Los mensajes del Fallo Flores(*)

Sumario: 1.- Introducción. 2.- Posición jurídica. 3.- Implicancias económicas. 4.- El mensaje ideológico.

1.- Introducción.

A mediados del año 2017 la CSJN dictó sentencia en los autos “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios”, poniendo fin a varios meses de inestabilidad en la jurisprudencia relativa a la oponibilidad del límite de cobertura de los contratos de seguro a las víctimas de accidentes de tránsito.

En efecto, con anterioridad a este fallo las sentencias dictadas por las Salas A[1], C[2], H[3] y K[4] de la Cámara Nacional en lo Civil, pusieron en jaque al mercado asegurador nacional, en tanto establecían que los límites de cobertura de los contratos de seguros no eran oponibles a los terceros damnificados por accidentes de tránsito.

El fallo “Flores” contradijo esta posición, indicando que los terceros que pretendían la respuesta de las aseguradoras no podían evadirse de los términos de los contratos en razón de los que éstas intervenían en juicio.

Al proceder de este modo la CSJN no hizo más que continuar la línea de razonamiento ya planteada en los antecedentes “Obarrio” y “Gauna” respecto de las franquicias de transporte público, y en “Buffoni” con relación a las cláusulas de exclusión de cobertura.

Lo interesante del caso es, que ante la posibilidad de remitirse a los fundamentos de “Buffoni” para resolver, la nueva conformación del tribunal favoreció la aparición de un voto (Dr. Rosenkrantz) con nuevos argumentos para agregar a la ya sólida redacción del antecedente.

2. La posición jurídica.

Ciertamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el fallo “Flores” reproduce de manera fiel la doctrina sentada en “Buffoni”, la que puede resumirse en los siguientes ítems:

  1. “Una ley general posterior no deroga ni modifica, implica o tácitamente, la ley especial anterior…”.

  2. “La función social que debe cumplir el seguro no implica (…) que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca”.

  3. Como lo establecen los arts. 118 y 119 de la Ley de Seguros “la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.”

  4. Los damnificados de un accidente de tránsito revisten la calidad de terceros frente al contrato de seguros, pero si pretenden invocarlo deben circunscribirse a sus términos. Si bien por regla general los contratos sólo producen efectos entre las partes, cuando un tercero pretende su aplicación no puede fraccionarlo y elegir qué parte invocar y que parte no.

  5. Si un tercero logra cobrar al asegurador una suma superior al límite contratado, no sólo se viola la ley de seguros sino que se convalida una obligación sin causa.

  6. La relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre esta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418. Son diferentes los sujetos, poseen distinta causa (la ley y el contrato) y difieren en su objeto (una busca reparar el daño, la otra mantener indemne al asegurado).

  7. Precisamente entonces, dado que el origen de la obligación de la aseguradora de reparar el daño es de naturaleza contractual y su función es mantener indemne el patrimonio del asegurado, “…la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato” carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil.

  8. Por todo lo dicho entonces, la resolución de la Cámara puede catalogarse como arbitraria.

  9. Se destaca el importante exhorto a los legisladores y a la autoridad pública para buscar una solución que compatibilice la finalidad social del seguro con otros fines socialmente valiosos como la satisfacción de la indemnización de las víctimas de los accidentes de tránsito.[5]

3.- Implicancias económicas.

Fuera de lo estrictamente jurídico, el fallo Flores es merecedor de análisis por incluir una explicación económica acerca del funcionamiento del mercado asegurador.

Superando a “Buffoni” aquí se penetra al funcionamiento del negocio del seguro para demostrar que la arbitrariedad de la resolución de Cámara no sólo proviene de su apartamiento de la ley, sino en todo caso, de la realidad económica del mercado asegurador en sí misma.

En este sentido, el fallo del Dr. Rosenkrantz plantea que en un mercado asegurador en donde las compañías debieran responder por encima de los montos establecidos en los contratos, inexorablemente se produciría el aumento de las primas. Es que, en efecto, la esencia del contrato de seguros se sustenta en fundamentos técnico-actuariales, como la determinación y el mantenimiento del riesgo.

Este aumento de primas, lejos de propender al cumplimiento del fin social del seguro y lo establecido por el art. 68 de la ley nacional de tránsito, resultaría en un menoscabo de la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Además, se expulsaría del mercado una cantidad importante de vehículos circulantes y a la vez se perjudicaría también a potenciales víctimas de accidentes de tránsito de aquellos rodados que circularan sin cobertura.

En este contexto sería realmente enriquecedor el debate a nivel legislativo de la cuestión, en tanto que, si el Estado crea una obligación para el general de la población, debería también necesariamente velar por la existencia de condiciones que permitan el cumplimiento de la misma. [6]

También es importante destacar que las pólizas de las compañías de seguro, previo a su comercialización, son sometidas a la aprobación del organismo estatal de contralor, la Superintendencia de Seguros de la Nación, en donde entre otras cosas se chequea la existencia de equilibrio entre el valor de la prima que abonan los asegurados y la suficiencia técnica de la compañía, en particular respecto de los límites económicos de cobertura pactados.

Con precisión resalta el fallo: “La incertidumbre referida [sobre los límites asegurados] las forzaría a cubrirse comercializando pólizas más caras. Esto, sin duda, haría más difícil que todos se asegurasen y, por consiguiente, tornaría, en alguna medida, más incierta la compensación de las víctimas.”

4. El mensaje ideológico.

Pero la riqueza del fallo “Flores” no se detiene en el agregado económico de sus argumentos, sino que a la vez posee un mensaje filosófico muy poco habitual en las resoluciones de la CSJN.

No es necesario un análisis forzado, ni la lectura entre líneas, para advertir que el voto del Dr. Rosenkrantz envía un mensaje ontológico-político contundente al tribunal inferior.

Si bien se trata de un tema complejo y que excede al sencillo marco de esta ponencia, en aras a facilitar la comprensión del asunto, corresponde brindar una definición de lo que se entiende por ideología.

Si bien en un principio se entendió a la ideología como la ciencia de las ideas, en este trabajo se utilizará la expresión como “sistema de creencias orientado a la acción” del individuo.[7]