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Seguridad vial y fotomultas municipales en rutas federales.

March 5, 2018


Los principios que ponen en crisis la pretensión municipal de acotar velocidades en rutas federales, no pueden desvincularse del hecho histórico transgresor, que ha sido la responsabilidad local cuando, trazada y hecha la ruta nacional, los gobiernos locales han sido inalterablemente desaprensivos en permitir asentamientos poblacionales y construcciones a su vera. Cabe agregar que esto también ha ocurrido con las rutas provinciales.

 

De ese modo muchas rutas "cruzan" pueblos o ciudades, que en realidad no existían cuando se hizo el camino y no debieran existir, sin al menos una distancia razonable y sendas vías colectoras paralelas.

 

De ahí el riesgo que luego se quiere corregir con lomadas, semáforos y ahora fotomultas, pero que se originan en la previa mala praxis que no se puede dejar de tener presente al analizar cómo enfrentar la actual situación. En los lugares más importantes, ha debido vialidad nacional acudir a construir una "avenida de circunvalación" para superar lo peor del problema.

 

Entrando al terreno constitucional el derecho de libre tránsito es un derecho federal garantizado a todos los habitantes por el artículo 14, y reforzado en los artículos 10/11 entre otros. La reglamentación de este derecho, corresponde al Congreso Federal, de acuerdo con el mismo artículo 14, y a este efecto existe la ley federal de tránsito 24449 con sus modificaciones. La conservación de poderes locales de policía reservados, no pueden afectar el derecho, sino de modo razonable, y dentro de los límites regulados por el artículo 75 inciso 30 para los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Esto es, se rigen por el criterio de regulación sin interferencia en el cumplimiento del fin específico del establecimiento federal, en el caso de la ruta, el libre tránsito.

 

II.-Éstos son los principios. En la práctica el viajero se ve sorprendido por arbitrarios carteles de baja brusca de velocidad y sin los debidos recaudos de preaviso y la consiguiente llovizna posterior de fotomultas respecto de las cuales es muy difícil tener acceso a la justicia de modo eficaz para ejercer el derecho de defensa pues éste implica a veces y generalmente acudir a tribunales administrativos sitos en lugares muy alejados del domicilio del viajero.

 

La ley Federal establece las necesidades básicas que deben respetarse, y además delega en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entender en la colocación de dispositivos automáticos o manuales de control de infracciones en todo camino, ruta o autopista de jurisdicción nacional. (ley  26363 y el Decreto N° 1787/08).

 

Si bien algunas provincias han intentado reservas a la materia, lo cierto es que no les asiste fundamentos dentro de las normas antes citadas. El control de los equipos de medición denominados "cinemómetros” corresponde a la referida autoridad federal, y deben sujetarse además a las homologaciones y verificaciones técnicas exigidas por la ley nacional de metrología (ley 19.511). Deben ser operados además por funcionarios debidamente matriculados en la agencia nacional (decreto 1716/2008). Los instrumentos de medición de velocidad deben sujetarse al régimen del decreto 779/95, no pueden estar oculto y tienen que estar debidamente avisados, puesto que existen reglas de la autoridad nacional de deberes de publicidad (resolución 294/2010) con cartelería de aviso, o conos, a una distancia no menor a 300 m del lugar de control. La presunta falta debe ser debidamente notificada. Los funcionarios públicos afectados al uso de los cinemómetros deben estar matriculados e inscriptos en el Registro de Personal Matriculado creado por la Agencia (decreto N° 1716/2008-Anexo II-ap.14º-Disposición ANSV N° 35/10).

 

El apartamiento de estas reglas acarrea la nulidad del procedimiento.

 

III.- Pero en la práctica, si bien técnicamente el descargo es posible, entiendo debiera ser impuesto como garantía judicial por una regla específica dictada al efecto por la Agencia que     garantice el deber constitucional mínimo de acceso a la justicia, según la Constitución y los Tratados, determinando que en la multa se individualice adecuadamente el expediente electrónico que se debe formar, y la vía de hacer llegar el descargo por Internet, de manera de evitar tener que trasladarse hasta el lugar del municipio que formula la infracción. Debemos pensar que muchas veces el traslado a un lugar más de 500 km de la capital y suma entre ida y vuelta por combustible y peaje, más de $2000, más la pérdida de trabajar por el  día de viaje, torna ilusoria la posibilidad de defensa en condiciones razonables.

 

NOTA.-Información adicional vinculada a la  AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, y particularmente  infracciones y cinemómetros está disponible en la página web del organismo (https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/radares) , existiendo para  dudas o consultas una línea   0800-122-2678 o mediante mail a la dirección consultasradares@seguridadvial.gov.ar )

 

Citar: elDial.com - DC24B7 

Publicado el 05/03/2018 

Copyright 2018 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

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