El secuestro prendario frente al régimen de protección al consumidor. Comentario al fallo "Fiat

I. Introducción [arriba] -

Motiva el presente trabajo la necesidad de analizar lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, en la sentencia de fecha 2 de febrero de 2017, dictada en la causa “Fiat Crédito Cía. Financiera SA c. De Natale, César L. s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)”. En la mencionada sentencia, por mayoría, se resolvió que el trámite especial previsto en el art. 39 del decreto-ley 15.348 -ratificado por la ley 12.962- (Ley de Prenda con Registro, en adelante “L.P.R.”), comúnmente denominado secuestro prendario, es inaplicable a las relaciones de consumo.

Adelantamos desde ya nuestro desacuerdo con lo resuelto por la mencionada Cámara. En nuestro criterio, no existen fundamentos legales, ni mucho menos constitucionales, que permitan sostener válidamente la inaplicabilidad del trámite de secuestro prendario a las relaciones alcanzadas por el régimen protectorio del derecho del consumidor.

En este trabajo se analizarán especialmente los argumentos utilizados por los votos que conformaron la mayoría en la sentencia antes aludida, a fin de intentar demostrar su desacierto.

II. El caso en comentario [arriba] -

En el caso que motiva este artículo Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. promovió un secuestro prendario a fin de hacerse de la posesión de un automotor de propiedad de una persona humana, el Sr. De Natale. Una vez realizada la diligencia de secuestro, el Sr. De Natale se presentó y realizó un planteo de nulidad y de inhabilidad de título. Teniendo en cuenta la calidad de las partes, el Sr. De Natale solicitó que se presuma la existencia de una relación de consumo, a la que le resultaría aplicable la normativa protectoria del consumidor.

En primera instancia se desestimó el planteo realizado por el presunto consumidor, ya que este tipo de proceso excluye toda posibilidad de participación del deudor, remitiéndolo expresamente a la vía ordinaria. Dicha sentencia fue recurrida por el Sr. De Natale y revocada por la Cámara mediante el fallo que se comenta.

El primer voto emitido fue el del Dr. Castro Durán, quien comenzó señalando que la acción fue entablada por una entidad financiera, respecto de la cual no podía dudarse de su carácter de proveedora, contra una persona humana, con el objeto de obtener el secuestro de un automotor prendado. A la luz de las condiciones de las partes el vocal preopinante concluyó que en el caso existían elementos serios que hacían presumir fundadamente la existencia de una relación de consumo. En virtud de esta presunción, también concluyó que al caso le resultaba aplicable la ley 24.240. El Dr. Castro Durán hizo hincapié en que este plexo normativo contiene normas de orden público, inderogables por los particulares, por las que se reglamenta un derecho constitucional (art. 42 CN).

Aludiendo a una “interpretación armonizante” del art. 39 de la L.P.R. con la ley 24.240, concluyó que el primero de éstos no resulta aplicable a las relaciones de consumo. Sostuvo que dicha afirmación se funda en que aplicar el secuestro prendario a una relación de consumo colocaría al consumidor o usuario en una situación de tamaña desigualdad, que tornaría ilusoria la tutela brindada por la ley 24.240. Ello debido a que, a través de este trámite, la entidad financiera podría secuestrar y subastar extrajudicialmente el bien prendado, sin que el consumidor o usuario tenga la menor oportunidad de ser oído. Según el Dr. Castro Durán, tal posibilidad conferida al proveedor, resultaría “lesiva del trato digno y equitativo al consumidor o usuario en la relación de consumo, previsto en los art. 8 bis de la ley 24.240 y 42 de la Constitución Nacional”.

El segundo voto emitido corresponde al Dr. Volta, el que adhirió al voto del Dr. Castro Durán, destacando que, como regla, no encontraba reparo alguno al trámite de secuestro prendario, sin intervención del constituyente de la prenda. Sin embargo, al presumir que en el caso se estaba frente a una relación de consumo, concluyó que “…de confirmarse la solución adoptada por el sentenciante de grado se estaría convalidando un mecanismo a través del cual, se elude el régimen de tutela al consumidor constitucionalmente establecido (art. 42 de la C.N.), a través de la aplicación aislada de una normativa que regula un derecho accesorio, y por tanto subordinado al principal”.

La minoría estuvo conformada por el voto del Dr. Guardiola. Este vocal comenzó por poner sobre relieve su especial preocupación por el avance de interpretaciones jurídicas que tienden a otorgar una preeminencia a algunas fuentes particulares del derecho por sobre el resto. Con una claridad elogiable y que justifica una cita textual, el Dr. Guardiola dijo que las aludidas interpretaciones son proclives a “…convertir el diálogo de fuentes consagrado expresamente por los arts. 1 y 2 del CCCN en un monólogo de alguna de ellas, particular y especialmente el derecho del consumidor. Que el ordenamiento jurídico es un todo orgánico y sistemático que debe ser interpretado en clave consumeril y ambiental (arts. 41 a 43 CN) no significa que se trate de una sinfonía de esas solas notas, a costa de prerrogativas y garantías del derecho comercial y los derechos reales”.

Entre otros argumentos, el Dr. Guardiola destacó también su coincidencia en sobre la necesidad de una tutela judicial efectiva de los derechos de la parte débil, pero señaló que “esa prevención, no debe ser enarbolada cuando no existe ningún elemento siquiera indiciario serio de su ocurrencia o de que se conculque el derecho de defensa para cercenar un procedimiento ejecutorio legalmente previsto y convencionalmente pactado”.

III. El secuestro prendario. La naturaleza del proceso. El rol del deudor. Derecho de defensa en juicio [arriba] -

De manera previa al análisis de los fundamentos del fallo en comentario, realizaremos una breve referencia a las principales características del trámite especial de secuestro prendario[1]. En este sentido, comenzaremos señalando que el secuestro ha sido definido como aquella medida “por la cual se desapodera a una persona de un bien sobre el cual se litiga o sobre el cual existe un privilegio especial válidamente constituido o un embargo judicial”[2].

Por su parte, el art. 39 de la L.P.R. prevé en favor de ciertos acreedores (entidades financieras o bancarias, como así también el Estado y sus reparticiones autárquicas) el derecho a solicitar a un juez la expedición de una orden de secuestro de los bienes pignorados, a efectos de proceder a su venta en los términos del art. 2229 del Código Civil y Comercial de la Nación[3] (C.C.C.N.).

Recuérdese que el referido art. 2229 del C.C.C.N. autoriza al acreedor, ante la mora del deudor, a proceder a la venta de los bienes prendados y a imputar los fondos así obtenidos al pago de la deuda garantizada. Esta venta la realiza directamente el acreedor sin intervención judicial.

En el caso de la prenda común o con desplazamiento ello no ofrece mayor dificultad, ya que la cosa prendada se encuentra en poder del acreedor, quien de esta forma puede venderla y entregarla al eventual adquirente del bien.

Por el contrario, en el caso de la prenda con registro o sin desplazamiento, si bien los acreedores mencionados en el art. 39 de la L.P.R. también tienen derecho a la venta extrajudicial de los bienes prendados, éstos no tienen el bien en su poder. Como los acreedores no pueden recuperar la cosa por sí mismos, tienen la necesidad de recurrir a un juez para solicitar que se expida una orden de secuestro de los bienes y su entrega al acreedor[4].

Como se observa, este trámite no es más que una vía instrumental y la "misión del juez concluye con la entrega de los bienes al acreedor para su enajenación extrajudicial"[5]. El trámite no importa la iniciación de una ejecución judicial[6], pues ni siquiera es técnicamente un litigio[7].

La actividad jurisdiccional es extremadamente limitada, pues se acota a la mera comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida de secuestro y su diligenciamiento[8]. Una vez entregados los bienes al acreedor el objeto procesal del secuestro prendario queda agotado.