October 14, 2019

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La importancia de los Registros de Infractores.

August 3, 2018

La dinámica diaria y constante del hombre, su actuación en sociedad en todos los órdenes, produce datos que pueden entenderse como información concreta sobre hechos, elementos, etc., lo cual permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos.

 

Muchas veces, el dato no tiene sentido en sí mismo, sino que se utiliza en la toma de decisiones a partir de un procesamiento adecuado y teniendo en cuenta su contexto. Desde dicha perspectiva, los datos se consideran como una expresión mínima de contenido respecto a un tema, situación o conjunto de factores.

 

También el dato nos sirve para un conocimiento exacto de algo, o para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. En otra acepción o sentido, se asimila al dato como documento o testimonio.

 

Debemos tener en cuenta que un conjunto de datos relacionados y debidamente procesados constituye una información, la cual permite la adquisición de determinados conocimientos o circunstancias, que en definitiva nos permite ampliar o precisar lo que se conoce sobre una materia determinada.

 

La información, compuesta de datos en conjunción, nos enseña algo que no sabíamos. Nos muestra algo que no conocíamos. Es que el dato aislado, puede no contener por sí solo aspectos relevante para conformar una información.

 

Los datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados se convierten en información que nos permite su uso para tomar decisiones, considerar situaciones y reducir la incertidumbre provocada por la ignorancia, porque el dato proporciona justamente conocimiento y, junto con ello, mayor certeza. Lo dicho conlleva una sistematización de los datos que genera información en un determinado sentido.

 

Ello es así dado que quien conoce la información y quiere darle un sentido determinado para los fines que persigue, va encontrado las relaciones que le son más útiles y relevantes para lograr sus objetivos.

 

A partir del almacenamiento de la información sistematizada en base a determinados parámetros, aquella comienza a ser clasificada, almacenada y gestionada para su recuperación, consulta y posterior uso. Es lo que conocemos como bases de datos.

 

Las mismas pueden ser estáticas (utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para determinados fines,) o dinámicas (los datos se actualizan y editan, por lo que la base varía en su contenido en el tiempo, dando información en tiempo real).

 

En definitiva, estamos ante un conjunto de información que sobre una determinada materia se ha conseguido recopilar y que puede ser utilizado por todos aquellos que puedan acceder para tal fin a dichas bases.

 

Conformar una base de datos implica, en cierto modo, anotar o consignar un cierto dato, independientemente del soporte que se adopte (papel, digital, etc.). Así se constituye un registro, entendido como un listado, documento o padrón donde constan la anotación, incorporación o toma de razón de determinadas informaciones.

 

Ese registro se gestiona desde la estructura u organización que se le dio, en base a la sistematización adoptada y la base de datos creada en consecuencia. En la medida en que dicho registro se institucionaliza, se lo estructura bajo una organización, se le asignan fines y competencias, y se dictan las normativas procedimentales pertinentes para permitir su adecuado funcionamiento, de acuerdo con la complejidad que ostenten las operatorias registrales y los fines que persiga el registro de que se trate.

 

Puede decirse, desde esta óptica, que las facetas primordiales en el tema bajo trato, son la organización, registro, procesamiento, recuperación y difusión de la información.

 

Planteada esta introducción, queríamos adentrarnos someramente, en esta oportunidad, en la temática vinculada con los Registros de Infractores a la normativa nacional o provincial, en su caso, de protección y defensa de los consumidores y usuarios, a fin de ver su importancia, funciones y cómo puede optimizarse su dinámica y gestión por las autoridades competentes.

 

I. La ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

 

1.

En función de la facultad sancionatoria puesta de manifiesto en el artículo 47 de la ley 24.240 (en adelante, LDC)[1], conforme la modificación operada por el artículo 21 de la ley 26.361, se prevén las sanciones de:

 

a) apercibimiento.

b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).

c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días.

e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las mismas se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso.[2]

 

En consonancia con ello, el artículo 49 versa sobre la aplicación y graduación de dichas sanciones[3], y entre los criterios a tener en cuenta figura la reincidencia, debiéndose considerar reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de cinco (5) años.

 

Dichos criterios o parámetros contenidos en el artículo 49, constituyen los aspectos reglados que la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta para ejercer la discrecionalidad que le asigna el artículo 47 para ejercer la facultad sancionatoria en la materia.[4] Para Wajntraub, se prevé un sistema de aplicación y graduación de sanciones en el que se deja a criterio de la autoridad de aplicación la función de imponer las penas en el caso concreto, sobre la base de ciertas pautas que deberán ponderarse en cada situación fáctica.[5]

 

Como afirma Farina, la reincidencia es siempre agravante y la misma, así como los otros criterios expuestos en el texto legal, deben ser considerados respecto de cualquier infracción a las disposiciones de la LDC, ya que, si la reincidencia sólo operara respecto de una nueva infracción a la misma norma, difícilmente un infractor sería considerado un reincidente.[6]

 

La reincidencia requiere de una condena previa del proveedor sancionado que se encuentre firme al momento de imponerse una nueva sanción.[7]

 

2.

Precisamente, a los efectos de poder evaluar los antecedentes del infractor, la reglamentación del artículo 49 de la LDC, aprobada por decreto 1798/94, dispone la creación del Registro Nacional de Infractores a la ley 24.240, que funcionará de acuerdo con las reglamentaciones que dicte la Autoridad de Aplicación. Su funcionamiento resulta fundamental para poder apreciar la reincidencia de los sancionados.[8]

 

En orden a dilucidar quien ejerce las funciones de administración y gestión del Registro, cabe poner de manifiesto, en primer término, que la resolución 400/94, emanada de la entonces Secretaría de Comercio e Inversiones, dispuso que el referido Registro Nacional de Infractores a la ley 24.240 funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Comercio Interior, de dicha Secretaría.

 

A posteriori, la resolución 1297/97 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería estableció, en su artículo 3°, que el Registro Nacional de marras se gestionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Comercio Interior de dicha Secretaría.

 

La Decisión Administrativa 193/2016, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción (art. 2°). En virtud de ello, puede apreciarse que la Dirección de Actuaciones por Infracción, dependiente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Subsecretaría de Comercio Interior, dependiente a su vez de la Secretaría citada, tiene como Responsabilidad Primaria “Entender en el desarrollo de las acciones vinculadas con las actuaciones por infracción a las Leyes 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial, 20.680 de Abastecimiento, 24.240 de Defensa del Consumidor y 25.065 de Tarjetas de Crédito, sus normas modificatorias y complementarias” (Anexo II)-

 

En ese orden de ideas, la recordada Dirección tiene entre sus Acciones a cargo, la de “Administrar el Registro Nacional de Infractores, previsto en el Artículo 49 del Anexo I al Decreto 1.798 de fecha 13 de octubre de 1994, reglamentario de la Ley N° 24.240”.

 

A raíz de ello, se dicta la resolución 165-E/2017 de la Secretaría de Comercio, por la cual, en virtud de las disposiciones de la D.A. 193/16-JGM, se decide:

 

a) Delegar en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Comercio Interior, el contralor y la vigilancia sobre el cumplimiento de las Leyes 24.240 y 25.065 y el Título I de la ley 26.993 y de sus decretos y demás normas reglamentarias, así como el juzgamiento en sede administrativa de las infracciones y la aplicación de las sanciones que correspondan, la certificación de acta poder a los fines de la acreditación de mandato prevista en el Artículo 53 de la Ley N° 24.240, y la organización, constitución y contralor de los tribunales arbitrales previstos en el Artículo 59 de la ley mencionada en último término (art. 2°).

 

b) Derogar la resolución 1.233 de fecha 19 de noviembre de 1997 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (art. 7°).

 

No obstante, al aprobarse la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Producción por Decisión Administrativa 313/18-JGM, si bien la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, dependiente en forma directa de la Secretaría de Comercio, tiene entre las acciones asignadas la de “Coordinar las acciones vinculadas con la aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor”, no figura, al menos expresamente asignada a su cargo, la administración del Registro Nacional de Infractores, ni tampoco a cargo de las Direcciones que le dependen (la Dirección de Protección Jurídica del Consumidor[9] y la Dirección Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo -COPREC-).

 

3.

De lo hasta aquí expuesto, podemos apreciar que el Registro de Infractores se estructura como una base de datos que con una adecuada sistematización de la información incorporada al mismo (tipo y contenido de la sanción, resolución firme y consentida que la dispone, autoridad administrativa interviniente, fecha de la misma, identificación del infractor, todo ello detallado por cantidad de sanciones, rubro comercial en el que se desempeña aquel, etc.), constituye una importante herramienta en función de los distintos fines que se puede postular que persigue dicho Registro.

 

Ello es así, toda vez que a priori pueden advertirse varias finalidades que surgen del adecuado mantenimiento del mismo:

 

a) la ponderación de la reincidencia en la aplicación y graduación de sanciones, en función de la información que brinde el registro;

 

b) la difusión y posibilidad de acceso del público a la información contenida en el registro, a fin de poder apreciar la conducta y el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por el marco normativo del consumo por parte de los proveedores.

Ello permite contar con información sumamente útil a los efectos de defender los intereses económicos del consumidor, y poder elegir así a proveedores que a priori muestran un respeto y un cumplimiento razonable de los deberes a su cargo en la materia.

 

A nuestro humilde juicio, dicho Registro debiera ser público y de fácil acceso para la comunidad[10], ya que no sólo permite acceder a la información en el sentido al que nos hemos referido supra, sino que genera un verdadero control social sobre la conducta de los proveedores, de modo de plantear un efecto disuasivo doble: por un lado, la creciente comisión de infracciones en el tiempo hará más gravosas las condiciones de aplicación y graduación de infracciones futuras y, por el otro, el conocimiento público de dicha información opera también como un control disuasivo del universo de consumidores, ya que aquellos proveedores que reiteradamente incurren en infracciones al marco normativo de referencia, no sólo podrán ser identificados acabadamente, sino que dicha circunstancia puede llegar a repercutir de modo negativo en el giro de su actividad, ante la opinión negativa que surja a su respecto desde el sector demandante de bienes y servicios en el mercado.[11]

 

También es deseable que, en virtud del funcionamiento del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), se puedan interconectar las diferentes bases de datos que sustentan la infraestructura de los Registros de Infractores provinciales, amén del Registro Nacional, de modo de poder converger en una base integrada única con información consolidada de todo el territorio.[12]

 

Cabe tener en cuenta que una de las funciones del Consejo es la “Unificación de criterios, políticas y acciones sobre los temas que atañen a la defensa del consumidor”[13], motivo por el cual también es dable alentar que la conformación de los parámetros de datos que nutren la base de cada registro sea lo más compatible posible entre sí, de modo de poder potencializar la interconexión de información antes aludida.

 

Finalmente, deseamos también que la base de datos citada se nutra de los registros de similar índole de infractores de las otras normas que conforman el Estatuto del Consumidor (ley 19.511 de metrología legal, ley 22.802 de Lealtad Comercial, etc.), a fin de contar con un sistema de información completo, eficiente, veraz, y accesible siempre tanto a las autoridades competentes como al público en general, a fin de alcanzar más acabadamente los objetivos que venimos proponiendo, sin perjuicio de los mecanismos de publicidad establecidos por el artículo 47 de la LDC.

 

II. Algunas normativas provinciales en la materia

 

II.1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).[14]

 

Por decreto Nº 248/001 (BOCBA 1152 del 14/03/2001) se crea el Registro de Infractores a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, Comercio Interior y Coordinación de Políticas al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico (art. 1°).

 

El Registro tendrá la función de servir de soporte informativo a la Autoridad de Aplicación de la LDC de la CABA, y tendrá como objetivo proveer la información necesaria[15] a fin de determinar si el infractor es reincidente en los términos del artículo 49, segundo párrafo, de la LDC, lo que incidirá en la aplicación y graduación de las sanciones que se dicten en virtud de la normativa aplicable (ART. 2°).

 

Se consideran infractores a todas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor mediante resolución de la Autoridad de Aplicación que se encuentre firme en sede administrativa o judicial (art. 3°).

 

II. 2. Provincia de Buenos Aires.

 

Atento las disposiciones de los artículos 59 y 77 de la ley 13.133 (Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios), el decreto 1986/06 (B.O. 25.483 del 30/08/06) crea el Registro de Infractores a la Ley del Consumidor y del Usuario, el que funcionará en la Dirección Provincial de Comercio dependiente de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, dónde se registrarán las sanciones impuestas a los infractores a la Ley Nacional 24.240 y la Ley Provincial 13.133, cometidas en el territorio provincial, el que será considerado a dichos fines como única jurisdicción (art. 1°).

 

A su vez, los Municipios deberán enviar a través de cualquier medio fehaciente, copia de las sanciones impuestas en forma mensual, las que deberán incluir todos los datos identificatorios de las partes y de las causas, debiendo dar cumplimiento al envío en el transcurso de la última semana de cada mes (art. 2°). Los datos serán volcados en el Registro de Infractores, y el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección Provincial de Comercio, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 24.240 y de la Ley Provincial N° 13.133, tendrá amplias facultades para instrumentar la implementación y la permanente actualización de dicho Registro.

 

II.3. Provincia de Córdoba.

 

La resolución 2/2018 (B.O. 23/04/2018), emanada de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, crea el Registro de Infractores a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Córdoba, en el ámbito de la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba (art. 1°).

 

Su función será la de servir de soporte informativo a la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240 de la Provincia de Córdoba, y tendrá como objetivo proveer la información necesaria a fin de determinar si el infractor es reincidente en los términos del artículo 49, segundo párrafo, de la LDC, lo que incidirá en la aplicación y graduación de las sanciones que se dicten en virtud de la normativa aplicable (art. 2°).

 

Conforme al Anexo de la Disposición 2/18, el registro provincial estará constituido por un soporte material y electrónico; el cual será de carácter público.

 

En dicho registro, se deberá dejar constancia del nombre y denominación social de toda persona física o jurídica en los términos del artículo 2 de la ley 24.240 que fuere sancionada por la autoridad de aplicación de las leyes 24.240, 22.802 y resoluciones reglamentarias y la ley 19.511 de metodología legal; tipo de sanción aplicada, monto de la multa, especificación de clausura en su caso, fecha de la misma, estado actual del trámite recursivo.

 

El soporte material del Registro se hará en un libro foliado, rubricado por la autoridad de aplicación, en el cual obrarán cronológicamente todas las resoluciones que impongan sanciones de las mencionadas en el artículo que precede.

 

A los fines de la eliminación del mencionado registro del carácter de infractor de un proveedor de bienes y/o servicios, regirá el plazo previsto en el artículo 49 segundo párrafo de la ley 24.240, siempre y cuando no vuelva a ser sancionado dentro del plazo previsto en la norma citada; dicha eliminación podrá ser de oficio o a instancia de parte interesada. Igualmente, también operará para el caso de que por sentencia judicial así se ordene.

 

II.4. Provincia de Catamarca.

 

La ley 5069 (B.O. 21/05/2002), al adherir a los términos de la ley 24.240 de protección al consumidor, demás normas concurrentes y concordantes, leyes 19.511, de metrología legal, 20.680 de abastecimiento, 22.802 de lealtad comercial y 25.156 de defensa de la competencia, estipula que el Ministerio de Producción y Desarrollo, a través de la Dirección Provincial de Industria, Comercio y Promoción Industrial o el organismo que en el futuro lo reemplace, será autoridad de aplicación de las leyes nacionales citadas en jurisdicción provincial (arts. 1° y 2°).

 

Entre las facultades y atribuciones de la autoridad de aplicación, se encuentra la de “Crear, ordenar y mantener actualizados los registros provinciales de asociaciones de consumidores, de infractores y de árbitros de consumo” (art. 4°, inciso a).

 

Concordantemente, por el artículo 6° de la ley, se crea el Registro Provincial de Infractores en concordancia con lo dispuesto por la ley nacional 24240, el que ajustará su funcionamiento a las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo provincial al respecto.

 

II. 5. Provincia de Jujuy.

 

La ley 5992 (B.O. 23/12/16), consagra el Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, estableciendo que la autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades y atribuciones otorgadas por la LDC, podrá “Crear, organizar y mantener actualizado un Registro Provincial de Infractores, el que tendrá carácter público” (art. 3°, inciso l).

 

Por tanto, se dicta luego la resolución 214/2016 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción (B.O. 17/04/2017) por la cual se crea el Registro de Infractores a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor de la Provincia de Jujuy.

 

El mismo tendrá la función de servir de soporte informativo, y tendrá como objetivo proveer la información necesaria a fin de determinar si el infractor es reincidente en los términos del artículo 49, segundo párrafo, de la Ley 24.240, lo que incidirá en la aplicación y graduación de las sanciones que se dicten en virtud de la normativa aplicable.

 

Conforme a su artículo 4°, el Registro deberá contener la información que a continuación se detalla:

 

a) Razón Social del Infractor si se tratare de una persona jurídica y nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad si fuere una persona física; Clave Única de Identificación Tributaria, domicilio real o legal según correspondiere y actividad comercial desarrollada.

b) Número de Expediente en el que recayó la sanción.

c) Número y fecha de la resolución sancionatoria emanada de la Autoridad de Aplicación competente, tipo de sanción, monto en los casos de multa, y el encuadramiento legal de la sanción impuesta.

d) Si no se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, fecha en que la resolución ha quedado firme en sede administrativa.

e) Si el infractor ha dado cumplimiento a la multa impuesta, a las publicaciones ordenadas o si ha sido pasible de ejecución judicial.

 

II.6. Provincia de Mendoza.

 

En esta jurisdicción, la Dirección de Defensa del Consumidor depende de la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.[16]

 

En su área de competencia, la Dirección se encuentra actualmente trabajando en la institución de un Registro Público de Infractores a las leyes Nº 5.547 y Nº 24.240 (provincial y nacional, respectivamente), de defensa de los consumidores.

 

De este modo, los consumidores podrán conocer cuáles son las empresas que fueron sancionadas por la Dirección de Defensa al Consumidor provincial. Se encuentra disponible en la página institucional de la misma[17], donde figura el CUIT, la razón social, el nombre de fantasía, y la cantidad de sanciones aplicadas al mismo. También cuenta con un buscador de proveedores en función de los parámetros enunciados.

 

De este modo, se busca que el registro oriente al consumidor a la hora de comprar o realizar alguna contratación, de tal forma que pueda conocer previamente cuáles son aquellas empresas que no cumplieron la normativa. Se persigue el empoderamiento del consumidor, al poder éste apreciar cuál es en el tiempo la conducta del proveedor.

 

Esta base de datos, que se actualizará permanentemente, le permitirá a la Dirección en cuestión y a los consumidores en general constatar quiénes son reincidentes en sus conductas comerciales irregulares. No incluirá únicamente información local sino que estará vinculado con las distintas direcciones de Defensa al Consumidor de todo el país, para brindar una información de mayor calidad. También constarán allí cuáles son los rubros más denunciados.[18]

 

II.7. Provincia de Chubut.

 

Por ley provincial 4219, la provincia adhirió a la ley 24.240, a los fines de la plena vigencia y aplicación en su ámbito de la citada norma, en lo que fuere materia de competencia provincial, correspondiendo que las autoridades provinciales y municipales ajusten su obrar a las previsiones de la ley provincial (art. 1°).

 

La misma es reglamentada por decreto 896/98, disponiendo su artículo 6° la creación del Registro Provincial de Infractores a la ley provincial 4219 y sus modificatorias, y su decreto reglamentario, que funcionará de acuerdo con las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación.[19]

 

El punto XVIII del artículo 5° de dicha norma (Procedimientos y Sanciones), establece que para la resolución del procedimiento sancionatorio se evaluará la existencia o no de antecedentes del sistema de Registro de Infractores.

 

II.8. Provincia de Salta.

 

Por ley 7402, la provincia establece “el procedimiento para la efectiva implementación en el ámbito de la provincia de Salta de los derechos de los consumidores, reconocidos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, disposiciones modificatorias y complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la Autoridad Nacional de Aplicación” (art. 1°).

 

Entre las facultades y atribuciones de la Autoridad de Aplicación de la ley de defensa del consumidor[20], se cuenta la de “crear, promover, organizar y mantener actualizado un Registro Provincial de Infractores” (art. 2°, inciso j).

 

En ese mismo sentido, el art. 25, segundo párrafo, dispone que “La Autoridad de Aplicación confeccionará un registro actualizado con acceso público, de resoluciones condenatorias firmes, divulgándose entre las Asociaciones Provinciales de Defensa del Consumidor, Municipios, y Organizaciones no Gubernamentales que los requieran”.

 

En el artículo 46, también se encuentra prevista la toma de razón pertinente en el Registro Nacional de Infractores.

 

II.9. Provincia de La Rioja.

 

A través de la ley 8416, se regula la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, previéndose en el Título VII (Prevención y Resolución de Conflictos en el ámbito administrativo), Capítulo IV, el procedimiento administrativo para las normas de aplicación.

 

En ese contexto, a los efectos del cumplimiento de la resolución dictada, el artículo 42 de la normativa sub examine prevé que la resolución definitiva deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley 24.240, modificatorias y normas reglamentarias. A tal efecto, deberá ser dictada dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, debiéndose evaluar para ello la existencia o no de antecedentes en el Registro de Infractores.

 

Consecuentemente, el artículo 43 dispone que, a los fines del cumplimiento del artículo 42°, la Autoridad de Aplicación creará el Registro de Infractores, cuyo funcionamiento reglamentará la Función Ejecutiva.

 

III. Idea Final

 

Tal como hemos desarrollado a nivel nacional y de modo somero a nivel provincial, se evidencia que la adecuada implementación de un Registro de Infractores a la normativa atinente a la defensa de los consumidores y usuarios, no sólo es una herramienta de suma utilidad a los fines del adecuado ejercicio de la facultad sancionatoria por parte de la autoridad de aplicación, sino que además, constituye una forma de empoderamiento de la ciudadanía, al permitirle acceder a información valiosa sobre la performance de los proveedores en el tiempo, respecto de su voluntad de respetar y acatar las prescripciones contenidas en el Estatuto del Consumidor.

 

Ello, a su vez, posibilita un control con doble efecto disuasivo. Por un lado, a mayor cantidad de infracciones, la reincidencia consecuente elevará la gravedad de las sanciones, y, asimismo, el carácter público del Registro potencia un control social que influirá en la elección de determinados proveedores en detrimento de otros, que han incumplido la norma y no generan en el mercado la suficiente confianza para ser elegidos por los consumidores a fin de satisfacer sus necesidades de bienes y servicios.

 

Resulta fundamental la gestión del Registro de Referencia, lo que implica: a) una adecuada elección de los parámetros informativos que conformarán el procesamiento de la base de datos, dándole valor y utilidad a la misma en razón de lo valioso de su contenido, y b) una labor constante de actualización de la base, a través del ingreso permanente de datos a la misma, a fin de poder brindar a funcionarios y público en general, datos certeros y actuales.

 

Esta última faceta de la registración se potenciará en la medida en que se interconecten e intercambien información de las bases de datos de los Registros de Infractores de todo el país y, además, se explore la posibilidad de integrar los diversos Registros de Infractores de las principales normas que integran el marco normativo del consumo.

 

Como toda matriz de información, consideramos que es un valioso instrumento para conocer la realidad y decidir medidas y acciones que optimicen las políticas públicas aplicadas en el sector, evaluando y monitoreando los resultados de la aplicación de las mismas.

 

 

 

 

(*) Abogado (UBA). Magíster en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca (Campus Madrid), España. Posgrados en Gestión y Control de Políticas Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil (FLACSO, sede Argentina). Programa de Actualización Discapacidad y Derechos (Facultad de Derecho, UBA). Profesor de Grado y Posgrado en diversas Casas de Altos Estudios. Autor y coautor de obras jurídicas y artículos en revistas y portales jurídicos. Expositor y participante de Congresos, Seminarios y Jornadas, todo ello sobre temáticas de su especialidad (Contratos, Responsabilidad Civil, Derecho del Consumidor, de la Salud y Discapacidad).

 

 

[1] Señalan Bru y Rusconi que no parece propio de las competencias legislativas locales la regulación de las sanciones en materia de infracciones al Estatuto del Consumidor, ya que esa potestad se entiende delegada por las provincias al gobierno federal (conf. Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional). Lo que corresponde es que las provincias hagan remisión al régimen sancionatorio previsto en la LDC. Si cada provincia estableciera su propio régimen de sanciones, se afectaría la uniformidad y la seguridad jurídica que debe caracterizar a todo régimen sancionatorio (Ver Bru, Jorge M. y Rusconi, Dante D., Función Administrativa de Control, Prevención y Juzgamiento de Infracciones, en Rusconi, Dante D., Manual de Derecho del Consumidor, pp. 791-792, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015).

 

[2] En opinión de Mosset Iturraspe, las sanciones tienen un propósito disuasorio y la LDC persigue de este modo establecer un mínimo de disciplina y de criterios de observancia obligatoria para el poder público, estableciendo deberes de los administrados que, violados, ameritan la aplicación de las correspondientes sanciones. Ver Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, pp. 164-165, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1998-.

 

[3] Artículo 49: Aplicación y graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.

Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5) años.

 

[4] Ghersi, Carlos y Weingarten, Celia, Defensa del Consumidor, p. 305, Nova Tesis, Rosario, 2005.

Es interesante lo que señala Junyent Bas respecto de que las pautas del art. 49 LDC constituyen una directriz general aplicable al régimen de responsabilidad pautado en la LDC, ponderándose de manera similar la evaluación del daño punitivo (Junyent Bas, Francisco et al, Ley de Defensa del Consumidor, p.399, Errepar, Buenos Aires, 2013).

 

[5] Wajntraub, Javier H., Protección Jurídica del Consumidor, p. 263, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004.

 

[6] Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y del Usuario, p. 393, Astrea, Buenos Aires, 1995; Wajntraub, op. cit., p. 263; Wajntraub, Javier H., Régimen Jurídico del Consumidor, p. 286, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017; Tambussi, Carlos E. (director), Ley de Defensa del Consumidor, p. 308, Hammurabi, Buenos Aires, 2017. Este último autor señala que la reincidencia no viola el non bis in ídem, porque ese principio veda aplicar doble pena sobre un mismo hecho, y aquí la reincidencia castiga el desprecio hacia la sanción que se había impuesto con anterioridad.

La reincidencia se trata de modo similar al previsto en el art. 16, inc. f) de la ley 757 de la CABA (p. 308).

Ver CCAT CABA, Sala II, 27/5/04, Banco Sudameris c. Ciudad de Buenos Aires, LL On Line, AR/JUR/3649/2004.

Ver también Álvarez Larrondo, Federico M. (director), Manual de Derecho del Consumo, p. 811, Erreius, Buenos Aires, 2017.

Para Bersten, sobre la base del texto original del art. 49 de la LDC, se considera incurso en la situación de reincidente a quien cometa una nueva infracción “de similar naturaleza” a otra por la que hubiera sido sancionado, dentro del plazo legal indicado. VerBersten, Horacio Luis, Derecho Procesal del Consumidor, p. 85, La Ley, Buenos Aires, 2003.

 

[7] Bersten, op. cit., p. 85.

 

[8] Wajntraub, Régimen Jurídico del Consumidor, p. 286. Para el autor, es una cuestión que aún aguarda su materialización.

 

[9] La misma tiene a su cargo el “Realizar las acciones vinculadas con la aplicación de las Leyes Nros. 24.240 de Defensa del Consumidor y 25.065 de Tarjetas de Crédito, y las que le encomiende la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor”, por lo que no aparece expresamente asignada la función ya aludida de administrar el Registro que nos ocupa.

 

[10] Ver Juan, Daniel Antonio, Registro de infractores creado en el marco normativo de la ley de defensa del consumidor. Una herramienta desaprovechada para prevenir daños, DJ 10/10/2012, 99.

Cabe consignar que existe una página web referente a un Registro Nacional de Infractores en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Economía y Finanzas (http://www.renai.consumidor.gob.ar/regnacinf/ingreso.seam), a la cual se accede solamente a través de una clave de usuario y una contraseña, no dando mayores precisiones dicho link acerca del acceso y funcionamiento de dicho Registro.

 

[11] Véase al respecto el Proyecto de Ley S-2469/11, del Senador Pedro Guastavino, disponible en http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2469.11/S/PL.

 

[12] Ver “Defensa del Consumidor avanza en la modernización del Registro Público de Infractores”, Noticia publicada en el portal web de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (https://www.argentina.gob.ar/noticias/defensa-del-consumidor-avanza-en-la-modernizacion-del-registro-publico-de-infractores) el 7 de marzo de 2018.

Precisamente, allí se da cuenta del objetivo del COFEDEC de “implementar un sistema que permita tener información actualizada de las multas impuestas a proveedores en todo el país”. Se busca de este modo impulsar la modernización del Registro Público de Infractores (RENAI), implementando un sistema que permita tener información actualizada de las multas impuestas a proveedores en todo el país.

Se prevé la consulta de funcionarios y público en general y servirá para prevenir conflictos de consumo y planificar políticas activas en la materia.

 

[13] https://www.argentina.gob.ar/produccion/consumidor/cofedec.

 

[14] Resulta de interés traer a colación el Sistema de Información de Denuncias para Consumidores (SIDEC), creado en el ámbito de la CABA por ley 3678. El SIDEC el SIDEC tiene por objeto “sistematizar información y emitir informes sobre las denuncias realizadas, para facilitar la evaluación del desempeño de las empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios de la CABA, por parte de los consumidores y usuarios y publicarlos” (art. 2°).

Los objetivos trazados para la labor propuesta por la norma, son: a) sistematizar información; b) emitir informes elaborados a partir de aquella; c) mediante los mismos, facilitar la evaluación del desempeño de proveedores por parte del universo de los consumidores de la CABA y d) publicar y difundir los informes de marras.

Si bien se basa su estructura en las denuncias formuladas por los consumidores y no en las sanciones firmes y consentidas efectivamente aplicadas, el objeto informar la conducta de las empresas para que el consumidor pueda evaluar a los proveedores, forma parte de la finalidad de ambas herramientas.

El Informe Estadístico Semestral del SIDEC brinda, por ejemplo, información sobre cada rubro de productos y servicios y la cantidad de denuncias efectuadas en los mismos; la cantidad total de denuncias efectuadas por Mes y por Comuna de la Ciudad, durante el Semestre informado; las Empresas más denunciadas y una estadística respecto de la cantidad de denuncias resueltas por conciliación, y las sanciones aplicadas en el período y su cuantía.

Ampliar sobre el tema en Suárez, Enrique Luis, Acerca del Sistema de Información de Denuncias para Consumidores (SIDEC) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 3678), elDial DC1EF8.

El Informe Estadístico del Primer Semestre de 2017 emitido por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor se encuentra disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_sidec_2017.pdf.

 

[15] La información que debe contener el Registro será (cf. art. 4°):

 

a. Razón Social del Infractor si se tratare de una persona jurídica y nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad si fuere una persona física; Clave Única de Identificación Tributaria, domicilio real o legal según correspondiere y actividad comercial desarrollada.

b. Número de Expediente en el que recayó la sanción.

c. Número y fecha de la resolución sancionatoria emanada de la Autoridad de Aplicación competente, tipo de sanción, monto en los casos de multa, y el encuadramiento legal de la sanción impuesta.

d. Si se interpuso recurso de apelación, Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que intervino.

e. Si no se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, fecha en que la resolución ha quedado firme en sede administrativa.

f. Fecha de la sentencia judicial.

g. Sentencia del órgano jurisdiccional confirmando, revocando o modificando la resolución sancionatoria dictada por el órgano administrativo.

h. Si el infractor ha dado cumplimiento a la multa impuesta, a las publicaciones ordenadas o si ha sido pasible de ejecución judicial.

 

[16] http://www.gobierno.mendoza.gov.ar/ministerio.

 

[17] http://www.consumidores.mendoza.gov.ar/registro-publico-de-infractores.

 

[18] Ver Valle, Rubén, Mendoza llevará un registro de los comercios infractores, Diario MDZ del 11 de marzo de 2018, disponible en https://www.mdzol.com/nota/784403-mendoza-llevara-un-registro-de-los-comercios-infractores.

 

[19] Por decreto 1545/2006, modificatorio del artículo 3° de su similar 896/98, se estipula que “La Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente de la Dirección General de Industria y Comercio, Subsecretaría de Desarrollo Económico, Ministerio de la Producción, actuará en la vigilancia, control y juzgamiento de las infracciones previstas por la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley 4.219 en jurisdicción de la Provincia de Chubut”.

 

[20] Por el decreto 417/2007, se instituye en el ámbito del Ministerio de Gobierno, la Secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, la cual es designada como autoridad de Aplicación y con asignación de competencias en la Provincia de Salta de la Ley N° 7.402, Ley Nacional N° 19.511 de Metrología Legal; la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial; y la N° 25.156. Ley de Defensa de la Competencia (cf. arts. 1° y 2°).

Citar: elDial.com - DC2587 

Publicado el 03/08/2018 

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