El habeas data en el derecho constitucional argentino. Concepto y alcances. Recepción jurisprudencia

Por Mercedes Eugenia López (*)

El principal objetivo del constitucionalismo clásico del Siglo XVIII, fue limitar el poder del Estado y, en consecuencia, proteger al individuo ante el abuso de poder.

Para ello, ha procurado organizar al estado en defensa de las libertades y los derechos del hombre, de tal forma que toda la armazón de este constitucionalismo se dirige a proporcionar garantías y seguridad.

La propia constitución formal se ha definido como un sistema de garantías, cuyas dos partes fundamentales se caracterizan en ese sentido: a) la dogmática, por contener una declaración de derechos; b) la orgánica, por establecer la división de poderes.

Las garantías constitucionales son el soporte de la seguridad jurídica y existen frente al Estado, en cuanto son medios o procedimientos que aseguran la vigencia de los derechos.

De tal forma, y con el propósito de llevar a cabo este objetivo perseguido por el constitucionalismo clásico, fue la inclusión en las constituciones de una parte dogmática, en la que se declaraban los derechos individuales del hombre.

LA PARTE DOGMÁTICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

La declaración de los derechos en nuestra constitución se encuentra principalmente en la parte Dogmática (Art. 1 al 43), donde quedan declarados los derechos de las personas frente al estado y frente a los demás particulares. La parte dogmática contiene dos capítulos:

1) Capítulo Primero: "DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS" (Art. 1 al 35 C.N.)

2) Capítulo Segundo: Incorporado en la Reforma del año 1994, denominado "NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS" (Art 36 al 43 C.N.).

A partir de la reforma constitucional del año 1994, la inclusión de los nuevos derechos y garantías en nuestra Constitución guarda directa correspondencia con la existencia de lo que se ha dado en llamar “Derechos de la Tercera Generación”, referidos a una nueva concepción del hombre en relación con el mejoramiento integral de su calidad de vida, su interrelación con los otros y su espacio en la sociedad.

Los derechos de la primera generación se correspondieron a las primarias concepciones del Estado moderno que parten de la Revolución Francesa de fines del XVIII y se encuentran referidas a la libertad, igualdad y fraternidad.

Luego, la Revolución Industrial y la concentración de capitales de fines del siglo XIX y comienzos del XX, unidas a nuevas concepciones destinadas a la regulación e intervención del Estado, determinaron un nuevo cúmulo de declaraciones, derechos y garantías que se fueron sancionando bajo la denominación de lo que se ha llamado justicia social. Dichas manifestaciones están relacionadas a las declaraciones de derechos en función social y a la Doctrina Social de la Iglesia.

La finalización de la Segunda Guerra Mundial determinó la división estratégica del mundo entre las potencias vencedoras y también dio nacimiento político a una lucha de poder, tecnología y política denominada guerra fría; en la cual no hubo conflicto armado directo entre las potencias, pero sí en las sociedades periféricas y produjo grandes procesos de descolonización.

El avance de tecnología originó como contrapartida una serie de perjuicios y problemas trascendentes e impensados que hacen repensar la vida futura en el planeta en un plazo aproximado de doscientos años.

Tanto poder tecnológico de investigación, junto con un poder de destrucción, concentraciones de capitales y peligros de supervivencia dieron lugar a la tercera generación de declaraciones, derechos y garantías referidas al uso racional de la tecnología, de los recursos naturales y del espacio aéreo.

La finalización de la guerra fría, que se puede identificar con la caída del muro de Berlín, trajo aparejado el nuevo fenómeno de la globalización, por la existencia de una tecnología de última generación que permite el flujo constante e ininterrumpido de información en todas partes del mundo.

La simultaneidad y la masividad que genera la comunicación en cuanto a la información e integración global es un fenómeno que cambió radicalmente la concepción mundial en cuanto a la cultura e integración de la comunidad internacional.

En cuanto al hombre, la preservación de las garantías adquiridas y el reconocimiento de otras en función de la falta de equiparación entre las grandes empresas y el pequeño consumidor o usuario, que en soledad carecería de posibilidad de reconocimiento y actuación, se da a partir de los derechos y garantías de la tercera generación, que se presentan como respuesta al fenómeno de la contaminación de las libertades.

Nuestra Constitución de 1853-1860, que respondía al denominado constitucionalismo liberal o clásico, no incluyó esta garantía operativa dentro de su parte dogmática, ya que se corresponde con modelos de constitucionalismo muy posteriores.

El habeas data, como una de estas garantías, viene a responder a una necesidad del hombre común de oponerse a la información falsa arbitraria o discriminatoria que se encuentre en cualquier base de datos, sin interesar la importancia que aquella revista.

HABEAS DATA. CONCEPTO

El habeas data es un proceso constitucional con fines diversos. Literalmente apunta a “traer los datos” y su objeto principal es contener ciertos excesos del llamado “poder informático”.

El derecho a ese acceso a la información que consagra esta garantía, como así también la posibilidad de rectificar los datos contenidos en los registros respectivos, fue instituido en la Constitución de Portugal de 1976 (art. 35) y en la de España de 1978 (art. 105, “b”). Asimismo, Gran Bretaña y Estados Unidos, tienen similares sistemas de control por parte de los ciudadanos con relación a los bancos de datos. En Latinoamérica, la Constitución de la República Federativa de Brasil, introdujo en su artículo 5º el habeas data junto con el denominado mandado de injunçao (mandato de ejecución), que daba operatividad a la norma, cuando a falta de disposiciones reglamentarias se tornara complicado el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales (MORELLO, Augusto M. “Constitución y Proceso”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1998, págs. 240/241).

Recién con la reforma constitucional de 1994, se incorporó a nuestro derecho positivo esta garantía operativa, en el tercer párrafo del artículo 43, siendo el amparo la acción habilitada para el caso.

Se puede definir “el Habeas Data como una nueva institución jurídica para poder lograr efectivamente, en un Estado de Derecho, la protección, seguridad, exactitud o rectificación, preservación o destrucción justificadas del secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano, que el Estado u otros entes públicos o privados tengan sobre ellos con el propósito del conocimiento y difusión permitidos de los mismos, ya sea que estén archivados o guardados en medios electrónicos o similares, porque ellos constituyen testimonios o proyecciones de la persona, de la vida, de la identidad, pensamiento cultural o instrucción, actividades sociales, económicas, religiosas, así como los de la genética, salud, orientación sexual, pensamiento político, sea que ya se hallen registrados o por registrarse, según el amparo y protección que la Constitución y las Leyes respectivas lo ordenen (“El Habeas Data en el Derecho Comparado”, Edgar Salazar Cano, Anuario Nº 29 (2006), ISSN 1316-5852).

También se ha conceptualizado el habeas data como el derecho de toda persona a interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad; sea que ellos reposen en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos (“El Habeas Data en el Derecho Comparado”, Edgar Salazar Cano, Anuario Nº 29 (2006), ISSN 1316-5852. Ortiz; 2001:70).