El sobreendeudamiento del consumidor y la protección de su derecho de propiedad.

Autor: Rossi, Jorge O.

Fecha: 22-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12338-AR | MJD12338

Sumario:

I. Introducción. II. Dignidad personal y derecho de propiedad desde la perspectiva del deudor-consumidor. III. El «contenido de la propiedad» en la Constitución Nacional y los tratados de jerarquía constitucional. IV. La protección constitucional del derecho de propiedad del consumidor / deudor. V. Sobreendeudamiento de consumidor y lesión a la dignidad personal. VI. Un ejemplo reciente de afectación al contenido mínimo de la propiedad del deudor. VII. Conclusiones.

Doctrina:

Por Jorge O. Rossi (*)

I. INTRODUCCIÓN

En una economía de crédito como la actual, el endeudamiento de los consumidores es una situación cotidiana y normal (1). Sin financiación y / o diferimiento de pago, se hace difícil o directamente imposible la adquisición de múltiples bienes y servicios.

El sistema de comercialización de bienes y servicios induce al endeudamiento, y esto en ocasiones desemboca en el sobreendeudamiento (2) de deudores de buena fe.

Nos encontramos así con casos donde se evidencia la tensión entre un proveedor / acreedor de buena fe (3) que pretende cobrar su crédito y cuyo patrimonio merece protección y un consumidor / deudor de buena fe (4) sobreendeudado cuyo patrimonio también merece protección.

Lo anterior nos lleva a indagar sobre las características y contenido del derecho de propiedad, con especial atención en la figura del deudor-consumidor de buena fe.

II. DIGNIDAD PERSONAL Y DERECHO DE PROPIEDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL DEUDOR-CONSUMIDOR

En la Constitución Nacional, el derecho de propiedad está mencionado en los arts. 14 , 17 y 75, inc. 17 .

El art. 14 consagra el derecho de los habitantes de la nación de usar y disponer de su propiedad. El art. 17 declara que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.

El art. 75, inc. 17, reconoce a «los pueblos indígenas argentinos» la «posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan».

En este trabajo, nos ocuparemos de los arts. 14 y 17, referidos a todos los habitantes de la nación, en tanto que el art. 75, inc. 17, se aplica a un grupo específico y, además, utiliza la palabra «propiedad» en un sentido similar a «dominio», por lo menos, en cuanto se refiere exclusivamente a cosas inmuebles («tierras»).

Del texto de los arts.14 y 17 surge que cierto objeto llamado «propiedad» goza de protección constitucional, pero en dichos artículos no se nos define dicho objeto. Es decir, la Constitución Nacional no brinda una definición de «propiedad», sino que establece que ésta es «inviolable», y que los habitantes podemos usarla y disponer de ella.

Ahora bien, para determinar si existe lesión al derecho de propiedad, primero necesitamos precisar el contenido de ese derecho.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se refirió al mismo en época temprana. Por ejemplo, en «Mango c/ Traba» (5) expresó que la propiedad «comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad». En dicho precedente, se declaró la inconstitucionalidad de la Ley 11.318 que prorrogaba el término de las locaciones.

Ese concepto fue reiterado y ampliado en «Bourdié c/ Municipalidad de la Capital» (6), al expresarse lo siguiente: «El término propiedad (…) comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativo (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad».

Sin embargo, ya por la misma época, el Máximo Tribunal estableció limitaciones a este derecho, en el caso Ercolano (7), decidido en 1922, donde se declaró la constitucionalidad del art. 1 de la Ley 11.157 que prohibía cobrar, durante dos años contados desde su promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos, destinados a habitación, comercio o industria, un precio mayor que el que se pagaba por los mismos a fecha 1 de enero de 1920.

La Corte expresó lo siguiente:«En principio, la determinación del precio es una facultad privativa del propietario, un atributo del derecho de usar y disponer de sus bienes y un aspecto de su libertad civil», pero, que «… existen sin embargo circunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella es explotada, justifican y hacen necesaria la intervención del Estado en los precios».

Nos detenemos en estos casos para destacar lo siguiente: «En todos se discutían limitaciones al derecho del locador, pero mientras que en dos de ellos se protegió al locador /acreedor, en otro el protegido fue el locatario / deudor. En este último caso, uno de los argumentos fue «la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público (8) y por las condiciones en que ella es explotada» (9).

En el ejemplo de la locación de inmuebles con destino a vivienda, nos encontramos con «dos derechos de propiedad enfrentados»: el del locador y el del locatario. Utilizando la definición de la Corte antes transcripta, existen dos conjuntos de «intereses apreciables» en conflicto.

Por otra parte, nos parece claro que con la expresión «intereses apreciables», la Corte se refiere a los derechos de contenido patrimonial. Los derechos extrapatrimoniales quedan fuera del concepto «propiedad» y son protegidos por otras normas constitucionales. Es en este sentido que lo utilizaremos, sin desconocer otras interpretaciones (10).

Desde otro punto de vista, el derecho de propiedad se concibe tradicionalmente como una garantía de abstención estatal. Dicho de otra manera, la preocupación tradicional era que el Estado no «quite propiedad» a los privados, vía confiscación.

De hecho, si concebimos un Estado neutral o prescindente, solo podemos pretender una garantía de abstención.Del esfuerzo y la habilidad de cada uno dependerá mantener, aumentar o reducir su propiedad frente a los demás.

Sin perjuicio de lo anterior, también puede concebirse al derecho de propiedad como una «garantía de acción estatal», es decir, el derecho de propiedad implicaría un correlativo deber estatal de preservar la propiedad. Esto nos lleva a la necesidad de avanzar aún más respecto del contenido de la «propiedad».

III. EL «CONTENIDO DE LA PROPIEDAD» EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL

Si se compara el decimonónico art. 17 de la CN con el art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948 y los dos primeros incisos del art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969), encontraremos similitudes evidentes:

Constitución Nacional:

Art. 17: «La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie».

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Art. 17: «1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente».

»2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad».