October 14, 2019

Please reload

Entradas recientes
Entradas destacadas

Proyecto de ley: “aborto libre y seguro”, para la conciencia, coacción y unanimidad forzadas

May 7, 2018

Setenta y un diputados nacionales, pertenecientes a diversas bancadas, presentaron en marzo último un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Personalidades públicas (por citar a dos, los senadores Federico Pinedo y Esteban Bullrich), los obispos católicos y pastores de otras denominaciones, así como una multitud que respondió al lema: “Toda vida vale”, han  reivindicado el derecho fundamental a la vida desde la concepción, durante el embarazo de la madre y en todas las etapas hasta su fin natural. Toda vida, también las de quienes en nuestras sociedades, por citar al Papa Francisco, son “descartados” y heridos en su dignidad. Sería necio ignorar la importancia de los importantes apoyos que recibe el “aborto libre y seguro”, que se reivindica como un derecho de la mujer a su propio cuerpo.

 

El proyecto es de una aterradora amplitud, con plazo de catorce semanas para el aborto libre a solo pedido de la mujer, y sin límite por causales varias. Muestra de esa amplitud es que para el concepto de salud se sigue el criterio de la OMS, reflejado en el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo de 2015 que dice: “La afectación de la salud mental puede resultar en un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima”. En una palabra, aborto libre ya que bastará que la mujer lo requiera sin que su necesidad surja de un diagnóstico profesional. Así ha pasado el proyecto de ley a estudio.

 

No es nuestro propósito tratar el proyecto sino en un punto sobre el que, no casualmente, guarda silencio. Nos referimos a la objeción de conciencia, tanto individual como institucional o de ideario.

 

Pese a que el fallo de la Corte Suprema “F. A.L.” del 13.3.2012, previó específicamente ese derecho para el personal de salud, y en consecuencia los protocolos de las provincias, o ya con anterioridad, la Ciudad de Buenos Aires, los promotores del aborto lo catalogaron de estratagema para eludir o dificultar la práctica en perjuicio de la mujer deseosa de interrumpir su embarazo. Así se presentaron proyectos para anular la posibilidad de objeción en todos los casos de aborto. Y en la misma línea, directamente no figura en el proyecto que tiene a consideración la Cámara de Diputados.

 

Cabe señalar que el proyecto del Poder Ejecutivo de ley de Libertad Religiosa, actualmente en la misma cámara, en su artículo 7 hace una regulación de la objeción de conciencia. Pero casualmente o no, es lo único que encontró resistencias al punto de paralizar el tratamiento.[1] Pero aun cuando se aprobase, es evidente que la situación del personal y de los establecimientos de salud deben tener un propio y específico tratamiento cuando está en juego un conflicto de derechos en los que está en juego la vida misma.

 

Quiero señalar que el Dr. Juan G. Navarro Floria se centró en este tema en su intervención ante las comisiones de la Cámara señalando que el proyecto pretendía hacer obligatorio el aborto aun cuando vaya en contra de los dictados de la conciencia de quienes se pretende participen en el mismo.[2] Aunque escuchamos su exposición, carecemos del texto escrito por lo que no podemos citarlo in extenso como merecería.

 

Por todo ello queremos hacer un panorama de la objeción de conciencia, que Benedicto XVI colocó como  «frontera» de la libertad que toca principios de gran importancia, de carácter ético y religioso, enraizados en la dignidad misma de la persona humana, como «los muros de carga» de toda sociedad que desea ser verdaderamente libre y democrática”. [3]

 

II

 

El jurista español Rafael Palomino dice que “la libertad de conciencia, entendida… como el derecho a la actuación libre conforme a los más íntimos dictados de la conciencia personal, tiene en la objeción de conciencia un elemento particularmente destacado y llamativo. Incluso podríamos afirmar que se trata de su exponente más radical y profundo”. Cita luego a otros dos destacados colegas suyos en su caracterización del instituto. Para Rafael Navarro Valls es la negativa por escrúpulos de conciencia, a cumplir leyes y mandatos del poder civil, contrarios a principios morales o éticos. Y para Javier Martínez Torrón, la negativa del individuo, por motivos de conciencia, a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, ya provenga la obligación directamente de la norma, ya de un contrato, ya de un mandato judicial o de una resolución administrativa.[4]

 

Antes de pasar a la legislación positiva, recordemos dos momentos de la Biblia. Uno, cuando Pedro dice al Sanedrín: “Juzguen si es justo obedecerles a ustedes más que Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hch. 4.20). Y en el Segundo Libro de Macabeos lo que uno de los siete jóvenes le dice al rey: “Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres” (2Macabeos, 7, 2). Parece imprescindible recordar en la Antigüedad Clásica a Antígona, que por los dictados de su conciencia, se niega a cumplir la orden injusta de Creón de dejar insepulto el cuerpo de su hermano.[5]

 

El derecho a la objeción de conciencia encuentra su fundamento en la libertad de conciencia y religión, consagrado en declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, de cuya cita prescindo por ser ampliamente conocidos.

 

La misma se encuentra admitida en la actualidad en constituciones europeas, como España y Portugal, y en las americanas de Ecuador, Paraguay, Brasil y Colombia. La legislación y la jurisprudencia de Perú y Argentina y de otros países de la región la contemplan. Inversamente, en cambio la prohíben la constitución de Venezuela y el Código Penal de Cuba. En México, el Congreso aprobó una reciente reforma a la Ley General de Salud para hacer posible el derecho del personal médico y de enfermería a invocar la objeción de conciencia.[6]

 

A medida que avanzaba el siglo XX y actualmente con dificultades y negativas, fue dándose la admisión de la objeción de conciencia frente al servicio de las armas. Los sistemas totalitarios y autoritarios la rechazaron en forma terminante, de modo tal que el Concilio Vaticano II  pidió  “que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad humana de otra forma”.[7]

 

Esta objeción es moral en su origen y jurídica en su expresión, no es lo mismo que la resistencia a la autoridad ni persigue una reacción social a la norma porque la colisión del imperativo jurídico con el de conciencia del objetor.[8]

 

¿Puede ejercer la objeción el funcionario para no cumplir una determinada disposición? Escuchamos decir desde una visión rígidamente positivista que el empleado público, entre ellos el personal de salud de hospitales públicos, no tiene más que cumplir lo que se le manda. Pero quienes así dicen predican, por otro lado, que la “obediencia debida” no exime de responsabilidad a quien comete en virtud de ella delitos de lesa humanidad, o incurre en torturas o en desaparición forzada de personas. Es decir que la obediencia ciega no exime de responsabilidades ni morales ni jurídicas. El funcionario, cierto es que no puede discutir la necesidad o conveniencia de lo que se le manda, pero el alcance de su objeción se limita a que él mismo no sea obligado a actuar contra su conciencia. Se contaba la historia de un preso durante la II Guerra Mundial en los EEUU por objetor a quien otro preso, asesino convicto, le dijo: “Ah, así que Vd. está preso por no matar”. Nada mejor que recordar lo que el rey Balduino de Bélgica planteó en 1990 cuando el Parlamento votó la ley de aborto: para no firmar el “cúmplase”:“¿Sería normal que sea yo el único ciudadano belga obligado a actuar contra su conciencia en un tema esencial?”[9]

 

Pero como todo derecho, no es absoluto.[10] Generalmente se colocan tres condiciones para la admisibilidad:

 

  1. Que no exista un interés público comprometido imposible de suplir por otros medios, en inglés “compelling governamental interest”. Por ejemplo, cuando el ejercicio de la objeción privaría a otra persona de gozar de derechos y ejercer actos legamente permitidos o que esa objeción no permita evitar un daño. Corresponde hacer el “balancing test” entre el derecho del objetor y el interés público, en particular, en qué medida este puede ser cumplido de otra forma que por la acción de éste, con un criterio estricto por la jerarquía de las libertades de conciencia y religión. En los Estados Unidos, The Religious Freedom Restoration Act of 1993 (RFRA) prohíbe al Gobierno gravar sustancialmente el ejercicio de la libertad religiosa aunque ese gravamen resulte de una ley de aplicabilidad general, salvo que “demuestre que la aplicación de esa carga (1) se basa en un interés superior imperioso y (2) que sea la manera menos gravosa para la conciencia del objector de cumplir con ese interés superior”.  Según la reforma de 2000 por la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act del año 2000 (RLUIPA), está cubierto “todo ejercicio de la religión, sea o no obligatorio o central a un sistema de convicciones religiosas”.[11]  

         

b. La sinceridad de las convicciones, es decir, que haya una clara y seria cuestión de conciencia y no su manipulación para eludir una obligación legal por otras razones.

  

A menudo se identifica objeción de conciencia con libertad religiosa fundada en preceptos según la doctrina y legislación interna del credo de que se trate. Pero, como se ha visto, el alcance es más vasto, ciertamente está en juego la libertad religiosa, pero abarca las convicciones morales o éticas, que surgen de la conciencia de la persona aunque no sea por razones religiosas o aun siéndolo, no determinadas por la confesión a la que pertenezca el objetor. En tal sentido, es significativo que el primer fallo en admitir el instituto de que hablamos en la Argentina fue haciendo lugar a la resistencia de un joven a portar armas, no porque la confesión de pertenencia, la católica, lo enseñase, sino porque en conciencia creía que hacerlo iba contra el V Mandamiento, “No matarás”.[12]

 

De gran importancia es la concepción de considerar si la objeción solamente es susceptible de invocarse por las personas individuales o si también la tienen las personas jurídicas, de carácter institucional o de ideario. En cada supuesto que enunciaremos diremos las soluciones a esta cuestión aplicable a establecimientos sanitarios y educacionales y aún a empresas. 

 

  1. El derecho a la vida y los tratamientos médicos. Recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, protege la vida “en general, desde la concepción” (art. 4.1) . Invocando derechos de la mujer se ha despenalizado, con mayor o menos amplitud, el aborto. El personal médico o de enfermería puede invocar la objeción de conciencia cuya forma y alcances varían. En la Argentina, la Corte Suprema la limita a que el médico la ejerza cuando entra en vigencia el protocolo o el profesional se incorpora a la tarea en el establecimiento de salud. Curiosa forma de inmovilizar la conciencia, ya que si con el correr del tiempo, quizás después de practicar varios abortos, quizás tras una nueva reflexión ética o religiosa, el profesional replantease sus pautas morales, se vería imposibilitado de ser atendido y respetado o, aun quien habitualmente practica abortos, encuentre contrario a su conciencia hacerlo con un feto en el último trimestre del embarazo. También se han establecido registros públicos de objetores, lo que ha recibido críticas por ser potencialmente discriminatorio, aunque no lo sea necesariamente. Una de las situaciones graves es cuando no hay otro profesional que el objetor. ¿Hay un “interés público comprometido que prima por sobre la conciencia cuando no hay otro profesional en ese hospital que pueda practicar el aborto?

 

Está el supuesto de restricción a la objeción cuando está la mujer en peligro de vida o de grave daño a la salud mental o física, que aplicando el criterio de la OMS sirve para todo, con gran margen de arbitrariedad. El profesional debe conservar el derecho a no intervenir como un caso de objeción propia o “contra legem”. Proveer el servicio será en todo caso un problema del establecimiento público. La última palabra sobre las consecuencias la tendrá la Justicia. Es importante, en este sentido, una lección que nos da nuestro vecino y hermano Uruguay. Tras el ejemplar veto del presidente Tabaré Vázquez en 2008, con José Mujica, se sancionó la ley 18.897 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo” (también aquí, se elude la palabra aborto). Pero, como suele ocurrir, el régimen contemplaba limitaciones así que “fueron por más” con el decreto 375/12 que significaba una afectación a la objeción de conciencia más grave que lo contenido en la ley. Un grupo de médicos ginecólogos planteó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad contra varios artículos del decreto, cuyo resultado fue la invalidación de aquello en que el decreto invadía lo dispuesto por la ley. La sentencia valoriza la objeción de conciencia, derecho fundamental y de la máxima jerarquía, como expresión de la libertad de conciencia y un derecho preexistente a que el ordenamiento normativo lo recoja.[13]

Otro tema es el de los tratamientos médicos tanto los que deben prestar los profesionales y el personal de salud como los que deben recibir los pacientes. Los médicos y personal de salud están hoy en día sometidos a decisiones en las que la conciencia moral o religiosa los pone en conflicto con la normativa legal o profesional.

 

Los avances de la medicina han llevado a la legislación a asegurar la autonomía de la persona especialmente en las últimas etapas de su vida. Pero, esto en sí positivo, ha llegado al gravísimo extremo de una activa cooperación para que se produzca la muerte, o sea a la eutanasia.[14] Inversamente se da el llamado “ensañamiento terapéutico” en que se aplican medios desproporcionados para la continuación de la vida, que también plantea problemas éticos.[15]  Lo que era una cuestión de pocos y determinados (los Testigos de Jehová con las transfusiones de sangre, problema resuelto en los fallos “Bahamondez” y “Albarracini Nieves”[16]) hoy ha pasado a ser de muchos, pertenecientes a las confesiones mayoritarias o de firmes convicciones éticas o religiosas. Precisamente en el caso “D.M.A.” la Corte al interpretar con laxitud lo que podía haber sido la voluntad de la persona antes de enfermar de rehusar tratamientos que prolonguen su vida, volvió a dar instrucciones y ordenar protocolos, en los cuales respecto a la objeción de conciencia dice que ha de ser “manifestada en: el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a los pacientes que se encuentren en la situación contemplada en la ley 26.529”.[17]

 

 La posibilidad de testamentos vitales o directivas permite respetar la voluntad del paciente aunque no esté ya consciente, pero la ley expresamente rechaza la eutanasia.

 

  1. La “salud sexual y reproductiva”. En la Argentina la legislación y reglamentación exceptuó de suministrar anticonceptivos a las instituciones de carácter confesional y demás centros privados de salud. En lo educacional, la misma ley permite que los establecimientos la apliquen “en el marco de sus convicciones”.

 

  1. El matrimonio. En donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, pueden darse múltiples supuestos de objeción. La podría ejercer el docente que enseña que el matrimonio es la unión permanente de hombre y mujer frente al material de enseñanza que lo reduce a la unión de dos personas sin especificar el sexo. Podría tenerla el oficial del Registro Civil llamado a oficiar un matrimonio de ese carácter. Y saliendo del ámbito público, en los Estados Unidos se ha llegado a los tribunales por floristas, fotógrafos o proveedores de catering que se niegan a prestar su servicio a la unión homosexual.[18] En el Reino Unido, los jueces han desestimado la objeción de personas que alquilan habitaciones a recibir a parejas del mismo sexo. Y la Corte Europea de Derechos Humanos no acogió los casos de un registrador de actas de estado civil y un psicólogo que ingresó a una dependencia comunal para hacer terapia y consejo para parejas, que se negaban a atender parejas del mismo sexo por sus convicciones religiosas, considerando que la normativa antidiscriminatoria británica prevalecía sobre la objeción por motivos religiosos.[19]

Viene al caso recordar cuando en el Senado se trató la llamada ley de matrimonio igualitario, donde se hizo mención del proyecto de la senadora por San Luis Liliana Negre de Alonso de unión civil, no matrimonio, con el derecho del oficial público a no intervenir por razones de conciencia. Fueron insólitos los vituperios que sufrió la senadora y la calificación de reaccionario con que se tildó ese supuesto de objeción.[20]     

 

  1. La objeción de conciencia y las personas jurídicas: ¿tienen derechos a la libertad de conciencia y de religión las personas jurídicas? La primera y más pronta respuesta es no, porque al fin y al cabo “ellas no van a la iglesia ni cantan himnos”, para citar la opinión de un juez norteamericano. Pero si lo pensamos más detenidamente nos damos cuenta de que la persona jurídica es creada, dirigida y sostenida por personas humanas, que para alcanzar determinados fines recurren a personas de existencia ideal. En los Estados Unidos, dos casos recientes han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Suprema y decisiones gubernamentales. En primer término, “Burrwell vs Hobby Lobby”, del 30 de junio de 2014, en el que dos empresas pertenecientes a cristianos menonitas, se negaban a que en su contribución al sistema de salud estuviera, de entre los métodos anticonceptivos, la píldora del día siguiente por su carácter abortivo. Pero esta actitud representaba la imposición de multas por cantidades que llevarían a la cesación de pagos a las empresas. La Corte tomó en consideración la ley que hemos citado antes, y por mayoría de votos admitió la objeción por tratarse de empresas cuyas acciones pertenecían a grupos cerrados, “closely held”, en el caso, familias, los Hahn y los Green, en las que estaba clara sus declaraciones de fe explícitas y su pública convicción del comienzo de la vida desde la concepción.[21]  

  2.  

El otro caso es el de las Little Sisters of the Poor, que habían sido objeto de cuantiosas sanciones pecuniarias por su negativa a incluir los métodos anticonceptivos en sus planes de salud. Por voto unánime de la Corte en mayo de 2016, se dejaron sin efecto las multas y se dispuso que en instancias inferiores se buscase que el Estado llegara a soluciones compatibles con las convicciones religiosas de las hermanas. El fallo ayudó a una solución quizás por no tener mayoría para la exención o la imposición de sanciones. Ya producido el cambio de gobierno, el presidente Trump dictó un decreto (Executive Order) a fin de que las agencias estatales de salud fijaran las reglas para eximir en el sentido antedicho a las instituciones religiosas. Como se advierte, se trata de un caso de objeción de conciencia cuya legitimidad ha sido reconocida por el Ejecutivo.[22]

 

La legislación y la jurisprudencia han encarado respuestas a muchos problemas, algunos de los cuales hemos citado acá. Otros incluyen la actitud frente a los símbolos patrios, el juramento, los deberes electorales, etc. Al mismo tiempo, este ejercicio de la libertad de conciencia y religión es acusado de discriminatorio, a fin de imponer uniformidades con lo que podemos llamar un “discurso único” para toda la sociedad. Sucede también que la mala conciencia teme deslegitimarse cuando alguien invoca valores fundamentales.

 

Con el ilustre jurista argentino Germán Bidart Campos afirmamos que el “derecho a la conciencia”, es una manifestación de la libertad jurídica relevante, que se interconecta con la dignidad, la intimidad y la privacidad de la persona humana.[23]

 

Para terminar, volvemos a citar al presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, quien entre los fundamentos de su veto a la ley de aborto estuvo la deficiente regulación de la objeción de conciencia lo que generaba “una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos”.[24]Cuánto más si la ley guarda silencio, consagrando el pensamiento único y obligatorio: el sistema jurídico ya no protege “toda vida” porque  permite libremente o con causales equivalentes, a disponer de ella, eso sí, forzando al personal de la salud a actuar aun contra sus más altas e íntimas convicciones. De otra manera, la dignidad de esas personas es avasallada y por ello mismo, la Constitución Nacional.

 

 

                                                

 

 

 

(*) El autor es profesor de D. Constitucional (UCA), miembro fundador de CALIR (Consejo Arg. para la libertad religiosa) y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, cuya presidencia ejerce en la actualidad.

 

[1] http://www.calir.org.ar/verPdf.php?doc=/docs/20170612ProyectopresentadoenelCongreso.pdf

 

[2] http://www.telam.com.ar/notas/201804/271530-el-debate-vuelve-al-congreso-con-cambios-en-el-orden-de-los-expositores.html;https://www.lanacion.com.ar/2126469-aborto-cinco-argumentos-en-contra-de-la-despenalizacion

 

[3]   http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141115_medici-cattolici-italiani.html  Benedicto XVI. Discurso al Cuerpo Diplomático Acreditado ante la Santa Sede, 7.1.2013. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130107_corpo-diplomatico.html

 

[4]  PALOMINO, RAFAEL, Libertad religiosa e individual. Libertad de conciencia, en Congreso Internacional de Libertad Religiosa, Buenos Aires, 28 y 29 de abril de 2008.

http://www.calir.org.ar/congreso/documentos/PALOMINO.pdf

 

[5] Pereyra, María Laura, Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro. Perspectivas de la enseñanza a través del método del case-study. Universidad de Palermo, Cuaderno 34,http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=165&id_articulo=6155 ; PALOMINO, R. op. cit.

 

[6] Navarro Floria, Juan G. Cambios en la protección jurídica de la objeción de conciencia. Relación general en el XVI Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Hernandarias, Paraguay, 2016.

 

[7] Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, nº 79. Martín de Agar, José Tomás, La Iglesia Católica y la objeción de conciencia,

 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/156/13.pdf  Respecto a México, la objeción de conciencia se introduce con el art. 10 bis que reforma la Ley General de Salud.  

 

[8] Méndez, Julio Raúl, Dimensión iusfilosófica de la objeción de conciencia. http//www.calir.org.ar/congreso2014/ponencias.htm 

 

[9] Padilla, Norberto. La conciencia del gobernante. X Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Lima, 2010. 

 

[10] Navarro Floria, Juan G. El derecho a la objeción de conciencia, ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 2004, 46 y ss. 

 

[11] US Supreme Court, BURWELL v. HOBBY LOBBY STORES, INC. ( ) No. 13–354, 723 F. 3d 1114, affirmed; No. 13–356, 724 F. 3d 377, reversed and remanded. PADILLA, Norberto. Empresa y libertad religiosa. (Burwell vs. Hobby Lobby Stores Inc. et Al.), EL DIAL.com. Suplemento de Derecho Constitucional, 15.7.2014.

 

[12]  C.S.J.N.  Fallos 312:496 (1989). Portillo, Alfredo. allos   NAVARRO FLORIA, Juan G. El derecho de objeción de conciencia, pág. 59 y ss. Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 20004

 

[13] ASIAIN PEREIRA, Carmen, Objeción de Conciencia. Tribunal de máximo rango anula con efectos generales y absolutos decreto que la restringía, en Revista de Derecho Público, nº 48, Noviembre de 2015, citado en PADILLA, Norberto, Objeción de conciencia frente al aborto, Forum, Anuario del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UCA, EDUCA, nº 4, año 2016, pág. 29.    

 

[14] La eutanasia, bajo el nombre más genérico y menos incómodo de “muerte digna”, tiene cabida en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. Cabe destacar que en Luxemburgo el jefe de Estado, Gran Duque Enrique, ejerció la objeción de conciencia para poner con su firma en vigor la ley. En América Latina citamos el caso de Colombia, donde la Corte Constitucional en el caso Parra Parra (1997) determinó desincriminar el “homicidio por piedad” y en un ejercicio de activismo judicial, estableció las condiciones de su ejercicio.

 

[15] Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2276 y ss. http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a5_sp.html

 

[16] C.S.J.N.- Fallos 316-479 (1993) Bahamondez, Marcelo S/medida cautelar. ( La Ley-1993 -125. CSJN, Fallos 335:799. Albarricini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precautorias. 1.8.2012.

 

[17] CSJ 376/2013 (49-D)/CS1D., M. A. s/ declaración de incapacidad. 7-7-2015.

 

[18] La Corte Suprema de los EEUU tiene a resolver si la objeción de conciencia es aplicable a un repostero que se negó a preparar la torta de bodas para una pareja homosexual: “Mullins & Craig vs. Philips”.  

 

[19] http://www.lawandreligionuk.com/2013/01/17/chaplin-eweida-ladele-and-mcfarlane-the-judgment/

 

[20] PADILLA, Norberto. Objeción de conciencia, ¿retroceso o revolución?, EL DIAL.COM, Buenos Aires, 10.8.2010. También en: http://www.institutoacton.com.ar/oldsite/articulos/npadilla/artpadilla1.pdf

 

[21] https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/13-354

 

[22] https://www.becketlaw.org/case/littlesisters/

 

[23] DALLA VIA, Alberto.  La conciencia y el derecho”, Prólogo de Bidart Campos, Germán J. Editorial de Belgrano, 1998. 

 

[24] Mensaje del 14.11.2008. Ver: Veto al aborto. Estudios interdisciplinarios sobre las tesis del Presidente Tabaré Vázquez, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2013. En especial: Carmen Asiain,  Veto a  la libertad de conciencia (tesis XI) Y Veto a la limitación de la Libertad de Ideario Institucional.

 

 

 

 

 

 

Citar: elDial.com - DC2511 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Síguenos
Please reload

Archivo
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now