La Responsabilidad Social Empresaria como posible fuente de Responsabilidad Civil de las Sociedades

I. Breves notas introductorias

Resulta indiscutible en la actualidad que la empresa es vista no sólo como un ente que persigue esencialmente un fin de lucro, sino que además se la considera como una suerte de actor moral, de la que también la sociedad civil espera un comportamiento que atienda los intereses de otros actores que están igualmente vinculados con su actividad, en especial, trabajadores, clientes, consumidores, proveedores, etc.[1]

Así, en el marco del derecho societario, en particular, de las sociedades cotizantes, se evidencia una fuerte dicotomía entre la creación de valor como objetivo exclusivo de la gestión empresarial, de lo cual deriva que sólo los dueños del capital son los beneficiarios directos de la actividad de la sociedad (esto es, los “shareholders”), y la responsabilidad social corporativa, que se basa en la atención de otros grupos conectados a la actividad empresarial, como los anteriormente señalados (“nonshareholders“ o “stakeholders”)[2].

Así es como en los últimos años se han formulado criterios de conducta corporativa, a los que han adherido múltiples entidades de diversos países, principalmente los miembros de la Unión Europea. Entre las principales iniciativas pueden mencionarse el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que promueve implementar diez principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en diversas áreas de la empresa[3]; las Resoluciones del Consejo de la Unión Europea relativas a la responsabilidad social de las empresas[4] y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que contienen principios y normas para una conducta empresarial responsable[5].

Los principios de la responsabilidad social empresaria son aplicables a todo tipo de organizaciones, v.gr. autoridades gubernamentales, organizaciones de la comunidad (sindicatos, universidades, etc.) y al ciudadano común, ya que al igual que los empresarios, todos ellos tienen obligaciones con la sociedad. En el ámbito de las organizaciones privadas el análisis se centra fundamentalmente en la empresa, cuya forma jurídica natural es la sociedad comercial[6].

Es por ello que seguidamente se analizarán los principales aspectos de la relación entre la responsabilidad social empresaria y el derecho de sociedades.

II. La responsabilidad social empresaria y el derecho de sociedades

El punto de partida del análisis de los principales aspectos referidos a la relación entre la responsabilidad social empresaria y las sociedades comerciales consiste en destacar que la implementación de políticas y de acciones de responsabilidad social corporativa es, al menos en la mayoría de los sistemas jurídicos comparados, de carácter voluntario y facultativo. Así, las empresas que la ponen en práctica y la difunden lo hacen sobre la base de su propia decisión.

Sin embargo, comienzan a observarse ciertas opiniones doctrinarias referidas a la conveniencia de convertir a la responsabilidad social empresaria en un deber legal, en especial,de las sociedades cotizantes. A lo anterior cabe agregar que en algunos pocos ordenamientos jurídicos se han dictado normas que transforman la responsabilidad social empresaria en obligatoria para ciertas empresas.

Lo anterior conduce a analizar de qué modo esta temática se enmarcaría en el contexto del derecho de sociedades, quién o quiénes serían los obligados al cumplimiento de esas políticas, y en su caso, quiénes serían los beneficiarios con interés legítimo para reclamar a la sociedad en caso de incumplimiento.

En este sentido, el primer aspecto, y sin dudas el más relevante, se refiere a la directa relación que se presenta entre la responsabilidad social corporativa y el interés social.

Más allá de las diversas conceptualizaciones del interés social, lo cierto es que esta noción permite delimitar las conductas permitidas y prohibidas, toda vez que la actuación en contra del interés social es sancionada, con diverso alcance, por la normativa societaria.

En particular, los administradores sociales deben ejercer sus cargos fundamentalmente con lealtad y diligencia. La determinación del alcance del concepto del interés social resulta relevante entonces para determinar quién o quiénes son los destinatarios de esos deberes.

Así, para algunos autores la incorporación de nuevos grupos de intereses incluidos en la concreción de la responsabilidad social incide sobre la cuestión fundamental de cuál es el propósito de toda sociedad cotizada como empresa. De acuerdo con esas opiniones, asistiríamos a una afectación incuestionable de este instituto, puesto que junto a la mera consideración de los intereses de los accionistas como núcleo del interés social se añade la de los heterogéneos grupos que resultan beneficiarios de una actividad socialmente responsable. De este modo, se estaría en presencia de una nueva visión del interés social más amplia, entendido no sólo como el que resulta común a los socios, sino el que aúna, al lado de esa finalidad, las aspiraciones de los stakeholders, en un grado o medida difícil de precisar a priori[7].

Para estos autores, el órgano encargado de la implementación de las políticas de responsabilidad social corporativa es el directorio, y ello así por cuanto el deber de lealtad de los administradores sociales tiene directa vinculación con el interés social.

En este contexto, resulta relevante puntualizar que en algunos ordenamientos jurídicos comparados se ha desarrollado un nuevo concepto de interés social, al que se ha denominado interés social “iluminado” o “lustrado” ("enlightened shareholder value").

La construcción del interés social iluminado consiste en añadir al deber de lealtad de los administradores sociales, entendido como el deber de promover el éxito de la compañía, una relación de intereses distintos a los del socio, que los administradores deben tener en cuenta en el desempeño de su cargo[8]. Pueden encontrarse ejemplos de este instituto en el derecho del Reino Unido[9] y en el derecho portugués[10], entre otros.

Sin embargo, esta nueva conceptualización del interés social en modo alguno altera ni modifica el régimen de las obligaciones de los administradores y de sus eventuales responsabilidades. No surge de ello ningún deber a favor de otros sujetos que no sean la propia sociedad y sus accionistas.

Por el contrario, otros autores sostienen que la responsabilidad social empresaria no afecta ni altera el concepto de interés social, sin perjuicio de lo cual ningún problema conlleva para los administradores una gestión socialmente responsable cuando ésta cuenta con el respaldo de los intereses de los accionistas. Para estos autores, la decisión de la implementación de políticas de responsabilidad social corporativa es facultad de la asamblea, por lo que una actuación autónoma de los administradores a la hora de llevar adelante iniciativas o programas de responsabilidad social sin, o contra, del acuerdo de la asamblea podría justificar la correspondiente acción de responsabilidad[11].

En cualquier caso, surge otro interrogante igualmente relevante para el presente análisis, consistente en determinar cuáles serían las eventuales consecuencias del incumplimiento de las políticas de responsabilidad social anunciadas por una sociedad.

Si se adoptara la primera de las posturas enunciadas, esto es, si se vinculara a la responsabilidad social empresaria con el interés social, podrían quedar habilitadas acciones de responsabilidad contra los directores basadas en el incumplimiento de esas políticas. Nótese a este respecto que los sistemas jurídicos comparados que han incorporado el concepto de interés social “iluminado” expresamente prevén como obligación de los administradores sociales la atención de intereses de los stakeholders, más allá del interés de