La protección de los consumidores: Perlitas sobre el desarrollo en los últimos quince años

Durante el transcurso de los últimos cincuenta y cinco (55) años se trató de expandir el derecho del consumidor, principalmente desde el puntapié para esta disciplina que significó el “célebre” discurso de Kennedy dado el 15 de marzo de 1963, donde promovió con sus palabras la protección del débil jurídico.


En concreto, JFK señaló que: “Consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. Dos tercios del gasto total en la economía provienen de los consumidores. Pero son el único grupo importante en la economía que no están organizados eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada. El Gobierno Federal -por su condición el principal portavoz en nombre de todos- tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses.’[1].


Cuánta razón tuvo Kennedy, aunque no haya dicho más que una verdad de Perogrullo, pues consumidores somos todos, aunque algunos se resistan a serlo, sea por no proteger sus derechos a pesar de conocerlos, o sea por sabotearlos, defendiendo para ello los derechos de los poderosos proveedores sin que los vincule ninguna relación de empleo.


Nadie duda que el que es proveedor por su actividad específica, también será consumidor de los bienes y/o servicios que él no fábrica o comercializa (o hasta de esos también, si los busca de otra calidad) y necesita adquirir para vivir en forma regular.


Y cuánta razón tendría el que diga que sin consumidores no habría industrias, comercios, distribuidores, etc., ya que el conglomerado industrial-comercial sustenta su existencia, básicamente, en venderle bienes y/o servicios a los aquellos.


Todo lo dicho colisiona muchas veces con la realidad, ya que los propios consumidores resultan ser sus propios victimarios, con posturas reticentes a hacer valer sus derechos y hasta a reconocerlos.


Y eso puede advertirse en reuniones sociales, en clases que se brindan en materia de grado y/o postgrado[2], en los propios comercios donde no pocos consumidores se enojan y molestan con los usuarios que reclaman por sus derechos, pues, por ejemplo, los hacen demorar ya que la queja “traba” el normal funcionamiento de la línea de caja, etc.


Lo dicho precedentemente es un adelanto, en esta breve Editorial, que tiene por efecto mostrar que resulta fundamental que para que los usuarios sean, en los hechos, protegidos en sus derechos, deben asumir conciencia de su rol, de su importancia, y actuar en forma continua en pos de exigir tanto a los proveedores, como a las autoridades públicas[3], que velen por sus derechos, que los respeten, que actúen en consecuencia adoptando decisiones y medidas que protejan los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, a la dignidad, a la información, a la educación y a la protección de los intereses económicos de los usuarios, como también que puedan acceder sin cortapisas a la adquisición de bienes y servicios, en condiciones de razonabilidad.


Lo señalado nos conduce a entender que pueden dictarse normas, que puede desarrollarse doctrina, que la jurisprudencia puede avalar los derechos de los consumidores, y que hasta las autoridades públicas pueden adoptar medidas operativas (mediante, por ejemplo, la creación de organismos que reciban reclamos, los sustancien y resuelvan) destinadas a la tutela de los usuarios, pero la protección no será real ni efectiva en la medida que los usuarios no aprendan cuáles son sus derechos y no asuman el rol que deben tener en el mundo social, destacándose, tal como lo dijo Kennedy, que consumidores somos todos.


La jurisprudencia podrá dictar fallos tuitivos desde antaño, de hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un lejanísimo 1891 (tan lejano que ninguna de las personas que hoy estamos vivas en la tierra lo estuvo en ese momento, salvo, quizás, alguna no humana y que con caparazón y cuatro patas habite en las Islas Galápagos o en las Seychelles, ya que se tiene noticia que viven en esas islas quelonios que superan los 150 años[4]) dictó el fallo “Deurer” donde nos habló de consumidor, de producto y que tienen que evitarse distorsiones en los nombres de las marcas que confundan a los consumidores[5].


La jurisprudencia, con más o menos bemoles existe. Las normas en materia de Derecho del Consumidor abundan, lo hacen tanto, que contrariando al viejo refrán podría decirse que dañan en la medida que se superpongan, que se contradigan, que se dispersen, que sean difíciles de ser ubicadas y que sobre-informen de modo tal que hagan perder el sentido de la búsqueda de la legislación que se necesita para tutelar los derechos.


Y cuando decimos que sobreabundan las normas, no es una mera referencia abstracta o irónica, sino una realidad. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amén de las normas nacionales aplicables (entre muchas otras la Ley de Lealtad Comercial, 22802; Ley Nacional de Defensa del Consumidor, Nº 24.240; Código Civil y Comercial en cuanto se refiere a la regulación de las Relaciones de Consumo, artículos 1092 a 1122 y concordantes, más la Constitución Nacional, artículo 42 y la Constitución Local, artículo 46), existen según un libro de reciente edición, mas de 60 normas locales[6], al punto tal que en la página 28 de esa obra se distingue un titulo que reza “Prolífica legislación de Defensa del Consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”[7].


El tiempo pasa, los cambios sociales y tecnológicos son la constante, y el derecho (legislación, jurisprudencia y doctrina) debe adaptarse a ello para que su finalidad se cumpla.


Aunque no voy a omitir abordar un tema que desde hace años es motivo de análisis, y es el relativo a la demora judicial en resolver, en muchas ocasiones, las controversias.


Esta es una de las grandes debilidades de la operatividad del Derecho en nuestro país: acciones que demoran años en resolverse, con la consiguiente pérdida de vida de los actores, demandados y letrados en el medio, y con la consecuente retracción del poder adquisitivo del monto reclamado, ello como consecuencia de periodos inflacionarios, devaluaciones, depreciaciones monetarias, etc.


Alguna vez escuché decir a un colega, ya veterano: “empecé estos juicios con 70 kilos, pasaron 10 años y ya pesó 90 y cuando los termine dentro de 5 años mas quizás esté superando los 100”. Y a la inversa: “escuché a otro decir, empecé estos juicios con quinientos mil pelos, pasaron 10 diez años y me quedan cien mil, y cuando terminé el juicio me quedarán como máximo 3 ó 4”.


El tiempo cambia a las personas, cambia sus necesidades, y por eso es esencial que los juicios se resuelvan con celeridad, en lo que llamo tiempo oportuno, es decir cuando la parte necesita, efectivamente, que se le repare el derecho que se le había afectado, ilícita o irregularmente.


El retardo en resolver contraviene el Derecho Humano a una resolución expedita de las controversias judiciales, cuyo objeto es garantizar el derecho de defensa y obtener, en tiempo oportuno, la reparación o resarcimiento de los derechos, ya que justicia tardía no es justicia, y hasta podríamos decir que es lisa y llanamente irrazonable.


Ello así, ya que podrían reintegrarse o repararse los derechos cuando ya no son necesarios, esto en virtud que el actor o beneficiario murió antes de la resolución, o soportó extensos padecimientos durante el periodo que demandó el juicio, o mejoró su fortuna y lo solicitado en la demanda ya no lo necesita.


En este marco de exceso normativo, de nutrida jurisprudencia y doctrina, y de paso del tiempo sin que muchas veces se resuelvan las controversias judiciales, podemos decir que desde que comenzamos este Suplemento hace poco mas de 15 años (publicamos su primer número con un artículo de la pluma del primer colaborador del Suplemento, Walter Gatti, un ya lejano 4 de julio de 2003), la actividad académica, judicial y legislativa en esta materia se ha multiplicado, lo que