October 14, 2019

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Los mensajes del Fallo Flores(*)

 

 

 

 

Sumario: 1.- Introducción. 2.- Posición jurídica. 3.- Implicancias económicas. 4.- El mensaje ideológico.

 

1.- Introducción.

 

A mediados del año 2017 la CSJN dictó sentencia en los autos “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios”, poniendo fin a varios meses de inestabilidad en la jurisprudencia relativa a la oponibilidad del límite de cobertura de los contratos de seguro a las víctimas de accidentes de tránsito.

En efecto, con anterioridad a este fallo las sentencias dictadas por las Salas A[1], C[2], H[3] y K[4] de la Cámara Nacional en lo Civil, pusieron en jaque al mercado asegurador nacional, en tanto establecían que los límites de cobertura de los contratos de seguros no eran oponibles a los terceros damnificados por accidentes de tránsito.

El fallo “Flores” contradijo esta posición, indicando que los terceros que pretendían la respuesta de las aseguradoras no podían evadirse de los términos de los contratos en razón de los que éstas intervenían en juicio.

Al proceder de este modo la CSJN no hizo más que continuar la línea de razonamiento ya planteada en los antecedentes “Obarrio” y “Gauna” respecto de las franquicias de transporte público, y en “Buffoni” con relación a las cláusulas de exclusión de cobertura.

Lo interesante del caso es, que ante la posibilidad de remitirse a los fundamentos de “Buffoni” para resolver, la nueva conformación del tribunal favoreció la aparición de un voto (Dr. Rosenkrantz) con nuevos argumentos para agregar a la ya sólida redacción del antecedente.

 

2. La posición jurídica.

 

Ciertamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el fallo “Flores” reproduce de manera fiel la doctrina sentada en “Buffoni”, la que puede resumirse en los siguientes ítems:

  1. “Una ley general posterior no deroga ni modifica, implica o tácitamente, la ley especial anterior…”.

  2. “La función social que debe cumplir el seguro no implica (…) que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca”.

  3. Como lo establecen los arts. 118 y 119 de la Ley de Seguros “la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.”

  4. Los damnificados de un accidente de tránsito revisten la calidad de terceros frente al contrato de seguros, pero si pretenden invocarlo deben circunscribirse a sus términos. Si bien por regla general los contratos sólo producen efectos entre las partes, cuando un tercero pretende su aplicación no puede fraccionarlo y elegir qué parte invocar y que parte no.

  5. Si un tercero logra cobrar al asegurador una suma superior al límite contratado, no sólo se viola la ley de seguros sino que se convalida una obligación sin causa.

  6. La relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418. Son diferentes los sujetos, poseen distinta causa (la ley y el contrato) y difieren en su objeto (una busca reparar el daño, la otra mantener indemne al asegurado).

  7. Precisamente entonces, dado que el origen de la obligación de la aseguradora de reparar el daño es de naturaleza contractual y su función es mantener indemne el patrimonio del asegurado, “…la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato” carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil.

  8.  Por todo lo dicho entonces, la resolución de la Cámara puede catalogarse como arbitraria.

  9. Se destaca el importante exhorto a los legisladores y a la autoridad pública para buscar una solución que compatibilice la finalidad social del seguro con otros fines socialmente valiosos como la satisfacción de la indemnización de las víctimas de los accidentes de tránsito.[5]

 

3.- Implicancias económicas.

 

Fuera de lo estrictamente jurídico, el fallo Flores es merecedor de análisis por incluir una explicación económica acerca del funcionamiento del mercado asegurador.

Superando a “Buffoni” aquí se penetra al funcionamiento del negocio del seguro para demostrar que la arbitrariedad de la resolución de Cámara no sólo proviene de su apartamiento de la ley, sino en todo caso, de la realidad económica del mercado asegurador en sí misma.

En este sentido, el fallo del Dr. Rosenkrantz plantea que en un mercado asegurador en donde las compañías debieran responder por encima de los montos establecidos en los contratos, inexorablemente se produciría el aumento de las primas. Es que, en efecto, la esencia del contrato de seguros se sustenta en fundamentos técnico-actuariales, como la determinación y el mantenimiento del riesgo.

Este aumento de primas, lejos de propender al cumplimiento del fin social del seguro y lo establecido por el art. 68 de la ley nacional de tránsito, resultaría en un menoscabo de la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Además, se expulsaría del mercado una cantidad importante de vehículos circulantes y a la vez se perjudicaría también a potenciales víctimas de accidentes de tránsito de aquellos rodados que circularan sin cobertura.

En este contexto sería realmente enriquecedor el debate a nivel legislativo de la cuestión, en tanto que, si el Estado crea una obligación para el general de la población, debería también necesariamente velar por la existencia de condiciones que permitan el cumplimiento de la misma. [6]

También es importante destacar que las pólizas de las compañías de seguro, previo a su comercialización, son sometidas a la aprobación del organismo estatal de contralor, la Superintendencia de Seguros de la Nación, en donde entre otras cosas se chequea la existencia de equilibrio entre el valor de la prima que abonan los asegurados y la suficiencia técnica de la compañía, en particular respecto de los límites económicos de cobertura pactados.   

Con precisión resalta el fallo: “La incertidumbre referida [sobre los límites asegurados] las forzaría a cubrirse comercializando pólizas más caras. Esto, sin duda, haría más difícil que todos se asegurasen y, por consiguiente, tornaría, en alguna medida, más incierta la compensación de las víctimas.”

 

4. El mensaje ideológico.

 

Pero la riqueza del fallo “Flores” no se detiene en el agregado económico de sus argumentos, sino que a la vez posee un mensaje filosófico muy poco habitual en las resoluciones de la CSJN.

No es necesario un análisis forzado, ni la lectura entre líneas, para advertir que el voto del Dr. Rosenkrantz envía un mensaje ontológico-político contundente al tribunal inferior.

Si bien se trata de un tema complejo y que excede al sencillo marco de esta ponencia, en aras a facilitar la comprensión del asunto, corresponde brindar una definición de lo que se entiende por ideología.

Si bien en un principio se entendió a la ideología como la ciencia de las ideas, en este trabajo se utilizará la expresión como “sistema de creencias orientado a la acción” del individuo.[7]

En principio, toda ideología consta de dos elementos: (1) la representación del sistema, y (2) un programa de acción. El primero es un punto de vista acerca de la realidad, fundado en emociones, percepciones y creencias, a partir del cual se compara con un sistema ideal alternativo y que se considera superior al objetivo. El programa de acción tiene como finalidad lograr el acercamiento del modelo real objetivo al ideal deseado.

Una definición de ideología con este tipo de extensión es aplicable a la generalidad de los individuos. Y, por cierto, haciendo caso omiso a ciertas discusiones bizantinas, permite afirmar que todas las personas en alguna u otra medida poseen una ideología, es decir, un conjunto de pensamientos y creencias que orientan su acción (en el ámbito de lo político, en lo que a este trabajo concierne).

Por supuesto, los jueces no son ajenos a esta afirmación general de que todas las personas poseen una ideología. Sin embargo, la pregunta cuyo análisis aquí corresponde es: a la hora de interpretar y aplicar las leyes ¿pueden razonar a la luz de su ideología?

Si bien una respuesta preliminar, en supuesta defensa de la libertad de criterio y decisión podría contestar por la afirmativa, esta ponencia plantea lo contrario.

Es que, en efecto, la relación entre la ideología y las leyes no es lejana. Muy por el contrario, estas últimas fueron concebidas por legisladores en pleno ejercicio de sus convicciones y creencias y en aras a alcanzar un objetivo ideal (o al menos eso se supone).  Es decir, toda ley posee una ideología que la sustenta y justifica, en particular a la hora de su interpretación y aplicación.[8]

En este sentido entonces, los jueces, como cualquier persona, poseen un sistema de creencias que orientan su accionar, pero en ejercicio de sus funciones no deben aplicarlo, y con mayor razón, si el mismo se riñe con la propia ideología de la norma que el magistrado debe interpretar y aplicar.[9]

El fallo “Flores”, en el voto del Dr. Rosenkrantz, posee un indiscutible mensaje ideológico. De otro modo no podrían explicarse una serie de expresiones y alusiones que el mismo contiene.

En este orden de ideas, al decir el fallo que “cuando la letra de una norma es clara no cabe apartarse de su texto, (…), de modo que, si su interpretación no exige esfuerzo, debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma”, remite a una idea literal de interpretación. Es decir, de respeto a la norma en sí y a sus fundamentos.

Por ello debe tenerse en cuenta que la Constitución Nacional, la base de todo el sistema normativo aplicable en el territorio, es una Constitución de tipo liberal, cuyas principales fuentes son las “Bases…” de Alberdi, la Constitución de los Estados Unidos y los Federalist Papers. De ahí que la libertad individual y el derecho de propiedad sean las piedras basales de todo el andamiaje. Pretender obviarlo o desconocerlo a la hora de interpretar o aplicar una norma es una sinrazón que lógicamente debe ser tachada de arbitrariedad.

Por ello Rosenkrantz recuerda a los inferiores la plena vigencia del principio de separación de poderes y la imposibilidad de los jueces de determinar el modo de realización de los fines de una institución jurídica (¿por qué si no sería necesario explicar a un Juez de alzada la preponderancia de un principio tan básico y elemental?).

La decisión acerca de las formas de alcanzar los fines de las instituciones jurídicas es algo que corresponde exclusivamente al poder político, mientras que la actividad de los jueces debe ceñirse al contralor del ejercicio de los demás poderes del Estado, buscando evitar que se traspongan los límites de la razonabilidad, o prohibiciones expresas contenidas en la Constitución o la ley. Afirmar que “…no corresponde a los tribunales juzgar el acierto o conveniencia del medio arbitrado por dichos poderes…”, equivale a reafirmar principios esenciales de la Constitución liberal vigente.

Aún a riesgo de incurrir en una falacia por descontextualización, debe advertirse también que –en general- el uso del lenguaje nunca es inocente. Los términos designan realidades, y sobre toda realidad cabe una visión cargada de ideología. Por ello, y sin ánimo de ingresar al terreno semiótico, no deja de ser impresionante la terminología que el voto bajo análisis utiliza para defenestrar y dejar sin efecto la resolución del inferior.

Así mientras la sentencia de Cámara posee expresiones del tenor de: “El Estado, la seguridad jurídica y la sociedad toda no pueden permanecer indiferentes ante el derecho insatisfecho del damnificado…”, o la “función social del seguro de responsabilidad civil, como instituto adecuado a la idea solidarista…”; el voto de Rosenkrantz responde con otras del tipo: “…en un mercado asegurador competitivo…”, “…mayor número de asegurados maximiza la posibilidad de compensación…”,   “…la madurez del mercado asegurador…”, etc.

A su vez, el voto bajo análisis despliega actividad docente al distinguir claramente entre lo que es el seguro obligatorio para el automotor, de lo que es el seguro voluntario. A partir de esta distinción afirma que el llamado “principio de reparación integral” no se enfrenta necesariamente a un sistema de reparación limitado, en la medida en que este sea razonable. Eso sí, lo que de ningún modo puede admitirse es la violación del derecho de propiedad, en el que inexorablemente se recae cuando se manda a pagar una indemnización por encima del monto asegurado convenido en un contrato.  

 Desde ya, nadie puede desconocer la ironía de una expresión tal como: “…debe recordarse que la propiedad tiene protección constitucional (artículo 17, Constitución Nacional) y que ella se extiende a los derechos que nacen de los contratos.” ¿Acaso debe un ministro de la CSJN “recordarle” esto a un vocal de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? En todo caso, parece “recordarle” que las ideologías propias no pueden afectar la ideología de las normas, que justifican –incluso- el propio poder que los magistrados ejercen.

Claro está, no es tarea fácil desprenderse del nudo entimemático que toda sentencia posee como una sombra. Las sentencias son obra de personas, que poseen pasado, recuerdos, creencias, anhelos, amores y odios, y todo esto termina conformando necesariamente una premisa oculta del silogismo sentencial.

No obstante, los prejuicios ideológicos (en sentido estricto) y la heurística [10], pueden ser minimizados al máximo mediante el ejercicio de un razonamiento forense sano. Pero –por supuesto- un ejercicio de razonamiento de este tipo requiere determinación y prudencia (en sentido aristotélico) por parte del sentenciante.    

 

 

 

 

 

(*) Ponencia presentada en el XVII Congreso Nacional de Derecho de Seguros. Mendoza, 2 al 4 de mayo de 2018. Organizadores: Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, Rama Argentina (A.I.D.A.)

Comisión N° 1: Contrato de Seguro.

 

(**) Abogado UCC (Argentina) – 2002. Master en Relaciones Internacionales  IUIOG-UCM (España 2006). Doctor en Política y Gobierno UCC (Argentina). Doctor en Gobierno y Administración Pública UCM (España). Profesor Adjunto de Filosofía del Derecho – Cátedra A – UCC (Argentina) – 2018. Vocal de Comisión Directiva AIDA – 2016. Presidente AEDSIA – 2015. Director del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Córdoba – 2015

 

[1] “M., C. D. y otro c/ M., M. M. y otros s/ Daños y perjuicios”, CNCiv- Sala A- 22/10/2016.

 

[2] Aimar, María Cristina y otro c/ Molina, José Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios (Acc. Tran c/ Les o Muerte”, y “Aldasoro y Compañía S.A y otro c/ Molina, José Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios (Acc. Tran. sin Lesiones), CNCiv- Sala C - 26/05/2016.

 

[3]  “Ramirez Celia Haydee y Otros C/ Migliora Cristina S/Daños Y Perjuicios - Resp.Prof.Medicos Y Aux. - 60684/2010”- CNCiv- Sala H- 21/03/2017 y “Lugo Luis Alberto y otro c/ Kuriel Jorge Luis s/ Daños y perjuicios”.-Expte. n° 55.030/2013- CNCiv- Sala H- 03/03/2017.

 

[4] “Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo s/ daños y perjuicios”- Expediente Nº 57.764/2008- CNCiv- Sala K- 7/05/2013.

 

[5] Stiglitz, Rubén S. – Compiani, María Fabiana. “La razonabilidad del límite de la obligación del asegurador en el seguro automotor obligatorio.” LA LEY 19/06/17, 4. Cita Online: AR/DOC/1616/2017

 

[6] Wittwer Pruyas, Nicolás. “Inoponibilidad al límite de cobertura: los argumentos económicos del fallo de Rosenkrantz”. Publicado en la web de  El Seguro en acción. 6 de julio de 2017. 2.

 

[7] Sypnowich, Christine. “Law and Ideology”. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition). Edward N. Zalta (ed.). URL https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/law-ideology/.

 

[8] Corresponde aclarar que esta noción pertenece a la definición “liberal” del término ideología. Conf. Ibid.

 

[9] Es importante aclarar que al hablar de ideología se hace alusión a un conjunto de creencias políticas y no a un marco normativo moral. Lo segundo referiría al plano de la ética.

 

[10] Peer, Eyal and Gamliet, Eyal. “Heuristics and Biases in Judicial Decisions”. Court Review. Volume 49. http://aja.ncsc.dni.us/publications/courtrv/cr49-2/CR49-2Peer.pdf

Citar: elDial.com - DC2534 

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