El DNU 27/2018. Anomalías, transporte aéreo, seguros, tránsito y seguridad vial

1. INTRODUCCIÓN

LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

1.1. El art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional legisló sobre los llamados decretos de necesidad y urgencia (DNU), como una atribución excepcional del Poder Ejecutivo Nacional para supuestos en que “… circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de gabinete de ministros…”.

1.2. Límites a los DNU fijados por la Corte

Como se ve y pese a que se ha hecho uso y abuso de este sistema excepcional de legislación, los DNU tienen límites muy precisos que la Corte definió en "Consumidores Argentinos c/ EN - PEN Dto. 558/02-SS - ley 20.091 s/ amparo ley 16.986".“…En el precedente "Verrocchi", esta Corte resolvió que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (considerando 9°)”.

1.3. Las anomalías del DNU 27/2018

Sin embargo, hay otro elemento que es formal y sustancial a la vez, que es que los DNU deben ser “…decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de gabinete de ministros…”.En el caso del DNU 27/2018 no hay constancia alguna que se haya celebrado “el acuerdo general de ministros” para “decidir” su sanción y una vez decidido por la afirmativa, recién se genera la necesidad de su refrendación.

1.4. Una cuestión que la Constitución no resuelve es si la “decisión para dictar un DNU debe ser unánime o es suficiente con la mayoría de los Ministros, en mi opinión sería suficiente la mayoría simple.

1.5. En el caso del DNU bajo estudio, se advierte leyendo sus considerandos y comparándolos con la normativa constitucional y la doctrina de la Corte en el caso “Consumidores Argentinos” que no se invoca la situación de emergencia y urgencia incompatible con el trámite legal previsto para la sanción de las leyes; no se hace referencia a la necesaria convocatoria para celebrar el “acuerdo general de Ministros” y el temario propuesto y su realización, y solo se acredita que fue refrendado luego de ser decidido por el Poder Ejecutivo su sanción.

1.6. En la última parte de los considerandos, el DNU dice “que encontrándose en receso el Honorable Congreso de la Nación, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente decreto”. Esos “fundamentos” a juicio del Poder Ejecutivo son suficientes para decir que “…están dadas, por ende, las condiciones previstas en el articulo 99 inciso 3 de la Constitución nacional.” Más grave por su grosería legal es lo que se afirma luego: “…que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución nacional para la sanción de las leyes…” Meras afirmaciones dogmáticas como suele decir la Corte para descalificar fallos judiciales.

1.7. Es obvio que el receso legislativo no es un hecho excepcional ni imposibilita seguir el trámite previsto para la sanción de las leyes y en última instancia el Poder Ejecutivo tiene la atribución de convocar a Sesiones extraordinarias.

1.8. EL DNU 27/18 constituye una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo.

1.9. Como se advierte en el caso, cabría aplicar la doctrina de la Corte sobre la “arbitrariedad” para declarar la nulidad absoluta del DNU 27/18 ya que el énfasis puesto en la redacción no es suficiente para acreditar la excepcionalidad ni la imposibilidad de seguir el trámite legislativo. Recordemos que la Corte puso como ejemplo de imposibilidad de dictar una o más leyes mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución “…que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal”.

1.10. No cabe duda que no existió a la época de la sanción del DNU 27/18 ninguna circunstancia excepcional que justificara su sanción.

1.11. Asimismo, es grave la falsedad en cuanto a que el DNU dice: “…Por ello El presidente de la nación Argentina en Acuerdo general de Ministros decreta…”.

1.12. pasos formales para dictar un DNU

Los DNU si bien se sancionan bajo la forma de un decreto, se trata de una “decisión”, agregaría excepcional. El orden que se debería seguir para tramitar su sanción sería el siguiente: 1º. El Presidente o Jefe de Gabinete debe convocar a un Acuerdo General de Ministros para tratar la decisión de sancionar un DNU, exponer las razones de urgencia que justificarían la sanción y los motivos por los que resulta imposible seguir el trámite normal para la sanción de las leyes; 2º. Se debería remitir el anteproyecto respectivo a cada Ministro y conceder un plazo para su estudio; 3º. Se debería publicitar debidamente la convocatoria y el anteproyecto de DNU; 4º. Se realiza el Acuerdo general de Ministros; 5º. Se decide sobre su sanción. El acuerdo debería ser trasmitido al público.

1.13. La excepcionalidad requerida no se debe equiparar a “secreto” de Estado” ni nada por el estilo

1.14. La Real Academia Española en una de las acepciones de la palabra “acuerdo” define: “Argentinismo - Pleno de ministros que se reúne para deliberar sobre asuntos de Estado por convocatoria del presidente”.

1.15. Al respecto en la Convención constituyente de 1994 el convencional Miguel Ángel Ortiz Pellegrini decía “El Poder Ejecutivo tendrá atribuciones de control que no son necesariamente legislativas y, por lo tanto, también están excluidas de las materias referidas al dictado de esos decretos.

Estos son los requisitos que podemos denominar sustanciales; éste es el armazón de fondo en lo referido a materia de decretos de necesidad y urgencia. Pero también hay una innovación importantísima como es la que podríamos llamar etapa procedimental, que está minuciosamente regulada en el despacho de mayoría. ¿Qué procedimiento se debe utilizar para que estos decretos tengan validez y cómo?

En la etapa procedimental podemos distinguir dos subetapas: la ejecutiva y la legislativa. En la ejecutiva, la primera distinción importante radica en que la norma dice que la decisión deberá tomarse con el acuerdo general de ministros. Y obsérvese qué importante: la decisión deberá ser tomada con el acuerdo general de los ministros.