Reflexiones sobre las virtualidades de la Obligación de Seguridad en nuestro Derecho

Reflexiones sobre las virtualidades de la Obligación de Seguridad en nuestro Derecho


Lidia M. R. Garrido Cordobera


1. La buena fe y la obligación de seguridad [arriba] -


En todos los ordenamientos afines a la tradición jurídica ibérica, la “buena fe” se reconoce como un principio de derecho, lo que supone con su utilización la continua renovación de la comunicación entre los valores éticos y los formales e institucionales del Derecho.


Veremos que muchas veces la “buena fe” aparece para completar una norma o para adecuar un resultado que, de otro modo, no permitiría la captación de la realidad, se alega el contenido del negocio jurídico, la seguridad del tráfico, la protección de la confianza, el deber de información, el riesgo de empresa, los derechos del consumidor y hasta criterios económicos.


En consonancia, para Nicolau, la buena fe es un principio general del derecho[1] que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, donde tienen su fuente otros principios ordenadores de la vida jurídica, tales como el principio de confianza, y los principios que fundamentan la teoría del abuso de derecho, la doctrina de los propios actos, la teoría de la lesión subjetiva-objetiva, la teoría de la imprevisión y los despliegues más significativos de este principio se encuentran en el negocio jurídico, especialmente en el negocio contractual, aunque, por supuesto, rigen en cualquier relación jurídica.


Se sostiene que la "buena fe" es un principio general y hay que recordar que los principios jurídicos a diferencia de las normas son “contenido” en oposición a “forma”, por lo tanto puede haber unicidad de contenido y diversidad de funciones según su aplicación concreta (esto se ve en el diferente trato normativo), pero también la “buena fe” suele ser considerada un “principio problemático” llamado a actuar en cada momento de la interpretación.


Recordemos que el contrato tiene un fin ético y social y no es solo un instrumento de realización de intereses económicos, que tiene una dimensión distinta que debe conllevar a la realización del progreso económico, ético y social de las comunidades.


El principio de cooperación o de solidaridad no desaparece ni siquiera frente al comportamiento antijurídico y el deber de corrección, en la etapa del incumplimiento, impone el deber de evitar el aumento de los daños para el deudor; de limitar, en la medida de lo posible, los daños cuya reparación deberá soportar el incumpliente.


Creemos, como nos dice Betti, que la “buena fe” entra en juego aún en la “fase patológica” del incumplimiento, en la que ya no se trata de satisfacer las recíprocas expectativas de las partes, y por lo tanto, la “buena fe” ya no puede jugar con función positiva, como compromiso de cumplir. Pero, sin embargo, sigue existiendo un contacto entre las dos esferas de intereses del acreedor y del deudor; el acreedor, aún cuando queden insatisfechas sus expectativas -como consecuencia de las vicisitudes sobrevinientes-, no puede comportarse como en “estado de guerra” con el deudor y conducirse de tal manera que aumente el daño del incumplimiento, desinteresándose de las consecuencias perjudiciales que su indiferencia produce en la esfera de los intereses de la otra parte.


También, es importante el reconocer en la buena fe una suerte de poder de creación de obligaciones que exceden las nacidas del contenido expreso del contrato y esos deberes implícitos exigen a las partes desplegar conductas que garanticen la indemnidad de las personas o bienes con motivo de la ejecución del contrato, se han generado exigencias de conducta traducidas en deberes complementarios del deber de prestación que implican un notorio ensanchamiento del ámbito de la responsabilidad contractual.[2]


Señalan acertadamente que estos deberes de protección no son patrimonio exclusivo de la etapa de cumplimiento, sino que también abarcan la etapa de formativa -deberes de información y aclaración- y de celebración del contrato, el mantenimiento del principio del equilibrio prestacional, la claridad en la redacción de las cláusulas negociales, etc.[3]


La doctrina reconoce que emana fundamentalmente del principio de la buena fe, especialmente de su “función integradora de las lagunas del negocio; no obstante, decíamos que también puede estar presente en forma expresa, por la decisión privada de las partes (autonomía de la voluntad) o directamente por una disposición legal (arts. 5 y 6 Ley N°24.240, o ex art. 184 Cód. Com.). Por el standard jurídico de la buena fe, este deber viene a integrarse con el resto de las obligaciones emergentes del negocio, sea por derivación de su contenido expreso (convencional o legal) o tácito. No hay acuerdo, no obstante, acerca de su categorización como deber de medios o de fines; o si existe en todo tipo de contratos o únicamente en aquellos en que está involucrada la integridad de las personas y de las cosas


La doctrina, en general conceptúa a la obligación de seguridad como un deber calificado de fuente contractual, expreso o implícito, funcionalmente autónomo de los deberes primarios o típicos del negocio, emanado de la buena fe y cuya finalidad es preservar la indemnidad de las personas y la incolumidad de las cosas.[4]


Vemos que la obligación de seguridad puede surgir del contenido expreso del negocio; esto es, ser prevista expresamente por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 959 C.C.C.); o estar también expresamente contemplada en la normativa legal que regula el negocio típico celebrado (arts. 1289 inc. c); 142 Código Aeronáutico; 5 y 6 Ley N° 24.240; 75 L.C.T., etc.) o bien derivar del contenido tácito del contrato, como derivación de la función jurígena de la buena fe (art. 9,749, 961, 991,1061 C.C.C.).


El crédito a la seguridad es un deber funcionalmente autónomo respecto de los deberes primarios o típicos del contrato[5], a pesar de algunas opiniones que sostienen su condición de obligación accesoria y es el deber calificado que tiene por finalidad preservar la indemnidad de las personas y la incolumidad de las cosas y se justifica a partir del reconocimiento de la existencia de deberes de conducta que exceden del propio y estricto deber de prestación y cuya utilidad radica en evitar que el comportamiento sea fuente de perjuicios para las partes.[6]


Parte de la doctrina entiende que la obligación tácita de seguridad, puede en algunos casos ser de medios, sugiriendo, como criterio el atender a la mayor o menor aleatoriedad del resultado de indemnidad comprometida; sin embrago, nosotros opinamos que por la importancia de los bienes en juego sobre todo vida y salud de las personas y su finalidad protectiva es de resultado.


Ossola señala que la obligación tácita de seguridad ha dejado de ser implícita y que ahora se encuentra expresamente receptada con carácter general para todas las relaciones jurídicas en razón de lo establecido en los arts. 1710 y 55 C.C.C.[7]


Para Meza, Boragina y Agoglia, habrá que determinar en cada caso la naturaleza objetiva (de fines) o subjetiva (de medios) del crédito a la seguridad, indagándose previamente si se encuentra previsto expresamente en la ley para el tipo de contrato celebrado y cuál ha sido la calidad asignada por el texto legal.[8]


La finalidad fue siempre propender a la evitación de todo daño que pudiere resultar, no solo del incumplimiento de los deberes principales del negocio, sino la de ensanchar el contenido del contrato, a fin de posibilitar la satisfacción íntegra de la utilidad esperada por las partes, la que no se alcanzaría si, a pesar de satisfacerse el objeto negocial, cualquiera de ellas sufriera daños como consecuencia de los actos de ejecución.


Recordemos una de nuestras viejas ponencias en los Congresos de Daños de la ABBA[9], donde decíamos que dado el avance tecnológico y las características de la sociedad actual, se viene acentuando tanto en la doctrina como en la Jurisprudencia, el auge como factor de atribución de daños del deber de seguridad, sea ya en su aplicación como obligación tácita de seguridad acompañando a otras obligaciones que aparecen como obligación principal de los contratos, o bien surgiendo directamente de una disposición legal siempre reconociéndole el carácter de autónomo.