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Modificación a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por el DNU 27/2018 (art. 147)

February 28, 2018

El decreto de Necesidad y Urgencia N° 27 del año 2018 (DNU) en su artículo 168 modifica el texto agregado como tercer párrafo al art. 147 de la LCT (texto según Ley 27.320 de fines del año 2016). En esencia, el texto del art. 1° de la Ley 27.320, disponía, en lo relevante para nuestro análisis que los embargos sobre los haberes de un trabajador amparado por la LCT debían dirigirse a su empleador y prohibía, lisa y llanamente, efectuar embargos de ningún tipo[1], en la “cuenta sueldo” del trabajador.

 

El DNU matiza esta prohibición absoluta (la de efectuar los embargos en las cuentas “sueldo” del trabajador),  y habilita los embargos en las cuentas sueldo bajo ciertas condiciones; para mayor claridad, transcribo el texto completo del  tercer párrafo del art. 147 LCT, resaltando el texto del agregado por el DNU, a saber: “A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, en forma previa a la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá procurar el mismo ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan. Trabado el embargo dentro de las CUARENTA Y OCHO (49) HORAS el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador, debiendo entregar copia de la  resolución judicial que lo ordena. No podrán trabarse embargo de ningún tipo sobre la cuenta sueldo (texto agregado: en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones derivadas de la seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a TRES (3) veces el monto de las remuneraciones y/o prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período mensual, según el promedio de los últimos SEIS (6) meses. En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma que exceda el límite fijado por el presente artículo”.

 

Lo primero que notamos es la contradicción entre la primera parte del texto del tercer párrafo del art 147 LCT, que ordena que los embargos deben dirigirse al empleador, con la segunda parte de la proposición, ya que en el texto anterior al DNU ya se prohibía el embargo de la cuenta sueldo. Si el embargo sólo puede dirigirse al empleador, quien no puede ordenar el embargo de la cuenta sueldo ¿para qué se prohibía el embargo de la cuenta sueldo?  El único que puede hacer efectivo un embargo sobre la cuenta sueldo es el banco que ha abierto tal cuenta sueldo y no el empleador. No hay forma de “casar” ambas órdenes, salvo que admitamos que la cuenta sueldo puede acreditarse con fondos que no reconozcan su causa en la relación de empleo. Ello no debería ocurrir, ya que desnaturaliza el carácter “sueldo” de la cuenta y de hecho el banco Central de la República Argentina, al reglamentar el funcionamiento de la cuenta sueldo como tal, expresamente establece qué tipos de fondos pueden acreditarse en este tipo de cuenta, y sólo se contemplan las remuneraciones normales y habituales, asignaciones familiares, y otras derivadas de la relación de empleo (BCRA Com 6064, punto 2.3.1.) , y si ocurre, la prohibición de embargar la “cuenta sueldo” por la Ley 27.320 sería una exorbitancia, si el banco admite ingresos que no son aquellos derivados de la relación laboral. Imagínese el lector que un trabajador usa su cuenta sueldo para depositar el producido de, por ejemplo, otros trabajaos autónomos, o el efectivo de la venta de un auto o inmueble, ¿cuál es el valor en juego al sustraer tales fondos de un acreedor, inclusive por deudas alimentarias? Está claro que la prohibición de embargar la cuenta sueldo sólo tiene sentido si las acreencias/ingresos en tal cuenta reconocen su causa en una relación o contrato de trabajo y así lo dispone el BCRA, pero no hay razón axiológicamente aceptable que permita usar la cuenta sueldo como un “paraíso del evasor” de obligaciones bancarias, alimentarias o de cualquier tipo. De ahí parte el fundamento ético de la modificación propuesta por el DNU, pero como es bastante frecuente, el PEN yerra en su formulación jurídica.

 

En nuestra opinión el texto del DNU es un verdadero galimatías, imposible de aplicar por aquel a quien está dirigido este nuevo texto: al banco, ya que el empleador no es el sujeto habilitado para hacer efectivo el embargo en la cuenta sueldo, por razones obvias.

 

Entonces tenemos al banco, habilitado por el DNU para hacer efectivos embargos sobre las cuentas sueldo, en la medida en que se den ciertas condiciones:

 

a) en función de cómo se inicia el párrafo, el banco debería poder verificar que antes de hacer efectivo el embargo sobre la cuenta sueldo, se hubiere intentado hacer efectivo el embargo directamente con el empleador. ¿Cómo se hará esto? Nadie lo sabe y no me imagino cómo el banco podría exigir a terceros (los empleadores pueden o no ser clientes del banco) que éstos informen si han recibido un requerimiento de embargo y que el mismo no ha sido posible de hacerse efectivo.

 

b) Luego el banco deberá hacer un cálculo estrambótico para determinar la base sujeta a embargo, es decir, deberá verificar que el promedio del saldo de la cuenta cumpla con el requisito de ser mayor al promedio del triple de las remuneraciones en un período de seis meses. Ahora bien, ¿qué trabajador tiene potencialidad para mantener en una cuenta no retributiva (como lo es la cuenta sueldo) una suma mayor a 3 salarios mensuales durante un período de 6 meses? Me atrevo a firmar que es un conjunto vacío o muy, muy marginal, salvo que, como apuntara más arriba, se estuviera utilizando la cuenta sueldo para recibir acreencias extralaborales, en cuyo caso, habrá responsabilidad de la entidad financiera que autorizó las acreencias ajenas a la reglamentación del BCRA.

 

Por otra parte, el texto agregado por el DNU es de dudosa compatibilidad con lo que establecen los dos primeros párrafos del art 147, así como los arts. 116 y 120 de la LCT y el Decreto 484/87, que hasta entonces reglamentaba (o reglamenta, ya que la norma no ha sido derogada ni necesariamente abrogada) los aspectos operativos del art. 147 de la LCT.

 

Veamos un ejemplo de cómo operaría esta norma en caso de un embargo de $ 5.000.- a un trabajador con un salario mensual devengado de $ 12.500[2]. Asumamos que no se trata de un salario variable, o cuando menos que carece de volatilidad, o cuando menos que ésta no excede el 600% en cada mes (es decir que si un mes gana $ 100 en ninguno de los cinco meses anteriores o posteriores devengó más de $ 600.- En este supuesto, el monto a partir del cuál se podría comenzar a hacer efectivo el embargo debería ser de $ 12.500.- menos el primer salario mínimo vital y móvil (SMVM), que continúa siendo inembargable, ya que nada se ha dispuesto al respecto. Entonces, el capital inicial sería de $ 3.000.- ($ 12.500.- menos $ 9.500.-). Sobre este capital, el embargo no podría exceder el diez por ciento (10%), cuando menos hasta el equivalente a dos (2) SMVM, o sea que cada cuota embargable mensual sería de $ 300.-, salvo el supuesto de deudas por alimentos (que, por otra parte son más  habituales en este ámbito). Aún si multiplicáramos por 2 el salario a considerar, (es decir, $ 25.000.-, los salarios correspondientes a los 2 deciles más altos de la población con ingresos laborales registrados), el agregado que hace el DNU resulta virtualmente inane, o sea, no tendría un efecto real.

 

O sea, recién a partir de un salario mensual registrado y bancarizado superior a los $ 37.500.- observamos que el texto añadido podría implicar un potencial perjuicio para el trabajador. Pero éste siempre tiene la opción del exigirá su empleador el pago de su salario en dinero efectivo, conforme al art 124 de la LCT, ya que las disposiciones legales que autorizan el pago mediante cuenta bancaria son meras resoluciones de rango normativo inferior, y aún si quisiéramos extender el alcance de la Ley Antilavado (que obliga a bancarizar todo pago superior a $ 1.000.-) a estos casos, se trata de un conflicto hermenéutico (ley posterior vs. ley anterior, pero ley especial vs. ley general) que la ley 26.590 (del año 2010) y la jurisprudencia de la CNAT han resuelto a favor del derecho del trabajador a exigir  siempre el pago en efectivo.

 

En síntesis, el PEN ha intentado derogar o, con una mirada piadosa, suavizar el impacto negativo que la ley 27.320 ha tenido en la facultad de los acreedores (bancos, otros terceros, pero sobre todo, acreedores alimentarios) de hacer efectivas sus acreencias mediante embargos a las cuentas sueldo, pero por la forma en que se ha redactado la norma, el efecto será absolutamente marginal y probable fuente de interminables conflictos de interpretación.

 

 

 

 

(*) Abogado, UBA – Magister en Derecho de la Empresa, Universidad Austral.

[1] Ni siquiera por deudas alimentarias, contradiciendo así el texto del art 120 de la LCT, que habilitaba el embargo por alimentos en todos los casos.

[2] Éste es el valor promedio de un salario mensual a octubre de 2017 según datos del INDEC, y que percibe cerca del 59,3% de la población.

Citar: elDial.com - DC24AF 

Publicado el 23/02/2018 

 

 

 

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