October 14, 2019

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El secuestro prendario frente al régimen de protección al consumidor. Comentario al fallo "Fiat Crédito Cía. Financiera SA c/De Natale, César L. s/Acción de Secuestro"

June 30, 2018

I. Introducción [arriba] - 

 

Motiva el presente trabajo la necesidad de analizar lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, en la sentencia de fecha 2 de febrero de 2017, dictada en la causa “Fiat Crédito Cía. Financiera SA c. De Natale, César L. s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)”. En la mencionada sentencia, por mayoría, se resolvió que el trámite especial previsto en el art. 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12.962- (Ley de Prenda con Registro, en adelante “L.P.R.”), comúnmente denominado secuestro prendario, es inaplicable a las relaciones de consumo.

 

Adelantamos desde ya nuestro desacuerdo con lo resuelto por la mencionada Cámara. En nuestro criterio, no existen fundamentos legales, ni mucho menos constitucionales, que permitan sostener válidamente la inaplicabilidad del trámite de secuestro prendario a las relaciones alcanzadas por el régimen protectorio del derecho del consumidor.

 

En este trabajo se analizarán especialmente los argumentos utilizados por los votos que conformaron la mayoría en la sentencia antes aludida, a fin de intentar demostrar su desacierto.

 

II. El caso en comentario [arriba] - 

 

En el caso que motiva este artículo Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. promovió un secuestro prendario a fin de hacerse de la posesión de un automotor de propiedad de una persona humana, el Sr. De Natale. Una vez realizada la diligencia de secuestro, el Sr. De Natale se presentó y realizó un planteo de nulidad y de inhabilidad de título. Teniendo en cuenta la calidad de las partes, el Sr. De Natale solicitó que se presuma la existencia de una relación de consumo, a la que le resultaría aplicable la normativa protectoria del consumidor.

 

En primera instancia se desestimó el planteo realizado por el presunto consumidor, ya que este tipo de proceso excluye toda posibilidad de participación del deudor, remitiéndolo expresamente a la vía ordinaria. Dicha sentencia fue recurrida por el Sr. De Natale y revocada por la Cámara mediante el fallo que se comenta.

 

El primer voto emitido fue el del Dr. Castro Durán, quien comenzó señalando que la acción fue entablada por una entidad financiera, respecto de la cual no podía dudarse de su carácter de proveedora, contra una persona humana, con el objeto de obtener el secuestro de un automotor prendado. A la luz de las condiciones de las partes el vocal preopinante concluyó que en el caso existían elementos serios que hacían presumir fundadamente la existencia de una relación de consumo. En virtud de esta presunción, también concluyó que al caso le resultaba aplicable la ley 24.240. El Dr. Castro Durán hizo hincapié en que este plexo normativo contiene normas de orden público, inderogables por los particulares, por las que se reglamenta un derecho constitucional (art. 42 CN).

 

Aludiendo a una “interpretación armonizante” del art. 39 de la L.P.R. con la ley 24.240, concluyó que el primero de éstos no resulta aplicable a las relaciones de consumo. Sostuvo que dicha afirmación se funda en que aplicar el secuestro prendario a una relación de consumo colocaría al consumidor o usuario en una situación de tamaña desigualdad, que tornaría ilusoria la tutela brindada por la ley 24.240. Ello debido a que, a través de este trámite, la entidad financiera podría secuestrar y subastar extrajudicialmente el bien prendado, sin que el consumidor o usuario tenga la menor oportunidad de ser oído. Según el Dr. Castro Durán, tal posibilidad conferida al proveedor, resultaría “lesiva del trato digno y equitativo al consumidor o usuario en la relación de consumo, previsto en los art. 8 bis de la ley 24.240 y 42 de la Constitución Nacional”.

 

El segundo voto emitido corresponde al Dr. Volta, el que adhirió al voto del Dr. Castro Durán, destacando que, como regla, no encontraba reparo alguno al trámite de secuestro prendario, sin intervención del constituyente de la prenda. Sin embargo, al presumir que en el caso se estaba frente a una relación de consumo, concluyó que “…de confirmarse la solución adoptada por el sentenciante de grado se estaría convalidando un mecanismo a través del cual, se elude el régimen de tutela al consumidor constitucionalmente establecido (art. 42 de la C.N.), a través de la aplicación aislada de una normativa que regula un derecho accesorio, y por tanto subordinado al principal”.

 

La minoría estuvo conformada por el voto del Dr. Guardiola. Este vocal comenzó por poner sobre relieve su especial preocupación por el avance de interpretaciones jurídicas que tienden a otorgar una preeminencia a algunas fuentes particulares del derecho por sobre el resto. Con una claridad elogiable y que justifica una cita textual, el Dr. Guardiola dijo que las aludidas interpretaciones son proclives a “…convertir el diálogo de fuentes consagrado expresamente por los arts. 1 y 2 del CCCN en un monólogo de alguna de ellas, particular y especialmente el derecho del consumidor. Que el ordenamiento jurídico es un todo orgánico y sistemático que debe ser interpretado en clave consumeril y ambiental (arts. 41 a 43 CN) no significa que se trate de una sinfonía de esas solas notas, a costa de prerrogativas y garantías del derecho comercial y los derechos reales”.

 

Entre otros argumentos, el Dr. Guardiola destacó también su coincidencia en sobre la necesidad de una tutela judicial efectiva de los derechos de la parte débil, pero señaló que “esa prevención, no debe ser enarbolada cuando no existe ningún elemento siquiera indiciario serio de su ocurrencia o de que se conculque el derecho de defensa para cercenar un procedimiento ejecutorio legalmente previsto y convencionalmente pactado”.

 

III. El secuestro prendario. La naturaleza del proceso. El rol del deudor. Derecho de defensa en juicio [arriba] - 

 

De manera previa al análisis de los fundamentos del fallo en comentario, realizaremos una breve referencia a las principales características del trámite especial de secuestro prendario[1]. En este sentido, comenzaremos señalando que el secuestro ha sido definido como aquella medida “por la cual se desapodera a una persona de un bien sobre el cual se litiga o sobre el cual existe un privilegio especial válidamente constituido o un embargo judicial”[2].

 

Por su parte, el art. 39 de la L.P.R. prevé en favor de ciertos acreedores (entidades financieras o bancarias, como así también el Estado y sus reparticiones autárquicas) el derecho a solicitar a un juez la expedición de una orden de secuestro de los bienes pignorados, a efectos de proceder a su venta en los términos del art. 2229 del Código Civil y Comercial de la Nación[3] (C.C.C.N.).

 

Recuérdese que el referido art. 2229 del C.C.C.N. autoriza al acreedor, ante la mora del deudor, a proceder a la venta de los bienes prendados y a imputar los fondos así obtenidos al pago de la deuda garantizada. Esta venta la realiza directamente el acreedor sin intervención judicial.

 

En el caso de la prenda común o con desplazamiento ello no ofrece mayor dificultad, ya que la cosa prendada se encuentra en poder del acreedor, quien de esta forma puede venderla y entregarla al eventual adquirente del bien.

 

Por el contrario, en el caso de la prenda con registro o sin desplazamiento, si bien los acreedores mencionados en el art. 39 de la L.P.R. también tienen derecho a la venta extrajudicial de los bienes prendados, éstos no tienen el bien en su poder. Como los acreedores no pueden recuperar la cosa por sí mismos, tienen la necesidad de recurrir a un juez para solicitar que se expida una orden de secuestro de los bienes y su entrega al acreedor[4].

 

Como se observa, este trámite no es más que una vía instrumental y la "misión del juez concluye con la entrega de los bienes al acreedor para su enajenación extrajudicial"[5]. El trámite no importa la iniciación de una ejecución judicial[6], pues ni siquiera es técnicamente un litigio[7].

 

La actividad jurisdiccional es extremadamente limitada, pues se acota a la mera comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida de secuestro y su diligenciamiento[8]. Una vez entregados los bienes al acreedor el objeto procesal del secuestro prendario queda agotado.

 

Cierta doctrina ha planteado que este trámite especial y abreviado que privilegia a un grupo limitado de acreedores afecta las garantías constitucionales de defensa en juicio y el derecho de propiedad del deudor o constituyente del gravamen. Entre quienes cuestionan el régimen se destaca Farina, quien sostuvo que “esta norma atenta contra el elemental principio de nuestro ordenamiento jurídico de que nadie puede hacerse justicia por mano propia”[9] y que el “art. 39 aludido es violatorio del inalienable derecho de la defensa en juicio”[10].

 

Mas allá de los aislados cuestionamientos realizados, la experiencia demuestra que las entidades financieras no han abusado de la útil herramienta proporcionada por el Legislador para favorecer el rápido recupero de sus créditos. Esto es fácilmente comprobable, ya que son muchísimos los pedidos de secuestros prendarios que se tramitan cada año y en los repertorios de jurisprudencia sólo se pueden encontrar un número proporcionalmente insignificante de casos en los que las entidades financieras actuaron abusivamente o con negligencia.

 

El otorgamiento de este beneficio especial a ciertas entidades se debe a que se las presume dotadas de mayor profesionalismo y, principalmente, de solvencia económica y seriedad[11]. Si alguna entidad recurre abusivamente a este procedimiento especial, o si lo hace debido a un error[12], y llegara a causar daños al propietario de las cosas prendadas, éste contará con la posibilidad de reclamar el resarcimiento de dichos daños a una persona solvente.

 

No debe perderse de vista que, si bien el acreedor puede proceder a la venta privada del bien prendado, previo secuestro solicitado al juez, sin que frente a esta medida pudiera el deudor promover recurso alguno, el mismo art. 39 L.P.R. prevé el derecho del deudor de ejercer, en juicio ordinario, los derechos que tenga para reclamar al acreedor[13]. Es decir, este trámite de venta privada contempla el derecho de defensa del deudor, frente a eventuales abusos del acreedor[14]. Por ello, la doctrina mayoritaria ha entendido que el trámite especial de secuestro prendario no afecta el derecho de defensa en juicio[15].

 

Más allá de los cuestionamientos antes reseñados, la jurisprudencia, en forma casi unánime, aceptó la constitucionalidad del régimen de secuestro prendario. Incluso la C.S.J.N. tuvo oportunidad de expedirse al respecto desde antiguos precedentes, aceptando la validez constitucional de esta forma de ejecución extrajudicial o administrativa[16].

 

Para sostener la constitucionalidad de la norma, se tuvo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la última ratio del orden jurídico[17]. Por su parte, la Sala D[18] de la Cámara Comercial de la Capital Federal, sostuvo que la prohibición legal impuesta al deudor para que deduzca recurso alguno dentro de este procedimiento reconoce varios fundamentos, entre los que mencionó:

 

- Las actuaciones cautelares concluyen con el secuestro, lo cual desvanece toda plataforma documental para una eventual articulación de los planteos del deudor.

 

- Es necesario evitar toda incidencia dentro del trámite del secuestro prendario, para no desnaturalizar el sistema de venta extrajudicial acogida por el Legislador.

 

- Debe priorizarse la rapidez en el recupero del crédito, pues ello abarata los costos del sistema, beneficiando a futuros mutuarios.

 

- La facultad prevista en el art. 39 de la L.P.R. es sólo concebida a personas jurídicas de reconocida solvencia, con el fin de minimizar la posibilidad de que eventuales daños no sean atendidos.

 

- El procedimiento se limita a equiparar al acreedor prendario “sin desplazamiento” al de la prenda común, para colocarlo en igual situación a fin de ejercer la facultad que concede a ambos el art. 585 del Cód. de Comercio (hoy art. 2229 del C.C.C.N.).

 

- El art. 39 prevé el encause procesal para los eventuales reclamos del deudor, remitiendo al procedimiento ordinario, destacándose especialmente que esta acción puede ser promovida contemporáneamente al tiempo en que tramite el secuestro prendario, sin necesidad de aguardar que se produzca la venta.

 

- Finalmente, se tuvo en cuenta que si bien la norma cercena las diversas defensas o intentos cautelares orientados a suspender el trámite del remate extrajudicial, el deudor podría intentar por la vía del juicio ordinario la consignación del quantum reclamado con la extensión prevista por el art. 32 de la L.P.R.[19].

 

Con incuestionable acierto, el Legislador entendió que permitir la participación del deudor en este trámite implicaría la frustración de su finalidad. En efecto, si se permite que el deudor pueda realizar planteos o defensas que impidan o de alguna manera obstaculicen el secuestro del bien, ello llevará a que el proceso se dilate y que la prenda con registro haya perdido su utilidad como garantía fácilmente ejecutable.

 

No debe perderse de vista que el favorecimiento por parte del Legislador a los acreedores previstos en el art. 39, ha sido una decisión de política legislativa que, indudablemente, tiende a beneficiar el otorgamiento de créditos garantizados con prenda con registro[20]. Este especial tratamiento no se limita al extremo antes mencionado, sino que también se ve reflejado cuando la norma dispone que el trámite de la venta extrajudicial no se suspenderá por el embargo del bien ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.

 

Lo que se pretende señalar con lo antes expuesto es que hace a la esencia del régimen de la L.P.R. que el deudor no pueda tener ninguna intervención en el trámite de secuestro prendario. De lo contrario, lo que por expresa decisión de política legislativa fue creado como un trámite expedito y simple, se transformaría en un largo y costoso proceso, ya que no debe olvidarse que una mayor participación del deudor generaría gran cantidad de incidencias a resolver y que probablemente serían recurridas, lo que a su vez implicaría mayores costas judiciales.

 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se ha reconocido que el deudor sí podría plantear y demostrar que el secuestro se refiere o comprende otros bienes que no se hallaren prendados, pero sin obstaculizar la medida en su justo alcance[21].

 

IV. El régimen de defensa del consumidor y el secuestro prendario [arriba] - 

 

Ya hemos adelantado nuestro desacuerdo con lo expuesto por los votos que conformaron la mayoría en el fallo en comentario. Por nuestra parte, entendemos que el trámite de secuestro prendario, prima facie, no es un mecanismo a través del cual se puedan violar derechos de los consumidores. En caso de que ello pudiere eventualmente suceder -lo que no se puede descartar- estaríamos en presencia de una utilización abusiva del trámite, que resultaría ajena a lo que normalmente sucede en la práctica. Sobre la posibilidad de que existan abusos, Alegria -en defensa de los métodos de autoliquidación de las garantías- ha tenido oportunidad de señalar que no ha encontrado una figura en el derecho privado que sea inmune al abuso[22].

 

En primer lugar, debe señalarse que cuando se alude a que este especial trámite no es aplicable a las relaciones de consumo, se lo funda en una presunta violación de derechos legales y hasta constitucionales de los consumidores. Sin embargo, no se explica con la precisión esperable en qué consistiría la violación a que se refiere.

 

Por la limitada extensión de este trabajo, no analizaremos aquí la cuestión vinculada a la viabilidad de presumir la existencia de una relación de consumo en base a la calidad de las partes del proceso. Sobre el particular sólo hemos de destacar que, respecto del certificado prendario, dicha viabilidad ha sido admitida por la propia C.S.J.N.[23]. Entonces, admitida la procedencia de presumir la existencia de una relación de consumo en un trámite de secuestro prendario[24], analizaremos si ello determina que la solicitud de secuestro deba ser rechazada.

 

Como punto inicial de dicho análisis, debe ponerse sobre relieve que no hay nada en el art. 42 de la C.N. que permita sostener la inaplicabilidad del secuestro prendario a las relaciones de consumo. De dicha cláusula constitucional no se desprende que para secuestrar un bien de titularidad de un consumidor, y eventualmente subastarlo, deba recurrirse a algún trámite específico y determinado por el constituyente. Tampoco surge de la citada norma que el consumidor necesariamente tenga que ser oído previamente o que tenga derecho a algún tipo de proceso en particular.

 

Lo expuesto en el párrafo precedente es de suma trascendencia, ya que en el voto del Dr. Volta –que conformó la mayoría- se expuso que de aplicarse el secuestro prendario a una relación de consumo se convalidaría un mecanismo “a través del cual se elude el régimen de tutela al consumidor constitucionalmente establecido (art. 42 de la CN)”. Ello no puede ser así, por la sencilla razón de que en la mencionada norma constitucional no se establece ningún régimen específico que permita sostener una incompatibilidad del sistema protectorio del consumidor con una herramienta sumamente útil que tiende a favorecer el rápido recupero de los créditos, como es el secuestro prendario.

 

Por otra parte, el Legislador ha incorporado numerosas normas en el C.C.C.N. tendientes a la protección de los derechos de los consumidores. Sin embargo, un detenido análisis de dichas normas también lleva a concluir que no existe disposición alguna contenida en dicho cuerpo legal que permita sostener que no se puede secuestrar un bien prendado por un consumidor sin darle la posibilidad de que previamente realice algún tipo de planteo. Tampoco encontramos disposición semejante en la ley N° 24.240.

 

Insistimos, en todo el régimen de protección al consumidor -constitucional, legal o reglamentario- no se advierte ninguna norma que establezca alguna limitación, restricción o condicionamiento para el cumplimiento de una orden judicial de secuestro de un bien prendado, cuando el afectado por la medida es un consumidor.

 

Sostener lo contrario, implicaría que los consumidores tampoco podrían ser objeto de medidas cautelares como las previstas en los ordenamientos procesales, ya que lo característico de las mismas es que se las disponen inaudita parte. Así expresamente lo dispone el art. 198 del Cód. Procesal, Civil y Comercial de la Nación, según el cual “las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento”. Si se aceptara la postura sostenida en el fallo en comentario, también podría llegar a sostenerse que es violatorio del derecho constitucional de los consumidores imponerle una medida cautelar -que podría ser el mismo secuestro de un bien- sin darle derecho a ser oído previamente.

 

En esta misma línea, destacamos que no se encuentra controvertido -al menos hasta el momento- que los consumidores pueden ser sujetos pasivos del secuestro previsto en el art. 1249 del C.C.C.N., según el cual cuando el objeto del contrato de leasing es una cosa mueble, ante la mora del tomador en el pago del canon, el dador puede obtener el inmediato secuestro del bien, con la sola presentación del contrato inscripto y la prueba de haber interpelado al tomador por un plazo no menor de cinco días para la regularización. Adviértase que el secuestro del bien dado en leasing es “inmediato”, sin otorgarse una vista o traslado previo al tomador, que perfectamente podría ser un consumidor. Es decir, aquí tampoco se otorga el derecho a ser oído previamente y ello no ha merecido objeción alguna.

 

Continuando con este breve análisis de la figura, destacamos que de aceptarse la postura sostenida por el voto de la mayoría del fallo en comentario, también habría que descartar que los consumidores puedan otorgar garantías prendarias comunes (art. 2219 y cctes. del C.CC.N), ya que ellas implican otorgar al acreedor el derecho previsto en el art. 2229 del C.C.C.N. para vender la cosa prendada en forma extrajudicial, sin que se otorgue al consumidor el derecho a ser oído previamente.

 

Lo afirmado no debe llevar a confusión. No se sostiene que los consumidores -o cualquier otro deudor o constituyente del gravamen- no puedan ejercer su legítimo derecho de defensa. El legislador de la L.P.R. expresamente lo contempló, disponiendo que debe hacerlo por vía de un proceso ordinario.

 

Tampoco puede soslayarse que si en algún hipotético caso un consumidor no se encontrare en mora y, pese a ello, el acreedor -por error o incluso dolo- igualmente hubiese procedido al secuestro del bien con intención de subastarlo privadamente, este hipotético consumidor podría solicitar una medida cautelar de no innovar que impida la subasta del bien. Para ello le bastará demostrar la verosimilitud de derecho por él invocado y el resto de los presupuestos de las medidas cautelares. Este tipo de medidas puede solicitarse incluso de manera previa al inicio del proceso ordinario a que remite la L.P.R. (conf. Art. 195 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación)[25].    

 

Como se advierte, es desacertado sostener que el derecho de defensa en juicio se encuentra violado por el trámite de secuestro prendario. Las normas de rito otorgan mecanismos suficientes para proteger cautelarmente a quien lo necesite, sea consumidor o no.

 

En síntesis, no debe perderse de vista que adoptar posturas extremas y -en nuestro criterio- dogmáticas, con el argumento de otorgar la máxima protección posible a los consumidores, terminarán teniendo el efecto contrario al deseado. A través de ellas se dificultará el acceso de los consumidores al crédito, ya que por efecto de ir descartando la aplicación de figuras contractuales o herramientas procesales que han demostrado ser de suma utilidad para facilitar el rápido recupero de los créditos, lo único que se logrará es el encarecimiento del crédito por la elevación de los costos asociados. No debe olvidarse que dentro de las variables que los acreedores tienen en cuenta para el otorgamiento de financiaciones, y para la fijación de las tasas de interés aplicables a las mismas, está justamente la posibilidad de acceder a vías legales y procesales que permitan un rápido recupero de sus acreencias ante una situación de mora del deudor.

 

V. Inexistencia de violación al derecho de trato digno y equitativo [arriba] - 

 

Llegado a este punto, cabe señalar que en el voto del Dr. Castro Durán se refiere que la posibilidad otorgada a ciertos acreedores de secuestrar y subastar los bienes prendados sin necesidad de que el consumidor sea oído, resultaría lesivo del trato digno y equitativo a que tienen derecho los consumidores y usuarios (art. 42 CN y 8 bis de la ley 24.240). No compartimos dicha afirmación, pues la consideramos dogmática.

 

En efecto, es cierto que el art. 42 de la C.N. reconoce a los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho a condiciones de trato equitativo y digno. Ello no puede ser controvertido, ya que surge expresamente de la norma. Pero para determinar si dicha previsión constitucional es violada en un caso concreto, previamente debe establecerse cuál es el contenido del derecho presuntamente violado. Esto es, no puede afirmarse ligeramente que un trámite previsto legalmente viola un derecho constitucional sin establecerse de manera preliminar el alcance del derecho que se reputa infringido.

 

Con esta finalidad, señalamos que en el art. 1097 del C.C.C.N. -que forma parte del Libro Tercero, Título III “Contratos de Consumo”- el Legislador nacional ha reglamentado el art. 42 de la C.N., estableciendo que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. Aclaró además que “la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos…”. Advertimos entonces que el derecho al trato digno está relacionado con la hermenéutica que se haga del concepto “dignidad de la persona” y que para dicha labor interpretativa debe estarse a los criterios sentados en los tratados de derechos humanos.

 

Tévez y Souto al referirse al art. 1097 del C.C.C.N. han sostenido que la alusión directa a dichas convenciones con el objeto de determinar cuándo una conducta es indigna, constituye un acierto del Legislador, pues importa para los magistrados una referencia normativa específica, de suma utilidad frente a la diversidad de supuestos que pueden presentarse en la práctica. La calificación de una conducta como contraria a la dignidad humana tiene, en situaciones dudosas, un fuerte contenido subjetivo. Es en este escenario que resulta provechosa la referencia a los tratados de derechos humanos para interpretar conductas de proveedores en supuestos ambiguos[26]. Dicho en otros términos, el derecho al trato digno no es algo que pueda ser completado con cualquier contenido, ya que el Legislador lo determinada remitiéndose a lo que surge de los tratados de derechos humanos.

 

Sobre esta cuestión se ha dicho que “la dignidad, se refiere en principio, a una cualidad que está ligada al ser humano, que es la misma para todos y que no admite grados”[27]. Por ello se ha afirmado que la dignidad humana se vincula con el derecho "que tiene todo hombre a ser considerado como un fin en sí mismo", "a ser respetado como tal, es decir como ser humano con todos los atributos de su humanidad"[28]. Como es evidente, no existe un concepto de dignidad humana para un sujeto que en una determinada relación asume la posición de consumidor y un concepto diferente para cuando no califica como consumidor. El concepto de dignidad humana excede al de consumidor, pues se refiere a la totalidad de las personas humanas.

 

Lo que se quiere significar con esto es que si un procedimiento -en este caso el secuestro prendario- no es violatorio de la dignidad humana cuando se aplica a un comerciante -por ejemplo- tampoco podría serlo cuando se lo aplica a un consumidor, porque la dignidad humana no admite grados. Recuérdese que la C.S.J.N.[29] ha admitido que el trámite de secuestro prendario es constitucionalmente válido, lo que permite sostener sin temor a equívocos que a través del mismo no puede violarse la dignidad humana.

 

Dicho de otra manera, no puede juzgarse que el secuestro prendario respeta la dignidad de las personas según el carácter que ocasionalmente tengan en una determinada relación jurídica. Decimos ocasionalmente porque una misma persona puede ser consumidor en una relación jurídica y no serlo en otra. Entonces, cabe preguntarse: ¿puede sostenerse que el secuestro prendario implica un trato indigno para el ser humano si el automotor prendado está destinado a uso particular pero que, en cambio, no implica violación alguna a la dignidad humana si el mismo automotor estuviera destinado a ser utilizado como taxi o para hacer fletes? La respuesta negativa se impone.

 

Asimismo, en el art. 1098 del C.C.C.N. también reglamenta el art. 42 de la C.N., en cuanto se refiere a la obligación de trato equitativo, vinculándolo principalmente con la no discriminación. Este artículo establece que “Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio…”.

 

Tampoco compartimos la afirmación de que el secuestro prendario pueda implicar un trato inequitativo para los consumidores. En esta línea, Lorenzetti[30] nos recuerda que el trato equitativo -a que obliga la norma constitucional- es la contracara de la prohibición del trato discriminatorio, conforme lo mencionan muchas legislaciones en forma específica. Por ello, también se ha afirmado que el trato equitativo se enmarca en el principio de igualdad y a la prohibición de discriminación entendida como toda distinción que no tenga una justificación objetiva y razonable[31]. En los casos en que se aplique el secuestro prendario a una relación de consumo, es claro que no se podrá alegar la existencia de un trato discriminatorio en perjuicio de los consumidores, pues esta figura es aplicable en igualdad de condiciones cuando estamos frente a una relación de consumo que cuando no se trata de este tipo de vínculo.

 

Como se observa, la referencia que en el fallo se hace a la violación del trato digno y equitativo a que tienen derecho los consumidores, carece de fundamento. Sólo se utiliza esta frase de manera dogmática, sin siquiera intentar explicar de manera precisa en qué consistiría el trato indigno o discriminatorio.

 

VI. Colofón [arriba] - 

 

A modo de conclusión, señalamos que en nuestro criterio no existe ninguna norma que permita sostener fundadamente que el trámite especial de secuestro prendario resulte inaplicable a las relaciones de consumo. Entendemos que la legislación de fondo y la procesal (como el art. 195, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, por ejemplo) otorgan mecanismos suficientes para evitar cualquier posible violación de derechos de los consumidores, para los hipotéticos supuestos en los que los acreedores autorizados a recurrir a este trámite realicen una aplicación abusiva de esta herramienta.

 

Como lo hemos explicado, no puede descartarte la aplicación de figuras contractuales o institutos del derecho civil y comercial a las relaciones de consumo so pretexto de realizar interpretaciones armonizadoras que carecen de un claro sustento legal. Tampoco puede sostenerse dogmáticamente la violación de los derechos al trato digno y no discriminatorio de los consumidores sin analizar el contenido de dichos derechos, a la luz de las directrices establecidas por el C.C.C.N, en cuanto se remite a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. La dignidad humana del consumidor debe ser respetada y de ello no hay dudas, pero no debe perderse de vista que dicha dignidad es la misma que la de aquellas personas humanas que no son consumidores en una relación jurídica determinada, pues el aludido concepto de dignidad no admite grados. Entonces, si el trámite de secuestro prendario no resulta violatorio de la dignidad humana de un comerciante, forzoso es concluir que no podría serlo respecto de un consumidor.

 

Finalmente, nos parece oportuno cerrar este artículo señalando que debe evitarse que el justo y necesario avance que viene experimentando el régimen de protección al consumidor termine avasallando al resto de las figuras o institutos del derecho civil y comercial tradicional. En esta línea, resultan acertadas las palabras del Dr. Guardiola, expresadas en el voto en minoría del fallo comentado, cuando advierte que hay que evitar que el diálogo de fuentes consagrado por los arts. 1 y 2 del C.C.C.N. se termine transformando en un monólogo del derecho del consumidor.

 

 

 

 

 

Notas [arriba] - 

 

[1] Para un análisis más detallado remitimos al lector a Morinigo, Fernando Gabriel, “Ejecución Prendaria Extrajudicial”, Revista Argentina de Derecho Empresario, IJ Editores, año 2013, N° 13, pág. 163.
[2] Villegas, Carlos Gilberto, Las Garantías del Crédito, segunda edición actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, T. I, pág. 34.
[3] El art. 39 de la L.P.R. se remite al art. 585 del Código de Comercio. Con motivo de la derogación de este código, debe entenderse que actualmente la remisión lo es al art. 2229 del Código Civil y Comercial de la Nación.
[4] Cfr. Barbier, Eduardo Antonio, Litigiosidad en la Actividad Bancaria, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 480. Zavala Rodríguez, op. cit., pág. 355. Podetti tenía una posición crítica del trámite del secuestro prendario, ya que consideraba que se debió autorizar a los acreedores comprendidos en el art. 39 de la L.P.R. a iniciar dicho trámite para proceder a la “ejecución directa” otorgándoseles la facultad de solicitar a la policía el secuestro del bien prendado (Podetti, Tratado de las ejecuciones, t. VII, actualizado por Guerrero Leconte, Buenos Aires, 1968, n. 228, pág. 417, citado por Cámara, Héctor, Prenda con registro o hipoteca mobiliaria, segunda edición, EDIAR, Buenos Aires, 1984, Pág. 544).
[5] Gómez Leo, Osvaldo R. y Coleman, María del Carmen, Nueva ley de Prenda con registro (decreto 897/95) comentado y anotado, Depalma, Buenos Aires, 1996, pág. 111.
[6] Cfr. Rouillon, Adolfo A. N. (Direc.), Alonso, Daniel F. (Coord.), Código de Comercio Comentado y Anotado, Ed. La Ley, T. I, pág. 1166. Casadío Martínez, Claudio Alfredo, Créditos con garantía real en los concursos, Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 136.
[7] Morinigo, Fernando Gabriel, “El campo de aplicación del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y su inaplicabilidad al secuestro prendario”, Revista de Derecho Comercial y de los Negocios, n° 5, oct. 2012 y “El secuestro prendario y el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Un trámite especial no comprendido en la fijación legal de competencia”, ED 244-636.
[8] Cfr. Muguillo, Roberto A., Prenda con registro, Decreto ley 15.348/46 y su reglamentación, texto ordenado según decreto 897/95, comentado anotado y concordado, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 259.
[9] Farina, Juan M., “Ejecución de prenda con registro por las entidades financieras”, ED 121-842, pág. 844.
[10] Ibid.
[11] Cfr. Muguillo, op. cit., pág. 255. Heredia, Pablo, Tratado Exegético de Derecho Concursal, Ley 24.522 y modificatorias. Comentada, anotada y concordada, Ábaco, Buenos Aires, 2000, T. 1, pág. 590. Moia, Ángel Luis y Prono, Patricio Manuel, “La prenda con registro y su realización”, en Alonso, Daniel F., Ejecución en materia comercial y empresarial, Títulos, La Ley, Buenos Aires, 2011, T. II, pág. 606. Casadío Martínez, op. cit., pág. 135.
[12] Como podría ser la falta de registro de los pagos realizados por el deudor, lo que la lleva a registrar una deuda inexistente.
[13] En este sentido, se resolvió que cuando el acreedor prendario dispone directamente el remate de los bienes prendados conforme al art. 39 de la L.P.R., la nulidad de la subasta y demás reclamos del deudor no pueden ventilarse por vía de incidente en el expediente del secuestro prendario, sino que debe hacérselo por vía ordinaria (C.N.Com., Sala A., 18/3/1958, “Banco de Londres y América del Sud c. Blanco Rodríguez, Alonso”, LL 92-365).
[14] J.Civ.Com. y Minas Nro. 2 de Mendoza, 16/10/1998, “Compañía Financiera Luján Williams S. A. c. Polak, Esperanza R.”, LL Gran Cuyo 2001, 144.
[15] Fernández – Gómez Leo, op. cit., pág. 509; Casadío Martínez, op. cit., pág. 142.
[16] C.S.J.N., 21/2/1958, “Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Luis Viale”, Fallos 240:66, 67. Ver también, Cámara de Apelaciones de Mercedes, JA, 1995-II, pág. 177.
[17] C.S.J.N., Fallos: 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 306:136; 319:3148, entre muchos otros. En la causa “Nación Argentina v. Lorenzo y Nicanos Amaya” (Fallos 199:389) ha expresado el Alto Tribunal que “las ejecuciones administrativas, sobre la base de una convención libremente pactada, y con fundamento, además, en razones de conveniencia y utilidad pública… han sido admitidas por la jurisprudencia de esta Corte –conf. Fallos 139, 259; 178, 337; 184, 490; 190, 63 entre otros”.
[18] C.N.Com., Sala D, 7/8/2009, “Schenfel, Jorge Ricardo c. Citibank N.A. s/Ordinario”.
[19] Gómez Leo y Coleman, “Prenda con registro”, RDCO 1995-B, 301.
[20] En este sentido, Cámara encontró justificado el otorgamiento de este beneficio a las entidades financieras porque “la garantía y apoyo del Estado a dichas organizaciones, hace pensar que no abusarán de sus privilegios; por otra parte, la mayor liberalidad con que otorgan sus créditos los entes previstos por el art. 5°, inc. 1° de la ley 12.962 -plazo, tasa de interés, etc.- requiere correlativamente ventajas singulares, que le permitan lograr una restitución inmediata en caso de incumplimiento, sin necesidad de acudir a los trámites judiciales, siempre largos y onerosos”. Cámara, op. cit., págs. 541/2.
[21] Cfr. Zavala Rodríguez, Carlos Juan, Código de Comercio y Leyes Complementarias, Ediciones Depalma, Bueno Aires, 1967, T. III, Pág. 355.
[22] Cfr. Alegria, Héctor, “Las Garantías Autoliquidables”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni, año 1997, T. II, Pág. 163. Sobre la posibilidad de que esta norma pueda dar lugar a abusos, la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial expresó que “…si bien es cierto que la posibilidad de recurrir al procedimiento de la venta extrajudicial puede llevar en ciertos supuestos, a la comisión de abusos, esta potencial desviación no conlleva necesariamente un perjuicio para el deudor. Máxime cuando aquel cuenta a fin de obtener reparación a las garantías de defensa y propiedad, con el remedio del art. 553 del Código Procesal” (Dictamen 100.174, “Schenfel, Jorge Ricardo c. Citibank N.A. s/Ordinario”, del 1/4/2008; dictamen N° 62.641, “Deutsche Bank Aktiengesellschaft Simmttot SRL s/Concurso preventivo s/Secuestro” del 4/7/1990).
[23] C.S.J.N., 4/7/2017, “HSBC Bank Argentina S .A. c/ Gutiérrez, Mónica Cristina”, Fallos 340:905.
[24] Como podría ser en los casos de prenda de automotores destinados a uso particular.
[25] Cfr. C.S.J.N., 18/10/2006, “Ford Credit Compañía Financiera S.A. c. Novoa, Jorge Carlo”, Fallos 329: 4352. Allí la Procuradora Fiscal subrogante -en opinión que la Corte compartió- dijo: “…no se demuestra que el agravio que acarrea la privación del uso del automotor secuestrado no pueda ser subsanado por medios procesales adecuados —a los que el demandado no recurrió— que se hallan expresamente regulados en la legislación procesal (arts.195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Así lo pienso, por cuanto la acción instaurada (secuestro prendario) es un procedimiento de naturaleza cautelar que se agota con el cumplimiento de la medida, y sus efectos pudieron modificarse a través de otra medida de igual naturaleza que pudo ejercitar el reclamante (y no hizo) en el proceso ordinario habilitado expresamente por la legislación, asegurando de tal manera los derechos propios y los del acreedor, máxime teniendo en cuenta que tales medidas conforme la normativa procesal se conceden en supuestos como los invocados por el apelante (ver artículos 204 y siguientes del código ritual)”.
[26] Tévez, Alejandra N. y Souto, Maria Virginia, “Trato indigno y daño punitivo…”, LL 2016-C, 638.
[27] Alposta, María Soledad, en Tambussi, Carlos E. (Dirección), Ley de Defensa del Consumidor, 1ra. Ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2017, pág. 98.
[28] Ekmekdjian, Miguel Ángel, “El valor de la dignidad y la teoría del orden jerárquico de los derechos individuales” en Los valores en la Constitución Argentina, Coord. Germán Bidart Campos, citado por Muler, Germán, “Trato digno al consumidor…”, Cita Online: AR/DOC/2608/2016.
[29] C.S.J.N., Fallos 329: 4352 y 240:66.
[30] Lorenzetti, Ricardo Luis, Consumidores, segunda edición actualizada, Santa Fe, Rubinzal – Culzoni Editores, 2009, pág. 149.
[31] Alposta, op. cit., pág. 99
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