La importancia de los Registros de Infractores.

La dinámica diaria y constante del hombre, su actuación en sociedad en todos los órdenes, produce datos que pueden entenderse como información concreta sobre hechos, elementos, etc., lo cual permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos.


Muchas veces, el dato no tiene sentido en sí mismo, sino que se utiliza en la toma de decisiones a partir de un procesamiento adecuado y teniendo en cuenta su contexto. Desde dicha perspectiva, los datos se consideran como una expresión mínima de contenido respecto a un tema, situación o conjunto de factores.


También el dato nos sirve para un conocimiento exacto de algo, o para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. En otra acepción o sentido, se asimila al dato como documento o testimonio.


Debemos tener en cuenta que un conjunto de datos relacionados y debidamente procesados constituye una información, la cual permite la adquisición de determinados conocimientos o circunstancias, que en definitiva nos permite ampliar o precisar lo que se conoce sobre una materia determinada.


La información, compuesta de datos en conjunción, nos enseña algo que no sabíamos. Nos muestra algo que no conocíamos. Es que el dato aislado, puede no contener por sí solo aspectos relevante para conformar una información.


Los datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se convierten en información que nos permite su uso para tomar decisiones, considerar situaciones y reducir la incertidumbre provocada por la ignorancia, porque el dato proporciona justamente conocimiento y, junto con ello, mayor certeza. Lo dicho conlleva una sistematización de los datos que genera información en un determinado sentido.


Ello es así dado que quien conoce la información y quiere darle un sentido determinado para los fines que persigue, va encontrado las relaciones que le son más útiles y relevantes para lograr sus objetivos.


A partir del almacenamiento de la información sistematizada en base a determinados parámetros, aquella comienza a ser clasificada, almacenada y gestionada para su recuperación, consulta y posterior uso. Es lo que conocemos como bases de datos.


Las mismas pueden ser estáticas (utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para determinados fines,) o dinámicas (los datos se actualizan y editan, por lo que la base varía en su contenido en el tiempo, dando información en tiempo real).


En definitiva, estamos ante un conjunto de información que sobre una determinada materia se ha conseguido recopilar y que puede ser utilizado por todos aquellos que puedan acceder para tal fin a dichas bases.


Conformar una base de datos implica, en cierto modo, anotar o consignar un cierto dato, independientemente del soporte que se adopte (papel, digital, etc.). Así se constituye un registro, entendido como un listado, documento o padrón donde constan la anotación, incorporación o toma de razón de determinadas informaciones.


Ese registro se gestiona desde la estructura u organización que se le dio, en base a la sistematización adoptada y la base de datos creada en consecuencia. En la medida en que dicho registro se institucionaliza, se lo estructura bajo una organización, se le asignan fines y competencias, y se dictan las normativas procedimentales pertinentes para permitir su adecuado funcionamiento, de acuerdo con la complejidad que ostenten las operatorias registrales y los fines que persiga el registro de que se trate.


Puede decirse, desde esta óptica, que las facetas primordiales en el tema bajo trato, son la organización, registro, procesamiento, recuperación y difusión de la información.


Planteada esta introducción, queríamos adentrarnos someramente, en esta oportunidad, en la temática vinculada con los Registros de Infractores a la normativa nacional o provincial, en su caso, de protección y defensa de los consumidores y usuarios, a fin de ver su importancia, funciones y cómo puede optimizarse su dinámica y gestión por las autoridades competentes.


I. La ley 24.240 de Defensa del Consumidor.


1.

En función de la facultad sancionatoria puesta de manifiesto en el artículo 47 de la ley 24.240 (en adelante, LDC)[1], conforme la modificación operada por el artículo 21 de la ley 26.361, se prevén las sanciones de:


a) apercibimiento.

b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).

c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días.

e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las mismas se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso.[2]


En consonancia con ello, el artículo 49 versa sobre la aplicación y graduación de dichas sanciones[3], y entre los criterios a tener en cuenta figura la reincidencia, debiéndose considerar reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de cinco (5) años.


Dichos criterios o parámetros contenidos en el artículo 49, constituyen los aspectos reglados que la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta para ejercer la discrecionalidad que le asigna el artículo 47 para ejercer la facultad sancionatoria en la materia.[4] Para Wajntraub, se prevé un sistema de aplicación y graduación de sanciones en el que se deja a criterio de la autoridad de aplicación la función de imponer las penas en el caso concreto, sobre la base de ciertas pautas que deberán ponderarse en cada situación fáctica.[5]


Como afirma Farina, la reincidencia es siempre agravante y la misma, así como los otros criterios expuestos en el texto legal, deben ser considerados respecto de cualquier infracción a las disposiciones de la LDC, ya que, si la reincidencia sólo operara respecto de una nueva infracción a la misma norma, difícilmente un infractor sería considerado un reincidente.[6]


La reincidencia requiere de una condena previa del proveedor sancionado que se encuentre firme al momento de imponerse una nueva sanción.[7]