October 14, 2019

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Modificaciones del Decreto 27/2018 en materia de Derecho del Trabajo

I. Presentación

 

A grandes rasgos, puede decirse que el Decreto 27/2018[1] introduce dos reformas en la normativa laboral, por un lado, en la cuestión del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y, por el otro, en lo concerniente a la posibilidad de trabar embargos sobre las cuentas “sueldo” de los trabajadores.

 

En las próximas líneas detallaré los puntos señalados, sobre la base de los fundamentos del Decreto y, también, profundizando en las previsiones del mismo.

 

 

II. Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

 

La Ley 26940[2] que, básicamente, persigue la promoción del trabajo registrado y la prevención del fraude laboral, fue sancionada el 21 de mayo del 2014 y publicada el 2 de junio de ese año. Por supuesto que, la más importante de sus directivas es la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).[3] En este último, que será de acceso libre y público desde un dominio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –conforme al artículo 5–, se publicarán las sanciones firmes detalladas en los artículos 2, 3 y 4 de la norma –que incluyen infracciones relativas a la falta de registración del trabajador, a la ausencia de inscripción del empleador, a la obstrucción de las inspecciones, a la prohibición del trabajo infantil, a la sanción de la trata de personas, etcétera–.

 

Por su parte, los empleadores que sean incorporados al REPSAL permanecerán en éste mientras no regularicen la infracción o, bien, durante los plazos establecidos por la ley, que han sido modificados por el nuevo Decreto, tal como detallaré más adelante.

 

A modo de ejemplo, me permito citar una sentencia del año 2014, del Tribunal del Trabajo n° 5 de Quilmes, donde la Dra. Huguenin resuelve la inclusión de la empresa demandada en el mencionado Registro, en los siguientes términos: “En cumplimiento con lo normado por la ley 26940, habiéndose verificado en autos un caso de clandestinidad de la relación laboral, líbrese oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con copia de la sentencia dictada, para que proceda a incorporar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), al demandado de autos (arts. 2 y 6 ley 26940).”[4]

 

Ahora, adentrándome en los considerandos del Decreto, es preciso destacar que éste alude al impacto que posee la Ley 26940 en lo que incumbe a la promoción del empleo registrado y, de igual forma, a la prevención del fraude laboral. Sin embargo, también se plantea la necesidad “indispensable” de modificar los plazos de permanencia en dicho Registro, teniendo en cuenta la incidencia de la misma en la contratación y en el acceso al crédito. Siendo que, el artículo 13, inciso b), de la Ley 26940 dispone que: “Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán: (…) b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas; (…).”

 

Sobre la base del objetivo precitado, es decir, la necesidad de modificar los plazos de permanencia en el Registro, el Decreto modifica dichos períodos, tal como se detalla en el cuadro comparativo que transcribiré a continuación:

 

 

 

 

Redacción original de la Ley 26940

 

 

Modificaciones introducidas por el Decreto 27/2018 a la Ley 26940

 

 

Artículo 8

La sanción permanecerá publicada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos previstos en el Capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad competente que la hubiese aplicado según las normas procedimentales que rigen sus respectivos regímenes sancionatorios. La permanencia tendrá como duración máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes 26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados por el Código Penal de la Nación.

En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor permanecerá en el Registro por el plazo de noventa (90) días contados desde la fecha de pago de la multa.

 

La sanción permanecerá publicada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos previstos en el Capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad competente que la hubiese aplicado según las normas procedimentales que rigen sus respectivos regímenes sancionatorios. La permanencia tendrá como duración máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes 26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados por el Código Penal de la Nación.

En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor permanecerá en el Registro por el plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde la fecha de pago de la multa.

 

 

Artículo 8 bis

 

 

(Artículo incorporado por el Decreto 27/2018).

Los organismos competentes para la anotación en el REPSAL de las sanciones enumeradas en el artículo 2°, contarán con un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos desde que la sanción quede firme, para la efectivización de la inscripción. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL -cualquiera sea el supuesto de los previstos en el articulado de la presente-, e independientemente se hubiera incluido o no la sanción firme en el registro por las autoridades responsables.

 

 

Artículo 9

Para los supuestos de sanciones impuestas por violación a lo establecido en el artículo 15, inciso 1°, apartados a) o b), de la ley 17.250, por falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, y en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones; y por las sanciones del artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria, aplicadas por incumplimientos a las obligaciones establecidas en dichas normas legales, se adoptarán las siguientes medidas:

1. Cuando el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo en forma previa a la audiencia de descargo o en su defecto con anterioridad al vencimiento del plazo para formular impugnaciones, conforme se prevé en los procedimientos que aplica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) según corresponda, o antes de la notificación del acta de infracción por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por sesenta (60) días.

2. Cuando el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo en forma previa a la audiencia de descargo o en su defecto con anterioridad al vencimiento del plazo para formular impugnaciones, conforme se prevé en los procedimientos que aplica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) según corresponda, o antes de la notificación del acta de infracción por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y no pague las multas será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y ciento veinte (120) días más.

3. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y pague las multas y sus accesorios, en caso de corresponder, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya regularizado su inscripción o la relación de trabajo y por ciento veinte (120) días más.

4. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y no pague las multas será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que regularice su inscripción o la relación de trabajo, pague la multa y por ciento veinte (120) días más.

5. Cuando el empleador regularice su inscripción como empleador o la relación de trabajo en forma parcial y pague la multa y sus accesorios, en caso de corresponder, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que proceda a su inscripción y hasta la regularización total de los trabajadores y por noventa (90) días más.

 

En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que haya pagado la multa y/o regularizado, y TREINTA (30) días corridos más a contar desde la última obligación de las mencionadas que se encontrare cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido sancionados por:

1) Violación a lo establecido en los apartados a) o b) del inciso 1° del artículo 15 de la Ley N° 17.250.

2) Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, e incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones.[5]

3) Violación a lo establecido por el artículo 15 de la Ley N° 25.191 y su modificatoria.

4) Obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, impuestas por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

5) Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 24.013 y las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 

Artículo 10

En el caso de obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, el empleador será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha de pago de la sanción y por ciento ochenta (180) días más.

 

(Este artículo es derogado por el Decreto 27/2018).

 

 

III. Traba de embargos sobre las cuentas “sueldo” de los trabajadores

 

A fines del año 2016 surgieron algunas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo[6], entre ellas la Ley 27320[7], que incorpora este tercer párrafo al artículo 147 de la Ley 20744: “A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena.”

 

Sin embargo, en sus considerandos el Decreto 27/2018 indica que dicha reforma efectuada al citado artículo 147, perjudica el acceso al crédito, explicándolo en los siguientes términos: “(…) al establecer la inembargabilidad de manera objetiva sobre la cuenta y no sobre el salario, esta norma reduce la calidad crediticia de los ahorristas que únicamente poseen una cuenta sueldo y perjudica su acceso al crédito.” En otras palabras, el Decreto también alude a los “niveles de protección inadecuados” que obstaculizan la inclusión financiera, especialmente, de los sectores más vulnerables.

 

De ello se sigue que, el Decreto justifica la necesidad de volver a modificar el artículo 147, con el objetivo de mejorar el perfil crediticio de los ahorristas del sistema financiero y de simplificar los trámites, estableciendo un monto de las sumas depositadas en una cuenta sueldo por sobre el cual, precisamente, podrían realizarse embargos. Y, en este cometido, sustituye el tercer párrafo del mencionado artículo de la LCT, por el siguiente: “A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, en forma previa a la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá procurar el mismo ante el empleador para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan. Trabado el embargo, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, el empleador deberá poner en conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena. No podrán trabarse embargos de ningún tipo sobre el saldo de la cuenta sueldo en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a TRES (3) veces el monto de las remuneraciones y/o prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período mensual, según el promedio de los últimos SEIS (6) meses. En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma que exceda el límite fijado por el presente artículo.”

 

 

IV. Palabras finales         

 

En este breve artículo sólo he pretendido exhibir cuáles son las principales modificaciones en materia de Derecho del Trabajo, sin profundizar en valoraciones subjetivas sobre la norma comentada.

 

En un futuro cercano habrá que observar cómo la jurisprudencia y la doctrina receptan estos cambios y, a la par, cómo nos brindan respuestas, particularmente, teniendo en cuenta los principios protectorios que amparan al trabajador, ubicándolo como un “sujeto preferente de tutela”.

 

 

(*) Abogada, UBA. Doctora en Ciencias Políticas, UCA.

[1] Decreto 27/2018 (Boletín Oficial 11/1/2018)

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-legislacion-detalle-indice.asp?1=272018&2=D_Nacionales

[2] Ley 26940 (Boletín Oficial 2/6/2014)

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-legislacion-detalle-indice.asp?1=L0026940&2=L_Nacionales

[3] El artículo 1 de la Ley 26940 dispone: “Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes, aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).”

El Registro puede visitarse en este sitio web http://repsal.trabajo.gob.ar/

[4] Causa n° 9496 – Expte. 9496 – "Vera Fernando Daniel c/ Gelre Servicios Empresarios y otro/a s/despido" – TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 5 DE QUILMES (BUENOS AIRES) – 22/08/2014 (eldial.com - AA89A4)

[5] Luego, mediante el Decreto 95/2018 (Boletín Oficial 2/2/2018) se modificó el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 26940, quedando redactado de este modo: "Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente.”

[6] El mismo día (15/12/2016) también se publicaron en el Boletín Oficial las leyes 27321, 27322, 27323, que de igual forma modifican el Régimen de Contrato de Trabajo.

[7] Ley 27320 (Boletín Oficial 15/12/2016)

http://www.eldial.com/nuevo/archivo-legislacion-detalle-indice.asp?1=L0027320&2=L_Nacionales

 

 

 

Citar: elDial.com - DC249F 

Publicado el 23/02/2018 

Copyright 2018 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

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