Del juez de la ley al juez de la equidad

Propuesta: El presente trabajo propone la idea de un juez que en su tarea tenga en cuenta la idea de equidad. Así, frente a las diversas y complejas demandas que tiene la ciudadanía, se requieren magistrados que, como sujetos de cambio y transformación, no reduzcan su labor a la simple abstracción de una ley; para construir una sociedad más justa e igualitaria deben recurrir a principios superiores y generales del Derecho aplicados a cada caso en concreto. De este modo, debe entenderse que la norma – cualquiera sea su jerarquía- no es un fin en sí misma, debe plegarse a las singulares contingencias de cada hecho, negocio o relación jurídica, habida cuenta de esa mudanza cotidiana a que es llevada la vida social. En esta línea, el rol de un juez que tiene en cuenta verdaderamente la idea de equidad aquí remarcada, debe guiarse por los principios jurídicos rectores y fundantes de la vida en sociedad que iluminan al hombre de Derecho que es consciente que un caso es distinto a otro y que, por lo tanto, las soluciones jurídicas no están en general preconcebidas, sino que se elaboran en base a la experiencia, la lógica, la sana crítica y los valores de justicia y verdad.

I. Introducción

El juez del siglo XXI debe tener un protagonismo fundamental en nuestra organización política y social a fin de lograr que el derecho cumpla con su misión de permitirnos convivir armoniosamente en comunidad.

En tal sentido, resulta innegable que la judicatura que surgió especialmente con la Revolución Francesa, fracasó y no puede perdurar en las sociedades contemporáneas.

Así, la concepción sobre este punto durante los siglos precedentes partía de una premisa errónea: el suponer que la ley resulta autosuficiente y se basta a sí misma.

De este modo, el pensamiento político concebido a partir del siglo XVIII creía solamente y nada más que en la ley y relegaba al juez a una función mecánica y pasiva. En el pensamiento de Montesquieu, debían conformarse con ser la boca que pronuncia la palabra de la ley, seres inánimes que no podían moderar ni su fuerza ni su rigor.

En tal sentido, en el derecho codificado surgido en los países en los que impera la tradición del civil law a partir del siglo XIX, la norma asumió un protagonismo indiscutido en el pensamiento jurídico al imponer la idea que todo el saber del derecho se puede reducir de un modo simplista a ella; es decir, al estudio de lo que el legislador estatal del momento considere como norma.

Pero dicho modo de concebir al Derecho, puede decirse, que fracasó, y que la mayoría de los estudiosos actuales de nuestra disciplina seguramente coincidan que el saber y la realidad jurídica nada tienen que ver con un reduccionismo tan excluyente, ya que la ciencia jurídica es tan compleja como las ciencias sociales en general.

Diversas cuestiones nos han enseñado que Derecho y ley no son sinónimos. Por ejemplo, la desigualdad estructural y progresiva que existe entre nuestros ciudadanos exhibe que la norma positiva no puede ser aplicada mecánicamente ya que sus destinarios no comparten idénticas condiciones económicas, sociales y culturales.

Es por ello que el rol de los jueces, como sujetos de cambio y transformación, no puede reducirse simplemente a la abstracción de una ley; para construir una sociedad más justa e igualitaria deben recurrir a principios superiores y generales del Derecho[1] aplicados a cada caso en concreto, que pueden asociarse con la idea de equidad.

Así, en las líneas que siguen se tratará de explicar qué es lo que entendemos por un juez de la equidad y las implicancias que ello tiene.

II. ¿Qué es la equidad?

No es tarea para nada sencilla definir qué es la equidad. Si observamos a la equidad a lo largo de la historia y las civilizaciones, veremos que no es posible formular un concepto unitario: desde la epieíkeia griega a la aequitas romana, de laaequitas canónica a la equity anglosajona -y norteamericana-, hasta la equidad tal y como se manifiesta en los distintos ordenamientos jurídicos contemporáneos. Así, la polisemia del término equidad, solo es comparable a la polisemia del propio término Derecho[2].

Pero para nuestro objetivo en este trabajo, nos remitiremos a la concepción romana de la equidad. Aequitas y aequs son términos expresivos de la adecuación del Derecho positivo a los hábitos, costumbres, sentimientos e instintos morales e intelectuales arraigados en la conciencia colectiva. De esta manera, la norma debe plegarse a las singulares contingencias de cada hecho, negocio o relación jurídica, habida cuenta de esa mudanza cotidiana a que es llevada la vida social(3).

En esta línea, la aequitas de los romanos parece hacer alusión a la finalidad de la búsqueda de un equilibrio entre intereses generales e individuales, tratando siempre de igualar a los individuos.

Es que en nuestro mundo, como en el de los romanos, hay cuestiones que la ley –en sentido amplio- deja sin contestar, sea por su defectuosa dicción, sea por su angustura formal, sea porque el espíritu de los nuevos tiempos las ha agotado y envejecido. Si ocurre ello, debe acudirse a los principios generales del derecho, en especial a la aequitas, restableciendo la justa proporción, el exacto equilibro entre derecho y vida.

En base a ello, puede decirse que la equidad anhela que los jueces, más que grandes teóricos y amantes de las construcciones abstractas, sean más cercanos a la realidad de cada día, observando el problema jurídico no solamente en base a la lejanía de una norma, sino a las circunstancias de cada asunto en particular; apoyándose en lo que siempre ha buscado y debe buscar el Derecho: la justa solución del caso.

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el famoso precedente “Oilher”, del año 1980, enseñaba: “[s]i es cierto que el legislador es soberano en la sanción de la ley, el juez no lo es menos en la apreciación y valoración de los hechos y si no puede éste, en principio, juzgar de la equidad de la ley no sólo puede sino que debe juzgar con equidad en los casos sometidos a su decisión. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica reñida con la naturaleza misma del derecho y conduciría, a menudo, al absurdo que ya previeron los romanos: summun jus, summa injuria. Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia”(4)

De esta manera, debe distinguirse a la ley de la equidad del siguiente modo: por ley hacemos referencia a lo “jurídico-estricto”; por equidad debemos comprender a lo que corresponde de acuerdo a las circunstancias del caso, a la “solución jurídicamente específica”.