October 14, 2019

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¿Por qué es tan urgente la sanción de la Ley de Seguro Obligatorio Automotor en la República Argentina?

Sumario: 1- Introducción. 2- El beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad civil. 3- La función social del Seguro. 4- El seguro obligatorio automotor en nuestro país. 5- Oponibilidad de las cláusulas contractuales a las víctimas de accidentes de tránsito. Postura de la CSJN. 6- Ponencia.

 

1- Introducción.

 

En Argentina muere una persona por hora víctima de accidentes de tránsito, siendo ésta una de las principales causas de mortandad de entre jóvenes y adultos jóvenes.

En términos económicos, esto se traduce en pérdidas económicas cuantiosas para el Estado y empresas particulares, piénsese en los recursos humanos y económicos que los hospitales deben de disponer para tratar a los accidentados en vía pública.

Las empresas particulares también soportan pérdidas económicas cuando alguno de sus empleados sufre un accidente, es necesario reemplazar recursos, erogaciones por licencias, etc.

Frente a esta realidad nuestro ordenamiento ha quedado rezagado, nuestra Ley de Seguro tiene casi 50 años, se la ha reformado una sola vez y a través de un DNU[1] con todo lo que ello implica constitucionalmente.

Quizás una de nuestras mayores deudas sea el de dotar al sistema de un régimen de Seguro Obligatorio Automotor.

En la actualidad la carencia de un SOA ha generado numerosos debates doctrinarios, y por sobre todas las cosas ha llevado a confusiones sobre puntos centrales de derecho de seguros, esto es: sobre quién es el beneficiario del contrato de seguros contra la responsabilidad civil, y sobre la oponibilidad de las clausulas contractuales (exclusiones, franquicias, límite de cobertura).

El Seguro como instituto tiene una función social innegable porque a través de una mutualidad de asegurados que aportan solidariamente a un sistema para hacer frente a posibles consecuencias patrimoniales negativas, para que llegado el caso el impacto económico del siniestro sea menor.

El objeto de esta ponencia es poner en relieve el por qué necesitamos de un SOA, y proponer un régimen posible.

 

2.- El beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad civil.

 

No obstante lo expuesto, lo cierto es que parte de la doctrina y algunos tribunales entienden que el beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad civil es la víctima de accidente de tránsito. Estas posturas argumentan que el contrato de seguros al ser un contrato de consumo, de contratación obligatoria según el art. 68 de la Ley 24.449, tiene como función social la de proteger a las potenciales víctimas de accidentes de tránsito, garantizando así la percepción de las indemnizaciones derivadas de los siniestros viales[2].

La pregunta en este punto se torna obligatoria, ¿en nuestro país, existe el seguro obligatorio automotor?

No.  En nuestro país, no existe un régimen de seguro obligatorio automotor.

El legislador solo ha incluido en nuestro ordenamiento jurídico el art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito que impone la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil automotor[3].

Entendemos que la respuesta asoma con meridiana claridad, pero lo cierto es que nuestro ordenamiento está a mitad de camino, tenemos una ley que impone la obligación de contratar un seguro, pero no tenemos un régimen legal que lo regule.

Así, ante la omisión del legislador, se han confundido los principios que inspiran al seguro contra la responsabilidad civil automotor voluntario con los que rigen al seguro obligatorio automotor.

Como hemos adelantado, que el Seguro contra la Responsabilidad Civil está regulado específicamente en el art. 109 de la Ley de Seguros, que establece qué efectos jurídicos tiene este contrato, y se precisa su alcance.

Así, la obligación principal en el contrato de seguro de responsabilidad civil consiste en mantener indemne al asegurado frente a una eventual agresión patrimonial derivada del acaecimiento del evento dañoso previsto, y dentro de los límites estipulados por las partes al momento de celebrar el contrato[4].

Esta obligación principal recae sobre la cabeza del asegurador quién deberá garantizar esta indemnidad patrimonial no solo al asegurado, sino eventualmente al conductor autorizado. Cabe recordar que en la póliza de seguro automotor la situación del conductor autorizado se asimila a la del asegurado[5].

La figura del conductor autorizado es un supuesto de estipulación a favor de un tercero (art. 1027 C.C.yC), en un principio el conductor autorizado es un tercero respecto del contrato celebrado entre asegurador y asegurado. No obstante, aceptada la ventaja establecida a su favor, se materializa su derecho convirtiéndose en acreedor de la obligación de indemnidad.

Es importante destacar que el tercero damnificado no es parte del contrato de responsabilidad civil, sino que es un extraño a la relación contractual, esto se desprende de una simple lectura del art. 109 de la Ley de Seguros.

Asimismo, tampoco éste es un contrato estipulado a su favor, sino que ha sido celebrado con miras a resguardar el patrimonio del asegurado y/o conductor autorizado.

En nuestro ordenamiento se le garantiza al tercero damnificado el resarcimiento por los daños causados por el asegurado, y en virtud de la responsabilidad prevista en el contrato. Así, el asegurador mantendrá indemne al asegurado resarciendo al tercero damnificado ─acreedor del asegurado/conductor autorizado ─por los daños ocasionados dentro de la garantía prevista en el contrato[6].

Así, es la responsabilidad derivada del acaecimiento del evento dañoso previsto en el contrato de seguro lo que hace nacer la obligación de reparar el perjuicio causado al tercero damnificado por parte del asegurado/conductor autorizado[7].

Atento lo expuesto, ¿es el tercero damnificado el beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad civil automotor? La respuesta es clara, no.

El damnificado/víctima de un accidente de tránsito es un tercero ajeno al contrato de seguro, no puede de manera alguna revestir el carácter de acreedor en un vínculo jurídico celebrado entre asegurador y asegurado/conductor autorizado. Así, al no ser parte de un contrato que no celebró ni que fue estipulado en su beneficio, no puede invocarlo a su favor, ni pretender que se le extiendan sus efectos.

Es finalmente esta la postura que hace propia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Buffoni[8]”, “Flores[9]”, e indirectamente en “Aimar[10]” al refrendar “Flores”.  

Oportunamente, y al resolver sobre “Buffoni”, el Alto Tribunal sienta precedente respecto de que los terceros damnificados no pueden considerarse parte del contrato de seguro contra la responsabilidad civil, siéndoles oponibles sus efectos[11].

En este punto una digresión, ¿cuál es la causa-fin del contrato de seguro contra la responsabilidad civil?

En atención a lo dispuesto por el art. 109 de la Ley de Seguros se desprende que las partes del contrato de seguros contra la responsabilidad civil − asegurado y asegurador – tienen como finalidad esencial[12] establecer una garantía de indemnidad a favor del asegurado, contra una eventual agresión patrimonial por parte de un tercero derivado del acaecimiento del evento dañoso.

En otras palabras, es el fin último que tuvieron en miras las partes al celebrar el contrato contra la responsabilidad civil, el mantener incólume el patrimonio del asegurado por cuanto deba al tercero damnificado, es decir “mantener la indemnidad eliminando la deuda[13]”.

He aquí justificación breve y concisa de por qué solo revisten el carácter de partes el asegurado/conductor autorizado[14], no ha sido la finalidad última del contrato beneficiar al tercero damnificado. Ergo, el tercero damnificado no es parte del contrato de seguros contra la responsabilidad civil.

En “Flores” la CSJN esboza ─ a nuestro juicio ─ un interesante argumento[15], poniendo “en relieve el particular eje donde pivotean las relaciones víctima-asegurado-aseguradora, en éste se pueden advertir una serie de obligaciones bien diferenciadas, a saber: una relación obligacional entre victima/asegurado que emana del deber genérico de no dañar a otro, es decir su causa-fuente es la ley. El vínculo obligacional que enlaza a la aseguradora/asegurado tiene su fuente en el contrato celebrado entre ambas partes, es la obligación de indemnidad debida por el asegurador a favor del asegurado. Finalmente, tenemos la relación entre víctima/aseguradora, la aseguradora cumplirá con su obligación de indemnidad, satisfaciendo el interés de la víctima del accidente de tránsito, al abonar la indemnización debida por su asegurado en la medida del seguro; este vínculo tiene su fuente en el art. 118 de la Ley de Seguros.[16]”[17]

Al desentrañar los distintos vínculos que se manifiestan en el contrato contra la responsabilidad civil automotor, y al establecer lacausa-fuente de las distintas obligaciones que en éste se presentan, es que podemos comprobar por qué el tercero no puede considerarse parte del contrato objeto de estudio en el presente comentario.

Finalmente, en “Flores” el Alto Tribunal señala que el tercero no puede pretender que la compañía de seguros lo indemnice por encima de los términos estipulados en el contrato de seguro que celebró con el asegurado. Caso contrario, estaríamos ante la presencia de una obligación sin causa en los términos del art. 726 de la ley de fondo (art. 499 del código velezano).[18]

En “Flores” la Corte Suprema nos recuerda una regla directriz del derecho de las obligaciones, no hay obligación sin causa. Es decir, no hay causa de deber sin el presupuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico le otorga idoneidad para generar obligaciones.[19]

 

3.- ¿Y la función social del Seguro?

 

El seguro no es más que un remedio destinado a otorgar seguridad ante un eventual desequilibrio patrimonial derivado de un acontecimiento dañoso.

Se ha definido al contrato de seguro como la “operación jurídico económica cuya materia la constituye el intercambio de una cotización o prima a cargo del asegurado, por el resarcimiento de un daño, si es que se verifica un evento futuro e incierto susceptible de provocarlo, o el cumplimiento de una prestación a cargo del asegurador.[20]”

A nadie escapa que es un contrato descansa sobre un ideario solidarista, todos y cada uno de los asegurados contribuyen al fondo de primas con un fin último de beneficio recíproco. Esta idea de solidaridad “significa ontológicamente, vinculación recíproca, y éticamente, responsabilidad reciproca en responder uno por otro.[21]”

El Seguro, como instituto, cumple diversas funciones, a saber: a) función económica, que consiste en eliminar la incertidumbre patrimonial que provoca la posible ocurrencia del siniestro, transfiriendo parcialmente los costos económicos que podría ocasionar un acontecimiento incierto adverso; b) función resarcitoria, el contrato de seguro se celebra con el fin de que acaecido el evento dañoso el asegurador cumpla con su obligación de indemnidad resarciendo el daño causado por éste;  c) función preventiva, entendemos que el seguro cumple una función preventiva, el asegurado actúa en prevención al contratar un seguro. Ante la posibilidad de sufrir consecuencias disvaliosas en su patrimonio producto de un eventual siniestro es que toma una medida necesaria tendiente a la evitación de este posible daño. Asimismo, dentro del SOA puede verse más claramente, como se actúa en prevención respecto de terceros al contratar una cobertura asegurativa por los posibles daños que se pudieran ocasionar a terceros; y finalmente, c) función social, el seguro se conforma con una masa de primas aportadas por un conjunto de asegurados que se asisten recíprocamente ante la verificación del evento dañoso con el fin de mitigar sus daños.

Una buena política pública estatal debería promover la contratación de seguros, y sobre todo la de seguros obligatorios.

¿Y por qué entendemos que el Estado debe promover este tipo de contratación?

Como se ha expuesto precedentemente, en el seguro voluntario ─ no obligatorio ─ el beneficiario del contrato es el propio asegurado quién posee una garantía de indemnidad patrimonial. Las partes ejerciendo libremente su derecho a contratar, concretan un acuerdo de voluntades oponible a terceros, quienes deberán respetar el contrato en los términos y condiciones establecidos por las partes.

En cambio, los seguros obligatorios es la ley que determina la contratación de un seguro y las condiciones y características que reviste este tipo de contrato. Aquí, la autonomía de la voluntad cede ante un interés superior, otorgar protección y amparo a las potenciales víctimas de accidentes de tránsito.

“La noción de la función social del seguro no ha sido bien interpretada en nuestro país, así no son pocos los que sostienen que bajo este término deben de repararse integralmente los daños padecidos por las víctimas de accidente de tránsito, en desmedro de las condiciones del contrato de seguro que se invoca[22]”.  

Por otro lado, hay una tendencia a equiparar al Seguro Social con la función social del Seguro.

Independientemente de la función social del Seguro, existe lo que se denomina Seguro Social en sentido estricto que es “la institución que resulta de la asociación en forma adecuada del principio fundamental del Seguro y la Asistencia Social; esto es, el esfuerzo individual y el espíritu protector en tal sentido, de las clases consideradas económicamente como más fuertes, en favor de aquellas tenidas por débiles en ese aspecto[23]…”

El Seguro de Vida Obligatorio es un ejemplo de Seguro Social, donde a nadie se le ocurriría cuestionar la cuantía de la suma asegurada en este tipo de seguro.

Entendemos que la malinterpretación sobre la función social del seguro se asocia con la confusión metodológica existente sobre dos regímenes distintos, el seguro voluntario automotor y el seguro obligatorio automotor.

Asimismo, los tribunales han puesto especial énfasis en fundamentar sus fallos usando como punta de lanza la función social del seguro como fundamento, tanto para declarar la inoponibilidad de las exclusiones de cobertura, como del límite de la suma asegurada a las víctimas los terceros damnificados. Así, predican que tales clausulas no solo desnaturalizan el contrato de seguro sino también su función social[24].

 

Ahora bien, ¿Qué entiende la Corte Suprema de la Nación como función social del seguro?

En este ítem la Corte ha sido clara tanto en “Buffoni” como en “Flores” señalando que la función social del seguro no se erige como impedimento para respetar las condiciones del contrato que se invoca, toda vez que la oponibilidad de sus términos no desnaturaliza el contrato de seguro[25].

Sumamente interesante para destacar es el voto del Dr. Rozenkrantz en “Flores”, toda vez que destaca las características del seguro obligatorio en nuestro país, y señala como debe entenderse la función social en el seguro obligatorio.

El alto magistrado en el Considerando Sexto de su voto señala “El seguro obligatorio del automotor tiene, como muchas otras instituciones jurídicas, una finalidad social que excede el interés individual de los particulares que se encuentran alcanzados por el plexo normativo en cuestión. En este sentido, la regulación de la actividad aseguradora debe tender a salvaguardar fines que benefician a todos y, por supuesto, al bien común. Ahora bien, la finalidad social del seguro de responsabilidad civil, que según la ley y la autoridad regulatoria es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro”

En su voto Rozenkrantz destaca que el seguro obligatorio como modalidad de contratación cumple una importante función que excede el interés individual para interesar al bien común de la sociedad en su conjunto, y que es el Estado quien debe establecer sus límites y condiciones de contratación[26] precisamente por su función social, que no es otra que garantizar la protección de los damnificados y el acceso de la comunidad al seguro.

 

5- El seguro obligatorio automotor en nuestro país.

 

Quizás sea un poco extraño hablar de seguro obligatorio automotor en este país, nuestro ordenamiento no tiene una ley de seguro obligatorio pese a que la doctrina en numerosas oportunidades ha recomendado su sanción[27].

Los primeros intentos de incorporar un régimen de seguro obligatorio automotor tienen su comienzo con el Dr. Isaac Halpein quién lo incorpora en su anteproyecto de Ley de Seguros en 1959. Es parte de la historia el hecho de que la comisión revisora no acogió esta novedosa introducción en nuestro ordenamiento, sancionándose en 1967 la actual ley de seguros que ni incluye ni un solo artículo sobre este particular régimen.

Otro intento fallido es el proyecto de ley de Seguro Obligatorio Automotor como el de los Dres. Juan Carlos Félix Morandi y Rubén S. Stiglitz de 1972, entre otros.

Entendemos que es en febrero de 1993 el punto de partida del actual desaguisado, decreto 692/1992 mediante, y a través de su art. 67[28] se dispone la contratación de un seguro con el carácter de obligatorio.

Posteriormente y ya en la década de los 90´, se sanciona la actual la Ley de Tránsito N° 24.449[29] que replica el artículo 67 del decreto ley mencionado, incorporándose el vigente art. 68[30].

Tan lejos estamos de la propuesta del Dr. Halperin, año tras año hemos perdido la oportunidad de legislar sobre régimen de seguro obligatorio automotor; para completar este oscuro panorama la Superintendencia de Seguros de la Nación, arrogándose facultades legislativas, estableció mediante la Resolución 21.999 del año 1992 las condiciones que debía reunir el seguro obligatorio.

Asimismo, en 1993 emite otra Resolución, la N° 22.058[31] que su Anexo I estipula las condiciones mínimas de cobertura del seguro obligatorio al que deberán conformarse las cláusulas contractuales de las pólizas emitidas por las aseguradoras.

Posteriormente, sucedieron a estas resoluciones las Resoluciones N° 36.100, 38.066 y 39.327 que prevén en su anexo I las coberturas mínimas requeridas por el art. 68 de la Ley de Tránsito.

Asimismo, la SSN entendió que era necesario revisar las sumas aseguradas previstas en las coberturas de Responsabilidad Civil Automotor y Automotor destinados al Transporte Público, y dictó la Resolución N° 39.927.

Como podrá advertirse, lejos estamos de otorgarle al régimen actual un marco jurídico constitucional.

En la actualidad, la Póliza Básica de Seguro obligatorio tiene un límite por causa de muerte o incapacidad total y permanente por persona de $ 400.000, en caso de incapacidad parcial y permanente la suma que resulte de aplicar el porcentaje de incapacidad padecida sobre el monto previsto para el caso de muerte o incapacidad total y permanente. Dicha incapacidad parcial y permanente se sujetará al Baremo que figura en el cuadro de la Cláusula 9 de dicha resolución. En el caso de pluralidad de reclamos un límite por acontecimiento igual al doble del previsto para el caso de muerte o incapacidad total y permanente. Por último, expresamente señala qué exclusiones pueden ser opuestas.[32]

La Obligación Legal Autónoma merece un párrafo aparte, la resolución vigente establece una cobertura para gastos sanatoriales de $ 30.000, y por gastos de sepelio la suma de $ 16.000.  En el mes de marzo del corriente año se emite la resolución 271/2018 que fija una Guía Informativa para reclamar el cobro de la Obligación Legal Autónoma (O.L.A.) en el Anexo I. En los Anexos II y III, asimismo integra a esta guía los formularios tipos para hacer el respectivo reclamo por ante las compañías aseguradoras.

Nuestro país está en las antípodas de lo que los ordenamientos jurídicos extranjeros denominan Seguro Obligatorio Automotor; en el mundo este tipo de seguro automotor convive con el seguro automotor voluntario, y ambos tienen un régimen perfectamente regulado y escindido uno de otro. Así, ambos sistemas se complementan, rigiendo los primeros en aquellos supuestos que éstos últimos no amparan, verbigracia: conducción del rodado en estado de ebriedad, etc. Así por lo general, se faculta a contratar el Seguro Voluntario como un adicional del Obligatorio instrumentándose ambos supuestos en una misma póliza.

Argentina no tiene un régimen de Seguro Obligatorio Automotor, más allá que hoy parte de la doctrina y gran parte de la jurisprudencia insistan en ello.

No hay un régimen de Seguro Obligatorio Automotor porque éste debe dictarse conforme lo establece la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 12, vale decir que debe ser legislado por el Congreso Nacional.

Lo que hoy algunos denominan seguro obligatorio no es más que un puñado de resoluciones de un organismo descentralizado de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, y que pivotean en un solitario artículo de la Ley de Tránsito Nacional que simplemente se limita a establecer una obligación de contratar un seguro.

Huelga decir que nuestra Constitución reserva expresamente al Poder Legislativo el dictado de leyes sobre temas como contratos y responsabilidad civil, por lo que no cabe más que concluir en que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha estado arrogándose facultades legislativas a contrapelo de lo dispuesto por la ley fundamental.

En el medio de este contrapunto está la víctima de accidentes de tránsito que, paradójicamente, se encuentra desamparada frente a este sistema actual que a todas luces es deficiente e insuficiente.

La ley 17.418 no reconoce más que el seguro contra la responsabilidad voluntaria, no legisla sobre seguro obligatorio. Es preciso entender e internalizar que Argentina NO tiene un régimen de Seguro Obligatorio Automotor.

Entendemos que es necesaria una cuota de voluntad política para destrabar este sistema atávico y de dudosa constitucionalidad, las futuras víctimas de accidentes de tránsito se merecen la sanción de una ley que modifique el estado actual de las cosas.

 

5.- Oponibilidad de las cláusulas contractuales a las víctimas de accidentes de tránsito. Postura de la CSJN.

 

Finalmente, ¿qué ha dicho la Corte sobre el tema que nos ocupa?

Sobre este punto en menos de 5 años la Corte se ha expedido en tres oportunidades, en 2014 con “Buffoni” al momento de decidir sobre la oponibilidad de las cláusulas de exclusión de cobertura a los terceros damnificados. En 2017 con “Flores” al tratar la oponibilidad de la cláusula que fija el límite de la suma asegurada; y finalmente este año con “Aimar” donde ratifica la postura sentada en Flores un año antes sobre el mismo tema.

En líneas generales podemos resumir la postura de la Corte Suprema de la Nación en los siguientes puntos:

a)            La obligación principal del asegurado es la de garantizar la indemnidad del asegurado, y la naturaleza de esta obligación es meramente contractual. Su deber de reparar se justifica no en el daño causado por el asegurado sino en el contrato que la obliga con éste.

b)            La causa fin del contrato de seguros es la garantía de indemnidad del art. 109 de la LS, esto es indemnizar al asegurado ante una eventual agresión patrimonial.

c)            El contrato de seguros obliga a las partes que lo suscribe, sus clausulas rigen para éstas. Los terceros no son parte del contrato, y deben respetarlo si lo que pretenden es invocarlo.

d)            La victima de accidente de tránsito no es parte en un contrato de seguro, por lo que éste contrato si bien no puede perjudicarla, tampoco puede beneficiarla más allá de los dispuesto por sus términos y las normas legales.

e)            No hay derechos absolutos en el derecho, la libertad de contratación está garantizada constitucionalmente por lo que nadie puede bajo pretexto de un perjuicio ético o patrimonial, no reprobado por el derecho, puede pretender entrometerse en la autonomía de la voluntad de quienes celebraron un contrato.

f)             La función social del seguro no implica que deban repararse todos los daños provocados por el asegurado, asimismo debe tenerse en consideración el contrato que se invoca.

g)            Las limitaciones al principio de reparación integral o plena no son extrañas a nuestro sistema jurídico, si bien son excepcionales. Estas limitaciones estarán dadas en la medida en que el legislador las considere como un medio idóneo para satisfacer el interés común, aún en detrimento de los intereses de quienes sufren tal restricción.

 

6.- Ponencia.

 

No escapa a nuestro entendimiento que es sumamente necesario proteger los derechos de las víctimas de accidentes de tránsito, pero esto no justifica forzar la interpretación del art. 68 de la Ley de Tránsito, la Ley de Seguros y la Ley de Defensa del Consumidor; ni mucho menos violar la Constitución a través del dictado espasmódico de resoluciones administrativas.

La seguridad jurídica no se construye debilitando las instituciones, entendemos que ello entraña un sacrificio absolutamente inaceptable para el Derecho[33].

El objeto de la presente ponencia es acercar nuestra propuesta de Seguro Obligatorio Automotor, el eje de nuestra proposición es dotar a los terceros damnificados de un pronto resarcimiento, a estos fines se hace necesario otorgarles a éstos la acción directa contra el asegurador, como así también implementar un sistema tabulado de valoración de los daños obligatorio (Baremo).

Este Baremo deberá organizarse en torno a 3 grandes modalidades de daño: a) derivado de muerte; b) derivado de lesiones físicas permanentes; c) lesiones físicas por incapacidad temporal. Asimismo, en cada una de las modalidades debe establecer una tabla de indemnizaciones básicas y una tabla con factores de corrección.

En este punto es hora de asumir la cuota de responsabilidad que tenemos cada uno de los operadores jurídicos en el fracaso actual del sistema, es pública y notoria la litigiosidad imperante, entendemos que debiera instrumentarse un mecanismo de pronto pago para acercar la indemnización al tercero damnificado de la manera más rápida posible, el procedimiento podría construirse de la siguiente manera: a) Determinación de un plazo máximo de 4 meses para darle una respuesta al reclamante, la compañía debería expedirse sobre la procedencia o no del reclamo en ese plazo. En su caso, y si entiende que el reclamo es procedente, determinar la cuantía y ofrecer de acuerdo al Baremo.

Para el supuesto de que la compañía no realice oferta, y/o la misma no se ajuste fundadamente al Baremo, y/o se exceda del plazo estipulado, deberá ser sancionada con el doble de los intereses devengados desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago.

En aquellos supuestos de no seguro, rechazo por exclusión de cobertura, falta de pago de prima, vehículo sin seguro y/o cuando el rodado no pudiere ser identificado, la indemnización deberá abonarse a través de un Fondo de Garantía. Este fondo deberá constituirse con un porcentaje de las primas percibidas por las compañías a sus respectivos asegurados.

Un tema que ha generado numerosos desencuentros doctrinarios es el de las exclusiones de cobertura, en un seguro obligatorio no tienen razón de ser por lo que deben limitarse a los siguientes supuestos: No serán indemnizables los daños corporales del asegurado y/o conductor asegurado, tampoco los siniestros obrados con dolo. No se cubrirán, asimismo, los siniestros sin cobertura financiera.

El sistema de Baremo propuesto puede resultar polémico, pero hace posible ab-initio determinar la cuantía de la indemnización en el caso concreto, la idea que impregna la propuesta es que cada víctima tenga garantizada su indemnización con un efectivo y pronto pago.

La presente propuesta no es perfecta, pero se acerca bastante a lo que en todo el mundo se denomina Seguro Obligatorio Automotor, y por sobre todas las cosas es un intento por dejar de ser un país al margen de la ley[34].

 

 

 

 

 

 

(*) Ponencia presentada en el Abogada (UNC). Diplomatura en Derecho de Seguros (UCES). Especialización en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (UCLM). Maestría (en curso) en Derecho Civil y Patrimonial (UCA). Miembro de AEDSIA y AIDA Rama Argentina. Ayudante de Segunda en Obligaciones y Derecho de Daños. Derecho- UBA.

Comisión N° 2: Seguro de Responsabilidad Civil

 

(**) Abogada (UNC). Diplomatura en Derecho de Seguros (UCES). Especialización en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (UCLM). Maestría (en curso) en Derecho Civil y Patrimonial (UCA). Miembro de AEDSIA y AIDA Rama Argentina. Ayudante de Segunda en Obligaciones y Derecho de Daños. Derecho- UBA.

 

[1] Recuérdese el dictado del DNU 27/2018 que reforma parcial del art. 11 que ha quedado redactado de la siguiente manera:  Art. 11: “El contrato de seguro sólo puede probarse por escrito; sin embargo, todos los demás medios de prueba, inclusive cualquier medio digital, serán admitidos, si hay principio de prueba por escrito. Póliza. El asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. La póliza deberá contener los nombres y domicilios de las partes; el interés la persona asegurada; los riesgos asumidos; el momento desde el cual éstos se asumen y el plazo; la prima o cotización; la suma asegurada; y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en la póliza condiciones particulares. Cuando el seguro se contratase simultáneamente con varios aseguradores podrá emitirse una sola póliza.”

 

[2]cfr. Waldo, Sobrino, “Exclusiones irrazonables de la cobertura del seguro”, cita online: AR/DOC/4314/2013.

Papagno, Mariela Silvia c/ Lado, Daniel y Otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)” - CNCiv – Sala L- 19/09/2017.

 

[3] Art. 68 de la Ley 24.449: “Seguro Obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no.”

 

[4] Así lo dispone el art. 118 de la Ley de Seguros “…La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.”

 

[5] A salvo los supuestos de delimitación subjetiva del riesgo ─ culpa grave o dolo ─ que no le son aplicables al conductor autorizado.

 

[6]cfr. Stiglitz, Rubén S. y Stiglitz, Gabriel A., “Derecho de Seguros. Sexta Edición”, Tomo IV, La Ley, Buenos Aires, 2016, pág. 6.

 

[7]cfr. Piedecasas, Miguel A., Régimen Legal del Seguro- Ley 17.418, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1999, pág. 354.

 

[8] Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín Y OTRO s/daños y perjuicios” CSJN- B. 915. XLVII. RHE- 08/04/2014.

 

[9] Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios” CSJN- 06/06/2017

 

[10] Aimar, María Cristina y otro c/ Molina, José Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios (Acc. Tran c/ Les o Muerte”, y “Aldasoro y Compañía S.A y otro c/ Molina, José Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios (Acc. Tran. sin Lesiones), CSJN- 24/04/2018.

 

[11]Así ha dicho que “... ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa "Cuello" y Fallos: 330:3483)"  Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín Y OTRO s/daños y perjuicios” B. 915. XLVII. RHE- 08/04/2014.

 

[12] En este punto nos referimos específicamente a la causa-fin del contrato de seguros contra la responsabilidad civil, entendida como el fin inmediato que ha sido determinante de la voluntad de las partes al momento de la celebración del contrato (arts. 281, 1012 y 1013 del C.CyC).

 

[13] Barbato, Nicolás Héctor, “La citación en garantía del asegurador”, publicado en El Derecho, 17/12/1992, Año XXI N° 8143.

 

[14] En los términos de los 1021 y 1022 del C.C.yC y el art. 109 de la LS.

 

[15] Considerando 12 del voto de la mayoría en “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios”.

 

[16] El Juez Dr. Rozenkrantz en su voto se expide en similares términos: “Para encuadrar correctamente la cuestión debe destacarse, en primer lugar, que frente a la actora la fuente de la obligación de Marcelino Giménez, quien en este caso fue el causante del daño, es distinta de la fuente de la obligación de la citada en garantía aquí recurrente. En efecto, la obligación de reparar el daño por parte del demandado nace del hecho de haberlo causado. Ahora bien, las aseguradoras no causan ningún daño, por lo que su obligación no puede nacer del hecho dañoso por el que pudo haber sido condenado el demandado. En todo caso, la obligación de las aseguradoras puede derivar de la ley o del hecho de haber celebrado un contrato con el asegurado por el que se comprometió a responder por él -en las condiciones convenidas- en caso de que este fuere demandado. Entonces, la obligación de las aseguradoras de reparar un daño puede tener una naturaleza legal o contractual dado que su origen no es el daño sino las normas jurídicas que rigen la materia o el contrato de seguro. La distinta naturaleza de la obligación de la aseguradora vis a vis la del asegurado tiene como consecuencia central que su límite no será la medida del daño sufrido por la víctima, sino que -como principio- será o bien aquello exigido por la ley o aquello a lo que se comprometió.”

 

[17] Colombo, María Celeste- “Apuntes para comprehender el contrato de seguro automotor desde la perspectiva de la Corte Suprema en el caso "Flores". Comentario a fallo”- Temas de Derecho Civil- Persona y Patrimonio - Editorial Erreius- Septiembre 2017.

 

[18]Voto de la mayoría en “Flores”: “la obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización "más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato" carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil”.

 

[19]Pizarro, Ramón Daniel- Vallespinos, Carlos Gustavo, “Instituciones de Derecho Privado- Obligaciones”, Tomo I, Ed. Hammurabi, pág. 159.

 

[20]Stiglitz, Rubén, “Derecho de Seguros”, Tomo I, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. ½.

 

[21] Hans Achinger, Joseph Höffner, Hans Muthesius, Ludwig Neundörfer, “Los Seguros Sociales”, Ediciones Rialp S.A, Madrid, 1956, pág. 44.

 

[22] Colombo, María Celeste- “Apuntes para comprehender el contrato de seguro automotor desde la perspectiva de la Corte Suprema en el caso "Flores". Comentario a fallo”- Temas de Derecho Civil- Persona y Patrimonio - Editorial Erreius- Septiembre 2017

 

[23] Lasheras- Sanz, Antonio- “Matemática del Seguro”- Ed. Dossat- Madrid- 1948- pág. 3.

 

[24] En este sentido “El seguro automotor de responsabilidad civil frente a terceros, ha pasado a revestir una función social, que en razón del marcado incremento del parque automotor y de las conductas puestas de manifiesto por los conductores de los distintos tipos de vehículos motorizados, resulta de mayor relevancia proteger a las víctimas siniestrales, que a las aseguradoras cuyo único interés radica en el incremento de sus carteras de clientes tomadores de seguros” Expte. Nº 95/14 - “Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada c/ PMB s/daños y perjuicios” – Cámara de Apelación de Circuito de Rosario (Santa Fe) – 09/05/2016.

 

[25] En este sentido Buffoni, Osvaldo Ornar el Castro, Ramiro Martin s/ daños y perjuicios”, CSJN  del 08/04/2014. "...la función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero victima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca..”

En similares términos se expide en “Flores” “ni la obligatoriedad del seguro prevista por la ley ni de su finalidad social puede inferirse que la cláusula del contrato que limita la cobertura sea inoponible al damnificado”

 

[26] En este punto vale señalar que actualmente es la tarea que el Estado ha estado dejando en manos de un Organismo descentralizado cuando debería ocuparse del dictado de una ley.

 

[27] En este sentido Barbato, Nicolás en “El seguro obligatorio de automotores establecido por el artículo 68 de la 'ley de tránsito' 24.449 (Virtudes y defectos)” publicado en LL, Cita Online: AR/DOC/16558/2001. Compiani, María Fabiana en “Seguro automotor obligatorio y voluntario”, publicado en La Ley; Stiglitz, Rubén S. - Stiglitz, Gabriel A., "Seguro Automotor Obligatorio", Abeledo Perrot, Bs. A, 1993.

 

[28] Art. 67 Dec 692/1992 “Seguro obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por un seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, incluidos los transportados. Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse en cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que de otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 38. Las denuncias de siniestros se recibirán en base al acta de choque del inciso a) del artículo 8, remitiendo copia al organismo encargado de la estadística. Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derecho-habientes. Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecho con motivo de este pago. La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el Sistema Nacional de Antecedentes del Tránsito el sistema de prima variable, que aumentará o disminuirá según haya denunciado o no accidentes el asegurado, en el año previo de vigencia del seguro.”

 

[29] Permítase una digresión en este punto, se trata de una ley con ámbito de aplicación nacional, y que invita a la adhesión de los gobiernos provinciales y municipales. Han adherido a la ley de Tránsito casi la totalidad de las provincias argentinas, pero hay que destacar que, al tratarse de materia de competencia constitucional concurrente, si bien la ley nacional se incorpora al ordenamiento provincial está sujeta a la reglamentación y aplicación dispuesta por los gobiernos provinciales - a salvo prohibición expresa- con todo lo que ello significa.  

 

[30] El art. 68 de la ley de tránsito 24.449, n lo que atañe al tema que nos ocupa establece: “Seguro obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por un seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no…Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo…Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego…”.

 

[31] Esta resolución fue dejada sin efecto por la comunicación de la SSN N° 2160 de 04/08/2009

 

[32] Exclusiones autorizadas, a saber: son las siguientes: a) hechos de lock-out o tumulto popular, cuando el Asegurado sea participe deliberado en ellos; b) cuando el rodado sea conducido por persona sin registro habilitante, c) exceso de carga transportada, mal estibaje o acondicionamiento de envase; d) supuesto de remolque, salvo en el caso de ayuda ocasional y de emergencia; e) supuestos de picadas o competencias de velocidad; f) daños sufridos por cónyuge, conviviente,  y los parientes del Asegurado y/o Conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (en el caso de sociedades los de los directivos); g) personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado y/o Conductor, en tanto el evento se produzca en oportunidad ‘o con motivo del trabajo; h) Los terceros transportados en exceso de la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica o admitida como máximo para el uso normal del rodado, o en lugares no aptos para tal fin; i) personas transportadas en ambulancias en calidad de pacientes.

 

[33] Stiglitz, Rubén S y Stiglitz, Gabriel A- Seguro Obligatorio Automotor- Abeledo Perrot- Bs. As- 1993- pág. 26.

 

[34] En referencia célebre libro de Carlos S. Nino “Un país al margen de la ley” publicado por primera vez en 1992.

Citar: elDial.com - DC2532 

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