Retenciones, deducciones y compensaciones: Aspectos prácticos.

I. ASPECTOS GENERALES. PRINCIPIO

En este breve trabajo, analizaremos el problema de las deducciones legales al salario. Se sostiene en el ámbito de la OIT en este aspecto que «la remuneración, junto con el tiempo de trabajo, es el aspecto de las condiciones de trabajo con consecuencias más directas y tangibles en la vida cotidiana de los trabajadores» (1).

Ahora bien, no es frecuente que las personas empleadas reciban el importe completo de la remuneración nominal a la que tienen derecho. Por lo general, sus salarios están sujetos a diversos descuentos, que representan la diferencia entre el importe bruto de su remuneración y el importe neto que perciben realmente. Es preciso entonces regular tales deducciones con objeto de proteger a los trabajadores de descuentos arbitrarios e injustos que equivalen, en la práctica, a una disminución injusta de su remuneración (2).

En ese orden, en nuestro sistema legal, el art. 131 de la LCT establece el principio general de intangibilidad de las remuneraciones conforme las pautas establecidas en el art. 5 (3) del Convenio 85 de OIT.

Así, la norma local establece como regla en concordancia con el artículo 6 (4) de dicho convenio internacional la prohibición de efectuar deducciones o retenciones de suma alguna al trabajador por entrega de mercaderías, provisión de alimentos, vivienda, empleo de herramientas, o toda prestación en especie o en dinero.

Ahora bien, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del organismo internacional entiende que el art. 5 debe leerse en forma separada de los arts. 8 (5) y 10 (6) relativos a los descuentos y al embargo y la cesión del salario, si bien estas cuestiones parecerían estar íntimamente vinculadas a aquella disposición.

El art. 5 del Convenio se refiere a la manera del pago de los salarios más que a las condiciones y los límites dentro de los cuales los salarios pueden estar sujetos a descuentos o pueden ser embargados o cedidos.En consecuencia, no cabe considerar que este artículo exige que la totalidad de los salarios devengados sea pagada directamente al trabajador interesado, sino que se refiere a la suma que efectivamente se adeuda luego de efectuados los descuentos o los embargos correspondientes de acuerdo con las normas aplicables. En cualquier caso, al permitir excepciones al principio del pago directo de los salarios, según lo establecido por «la legislación nacional un contrato colectivo o un laudo arbitral» o cuando «el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente», el art. 5 deja suficiente amplitud para el embargo o la cesión de los salarios en los casos previstos en los arts. 8 y 10 del Convenio, sujetos evidentemente a la protección establecida en el párrafo 2.° del art. 10 que -como se verá- se regula en nuestro ordenamiento en los arts. 132 a 134 de la LCT. Me parece oportuno destacar que el Convenio no contiene una lista de descuentos autorizados, puesto que su determinación se deja a las autoridades nacionales y al procedimiento de negociación colectiva. En consecuencia, en virtud de los términos de estos artículos del Convenio, al establecer los tipos de deducciones autorizadas mediante la legislación, los Estados miembros gozan de plena libertad

Asimismo, no se podrán aplicar multas al trabajador ni reducir por esta vía el monto de las remuneraciones como asimismo, conforme el art. 9 de la Convención 95 de OIT, se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de obtener o de conservar un empleo.

II. EXCEPCIONES. RETENCIONES HABILITADAS

El párr. 1.° del art. 8 del Convenio 95 establece que los descuentos de los salarios solamente podrán efectuarse de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbitrales.Esta disposición supone la existencia de una norma general que limite todo descuento a los efectuados dentro de los límites establecidos por la legislación nacional, un convenio colectivo o un laudo arbitral y, de conformidad con el art. 15, inc. c, del Convenio, que establezca «sanciones adecuadas para cualquier caso de infracción a la norma general (7). Por consiguiente, a juicio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del organismo internacional, la protección adecuada del salario supone la regulación de las condiciones jurídicas y los límites de los descuentos autorizados, y puede asimismo ser complementada por una disposición legislativa apropiada que prohíba los descuentos, salvo cuando se autoricen en virtud de uno de los instrumentos a los que se hace referencia en el párr. 1 del art. 8 del Convenio.

Ahora bien, el Convenio no contiene una lista de descuentos autorizados, puesto que su determinación se deja a las autoridades nacionales y al procedimiento de negociación colectiva (8). En consecuencia, en virtud de los términos de este artículo del Convenio, al establecer los tipos de deducciones autorizadas mediante la legislación, los Estados miembros gozan de plena libertad. La mayoría de los países disponen de leyes que rigen las condiciones en virtud de las cuales pueden efectuarse descuentos de los salarios. Las deducciones están autorizadas por diversas razones, como el pago del impuesto sobre la renta o las contribuciones de seguridad social, el pago de las cuotas sindicales o el reembolso de anticipos de sueldos y préstamos. También puede retenerse parte de los salarios en ejecución de un mandamiento judicial de embargo.

En el orden local, las excepciones a la regla establecida en el art. 131 de la LCT están previstas en el art. 132 de la LCT. En el orden internacional, se verifican una variedad mayor de posibilidades de retenciones que han sido desarrolladas en los párrs. 230 a 235 del Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 95) y a la Recomendación (núm.85) sobre la protección del salario, 1949 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (arts. 19 , 22 y 35 de la Constitución) a cuya lectura remito en honor a la brevedad.

En el orden local, estas excepciones son las siguientes:

a. Adelantos de remuneraciones con las formalidades previstas en el art. 130 de la LCT. Los adelantos pueden ser hasta el 50 de la remuneración bruta y deben cumplirse las formalidades previstas en el mencionado art. de la LCT. Por «adelanto de sueldo» se entiende toda suma devengada pagada directamente al trabajador o a otra persona, a solicitud escrita del mismo, antes del período regular del pago de los salarios (9).

b. Retención de aportes jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo del trabajador. Las normas que resultan ser fuente de esta retención son: Ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y Ley 20.628 , autorización a empleadores para ser agentes de retención del Impuesto a las Ganancias.

c. Pagos de cuotas, aportes o contribuciones a entidades sindicales, mutualistas o cooperativas y sumas por servicios sociales prestados por ellas. La fuente de la obligación es la Ley 23.551, según el art. 38 , que otorga a las asociaciones con personería gremial el derecho de retención más allá de lo dispuesto en la CSJN en «ATE» y en «Rossi».

d. Pagos por la adquisición o arrendamientos de viviendas, compras de mercaderías, cuyos acreedores sean entidades sindicales, mutualistas o cooperativistas. Esta retención debe cumplir los requisitos del art. 134 que se detalla posteriormente y que implica finalmente una mejora en el precio final del producto adquirido.

e. Pago de primas de seguros de vida colectivos, del trabajador o su familia o planes de retiros o subsidios aprobados por la autoridad de aplicación.Esta es una facultad del trabajador de adherirse voluntariamente a alguna de estas prestaciones (10).

En este punto, aclaramos que el seguro al que se refiere este inciso, no es el seguro colectivo de vida obligatorio (SCVO), establecido por el Decreto 1567/74 , que cubre el riesgo de muerte del trabajador cualquiera fuera la causa, ya que este es obligatorio para todos los empleadores, a excepción de que se trate de trabajadores rurales, y el del inc. e del art. 132 es opcional y a cargo del trabajador.

f. Depósitos en cajas de ahorro en entidades oficiales, sindicales o mutualistas, y pago de cuotas por préstamos acordados al trabajador por estas instituciones. En estos casos, se requiere consentimiento del trabajador y autorización del órgano administrativo competente conforme el art. 133 LCT que se verá más adelante. Por ejemplo, existen disposiciones específicas a estos efectos en Bahamas, Cuba, Egipto, Nicaragua y Sri Lanka. En otros países, al igual que la Argentina – como Chile, Perú y Uruguay, la legislación menciona expresamente los descuentos para el reembolso de préstamos para la vivienda o el pago del alquiler en caso de que el alojamiento sea proporcionado por el empleador (11).

g. Reintegro del precio de compra de acciones de capital o de goce, que el trabajador adquirió a su empleador, correspondientes a la empresa en la cual presta servicios. Esta retención debe cumplir con los requisitos de los arts. 133 y 134 LCT. Por tanto, requiere de autorización administrativa previa la que además debe efectuar el debido control. En este marco podrían funcionar operativamente los «stock options». Se entiende por «stock options» u opciones sobre acciones en su traducción al castellano, una manera de remunerar a los empleados de una compañía y, en especial, a los directivos. Dicha forma de remuneración consiste en ofre cer la posibilidad de que los directivos o empleados obtengan, con o sin coste, acciones de la empresa donde trabajan a un precio fijado con anterioridad y que, normalmente, es inferior al precio de mercado.La remuneración mediante «stock options» consiste, por tanto, en la adquisición de una opción de compra (opción «call») por parte de empleados o directivos, con un precio de ejercicio habitualmente por debajo del precio de mercado. Los empleados o directivos en ocasiones no pagan prima alguna por dicha opción de compra, ya que dicho coste es asumido por la empresa.

h. Reintegro de compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento de propiedad del empleador, exclusivamente cuando estas se fabrican, producen o expendan en él. Esta deducción también requiere de autorización previa y cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 134 de la LCT que dado que el empleador es el acreedor exigen un adecuado control administrativo. Este es el caso, también por ejemplo, de Ecuador, Panamá, Paraguay y -análogamente- de Canadá y de España, donde la legislación prevé el descuento del valor de los productos recibidos por el trabajador como pagos en especie.

i. Reintegro del precio de compra de vivienda, según planes aprobados por la autoridad competente, siendo acreedor el empleador. Ídem anterior supuesto.

Ahora bien, el ya citado art. 133 de la LCT especifica los requisitos que deben reunir estas retenciones

a. Con excepción de lo dispuesto en el art. 130 de esta ley, en el caso de adelanto de remuneraciones, la deducción, retención o compensación no podrá insumir en conjunto más del veinte (20) por ciento del monto total de la remuneración en dinero que tenga que percibir el trabajador en el momento en que se practique.

Es importante destacar que, cuando la ley se refiere al tope del 20%, establece un máximo de retención en conjunto; es decir que todos los conceptos sumados no pueden superar este tope.En el orden internacional, los límites varían del 20% al 50% conforme el capítulo 1.2.3 del Estudio general de las memorias relativas al Convenio (N.° 95) y a la Recomendación (N.° 85) sobre la protección del salario, 1949 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (arts. 19, 22 y 35 de la CN), primera edición de 2003.

Con excepción de los incs. g, h, e i, donde el empleador es el acreedor.

b. Las deducciones, retenciones o compensaciones podrán consistir además, siempre dentro de dicha proporción, en sumas fijas y previamente determinadas.