October 14, 2019

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La configuración de la responsabilidad civil ante supuestos de intromisión en la vida privada en el Código Civil y Comercial

 

I.- Introducción

 

Resulta significativo poder desarrollar el encuadre legal determinado por el Legislador a los fines de analizar el alcance de la norma, en relación con la protección de la vida privada. Al respecto, el actual artículo 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación, señala: “El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidd, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación”. A continuación pasaré a desarrollar su exégesis, de conformidad con su vigente codificación.

 

II.- Precedentes doctrinarios y jurisprudenciales – encuadre legal.

 

Si bien el derogado artículo 1071 bis del Código de Vélez Sarsfield se relacionaba con la“protección de la privacidad”en función de la introducción de la Ley 21.173,nuestro más alto Tribunal de Justicia de la Nación la materializó jurisdiccionalmente mediante un famoso precedente[1], haciendo efectiva la protección de la privacidad como consecuencia de la intervención de las comunicaciones telefónicas, viendo vulneradas ciertas garantías Constitucionales. Bajo ese lineamiento la Corte Suprema de Justicia señaló que “el pretensor interpuso acción de amparo en virtud de considerar que las disposiciones de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04 vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar "en qué casos y con qué justificativos" esa intromisión puede llevarse a cabo…”“En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno señalar que las comunicaciones a las que se refiere la ley 25.873 y todo lo que los individuos transmiten por las vías pertinentes integran la esfera de la intimidad personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia" o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vida privada" de los afectados (conf. art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 11, inc. 2°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Tratados, ambos, con jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22°, de la Constitución Nacional y artículo 1071 bis, del derogado Código Civil)[2].

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos–en sentido análogo– tiene dicho que el poder del Estado para garantizar la seguridad y mantener el orden público no es ilimitado, sino que "su actuación está condicionada por el respeto de los derechos fundamentales de los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos conforme a Derecho (...) con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma"[3].

 

Asimismo, nuestro más alto Tribunal sostuvo que “para restringir válidamente la inviolabilidad de la correspondencia, supuesto que cabe evidentemente extender al presente, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de dicha correspondencia; b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado, desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro. A su vez, fines y medios deberán sopesarse con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes”[4].

 

De conformidad con lo expuesto, la administración de justicia –mediante el Tribunal encargado de ser el máximo guardián de la Ley Fundamental– ha dejado en claro que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública tienen protección en el art. 19 de la Constitución Nacional. Éste derecho a la privacidad fue fortalecido por el art. 12° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UN – 1948), cuando se estableció que “nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques”[5]; siendo que “el derecho a la privacidad comprende no solo a la esfera doméstica, al círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas, tales como la integridad corporal o la imagen; nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona, sin violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y salvo que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución de un crimen”[6].

 

Desde la concepción configurativa de los presupuestos legales que establecen la responsabilidad civil, la presente figura requiere de un factor de atribución subjetivo, debiendo mediar culpa o dolo del agente. La responsabilidad que surge de la violación del interés jurídico aludido puede ser atribuida a uno o más sujetos determinados, siendo irrelevante si lo dado a conocer es cierto o falso, por lo que deberá evaluarse si la exteriorización del contenido resulta agraviante. En vías de sus implicancias, LORENZETTI[7], –citando a otros autores– a través de su obra expone: “deviene significativo poner de resalto las siguientes evocaciones doctrinales, como por ejemplo, que “el derecho a la intimidad es el derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras turbaciones de su vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos”[8] “…Permite al individuo preservar su intimidad, es decir, la parte no comunicable de su existencia”[9].

 

Otra parte de la doctrina sostuvo “es un el derecho de la personalidad, innato, vitalicio, necesario, esencial, inherente, extra-patrimonial, relativamente disponible, autónomo y se ejerce erga omnes”[10], y la protección jurídica de la intimidad es autónoma de la conferida al honor, nombre, imagen, o identidad personal[11]. Asimismo, “comprende la protección de la salud, las preferencias sexuales, las relaciones de parentesco, las creencias religiosas e ideológicas, las costumbres y hábitos privados, los datos personales sensibles; en cambio se discrepa sobre el alcance de la situación económica y la vida profesional. La norma ampara al hombre privado pero también al público en lo que hace a la esfera doméstica o familiar, con exclusión de los aspectos propios de la vida social. En el caso de las personas públicas se produce una disminución del umbral de protección por lo que hay algunos aspectos de su vida privada que quedan librados al conocimiento público”[12].

 

III.- La nueva codificación (artículo 1770 del CCCN)

 

Continuando la línea argumentativa del autor[13], el mismo menciona que la norma prevé dos acciones a los efectos de aquietar la intromisión: 1) El cese o la suspensión de la perturbación del daño en curso, mediante la acción preventiva de la responsabilidad, contemplada en el art. 1710 del CCCN; y 2) La indemnización del daño consumado y la publicación de la sentencia como modalidad complementaria de la reparación plena.

 

En cuanto a la primera, (acción preventiva – cfr. art. 1710 y ss. del CCCN), la misma ha sido cuestionada por el suscripto en torno a la modalidad de su implementación, cual fuera oportunamente publicada[14], habida cuenta de algunos conceptos oscuros que la conforman. No obstante, y para evaluar la norma en análisis (cfr. Art. 1770), teniendo individualizado al sujeto que lesiona el interés ajeno, en éste caso el art. 1710 resultaría aplicable, a sabiendas que la violación al derecho a la intimidad no se presume, y la acción preventiva se aplicaría como consecuencia de sosegar un perjuicio que resulta evidente. Es decir, no como una medida tendiente a evitar lo que todavía no ocurrió, sino de impedir el agravamiento del daño y las consecuencias que surgen de su producción.En relación al resarcimiento, éste será completo o pleno, recogiendo el artículo 1770 la doctrina del antiguo artículo 1071 bis del Código Civil, cual se refería a la indemnización equitativa la que fue interpretada como equivalente a la reparación íntegra[15]; de modo tal que el codificador ha querido no solo protección de la privacidad de la persona humana, sino sancionar a quién resulte posicionarse como el autor del “entrometimiento o la perturbación” en la intimidad ajena, otorgándole al Juez, amplias facultades para interpretar y/o valorar la oportuna conducta del agente.

 

En cuanto a la conceptualización de lo que debe entenderse como el entrometimiento en la vida ajena, y/ola perturbación de la intimidad, los mismos deben considerarse de la siguiente manera:

 

“El entrometimiento debe ser incausado e ilegítimo –contrario al ordenamiento jurídico– por lo que no se configura si proviene del ejercicio regular de un derecho, del cumplimiento de una obligación legal, si es necesario para la administración de justicia (v.gr. fotografías para identikits de delincuentes publicados), está basado en el orden público, media consentimiento del ofendido o concurre alguna causal de justificación”[16].

 

“La perturbación a la intimidad supone alteración, menoscabo, afectación de la reserva personal que no necesariamente constituya entrometimiento arbitrario, por ejemplo, la difusión de información o datos personales con finalidad descalificante de la persona. “Perturbar” significa “trastornar el orden, la quietud y el sosiego de algo o de alguien”, que puede hacerse sin necesidad de entrometimiento. El artículo menciona, ejemplificativamente varias modalidades de ataque o vías de agresión: publicación de retratos, fotos o imágenes en supuestos de lesión a la intimidad… filmaciones, registros de voz, difusión de correspondencia u otros papeles privados y confidenciales… mortificación de costumbres o sentimientos, que es un nódulo de comportamiento amplio comprensivo de molestias, invasiones, turbaciones, ofensas, etcétera, a la vida individual y familiar que comprende bromas telefónicas, creación de una simulación penosa o humillante”[17], ataques mediante el empleo de la informática, internet, o las redes sociales, acoso sexual o laboral, etcétera, utilización lesiva del nombre…”[18].

 

Asimismo, para que la norma pueda aplicarse como fundamento normativo del resarcimiento, la conducta desplegada por el agente debe conllevar un componente de arbitrariedad. Si ésta no existe, y coadyuva en el obrar considerado reprochable alguna causal de justificación, la violación a la intimidad estará justificada por cuestiones de interés público. Es por ello que “No hay arbitrariedad… si la violación a la intimidad persigue un propósito superior, como es castigar un delito y fue ordenada por un Juez, como ser la interceptación de correspondencia o intervención de líneas telefónicas”[19]. De allí que para los presentes autores, “La violación existe cuando hay publicación, lo que quiere decir en un medio que tenga difusión o alcance general, deben tratarse de hechos privados y no públicos, y que lo publicado sea ofensivo (por ejemplo, la divulgación del nombre de una víctima de violación o de un menor víctima o autor de un delito); y que el público en general no tenga derecho a saber esa información (por ejemplo, la salud del Presidente, o del Papa…)”[20].

 

Jurisprudencialmente se sostuvo que “Hay violación a la intimidad si se difunde por televisión la filmación, sin consentimiento, de una despedida de soltero en la que el actor aparece atado a una silla y dos mujeres bailando frente a él una danza erótica”[21]. A contrario sensu, “Si el hecho violatorio de la intimidad fue conocido por causa del propio comportamiento del damnificado no hay violación a la intimidad”[22].

 

Se advierte entonces que el art. 1770 del CCCN, suple el art. 1071 bis del derogado Código Civil, en función de no vulnerar garantías Constitucionales (cfr. arts. 19, y 75, inc. 22°, C.N.); al mismo tiempo de imponer una indemnización, cuál en este caso será “plena” (cfr. Art. 1740 del vigente ordenamiento).

 

 

(*)Abogado. Ex secretario del Dr. Luis A. Ahumada Herrera - Juez nacional (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22). Ex Integrante (pasante) Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal - Sala D. Ex Docente (ayudante de cátedras) de Derecho de Familia - Derecho de Daños - Universidad de Palermo.

[1]CSJN., Fallos 332:111.-

[2]CSJN., "HALABI, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - Dto. 1563/04 s/Amparo Ley 16.986", 24/02/2009.-

[3] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, "Bulacio v. Argentina", cfr. Fallos: 330:3801.-

[4]CSJN, cfr. Fallos 318:1894.-

[5]ALTERINI, Jorge H., “Código Civil y Comercial de la Nación – Tratado Exegético”, Editorial LA LEY, Buenos Aires, Año 2015, Tomo VIII, pág. 398.-

[6]CSJN, Fallos 330:4615; 324:2895; 316:479.-

[7]LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Año 2015, Tomo VIII, pág. 643.-

[8]CIFUENTES, Santos, “El derecho a la intimidad”, E.D., 57-832; Los derechos Personalísimos, 2da. edición, Buenos Aires, Año 1995, pág. 546.-

[9]GOLDENBERG, Isidoro, “La tutela de la vida privada”, LA LEY, 1976-A-576.-

[10]KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, en BELLUSCIO y ZANNONI, “Código Civil y Leyes complementarias, comentado y anotado”, Tomo 5, pág. 73 (cfr. cita LORENZETTI, Ricardo, ob. cit., pág. 643).-

[11]ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde, “Tratado de Daños a las Personas. Daños a la Dignidad”, Editorial Astrea, Buenos Aires, Año 2011, pág. 482.-

[12]FERREYRA RUBIO, Delia, en BUERES y HIGHTON, “Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, 1999, Tomo 3ª, pág. 134 (cfr. LORENZETTI, ob. cit., pág. 643).-

[13]LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación”… ob. cit., pág. 645.-

[14]GONZALEZ FREIRE, Juan Francisco, “La función preventiva del daño…”, elDial.com (elDialExpress, cita DC22E6 de fecha 18/04/2017); Anales de LEGISLACIÓN ARGENTINA N° 22, LA LEY, Tomo LXXVI-D-2016.

[15]Cfr. LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación”… ob. cit., pág. 645.-

[16]MOSSET ITURRASPE, Jorge, “El derecho a la intimidad”, en J.A. 1975-406.-

[17]GOLDENBERG, Isidoro, “La tutela de la vida privada”, ob. cit., pág. 585.-

[18]LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, ob. cit., pág. 644/645.-

[19]RIVERA Julio – MEDINA Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Editorial LA LEY, Buenos Aires, Año 2014, Tomo V, pág. 22/23.-

[20] Cfr. RIVERA Julio – MEDINA Graciela, “Código Civil y Comercial…”, ob. cit., pág. 22.-

[21]CNCiv., SALA E, de fecha 30/04/2009, citada en LA LEY Online.

[22]CCiv., y Com., Córdoba, SALA 7ma., J.A. 2004-II-253, con nota de CROVI, Luís, “LA libertad de prensa y las noticias verdaderas ridiculizadas” – (cfr. cita RIVERA Julio – MEDINA, Graciela “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, ob. cit., pág. 23).

 

Citar: elDial.com - DC2354 

Publicado el 21/06/2017 

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