplificación”. El “Mega Decreto” en cuestión establece modificaciones a diversas Leyes, Decretos y reglamentaciones y fundamentan su emisión en las facultades conferidas por el art. 99 inciso 1 y 3 de la Constitución Nacional. Independientemente del eterno debate sobre la oportunidad, conveniencia y facultad por parte del Poder Ejecutivo para modificar o derogar normas emitidas por el Poder Legislativo (debate sobre el que preferimos no ahondar), mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, destacamos que dicho decreto modifica normas relativas a las siguientes áreas y materias:

1)  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),

2) Sociedades;

3) Fondo fiduciario para el desarrollo de capital emprendedor,

4) Actividades portuarias.

5) Aviación civil,

6) Tránsito y seguridad vial,

7) Sistema métrico legal,

8) Marcas y patentes,

9) Fondo de garantía argentino,

10) Sociedades de garantía recíproca,

11) Energía,

12) Obras de arte,

13) Promoción del trabajo,

14) Administración de bienes del Estado,

15) Fondo de garantía de sustentabilidad,

16) Licitaciones en obras públicas,

17) Industria,

18) Seguros,

19) Unidad de información financiera,

20) Fondo fiduciario de capital social, y

21) Acceso al crédito.

Haciendo hincapié exclusivamente en las modificaciones introducidas en materia societaria, podemos distinguir dichas modificaciones en tres categorías principales: i) Ley General de Sociedades; ii) Ley de Emprendedores y S.A.S., y iii) Ley de Registros Nacionales, que tratamos a continuación:

 

i) Modificaciones a la Ley General de Sociedades.

 

La primera modificación incorporada en la Ley 19.550 refiere al Registro Nacional de Sociedades por Acciones, estableciendo el mismo a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y utilizando sistemas informáticos desarrollados por el Ministerio de Modernización o el que el Poder Ejecutivo disponga.

De esta forma, el nuevo artículo 8 de la Ley 19.550 dispone:

“ARTÍCULO 8°.- Registro Nacional de Sociedades por Acciones. La organización y funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones estará a cargo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o del Organismo que éste indique al efecto, para lo cual se utilizarán los sistemas informáticos desarrollados y provistos por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN o, en su caso, por quien el PODER EJECUTIVO NACIONAL determine.”

En forma previa a la emisión del presente Decreto, la autoridad de aplicación y funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades (RNS) se encontraba a cargo de la Inspección General de Justicia, por lo que de esta manera se extrae de la órbita de IGJ y pasa al Ministerio de Justicia[i].

Posteriormente y con fundamento en las Evaluaciones Mutuas del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se dispone la reforma de los artículos 34 y 35 de la Ley 19.550, prohibiendo expresamente el socio oculto o aparente.

“ARTÍCULO 34: Prohibición. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del socio oculto”

“ARTÍCULO 35: Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el artículo anterior, hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto, responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido por el artículo 125 de esta Ley”.

Por último, y ya con fundamento en que el Plan de Modernización del Estado dispuesto por el Decreto 434/16 fue emitido con posterioridad al Código Civil y Comercial, se dispone la reforma del artículo 61 de la Ley 19.550 a los efectos de generar “igualdad” en los distintos tipos societarios para el acceso a la digitalización.

“ARTÍCULO 61: Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por los artículos 73, 162, 213, 238 y 290 de la presente Ley, como así también de las impuestas por los artículos 320 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación para llevar los libros societarios y contables por Registros Digitales mediante medios digitales de igual manera y forma que los Registros Digitales de las Sociedades por Acciones Simplificadas instituidas por la Ley N° 27.349. El Libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan periodos mayores de UN (1) mes. El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 321 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES dictará la normativa a ser aplicada a las sociedades sujetas a su contralor.

Para el caso que se disponga la individualización, a través de medios digitales, de la contabilidad y de los actos societarios correspondientes, los Registros Públicos deberán implementar un sistema al sólo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.

En tal sentido, la reforma de este artículo genera las siguientes repercusiones o consecuencias:

· Posibilidad que las S.A., S.R.L y demás tipos societarios prescindan de libros societarios (actas, registro de accionistas, depósito de acciones y comisión fiscalizadora) y contables en soporte papel y lleven sus registros en medios digitales, conforme lo previsto para las S.A.S.

· Eliminación del sistema de autorización previsto en la anterior redacción del artículo, que establecía la necesidad de autorización previa por parte del Registro para la sustitución de de los libros en soporte papel en registros digitales.

· Delegación legislativa-reglamentaria a cargo de la CNV para las sociedades sujetas a su contralor, y de los Registros, cuando estén fuera de dicha órbita, al sólo efecto de verificar el cumplimiento del tracto registral.

 

ii) Modificaciones en la Ley de Emprendedores y S.A.S.

 

Luego del dictado de la Ley 27.349, su reglamentación por parte de la Inspección General de Justicia[ii] y Dirección Provincial de Personas Jurídica y adhesión al régimen por parte de las distintas provincias, se incorporan tres modificaciones al régimen vigente:

1) Objeto. Se elimina la necesidad de que el objeto social sea enunciado en forma clara y precisa. Esto, aún de que ya se permitiera un objeto plural, se incorpora la posibilidad de amplitud del mismo.

El inciso 4 del artículo 36 de la Ley N° 27.349, ha sido sustituido por el siguiente: “4. La designación de su objeto, el que podrá ser amplio y plural. Las actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas”.

2) Inscripción registral. Se sustituye parte del artículo anterior que hacía referencia a la necesidad por parte del Registro de verificar el cumplimiento de normas legales y en su reemplazo se establece sólo la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos “formales” y normas complementarias.

El artículo 38 de la Ley N° 27.349, se sustituye por el siguiente: “ARTÍCULO 38.- Inscripción registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el Registro Público, quien previo cumplimiento de los requisitos formales y de las normas reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción será realizada dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas contado desde el día hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por el Registro Público. Los Registros Públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias a tales efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las reformas del Página 42 instrumento constitutivo”.

3) Limitaciones y transformación.  Se incorpora la posibilidad de que las S.A.S hagan oferta pública de sus acciones o debentures y que las mismas sean controladas o participen en más del 30% del capital en dichas sociedades.

Se mantiene la limitación de las S.A.S. de que las mismas no podrán estar comprendidas en los incisos 3 (sociedades de economía mixta), 4 (realicen operaciones de capitalización, ahorro, o en cualquier forma requieran dinero o valores con promesa de prestaciones o beneficios futuros) y 5 (exploten concesiones o servicios públicos) ni estar controladas o participar en más del 30% del capital de dichas sociedades.

En relación a la necesidad de transformación de las S.A.S., por quedar la misma dentro de alguno de los supuestos limitantes previamente mencionados, se incorporan dos novedades:

· Cómputo del plazo para la transformación: La S.A.S deberá transformarse dentro del plazo de 6 meses de configurado el supuesto que genera la necesidad de transformación, o bien “desde que tomó conocimiento del mismo” cuando el mismo no resulte de un hecho o acto propio.

·  Omisión del proceso de transformación: Esto, si dentro del plazo de 6 meses, deja de estar comprendida en los limitantes descriptos.

“ARTÍCULO 39.- Limitaciones. Para constituir y mantener su carácter de SAS, la sociedad: 1. No deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias. 2. No podrá ser controlada por ni participar en más del 30 % del capital de sociedades comprendidas en los supuestos mencionados en el inciso 1 precedente.

En caso de que la SAS resultara encuadrada en alguno de los supuestos previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá transformarse en alguno de los tipos regulares previstos en la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias e inscribir la transformación en el Registro Público correspondiente, en un plazo no mayor a los 6 meses de configurado el supuesto. En caso de que la configuración del supuesto no resulte de un hecho o acto propio de la SAS, el plazo se computará desde que tomó conocimiento del mismo. La transformación no será obligatoria si antes de ese plazo la SAS deja de estar encuadrada en alguno de dichos supuestos. Vencido el plazo indicado sin que se hubiera producido la inscripción de la transformación en el Registro Público correspondiente, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria.”

iii)  Modificaciones en la Ley Registros Nacionales de Sociedades.

Por último, el “mega decreto” modifica la Ley 26.047 del año 2005, en virtud de la cual se estableció el Registro Nacional de Sociedades a cargo de la Inspección General de Justicia.

Estos registros, de Sociedades por Acciones, de Sociedades Extranjeras, Asociaciones y Fundaciones, entre otros, tienen por objeto centralizar la información de estas sociedades y personas jurídicas, ya sea sobre sus administradores, accionistas, etc.

A continuación, un detalle de las modificaciones más importantes introducidas por el Decreto 27/2018 en relación a esta Ley.

· La organización y funcionamiento de los Registros Nacionales, estarán a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del que éste indique. Previamente, a cargo de la Inspección General de Justicia.

·  Se incluye dentro de los registros, el Registro Nacional de Concursos y Quiebras.

· Los fondos recaudados por expedición de testimonios, informes, etc. ingresarán al Tesoro de la Nación (antes Ministerio de Justicia).

· La información que los organismos y dependencias deben remitir son: datos de constitución, cambios en la integración en los órganos de administración, representación y fiscalización, transmisión de participaciones sociales, estados contables, reorganización, disolución y liquidación. A esta información (requerida con la normativa anterior) se suman las declaraciones juradas de beneficiarios finales.

· Se establece el deber de remitir la información detallada a todos los organismos. En forma previa, esto estaba sujeto a adhesión por parte de las provincias.

· Se establece un proceso para remitir la información en dos etapas: la primera de ellas, respecto de sociedades con 5 años de antigüedad; y la segunda etapa, respecto de sociedades con y hasta 10 años de antigüedad.

conclusión final:

En base al análisis y modificaciones introducidas por el “Mega Decreto”, podemos afirmar que algunas de las modificaciones conllevan cierta relevancia, otras quizás resultan menores. Por esto es que la pregunta final resulta inevitable: ¿Era necesario incorporar estas modificaciones, evaluando el costo político implícito? Oportunidad, mérito y conveniencia.

 

 

 

 

(*)Abogada especialista en Derecho Empresarial y Societario. Egresada de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. Realizó cursos de posgrado en derecho societario y empresario económico. Se desempeño como Abogada Senior a cargo del Departamento Societario de Allende & Brea. Actualmente, fundadora y creadora de Company-Law y Guía-Societaria.

 

 

[i] Esta modificación así lo dispone el Decreto 27/2018 en forma posterior, al reformar el artículo 10 de la Ley 26.047.

[ii] Resolución General IGJ 6/17 y 8/17 y Disposición DPPJ 13/17.

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