October 14, 2019

Please reload

Entradas recientes
Entradas destacadas

El derecho a la información en los contratos de seguro con consumidores(*)

 

 

 

A partir de la incorporación de la normativa relativa a la protección de los derechos de los consumidores al ordenamiento jurídico argentino se han observado una serie de cambios paradigmáticos en diversos ámbitos del mismo. Dicho proceso implicó, y aun implica, que muchos de los bienes y servicios que se comercializan en nuestro país debieron adaptarse al nuevo plexo normativo, a los fines de cumplir con las obligaciones que éste pone en cabeza de los proveedores.

A pesar de que ya está por cumplirse un cuarto de siglo desde la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor (año 1993), el proceso de adaptación no ha terminado y está bastante lejos de ello. Aún queda como materia pendiente la readecuación y armonización de muchos de los contratos de consumo (en su mayoría de adhesión) y prácticas comerciales a las exigencias que impone el plexo normativo que se caracteriza esencialmente por la protección de la parte más débil de la relación: el consumidor.

Dentro del gran cúmulo de derechos que el ordenamiento jurídico argentino consagra a los consumidores, el derecho a la información es uno de los ejes o pilares fundamentales en los que se cimienta todo el sistema protectorio del consumidor. Sin embargo, y a pesar de las numerosas normas que obligan al proveedor a cumplir con esta obligación, constituye uno de los derechos más vulnerados.

Las razones de dicha práctica suelen ser diversas: estrategia empresarial, deslealtad comercial, mecanización de formas de antaño, vorágine comercial, desinformación del proveedor del contenido y alcance de su deber en su campo específico, ahorro de costos, etc.

El problema no es menor, ya que la información forma parte medular en la formación del consentimiento en la celebración de los contratos en general, pero adquiere especial relevancia en los contratos de consumo, donde la relación entre las partes intervinientes (consumidor / proveedor) es esencialmente asimétrica, y el ordenamiento jurídico ha respondido a esta desigualdad a través de distintos mecanismos a los fines de corregirla, uno de ellos es el deber de información a cargo del proveedor hacia el consumidor[2].

En definitiva, el derecho a la información “Es uno de los derechos básicos, pues la información adecuada sobre los bienes y servicios es determinante de la protección, tanto de la seguridad como de los intereses económicos de los consumidores. Correlativamente, las deficiencias en la información, pueden producir perjuicios a los consumidores en su patrimonio y hasta atinentes a su misma vida y salud.

El objeto del derecho del consumidor a la información, versa sobre el adecuado conocimiento de las condiciones de la operación realizada, de sus derechos y obligaciones consiguientes y esencialmente, de las características de los productos y servicios comercializados. Del cumplimiento de los deberes de información, depende la posibilidad concreta del consumidor, de emplear los productos y servicios con plena seguridad y de modo satisfactorio para sus intereses económicos”[3].

Para que esta obligación sea cumplida la información debe ser: adecuada y veraz (conforme art. 42 de la C.N.), cierta, detallada, gratuita y clara (conforme art. 4 L.D.C. y art. 1100 C.C.C.N.).

 

2.            El derecho a la información en el contrato de seguro con consumidores

 

Dentro del ámbito específico del derecho del seguro nos hallamos con la siguiente situación: muchos de los contratos celebrados entre compañías de seguros y asegurados constituyen asimismo contratos de consumo. Ante tal escenario, nos encontramos con la circunstancia de tener que amalgamar los dos sistemas normativos a los fines de buscar armonía y coordinación entre ambos. Dicho fenómeno ha generado posturas antagónicas sobre diversos tópicos (preeminencia normativa, prescripción, legitimación, autoridad de aplicación, etc.), las cuales al día de la fecha no han sido resueltas.

Este punto es esencial teniendo en cuenta la gran cantidad de pólizas que se emiten diariamente, lo que exige un estudio exhaustivo en la materia por parte de los operadores jurídicos a los fines de brindar soluciones a los numerosos conflictos que se plantean en torno a la armonización de ambos (el derecho del consumidor con el derecho de seguros).

Se ha dicho, con mucho acierto y perspicacia, que “El riesgo es una de las formas que nos permiten relacionarnos y conocer el futuro. En otros términos, el riesgo "presentifica" el futuro pues nos permite conocerlo —de una manera específica— y por tanto, poder tomar decisiones en tiempo presente al respecto. La tecnología del riesgo revincula los eventos dañosos dentro de frecuencias regulares y permite tratarlos como problemáticas sociales. El riesgo no es sinónimo de incertidumbre sino de certidumbre, pero de una certidumbre "probabilística". Esta necesidad de cálculo y valorización objetiva es lo que ha vinculado el riesgo a una "cultura científica" sobre la que reposa, pues sin "medida del riesgo" no existe riesgo. Estas condiciones de base son las que han permitido que la principal herramienta de gobierno del riesgo haya sido la técnica del seguro que permite la distribución, la "mutualización" del riesgo, tanto en el sentido de los seguros privados como para la construcción de los sistemas de seguridad y asistencia social. François Ewald, quien se ha preocupado centralmente de este fenómeno, sostiene que esta característica central de nuestras sociedades contemporáneas —a la difusión de la tecnología del seguro hasta la omnipresencia— las ha transformado en societés asurantiels”[4].

Es decir que hoy en día las compañías de seguros ocupan un lugar trascendental, no solo en nuestra economía, sino en nuestra forma de vida y las consecuencias jurídicas que ello acarrea, lo cual justifica en demasía que se ponga el foco en los distintos problemas que se plantean en relación a este rubro. Si a ello le adicionamos que nos encontramos en la denominada “sociedad de consumo” resulta inevitable tratar de armonizar ambos sistemas.

En relación al tópico que venimos trabajando, el deber de información, constituye una tarea esencial trazar lineamientos al respecto, en miras a buscar pautas objetivas que sirvan de guía a la hora de la celebración del contrato del seguro con un consumidor y su eventual interpretación judicial, siempre en miras buscar seguridad jurídica en dicho ámbito, depurando prácticas que no cumplan con las exigencias normativas, en particular las relativas al derecho de la información que tienen los consumidores, el cual si fuera cabalmente cumplido evitaría muchos conflictos que se plantean en la relación asegurado (consumidor) y aseguradora (proveedor)[5].

A las normas generales relativas al deber de información que hemos mencionado en el acápite anterior, en el ámbito específico del derecho del seguro hay una norma específica en cuanto a la información que se le debe dar al asegurado, y la encontramos en el art. art. 11 de la ley 17.418 que: “El asegurador entregará al tomador una póliza debidamente firmada, con redacción clara y fácilmente legible. La póliza deberá contener los nombres y domicilios de las partes; el interés o la persona asegurada; los riesgos asumidos; el momento desde el cual éstos se asumen y el plazo; la prima o cotización; la suma asegurada; y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en la póliza condiciones particulares. Cuando el seguro se contratase simultáneamente con varios aseguradores podrá emitirse una sola póliza”.

Lo cierto es que en la práctica nos encontramos con una realidad bastante disímil de lo exigido por la normativa general y especial en relación a los contratos de seguro y el deber de información. Y las consecuencias no son menores, ya que estamos hablando de unos de los rubros (el asegurador) en donde más contratos se emiten, y donde los casos judicializados son mucho mayores a los deseados, con las consecuencias negativas que ello acarrea.

 

3.            El deber de información en las distintas etapas del contrato de seguro

 

En el contrato de seguro, asume particular relevancia que el deber de información sea cumplido en todo el iter contractual: antes de la celebración del contrato, durante la celebración del mismo y su posterior ejecución, en especial ante la ocurrencia del siniestro. Entre las diversas cuestiones a informar, a modo de ejemplo se puede mencionar: entrega de la póliza por escrito en términos claros, detallados y precisos[6] con todo lo relativo a primas, comisiones, fecha de pago, consecuencias de la falta de pago en término, riesgos cubiertos, concepto de franquicia, monto de la franquicia, cuáles y en qué consisten las exclusiones de cobertura, asimismo todas aquellas circunstancias que la compañía debe informar al asegurado[7] (cambio de cobertura, modificación de la prima, etc.), o a la inversa, el asegurado a la compañía (aumento del riesgo, la venta de la cosa asegurada, etc.), información sobre la forma y plazos para la denuncia del siniestro[8], las consecuencias de su no cumplimiento, la información adicional que deba aportarse por parte del asegurado, entrega de llaves en caso de robo del vehículo, opciones ante destrucción total del vehículo[9], etc.

 

4.            Reflexiones finales

 

a.            El deber de información es uno de los pilares fundamentales sobre los que se erige el derecho del consumidor.

b.            En los contratos de seguro celebrados con consumidores adquiere particular relevancia el deber de información, el cual debe ser interpretado con las particularidades de este tipo de contratación.

c.            Esta obligación pesa a cargo de las compañías de seguros y productores de seguro, y debe ser cumplida en todo el iter contractual: antes de la celebración, durante la ejecución del contrato, y en particular ante la ocurrencia del siniestro.

d.            Se debe reforzar la conciencia sobre el deber de información en este tipo de contratos, sobre todo a los fines de fortificar la función preventiva del Derecho de Daños, hoy consagrada por el propio C.C.C.N.

 

 

 

 

(*) Artículo publicado en la Revista Derecho + Seguros, Abril 2018 Año 2 Nº 2, de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino (“AEDSIA”). http://www.aedsia.org/2018/05/08/revista-derecho-seguros-abril2018-a2-n2/”

 

[1] Socia en Ricotti Quevedo & Sappia. Directora de la Sala de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. Adscripta Cátedra Derecho de Daños U.N.C. Miembro de AEDSIA. Miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor (IADC).

 

[2] En este sentido se ha dicho, con gran acierto, que “Como el contrato es un instrumento que exhibe inocultablemente la desigualdad formal que ostentan las partes, se hace preciso acudir a la regla moral y a los principios jurídicos tradicionales o modernos, como ser el de la protección de la parte débil, para evitar que se constituya en un instrumento de opresión en favor de quien concentra el poder de negociación. De allí que se tenga decidido que para que los consumidores obtengan la ejecución satisfactoria con relación a un bien o servicio contratado, el deber de información que de acuerdo a la L.D.C. recae sobre los proveedores de servicios, debe ser previo, concomitante y posterior a la formalización del contrato, pues ello hace al leal y cabal conocimiento que el consumidor debe tener sobre los alcances de la relación jurídica que lo vincula con quien posee el poder económico de predisponer los términos contractuales”. STIGLITZ, Rubén S. “El deber general de información contractual”. Publicado en: RCCyC 2016 (diciembre), 16/12/2016, 3. Cita Online: AR/DOC/3810/2016.

 

[3] STIGLITZ, Gabriel en STIGLITZ, Gabriel - HERNÁNDEZ, Carlos A. Tratado de Derecho del Consumidor. Tomo I. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley: 2015, p. 371.

 

[4]SOZZO, Gonzalo C. en STIGLITZ, Gabriel - HERNÁNDEZ, Carlos A. Tratado de Derecho del Consumidor. Tomo III. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley: 2015, p. 84.

 

[5] Sobre todo en un momento del “Derecho de Daños” donde se está haciendo hincapié en la función preventiva.

 

[6] En la causa “Ambrosioni, Irma Amelia c. Alico Cía. de Seguros S.A. s/ ordinario –cumplimiento/ resolución de contrato- recurso de apelación expte. n° 1903331/36”, Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 19/02/2016 (Cita Online: AR/JUR/4935/2016), se dijo que “…esta omisión, de no dar conocimiento completo y oportuno de los alcances de la póliza y especialmente de las exclusiones de cobertura, por si sola es, suficiente para confirmar la inoponibilidad de la cláusula de exclusión a la accionante y conducir a la confirmación de la sentencia de primera instancia. En efecto, resulta indiscutido en la actualidad que uno de los principales deberes en materia contractual (especialmente en contratos de seguros como el que nos ocupa) está dado por la obligación de dar información de las partes. Éste impone a ambos contratantes la obligación de aportar información cierta, veraz, precisa y completa respecto de los extremos de la relación jurídica que los va a vincular. En el caso de los contratos de seguros importa para el asegurado la obligación de sinceridad en relación de los datos que le sean solicitados y respecto del asegurador la obligación de dar a conocer de manera completa y detallada los alcances del riesgo cubierto, las condiciones de la cobertura y las exclusiones generales y particulares que podrían resultar aplicables.

 

[7] En “Panasci, Ariel Eduardo c. La Mercantil Andina S.A. s/ daños y perjuicios por incumplimiento de contrato”, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, 25/08/2015 (Cita Online: AR/JUR/30155/201), se dispuso que “No se ha probado en autos que ese deber de información y consejo haya sido debidamente cumplido, en tanto se le proveyó por parte de la aseguradora profesional un contrato de seguro que cubría el caso de robo del automotor, sin advertirle que ese riesgo no estaba cubierto en razón de la situación particular que el asegurado tenía respecto al dominio del automotor. El deber de información, consecuencia de la buena fe que debe presidir el contrato, hubiera obligado a la aseguradora a excluir expresamente el riesgo de robo o hurto hasta tanto el asegurado no se encontrara en condiciones de transmitir el dominio. La demandada debió advertir expresamente al asegurado profano, ponerlo en guardia, llamarle la atención, sobre el riesgo asegurable (STIGLITZ, Ruben "Derecho de seguros" Abeledo – Perrot, Bs. As. 1997 p. 171 nº 116) y cuestión no menor, no debió contratar y tampoco debió cobrarle al actor por un riesgo que la compañía sabía que no iba a pagar, pero el asegurado ignoraba que no iba a cobrar.

 

[8] En los autos “A., M. T. y ots. c. Provincia Seguros S.A. s/daños y perj. incumplimiento contractual - CCiv. y Com., Mercedes, sala I, 24/11/2016 (Cita on line: AR/JUR/78892/2016)”, se estableció que “Por imperio del art. 4 de la ley 24.240 este tipo de cláusulas son inadmisibles. El proveedor del servicio tiene obligación de entregar al consumidor (asegurado) un ejemplar de la póliza —aún en los casos de seguros colectivos—, debiendo dejar constancia de ello. No puede ser algo que quede a merced de que el asegurado lo solicite. Es que cuando el siniestro ocurre el asegurado debe tener a mano la póliza para poder verificar si tiene derecho a la cobertura y cómo y cuándo debe hacer el reclamo.

Está claro que este tipo de cláusulas —por las que la póliza se entrega al tomador del seguro colectivo pero no al beneficiario a menos que este la solicite a aquel— son incompatibles con el sistema de protección de la ley 24.240, por el que se procura que el consumidor (beneficiario asegurado) esté plenamente informado de sus derechos (art. 4). Es obvio que solamente contando con la póliza en sus manos puede estar informado el asegurado de cuándo, cómo y de qué manera debe hacer valer el beneficio que surge de la póliza. Por otro lado, el art. 24 de L.S. establece que los derechos que derivan del contrato corresponden al asegurado si posee la póliza”.

 

[9] En la causa “Vignolles, María de los Ángeles c. San Cristóbal Seguros Generales S.A. s/ daños y perjuicios - incumplimiento contractual (exc. Estado) - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III, 09/12/2015 (Cita Online: AR/JUR/74467/2015) se dispuso que en una acción por daños contra una aseguradora, debe admitirse una indemnización por daño si se acreditó que, ocurrido el siniestro, aquella incumplió con la obligación de informar en forma veraz y adecuada sin permitirle al accionante elegir entre la reparación o la aplicación de la cláusula por destrucción total o parcial del rodado, pues su conducta encuadra en la culpa grave y viola los principios de buena fe, orden público e igualdad que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional.

Citar: elDial.com - DC252D 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Síguenos
Please reload

Archivo
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now