October 14, 2019

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Contratos de consumo en el tráfico comercial UE-terceros Estados

Contratos de consumo en el tráfico comercial UE-terceros Estados
 
 

Contratos de consumo en el tráfico comercial UE-terceros Estados

 

Por Ángel Espiniella Menéndez**

 

I. Introducción

 

  1. El análisis de los contratos de consumo vinculados a terceros países no miembros de la UE[1] presenta un especial interés tanto desde una perspectiva económica como jurídica. Económicamente, esta realidad resulta esencial para diseñar las estrategias de internacionalización de la actividad empresarial, ya que es en las relaciones comerciales en terceros Estados en las que se observan mayores obstáculos, mientras que en las relaciones en el EEE las barreras en el mercado minorista cada vez son más reducidas. Máxime cuando es constatable que los estándares de protección del EEE para el destinatario final[2], captado o no, son altos en relación con otros mercados de nuestro entorno.

.  Desde un punto de vista jurídico, el estudio de los contratos de consumo ajenos a la UE también presenta un especial interés, dados los importantes hitos del Derecho europeo en los últimos tiempos tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal[3]. En la dimensión sustantiva, no puede perderse de vista que la armonización de máximos de la Directiva 2011/83[4] origina que las principales divergencias en lo que respecta a la ley aplicable concurran en contratos en los que existe un elemento ajeno al EEE[5]. En la dimensión procesal, debe destacarse que la principal reforma del Reglamento “Bruselas I.bis”[6] (en adelante RB I bis) respecto de los contratos de consumo ha sido precisamente extender su ámbito de aplicación a aquellos supuestos en los que el consumidor tiene su domicilio en la UE y el profesional demandado no posee ni domicilio ni sucursal en ningún Estado miembro (art. 6)[7]. Deben analizarse, pues, su impacto y su relación con las reformas de la legislación española en materia de consumo, principalmente, de la LOPJ[8]. Además, la litigación en materia de consumo en este contexto geográfico es importante dado que los ADRs y ODRs están poco desarrollados en relaciones ajenas al EEE, pues no pueden aplicarse mecanismos de cooperación como la red de Centros Europeos del Consumo, ni la Directiva 2013/11[9], ni el Reglamento (UE) nº 524/2013[10] sobre procedimientos de resolución alternativos celebrados en línea[11].

  1. Lo señalado aconseja prescindir de una estructura expositiva clásica de competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento, para, a partir de un análisis conjunto de estos sectores, ver su impacto en dos hipótesis: profesional en la UE y consumidor en tercer Estado y profesional en tercer Estado y consumidor en la UE[12].

 

II. Profesional en la UE y consumidor en tercer Estado

 

1. La desprotección procesal del consumidor

 

A) La irrelevancia de la captación en tercer Estado

 

  1. En la hipótesis de consumidor residente o domiciliado en tercer Estado, el Derecho de la UE no puede regular la competencia del juez del domicilio del consumidor, al hallarse en tercer Estado. Por ello, ha centrado su atención en la posibilidad de atribuir competencia a los tribunales del domicilio del empresario demandado (art. 18.1 Reg. “Bruselas I.bis” y art. 16.1 Conv. de Lugano)[13]. Si se trata de una empresa de la UE o de la EFTA con sucursales en varios Estados miembros o partes, distintos al de su domicilio, también podrá presentar la demanda ante el tribunal de otro Estado miembro o parte en el que se halle la sucursal que haya gestionado el contrato (= sucursal a cuya explotación se vincula el litigio ex art. 7.5 Reg. “Bruselas I.bis y art. 5.5 Conv. Lug)[14]. En todos estos casos, el Reglamento “Bruselas I” y el Convenio de Lugano se aplican de forma exclusiva y excluyente, sin posibilidad de aplicar las legislaciones nacionales y, en concreto, la LOPJ. Será irrelevante que la legislación nacional contenga otros foros, como son los de oferta publicitaria o personal en España o ejecución en España de los actos necesarios para la celebración del contrato[15].

 

  1. El hecho de que el RB I bis no pueda atribuir competencia a los tribunales del domicilio del consumidor ha originado que el consumidor pasivo protegido por el RB I bis sea únicamente el captado y domiciliado en un Estado miembro[16] -a diferencia de lo que ocurre en el Reglamento “Roma I”[17] (en adelante RR I), sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, que protege también al consumidor captado y residente en tercer Estado[18]-. No obstante, esta delimitación espacial del RB I bis no se ha extendido al consumidor que compra y/o financia mercaderías a plazos [apdos. a) y b) del art. 17.1][19]. Esta situación origina dos problemas:

En primer lugar, la desprotección del consumidor captado y domiciliado en tercer Estado, si bien es comprensible porque tiene su domicilio fuera de la UE, no está tan justificada en lo que respecta a la sumisión a tribunales de Estados miembros. A dicho consumidor se le podría imponer una sumisión abusiva a los tribunales de un Estado miembro, los del domicilio del profesional, como si de un contrato B2B (business to business) se tratase (art. 25 Reg. “Bruselas I.bis”)[20]. Es más, en el marco de la mayoría de los convenios bilaterales firmados por España, la sentencia dictada por el tribunal español podría ser reconocida en el tercer Estado firmante del convenio, dado que no suelen tener cláusulas especiales de protección de consumidores en el momento de solicitar el reconocimiento y ejecución de una sentencia[21]. Esta situación no parece muy lógica tanto por el desequilibrio jurídico-económico a favor del profesional, como por el agravio comparativo respecto del consumidor domiciliado y captado en un Estado miembro o que adquiere bienes muebles a plazos, que sí quedan protegidos siendo ineficaz la sumisión[22]. Para evitar estos efectos perniciosos, resulta obligado extender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el Asunto Océano[23], sobre un caso puramente interno, a supuestos internacionales[24]. De conformidad con esta Sentencia, la sumisión a los tribunales del domicilio del profesional debe considerarse una cláusula abusiva por el importante desequilibrio en los derechos y obligaciones para el consumidor[25]. Será irrelevante a estos efectos que el consumidor sea captado o no, y residente o no en la UE[26], pues esta circunstancia no se contempla en la Directiva 93/13/CE[27]. No obstante, debe reconocerse lo llamativo de declarar abusiva conforme a esta Directiva una cláusula que se ajusta totalmente al tenor literal del RB I bis[28].  

  1. En segundo lugar, en defecto de elección de tribunal, el consumidor de tercer Estado podría ser demandado en un Estado miembro, si la legislación interna contempla foros no protectores o ambivalentes[29], como por ejemplo la realización en el foro de los actos necesarios para la celebración del contrato, que pueden ser utilizados tanto por el consumidor como por el profesional[30]. Pero, además, respecto del consumidor actor, surge una paradoja en la práctica procesal internacional: el consumidor no protegido, es decir, el captado y domiciliado en tercero Estado, dispone a su favor de más foros de competencia en la UE que el consumidor protegido domiciliado en tercer Estado, esto es, el que compra o financia mercancías a plazos. Así, el desprotegido dispone de tres foros: domicilio ex art. 4 del RB I bis , sucursal ex art. 7.5 y lugar de cumplimiento de la obligación ex art. 7.1. Mientras que el protegido dispone de dos foros de competencia: domicilio del demandado ex art. 18.1 o sucursal del profesional ex art. 7.5. Parece perder, pues, la posibilidad de demandar en el Estado en el que se ejecuta la obligación que sirve de base a la demanda[31].

 

B) El silencio sobre el traslado de domicilio del consumidor

 

Además de las circunstancias señaladas, aparecen problemas importantes en relación con el consumidor captado y domiciliado en un Estado miembro que, antes de interponer la demanda, traslada su domicilio a un tercer Estado. Este aspecto ha sido silenciado por el RB I bis , heredado de su antecesor y del Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007[32].Prima facie cabe inferir la determinación del domicilio en el momento de interposición de la demanda, como lo corrobora el uso del tiempo verbal en el RB I bis : “la acción (…) podrá interponerse (…) ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que esté ‑y no “estaba”‑ domiciliado el consumidor”[33]. Ello significaría el que consumidor que traslada su domicilio a un tercer Estado va a perder el derecho a reclamar en el Estado miembro en el que estaba domiciliado en el momento en el que fue captado, y ello a pesar de la proximidad que muestra tal lugar con el objeto del litigio[34]. Cabría, para evitar esta situación, considerar competentes a los tribunales del domicilio del Estado miembro en el que fue captado, como parece derivarse de los antecedentes del RB I bis[35]. Mas, incluso asumiendo la interpretación de estos antecedentes, debe criticarse que se ofrezcan soluciones diferenciadas allí donde la norma literalmente no diferencia. Además, persistiría el problema respecto del consumidor que, aun comprando o financiando a plazos, también había sido captado en su domicilio. En este caso, los antecedentes del RB I bis se refieren al domicilio del consumidor en el momento de interposición de la demanda, y no en el momento de captación. Sin embargo, tanto el profesional como el consumidor podrían tener interés en mantener la competencia del tribunal del domicilio del consumidor en Estado miembro. El profesional, porque ha podido calcular el riesgo de ser demandado en un Estado miembro en el que ejercía o al que dirigía actividades, siendo quizá preferible a ser demandado en un tercer Estado conforme a sus normas procesales, si en ese tercer Estado no tiene actividad alguna. El consumidor, porque dispone de un foro más para demandar que neutraliza el riesgo de que la legislación procesal del tercer Estado no admita este tipo de forum actoris.

 

2. Contradicciones en la normativa sustantiva

 

A) La desprotección del consumidor protegido

 

  1. Como es sabido, la ley rectora del contrato hecho con un consumidor pasivo es la de su residencia habitual, aunque, como en el caso, esté en un tercer Estado[36]. La elección de ley no afectará a las normas imperativas de este Estado que favorezcan al consumidor[37]. Estas soluciones clásicas del RR I deben ponerse en relación con la aplicación de las leyes de Estados miembros, que traspongan la Directiva 2011/83. De esta interesan aquí dos rasgos: por un lado, que parte de una protección más amplia que la del citado Reglamento, que abarca tanto al consumidor captado como al no captado (art. 2.1)[38]; por otro lado, que parte de una protección más alta que muchos ordenamientos del entorno del EEE. Estas premisas generan situaciones paradójicas.

Cabe referirse, así, a la situación de “desprotección del consumidor protegido”: cuando un profesional establecido en la UE capta a un consumidor con residencia en un tercer Estado, con bajos niveles de protección, el profesional puede ser, paradójicamente, el más interesado en aplicar la normativa de consumo del RR I (art. 6), supuestamente protectora para los consumidores. En estos casos, la excepción, es decir, la ley de residencia habitual del consumidor, remite a la ley de un Estado poco desarrollado en esta materia, mientras que la regla general para contratos, esto es, la ley de residencia habitual del profesional europeo y prestador característico, hubiera conducido a estándares de protección europeos mayores. Materialmente, pues, no hay protección al consumidor, aunque sí formalmente, porque la normativa de consumo del RR I se aplica con carácter universal (art. 2), en contraste, por ejemplo, con el RB I bisque, como se ha visto, solo se refiere al consumidor residente en un Estado miembro. En otras palabras, el legislador europeo asume la diferenciación entre justicia conflictual y material. La justicia “teórica” conflictual se predica universalmente respecto de toda parte débil; pero, materialmente, en la práctica, ello implica aplicar regulaciones materiales con menores estándares de protección[39].

En estas circunstancias, al profesional establecido en el EEE no siempre le interesará “imponer” su propia ley en una condición general de la contratación, ya que habrá que tener en cuenta las normas imperativas del tercer Estado de residencia del consumidor[40]. Lo mismo puede decirse respecto de la opción por la normativa común de compraventa europea[41]. Dicha opción puede ejercitarse en este caso por la mera presencia en un Estado miembro de la residencia habitual del profesional, incluso aunque la dirección indicada por el consumidor o la de entrega de las mercancías o la de facturación no estuvieran en un Estado miembro (art. 4.6)[42]. Ahora bien, dicha elección deberá respetar las normas contractualmente imperativas del Estado de residencia habitual del consumidor en el que ha sido captado[43]. En todos estos casos, el pacto de elección de ley juega a favor del consumidor y en contra del profesional, que no tiene grandes incentivos a su inclusión[44], máxime si el Derecho de la UE tiene estándares más altos de protección al consumidor que otros países o zonas de integración económica. Los pocos incentivos que encontrará el profesional para la elección de ley estarán relacionados con el mejor conocimiento y manejo de su propia normativa.

 

B) La protección del consumidor desprotegido

 

  1. En la hipótesis profesional de la UE-consumidor de tercer Estado también cabe referirse a la paradoja de la “protección del consumidor desprotegido”. En este sentido, cuando un profesional de la UE contrata con un consumidor no captado en el tercer Estado donde reside y cuyo ordenamiento tiene estándares bajos de protección,  se da la circunstancia de que la Directiva 2011/83 protegerá a un consumidor que el RR I no ha considerado merecedor de tal protección. Así, el RR I considera aplicables las reglas generales sobre contratos comerciales B2B, y no las normas protectoras de consumidores[45]. Consecuencia de ello, en defecto de elección de ley, se aplica el Derecho del Estado miembro donde está establecido el profesional, como prestador característico[46]. Pero, al aplicar la ley de un Estado miembro, debe tenerse en cuenta la protección de la Directiva 2011/83, que abarca al consumidor no captado. En otros términos, la consideración como “no consumidor” en el RR I provoca la aplicación de la Directiva 2011/83, que sí considera a este contratante “consumidor”[47].

Es por ello que, precisamente en relación con destinatarios finales de terceros Estados no captados puede interesar sobremanera la elección de ley[48]y, paradójicamente, si los estándares de protección del tercer país no son muy altos, la elección de la ley de residencia del consumidor activo. Dicha elección jugará sin problema alguno como si se tratara de un contrato. Al contrario, si se eligiera la ley del Estado miembro donde está establecido el profesional o, incluso, la normativa común de compraventa europea, ese destinatario final pasaría automáticamente a estar protegido por las disposiciones de consumidores de estas normas, que en su definición no exigen captación.

 

  1. No obstante, la renuncia del profesional a la normativa de la EEE en favor de la ley de un tercer Estado no evita la aplicación de las leyes de policía o normas equivalentes[49] tanto nacionales como de la UE[50]. Mención especial debe hacerse cuando el Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios[51] (en adelante DLTRLGDCU) entiende que, sea cual sea la “ley elegida”[52], el régimen sobre cláusulas abusivas (arts. 82 a 91 TRDLGDCU) será aplicable[53] si existe una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del EEE (art. 67.2)[54]. Sin ser un numerus clausus, el citado DLTRLGDCU se refiere a un contrato enmarcado en actividades del profesional ejercidas en, o dirigidas a, un Estado miembro[55]. Obsérvese que, como tal, no se exige que el consumidor tenga residencia en el Estado miembro donde se desarrollan las actividades, a diferencia de lo que ocurre en el RR I[56]. Es, por tanto, perfectamente aplicable para consumidores de terceros Estados que se hallan temporalmente en el EEE[57]. Las mismas conclusiones pueden derivarse de la Ley 16/2011 sobre créditos al consumo[58].

En el mismo sentido, la ley rectora del contrato determina las garantías de los bienes de consumo que ha de prestar el profesional[59]. Pero, la Directiva 1999/44, tal y como haya sido transpuesta por el Derecho español, también juega como una norma equivalente a una ley de policía europea cuando exista un vínculo estrecho con el EEE, sea cual sea la ley elegida (art. 7.2 Directiva 1999/44 y art. 67.3 DLTRLGDCU) y, por tanto, aunque el consumidor resida en un tercer Estado[60]. El problema se encuentra en que el DLTRLGDCU intenta concretar esos vínculos estrechos (art. 67.3.II), con poca fortuna respecto de consumidores residentes en terceros países[61]. Frente a presunciones que podrían entenderse razonables como que la prestación deba realizarse en un Estado miembro de la UE a pesar de la residencia del consumidor en un tercer Estado, otras son muchos menos significativas, como que una de las partes sea ciudadano de la UE. La ciudadanía y la nacionalidad son criterios muy poco relevantes en la determinación del régimen jurídico de un contrato de consumo. Entremedias de ambos extremos, otras presunciones establecidas por el DLTRLGDCU solo serán relevantes en función de las circunstancias concretas del caso. Así puede ocurrir con el vínculo de que el contrato se haya celebrado total o parcialmente en un Estado miembro, o con el vínculo de que el bien se vaya a utilizar en un Estado miembro, lo que no es fácilmente previsible para el profesional.

 

III. Profesional en tercer Estado y consumidor en la UE

 

1. Un forum actoris imperfecto

 

A) Perspectiva de Estados miembros

 

  1. El consumidor domiciliado en un Estado miembro de la UE podrá reclamar ante los tribunales de ese Estado en aplicación del RB I bis , respecto de profesionales establecidos en un tercer Estado[62]. Y ello aunque no posean ni domicilio ni sucursal en la UE, en lo que constituye una de las mayores novedades del RB I bis  en materia de consumo (art. 6.1)[63]. Dicha previsión no se contempla en el Convenio de Lugano, en relación con consumidores domiciliados en Suiza, Islandia o Noruega, cuyos tribunales aplicarán su legislación interna para tratar la competencia en estos casos[64].

El derecho del consumidor a reclamar en su propio domicilio frente a profesionales de terceros, tal y como está previsto en el RB I bis , no impide aplicar las legislaciones nacionales que articulen otros foros de competencia a favor del consumidor[65]. Esta conclusión se justifica atendiendo a una interpretación teleológica y literal de la norma. Desde una perspectiva teleológica[66], el RB I bis ha pretendido consolidar en toda la UE un derecho del consumidor, el de reclamar en su propio domicilio[67]. No hay razón, pues, para que la articulación de un derecho a nivel europeo excluya el ejercicio de otros derechos del consumidor otorgados por las legislaciones nacionales en atención a la tutela judicial efectiva del consumidor actor[68]. Es más, sería contradictorio que un consumidor, parte débil, no pudiera invocar los foros exorbitantes de las legislaciones nacionales respecto de un demandado domiciliado en un tercer Estado, al tiempo que lo puede hacer cualquier otro demandante que no tiene esa posición desigual. Obsérvese, asimismo, que la posibilidad de aplicar las legislaciones estatales para otros foros de competencia solo jugará a favor del consumidor demandante, pues, si es el profesional quien pretende activar estos foros, se encontrará con que el consumidor tiene su domicilio en la UE y, por tanto, las normas del RB I bis  ya tendrán aplicación excluyente (art. 4). Esta interpretación teleológica se ve corroborada por un análisis literal del artículo 6 del RB I bis : “si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro”, y esta es la hipótesis de investigación, “la competencia se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro”, siendo esta la consecuencia jurídica. Lo único que hace el Reglamento es añadir otro foro además de los previstos por las legislaciones nacionales, cuando dispone la aplicación de la ley estatal “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1 (…)” del propio Reglamento, esto es, sin prejuzgar la posibilidad de que el consumidor demande en su propio domicilio[69].

En virtud de lo expuesto, y por lo que respecta a los tribunales españoles, junto con el foro del domicilio del consumidor demandante, pueden aplicarse los foros de la LOPJ, que, en su redacción actual, se basan en la realización de los actos de celebración del contrato en territorio español (art. 22.4)[70]. Baste como ejemplo aquel en el que el consumidor recibe en su domicilio en Portugal una oferta de compra de un bien mueble en pago único sin plazos a través de un comercial itinerante de una sociedad domiciliada en México. Como obsequio al consumidor, se le ofrece una estancia en España donde se presentará el producto y, en su caso, se firmará el contrato. En este caso, los tribunales portugueses serían competentes al hallarse en Portugal el domicilio del consumidor, en virtud del Reglamento “Bruselas I” (art. 6.1 que remite al art. 18.1). Los tribunales españoles serían competentes al realizarse en España los actos necesarios para la celebración el contrato, de conformidad con la LOPJ (art. 22.4 en su redacción actual y sin perjuicio del impacto del Proyecto de reforma de esta Ley). Pero su competencia solo podría ser invocada por el consumidor demandante; el profesional demandante solo podría dirigirse contra el consumidor ante los tribunales portugueses, al ser el único foro previsto por el RB I bis   y tener este aplicación exclusiva por hallarse en un Estado miembro el domicilio del demandado (art. 5)[71]. Por último, la competencia de los tribunales mexicanos se determinaría por las leyes procesales de México.

 

  1. La aplicación cumulativa del foro del RB I bis  junto con otros dispuestos por las legislaciones internas podría entenderse como una cuestión menor y poco relevante en la práctica, desde el momento en el que probablemente el consumidor opte por presentar la reclamación ante los tribunales de su propio domicilio, descartando otras estrategias procesales. Sin embargo, debe repararse en algunos efectos colaterales, principalmente, el hecho de que el tribunal declarado competente por la legislación interna es el único que podría abrir un proceso europeo de escasa cuantía (p.e., una restitución de precio por un producto defectuoso inferior a 2.000 euros), en detrimento del juez del domicilio del consumidor. En otras palabras, un juez competente por la legislación interna podrá abrir un proceso europeo de escasa cuantía, mientras que un juez competente por una norma europea no va a tener tal posibilidad[72]. Esta paradoja se produce por la definición de “asunto transfronterizo” del Reglamento (CE) 861/2007, que exige que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga residencia en un Estado miembro distinto al del Estado donde se interpone la demanda (art. 3.1). Comoquiera que el profesional demandado tiene su domicilio en un tercer Estado, el juez del domicilio del consumidor competente ex art. 6.1 del RB I bis  no puede abrir el proceso europeo, porque ninguna de las partes está domiciliada en otro Estado miembro distinto. En cambio, el juez de un Estado miembro competente por su legislación interna sí va a ser competente para abrir este tipo de procedimientos porque el consumidor sí está domiciliado en otro Estado miembro. Por poner un ejemplo que muestra esta llamativa situación. Imagínese un ciudadano francés domiciliado en España que pretende reclamar a un profesional establecido en un tercer Estado. Podría presentar la demanda en España, lugar de su domicilio, conforme al art. 6.1 del RB I bis , pero el tribunal español no podría abrir un proceso europeo de escasa cuantía porque ninguna parte está domiciliada en otro Estado miembro. A su vez, un tribunal francés podría ser competente por el foro de la nacionalidad del demandante, foro del Código civil francés que resulta exorbitante y que, sin embargo, sería una base competencial suficiente para abrir un proceso europeo de escasa cuantía.

 

B) Perspectiva de terceros Estados

 

11.      Este derecho a reclamar en su propio domicilio también debe ser analizado desde la perspectiva de los terceros Estados donde el profesional está establecido y tiene su domicilio. De hecho, tal derecho puede aumentar el riesgo de decisiones claudicantes, es decir, resoluciones eficaces en la UE pero que no serán reconocibles en terceros Estados, especialmente vinculados con el caso, como el país en el que se halle el domicilio, el establecimiento o los bienes del profesional. Ello se debe a la ausencia de un tratamiento específico de las decisiones en materia de consumo en la mayoría de convenios bilaterales firmados por España. Muchos de estos convenios[73], no sin alguna excepción[74], establecen el control de la competencia del juez de origen en función de reglas estándar para controversias comerciales B2B, provocando un efecto pernicioso en materia de consumo. Puede darse la denegación sistemática de reconocimiento y ejecución de las decisiones provenientes del Estado en el que tiene su domicilio el consumidor demandante, dado que la decisión no proviene del Estado donde estaba domiciliado el demandado[75].

          Ante esta situación, cabe preguntarse cómo solucionar este riesgo de sentencias claudicantes. Para empezar, en la práctica bien podría ocurrir que concurrieran otros vínculos con el Estado de origen de la sentencia que fueran suficientes para obtener el reconocimiento del Estado de destino. En este sentido, son bastantes los convenios bilaterales que permiten el reconocimiento si el contrato se ejecutó o debía ejecutarse en el Estado de origen. Proyectado en contratos de consumo, también son bastantes los casos en los que el contrato se ejecuta en el Estado de domicilio del consumidor. Pero, al margen de esta coincidencia mayor o menor, lo cierto es que el riesgo de sentencias claudicantes solo se vería disminuido argumentando una cláusula de favor recoginitionis que permitiera aplicar cualquier otro instrumento o incluso la legislación del Estado de destino si estos permitieran el reconocimiento de una sentencia, irreconocible por el convenio bilateral[76]. De lege ferenda, es de desear que, cuando la UE negocie acuerdos bilaterales de reconocimiento[77], exija la inclusión de reglas especiales sobre consumo.

 

  1. Por último, el derecho del consumidor a reclamar en su propio domicilio no ha sido relacionado con la eventual sumisión a los tribunales del tercer Estado donde está establecido el profesional. Es verdad que no se trata de un problema exclusivo de esta situación, pero también que tendrá en este caso de consumidor domiciliado en un Estado miembro y profesional en un tercer Estado uno de los supuestos más habituales[78].

A este respecto, hubiera sido oportuno que el legislador europeo ofreciera una solución uniforme a esta cuestión. Aunque es cierto que se trata de un aspecto vinculado a terceros Estados, pues se elige el tribunal de un tercer país, no lo es menos que dicha sumisión a los tribunales de terceros Estados puede afectar directamente al foro de competencia previsto en el RB I bis, el domicilio del consumidorart. 18, y al sistema de protección y jerarquización de foros provisto por este[79]. Existe, pues, una incidencia directa del problema en el Derecho de la UE y en su efecto útil, por lo que la derogación del foro del domicilio del consumidor debería resolverse por dicho ordenamiento europeo[80]. En clave europea, la sumisión a los tribunales del tercer Estado del profesional no debería ser admitida por ningún juez de Estado miembro, pues no concurriría ninguno de los supuestos-tipos previstos por el RB I bis: ni se trata de pactos posteriores al nacimiento de la controversia, ni de pactos que favorezcan al consumidor demandante (si este pretende demandar en la UE), ni de pactos a favor de los tribunales del domicilio común de consumidor y profesional[81]. Además, como ya se ha destacado, podría entenderse que se trata de una cláusula abusiva que genera un desequilibrio jurídico-económico en detrimento del consumidor[82].

Si la derogación del foro europeo del domicilio del consumidor por sumisión a tribunales de terceros Estados debe analizarse a la luz del ordenamiento europeo, la eventual derogación de los foros previstos por las legislaciones nacionales de los Estados miembros, ha de someterse a dichas legislaciones[83]. En la práctica, ello solo concurriría cuando los tribunales de Estados miembros se pudieran declarar competentes para acciones interpuestas por un consumidor domiciliado en otro Estado miembro[84]. En el caso de España, cabría la abstención de los tribunales españoles por la sumisión a un tercer Estado, siempre que concurrieran los supuestos del DLTRLGDCU, a saber: si en el Estado del tribunal elegido se halla el domicilio del consumidor, el lugar de ejecución de la obligación o el inmueble al que se refiere el contrato (art. 90.2 TRLGDCU)[85]. No obstante, sería oportuna una reflexión sobre si la eventual derogación del foro por una sumisión a tercer Estado solo debería jugar cuando la invoca el consumidor y no el profesional[86]. A este respecto, sería conveniente que la reforma de la LOPJ estuviera mejor redactada en lo que concierne a la sumisión[87]y aclarara sus relaciones con el citado DLTRLGDCU[88].

Ya se realice una interpretación en clave europea, ya en clave nacional, llama la atención que la sumisión a tribunales de terceros Estados haya sido tratada en el momento de atribución de competencia, pero no en el momento de reconocimiento de decisiones. Así, la falta de reglas especiales sobre consumo en muchos de los convenios bilaterales firmados por España puede originar el reconocimiento de sentencias de terceros Estados basadas en cláusulas de sumisión a favor de los tribunales del profesional, resultando abusivas y perjudiciales para el consumidor[89]. Solo cabría paralizar este reconocimiento y ejecución entendiendo que hay una vulneración del orden público español, precisamente por basarse en una regla de competencia abusiva, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el Asunto[90]. Ahora bien, no puede perderse de vista lo forzado de invocar la cláusula genérica de control del orden público cuando en muchos de esos convenios existen cláusulas específicas sobre el control de la competencia, que la sentencia objeto de reconocimiento respetaría plenamente.

 

2. Lagunas en los estándares sustantivos de protección

 

A) Planteamiento

 

  1. La normativa de consumidores del RR I funciona correctamente en relación con los consumidores captados en su residencia. En la hipótesis aquí analizada de consumidor residente en un Estado miembro, se aplicará la ley de este Estado, sirviendo la elección de ley únicamente para atribuir más derechos al consumidor. Por tanto, el sometimiento a la ley del Estado donde está establecido el profesional solo será tenido en cuenta en aquello que mejore la protección imperativa dispensada por el Derecho de la UE y de la ley del Estado miembro de residencia[91]. De hecho, la elección de la ley del profesional tendrá escasa aplicación práctica, si tiene estándares bajos de protección.
  2. La situación es sustancialmente distinta respecto de destinatarios finales no captados en su residencia, ya que se aplicará la ley del profesional como prestador característico (art. 4 Reg. “Roma I”). Por tanto, si el profesional está establecido en un tercer Estado con estándares más bajos de protección que los desarrollados en el EEE, no es recomendable la elección de ley distinta a la de la propia residencia habitual de la empresa. Téngase en cuenta que la elección de la ley del destinatario final residente en el EEE podría suponer elevar sus estándares de protección, pues este será calificado como consumidor y merecedor de la protección brindada por la Directiva 2011/83. Lo mismo ocurriría si se opta por la normativa común de compraventa europea[92]: resultarían aplicables sus reglas sobre consumidores, desde el momento en el que no se exige captación del destinatario final.

En este contexto, si bien la regulación del RR I funciona de una forma adecuada, existe una laguna respecto del caso en el que el consumidor residente en un Estado miembro es captado en otro Estado miembro por una empresa de tercer Estado. Formalmente se trata de un consumidor activo y que, por tanto, no es merecedor de la protección conflictual del RR I[93]. Por ello, puede aplicarse la ley de un tercer Estado, donde está establecido el profesional. Ni siquiera podría invocarse la aplicación de las normas contractualmente imperativas de la UEart. 3.4 del RR I, porque no se trata de un supuesto íntegramente vinculado al espacio de la UE, dado que una de las partes está establecida en un tercer Estado[94]. Pero, materialmente, lo cierto es que el consumidor residente en la UE ha sido captado en la propia UE (el único matiz es que es un Estado miembro distinto al de su residencia).

 

B) Mecanismos correctores

 

  1. Afortunadamente, esta situación de consumidor captado en la UE, pero en un Estado miembro distinto al Estado miembro de su residencia, puede mitigarse porque el tribunal de un Estado miembro, competente por ejemplo por el domicilio del consumidor, aplicará las leyes de policía del foro o de la UE (art. 9 Reg. “Roma I”)[95] o normas funcionalmente equivalentes a estas.  Así, la hipotética aplicación de la ley del profesional queda mitigada por la aplicación de estas leyes de policía[96]. Tal es el caso de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación, que, independientemente de que se trate de consumidor captado o no, juega cuando el adherente resida en España y haya emitido su declaración negocial en territorio español (art. 3.II). Pero también ocurre con las normas europeas transpuestas al ordenamiento español, particularmente, cuando el DLTRLGDCU exige la aplicación de la normativa sobre cláusulas abusivas y de las normas sobre garantías de bienes al consumo cuando, sea cual sea la ley elegida, exista una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del EEE (art. 67)[97]. Anteriormente ya se han señalado la relativa relevancia de algunos de los vínculos señalados en dicha Ley en lo que conforma un numerus apertus. En relación con la normativa sobre cláusulas abusivas, la captación en un Estado miembro ya es criterio para entender aplicable dicha normativa (art. 67.2); en relación con la normativa de garantías, es un vínculo con el EEE la celebración del contrato o el uso del bien en el EEE (art. 67.3).

Con estos criterios quedaría prácticamente cubierto el caso de consumidor activo residente en Estado miembro que es captado en otro Estado miembro por una empresa de tercer país. Solo persistiría un problema de dicción literal en el art. 67 del DLTRLGDCU, pues estas leyes de policía europeas juegan sea cual sea la “ley elegida”, es decir, si los contratantes pactan la aplicación de la ley de un tercer Estado. Pero también deberían aplicarse cuando, sin haber elección por las partes, la ley rectora del contrato fuera la de un tercer Estado[98](por ejemplo, por hallarse la residencia habitual del profesional en ese país,art. 4 RR I). Es irrelevante el porqué se llega a la ley de un tercer Estado -si por elección o por una regla subsidiaria-, lo relevante es que existen vínculos estrechos con el EEE y de ahí estas normas europeas deban tomarse en consideración.

 

IV. Conclusiones

 

1. La actividad transfronteriza de las empresas en el mercado minorista obliga a analizar dos hipótesis en las relaciones comerciales con terceros Estados: profesionales establecidos en la UE que contratan con consumidores residentes en terceros países y profesionales establecidos en terceros países que contratan con consumidores residentes en la UE.

2. Respecto de la primera hipótesis, debería corregirse la situación procesal de desprotección del consumidor en el marco del RB I bis , que permite que el profesional imponga cláusulas de sumisión abusiva a favor de sus propios tribunales. Ello podría neutralizarse considerando tal cláusula abusiva en el marco de la Directiva 93/13.

3. Además, en defecto de sumisión, debería corregirse la paradoja de las normas del RB I bis  y del Convenio de Lugano: el consumidor pretendidamente protegido por comprar o financiar mercaderías a plazos dispone de menos foros a su favor (el domicilio del demandado o la sucursal gestora del contrato) que el consumidor pretendidamente no protegido (a los dos anteriores se sumaría el foro del lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda).

4. Igualmente, debería regularse mejor el cambio de domicilio, que afecta especialmente al consumidor domiciliado y captado en un Estado miembro que traslada su domicilio a un tercer Estado antes de interponer la demanda y que, por ello, podría perder el derecho a reclamar en su último domicilio en un Estado miembro, especialmente vinculado con la controversia.

5. Por lo que respecta a la ley aplicable, el profesional deberá valorar si los estándares de protección del Estado del consumidor captado en su residencia son más bajos que los del EEE, pues podría interesarle no elegir ley (ni siquiera la propia del profesional) y aplicar la normativa conflictual de consumidores del RR I  (= ley de residencia del consumidor y no ley del profesional proveedor de mercancías y servicios).

6. Al contrario, respecto del consumidor no captado podría interesar sobremanera elegir ley, que sería aplicable sin traba alguna. No en vano, en caso de no elegirse tal ley, el profesional podría encontrarse con la aplicación de la normativa material europea de consumidores (Directiva 2011/83), ya que la ley del profesional es la de un Estado miembro y dicha normativa es aplicable ratione personae a consumidores no captados.

7. El segundo caso tipo analizado es el de profesional establecido en tercer país y consumidor en el EEE, al que se le ha atribuido el derecho a reclamar en su propio domicilio debe considerarse un derecho “imperfecto”. El consumidor no podrá abrir un proceso europeo de escasa cuantía en dicho Estado, al no estar ninguna parte domiciliada en otro Estado miembro. Ello es sorprendente cuando cualquier tribunal de otro Estado miembro, competente por su legislación nacional, sí que podrá abrir dicho proceso europeo.

8.  Además la decisión dictada por el juez del domicilio del consumidor puede ser claudicante y tener un alto riesgo de no ser reconocida en terceros Estados a la luz de los convenios bilaterales firmados por España.

9. Por el contrario, la sentencia dictada en el tercer Estado donde está establecido el profesional con base en una sumisión “impuesta” por este no encontraría obstáculos a su reconocimiento en España según dichos convenios bilaterales, salvo una dudosa invocación de la vulneración del orden público español.

10. Por lo que respecta a la ley aplicable, la elusión de las normas europeas respecto de consumidores no captados en su residencia queda neutralizada por la consideración de algunas de estas normas europeas como leyes de policía. De esta forma, serán aplicables con independencia de la ley rectora del contrato.  

 

 

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** Profesor titular de Derecho internacional privado. Universidad de Oviedo

 

 

[1] Algunas de las observaciones aquí realizadas pueden extenderse a otros espacios. En competencia judicial, así ocurrirá con las alusiones al Convenio de Lugano sobre competencia judicial y reconocimiento de decisiones de 30 de octubre de 2007, respecto de Estados firmantes que sean miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y no de la UE. En ley aplicable, las alusiones a la Directiva 2011/83 incluirán a los Estados del Espacio Económico Europeo.

 

[2] El consumidor ha de celebrar el contrato para un uso ajeno a su actividad comercial o profesional, aspecto que se valorará caso por caso en función de las circunstancias de hecho (STJCE de 19 de enero de 1993, Asunto C-89/91, Shearson Lehman Hutton c. TVB). Entre estas circunstancias, cabe destacar que el aval ofrecido por una persona física respecto de una sociedad en la que tiene una participación mayoritaria o una obligación de gestión no se entiende un uso particular ajeno a la actividad profesional (STJUE de 14 de marzo de 2013, Asunto C‑419/11, Česká spořitelna, a.s. c. Gerald Feichter). Del mismo modo, las empresas que actúen por subrogación o por cesión de derechos del consumidor no tendrán la misma consideración que dicho consumidor (STJCE de 19 de enero de 1993, Asunto C-89/91, Shearson Lehman Hutton c. TVB), sin perjuicio de que el derecho objeto de cesión o de subrogación quede regido por la ley rectora del contrato de consumo (art. 14.2 RR I). Además, si el contrato está destinado tanto a un uso personal como a uno profesional, por ejemplo, arreglos en una granja donde vive el agricultor, el contrato solo será de consumo si el uso profesional es marginal e insignificante, pudiendo valorarse la apariencia generada de profesionalidad frente a la contraparte (STJUE de 20 de enero de 2005, Asunto C-464/01, Johann Gruber c. Bay Wa AG). Por último, no es consumidor quien contrata para una actividad profesional futura, aun cuando en el momento del contrato no se haya iniciado esta (STJCE 3 de julio de 1997, Asunto C-269/95, Francesco Benincasa contra Dentalkit Srl.).

 

[3] Vid. la Sentencia del TJCE de 1 de marzo de 2005, Asunto C-281/02, Owusu, esp. apdo. 34, como máximo exponente de que las normas de la UE no se vinculan necesariamente a las situaciones referidas a Estados miembros.

 

[4] Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE nº L 304, 22-XI-2011).  Vid., en concreto, su artículo 4 que se refiere a que, salvo disposición de la propia Directiva, no se pueden introducir disposiciones más o menos estrictas, que repercutan en niveles distintos de protección. Vid. L. Fronková, “The new Directive on Consumer Protection: objectives from the perspective of the EU and the Member States”, en H. Schulte-Nölke y L. Tichý (eds.), Perspectives for European Consumer Law, Múnich, Sellier, 2010, pp. 91-96, esp. p. 92. Para una visión crítica de esta Directiva, vid. C. Twigg-Flesner, “La Directiva sobre derechos de los consumidores en el contexto del Derecho de consumo de la UE”, en S. Cámara Lapuente (dir.), La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los consumidores, Cizur Menor, Thomson/Reuters/Civitas, 2012,  pp. 81-106, esp. pp. 102 y ss.

 

[5] Vid. F. J. Garcimartín Alférez, “Consumer Protection from a Conflict of Laws Perspective: The Rome I Regulation Approach”, en J. J. Forner Delaygua y otros (coords.), Entre Bruselas y La Haya: estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho Internacional Privado. Liber Amicorum Alegría Borrás, Marcial Pons, 2013, pp. 525-534, esp. p. 461.

 

[6] Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE nº L 351, 20-XII-2012).

 

[7] Sobre los orígenes de esta extensión del Derecho procesal europeo a situaciones extracomunitarias, vid. A. Borrás Rodríguez, “Application of the Brussels I Regulation to external situations: from studies carried out by the European Group for Private International Law to the Proposal for the revision of the Regulation”, Yearb. Priv. Int’l Law, 2010, pp. 333-350, esp. pp. 339 y ss.; M. Fallon y T. Kruger, “The spatial scope of the EU’s rules on jurisdiction and enforcement of judgments: from bilateral modus to unilateral universality?”, ibidem, 2012-2013, pp. 1-35, esp. pp. 17 y ss.

 

[8] Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ),BOCG, serie A, nº 134-1, 6-III-2015.

 

[9] Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo (DOUE nº L 165, 18-VI-2013). Vid. J. Carrascosa González y J. Manuel Almudí Cid, “Contratos internacionales de consumo”, en M. Yzquierdo Tolsada, Contratos, t. XVII, vol. II, Cizur Menor, Thomson/Reuters/Aranzadi, 2014,  pp. 777-854, esp. pp. 782-783. Su ámbito de aplicación espacial requiere que el comerciante esté establecido (= lugar de actividad de personas físicas o domicilio social, administración central, lugar de actividad principal, sucursal o agencia de personas jurídicas) y el consumidor tenga su residencia en un Estado miembro (art. 2). La protección al consumidor de esta Directiva, que viene a suplir la exclusión de la Directiva 2008/52 (cdo 11 y art. 2.2 de la Ley 5/2012), puede ser mejorada por las legislaciones estatales (art. 2.3, a diferencia de lo que ocurre con la Directiva 2011/83). Se aplica a ADRs, distintos a la mera negociación directa, iniciados por el consumidor, persona física que contrató para un uso ajeno a su actividad profesional contra el comerciante (arts. 2 y 4), en el marco de compraventas y servicios distintos de los no económicos de interés general o relacionados con la salud o con la enseñanza complementaria y superior (art. 2).

 

[10] Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (DOUE nº L 165, 18-VI-2013).

 

[11] El Reglamento es ambivalente: se aplica a reclamaciones del consumidor frente al comerciante o a las reclamaciones efectuadas por este, si bien, en este último caso, esta posibilidad tiene que estar admitida por la ley de residencia habitual del consumidor. A tal fin la Comisión desarrollará una plataforma virtual, de acceso gratuito en cualquier lengua oficial de la UE y accesible desde los sitios web de la Comisión y  desde el portal “Tu Europa” (Decisión 2004/387). Las partes contarán con el apoyo y asistencia de los puntos de contacto designados en cada Estado miembro (art. 7).

 

[12] Se descarta la hipótesis de profesional y consumidor localizados en terceros Estados, por su escasa incidencia en el ordenamiento español y de la UE.

 

[13] Si el profesional no tiene su domicilio, pero sí una sucursal en la UE, Suiza, Islandia o Noruega y esta ha gestionado el contrato, el consumidor podrá reclamar ante los tribunales del Estado donde se halla dicha sucursal (art. 18.1 Reg. “Bruselas I.bis” y art. 16.1 Conv. de Lugano), considerada a estos efectos domicilio del empresario (art. 17.2 Reg. “Bruselas I.bis” y art. 15.2 Conv. de Lugano; y STJCE de 15 de septiembre de 1994, Asunto C-318/93, W. Brenner y P. Noller c. D. Witter Reynolds). Vid. A. Nuyts, “Study on Residual Jurisdiction”, Bruselas, 2007, p. 40, disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf. En estos casos mixtos, en los que una empresa de tercer Estado tiene sucursales en Estados miembros de la UE o en Estados EFTA, el RB I bis  y el Convenio de Lugano tienen una aplicación exclusiva y excluyente. Así se desprende del tenor literal de estos instrumentos: por ejemplo, el artículo 5.1 del RB I bis  establece que “las personas domiciliadas en un Estado miembro ‑y a estos efectos la empresa lo está‑ solo ‑es decir, de forma exclusiva‑ podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 ‑entre las cuales está la sección de consumo‑ (…)”. No procede, pues, la aplicación de las normas de la LOPJ, aun cuando pudieran ofrecer más foros de competencia favoreciendo al consumidor demandante.

 

[14] Vid. R. Arenas García, “Tratamiento jurisprudencial del ámbito de aplicación de los foros de protección en materia de contratos de consumidores del Convenio de Bruselas de 1968”, REDI , vol. XLVIII, 1996-1, pp. 39-70, esp.  p. 59. Este supuesto no debe confundirse con la equiparación entre domicilio y sucursal respecto de empresas de fuera de la UE con sucursales en la UE (art. 17.2 Reg. “Bruselas I.bis” y art. 15.2 Conv. de Lugano). En la práctica, hay diferencias notables entre ambos supuestos. De hecho, el consumidor demandante contra una empresa de fuera de la UE dispondrá en este territorio de dos foros de competencia: el de su propio domicilio y el de la sucursal de la empresa (equiparada a domicilio). Sin embargo, el consumidor demandante contra una empresa de la UE con sucursales en otros Estados miembros dispondrá de hasta tres foros en la UE: el de su propio domicilio, el del domicilio de la empresa y el de la sucursal de la empresa radicada en otro Estado miembro.

 

[15] El Proyecto de reforma de la LOPJ elimina estos foros y se refiere a que el consumidor podrá litigar ante los tribunales españoles si él o la otra parte tienen su residencia en España [art. 22.quinquies.d)].

 

  1.  La captación ha de producirse en el Estado miembro de su domicilio, aunque no han faltado voces que proponen que bastaría con que la empresa de tercer Estado captara al consumidor en cualquier Estado miembro, aunque no sea el de su domicilio. Cf. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros de protección del consumidor a demandados domiciliados en terceros Estados”, AEDIPr, t. IX, 2009, pp. 285-306, esp. p. 301. Sea como fuere, la captación puede producirse de dos formas. Primera, porque el profesional ejerce sus actividades en el Estado de residencia del consumidor, ya sea a través de su establecimiento principal, ya sea a través de una sucursal u otro establecimiento permanente en ese Estado, ya sea a través de actividades esporádicas o temporales, como puede ser una feria comercial. Segunda, porque el profesional dirige actividades promocionales o publicitarias al Estado de residencia habitual del consumidor, aunque no esté establecido ni ejerza actividades comerciales en dicho país. Piénsese, por ejemplo, en anuncios aparecidos en la prensa de un Estado o en publicidad enviada por correo postal, independientemente de que al final el contrato finalmente se celebre por medios a distancia o de forma presencial (STJUE de 6 de septiembre de 2012, Asunto C‑190/11, Mühlleitner c. Yusufi).

 

[17] Reglamento (CE) nº 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, DOCE nº L 177, 4-VII-2008.

 

[18] Cf. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 299.

 

[19] Cf. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 298; E. Castellanos Ruiz, Régimen jurídico de los consumidores: competencia judicial internacional y ley aplicable, Granada, Comares, 2010, p. 11.

 

[20] Vid. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 291.En este sentido, sería aplicable el artículo 25 del RB I bis, que daría eficacia a la sumisión y cuyo ámbito espacial solo exige que el sometimiento se haga a un Estado miembro. En otro contexto, pero en alusión a una consecuencia jurídica similar, vid. R. Arenas García, loc. cit., pp. 57. Ilustra lo expuesto el siguiente ejemplo: un consumidor domiciliado en Paraguay, recibe una oferta en su domicilio, para la adquisición en un pago único de un producto tras una semana de prueba, siendo el vendedor una sociedad domiciliada en España. En el contrato se incorpora una cláusula de sumisión a los tribunales españoles, por ser los del profesional. Ante el impago por parte del consumidor, la sociedad presenta una reclamación ante los tribunales españoles y el consumidor no comparece. De conformidad con el artículo 25 del RB I bis , la sumisión sería válida por dos razones: primera, porque es irrelevante donde se halle el domicilio del demandado (art. 25); segundo, porque el comprador no tiene la consideración de consumidor ya que ha sido captado en un tercer Estado no miembro de la UE (art. 17). Se produce una situación perjudicial porque la parte fuerte impone su propio foro.

 

[21] La cuestión se presenta distinta en relación con los Estados con los que España no tiene convenio de reconocimiento de sentencias, pues se ha señalado que la sentencia dictada en España podría ser claudicante y no efectiva de acuerdo con la legislación sobre reconocimiento del Estado tercero, cf. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 302.

 

[22] Vid. R. Arenas García, loc. cit., pp. 56-58.

 

[23] Sentencia del TJCE de 27 de junio de 2000, As. C-240/98 y acumulados, Océano c. Murciano Quintero.

 

[24] Cf. M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson/Reuters/Civitas, 2007, pp. 297-298.

 

[25] Cf. apartado 24 de la citada Sentencia de 27 de junio de 2000, Asunto Océano c. Murciano Quintero.

 

[26]  Vid. E. Torralba Mendiola, “Las reglas de Derecho internacional privado en la reforma de la LGDCU”, Revista CESCO de Derecho de consumo, nº 9, 2014, pp. 17-26, esp. p. 25, preguntándose si las normas de la Directiva 93/13 están o no pensadas para consumidores residentes en la UE.

 

[27] Vid. su artículo 2.b) que solo exige para ser consumidor que se trate de una persona física que actúa para fines ajenos a su actividad internacional.

 

[28] Esta contradicción entre la Directiva 93/13 y el RBI bis puede salvarse por referencia al art. 67 de este último, que se refiere a que dicho Reglamento no prejuzga la aplicación de las disposiciones que en materia particular se ocupen de la competencia judicial, cf.M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 297. Ahora bien, el RB I bis  también tiene normas específicas para consumidores, al igual que la Directiva 93/13, la cual no se refiere expresamente a este tipo de pactos.

 

[29] Vid. A. Nuyts, loc. cit., p. 42.

 

[30] Cf. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 292, destacando esta situación en el caso del art. 22.4 de  la LOPJ y la necesidad de una lectura restrictiva de esta norma. De hecho, la autora propone impedir que el profesional utilice estos foros para demandar por analogía o reflejo de la regulación del RB I bis, cf. ibidem p. 302. Vid., en la misma línea, A. Nuyts, loc. cit., p. 42. Como ya se ha señalado antes, estos problemas desaparecen en el Proyecto de reforma de la LOPJ, que ya no contempla foros ambivalentes: el consumidor puede demandar en España si él o la contraparte reside aquí; el profesional, solo si el consumidor reside en España [art. 22.quinquies.d)].

 

[31] Baste como ejemplo el siguiente caso tipo: un usuario final domiciliado en un tercer Estado A, no miembro de la UE, compra un bien mueble a una sociedad establecida en el Estado miembro B, que se debe entregar en el Estado miembro C. Si la venta es a plazos, se trata de un consumidor protegido por el art. 17.1.a) del RB I bis. Entonces, solo puede presentar la demanda por falta de entrega en el Estado miembro B, (art. 18), pero no en el Estado miembro C (art. 7.1 RB I bis, que no es aplicable en materia de consumidores). Por el contrario, si la venta no es a plazos, se trata de un usuario final no protegido por el RB I bis, ya que no ha sido captado en un Estado miembro [ex art. 17.1.c)]. Sorprende, pues, que entonces disponga de más estrategias procesales en la UE y que pueda presentar la demanda no solo en el Estado miembro B (domicilio del demandado ex art. 4), sino también en el Estado miembro C donde se debía entregar el bien mueble (art. 7.1).  

 

[32] Repárese en que el supuesto inverso sí encuentra solución tanto en el RB I bis  como en el Convenio de Lugano. Si el destinatario final ha sido captado en un tercer Estado, ya no es considerado consumidor, por lo que carece de relevancia su domicilio como foro de competencia.

 

[33] No puede perderse de vista que el Convenio de Bruselas de 1968 contenía ya estos foros de competencia en referencia al momento de interposición de la demanda, aunque no se refiriera al consumidor captado en su domicilio, vid. P. Jenard, “Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas, el 27 de septiembre de 1968”,  DOCE nº C 189, 28-VII-1990, p. 152.

 

[34] Piénsese en el caso en el que una sociedad domiciliada en el Estado miembro A capta a un consumidor domiciliado en el Estado miembro B, donde se celebra el contrato. Este, antes de interponer la demanda, traslada su domicilio a un tercer Estado, lo que podría significar perder la posibilidad de reclamar en el Estado miembro B.

 

[35] Cf. P. Schlosser, “Informe sobre el Convenio relativo a la adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio elativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil , firmado en Luxemburgo el 9 de octubre de 1978”, DOCE nº C 189, 28-VII-1990, p. 227. Este se refiere a que el domicilio del consumidor debe determinarse en el momento de interposición de la demanda en relación con las ventas a plazos de mercaderías y su financiación, pero no en relación con los otros casos si en el nuevo Estado no se habían realizado los actos necesarios para la celebración del contrato.

 

[36] Recuérdese que determinados tipos de contratos quedan excluidos, independientemente de que pudiera tratarse de un consumidor captado en su residencia (art. 6.4), vid. A. López-Tarruella Martínez, “Contratos internacionales celebrados por los consumidores: las aportaciones del nuevo artículo 6 del Reglamento Roma I”, AEDIPr, t. VIII, 2008, pp. 511-529, esp.  pp. 520 y ss. Así, en primer lugar, se excluyen los contratos de prestación de servicios ejecutados íntegramente en un Estado distinto al de la residencia habitual del consumidor. En segundo lugar, se excluyen los contratos de transporte, salvo que se enmarquen en un contrato relativo a un viaje combinado. En tercer lugar, quedan excluidos los derechos que se refieran a un derecho real o a un arrendamiento sobre inmuebles distintos de los contratos de timesharing. En cuarto lugar, la normativa no se aplica a inversores no profesionales (instrumentos financieros, organismos de inversión colectiva, oferta pública de venta o adquisición e intereses de compra, mercados financieros que sean sistemas multilaterales), salvo las prestaciones de servicios financieros.

 

  1.  Las normas imperativas que deben respetarse son aquellas no derogables por voluntad de las partes y que, además, protegen al consumidor. Así pues, la ley elegida solo podrá mejorar o elevar la protección. Las normas imperativas a respetar deben pertenecer al ordenamiento del Estado donde residía el consumidor en el momento de celebración del contrato, independientemente de cual sea la residencia del consumidor en cualquier otro momento. De acuerdo con el citado RR I, dicha elección de ley puede ser expresa o deducirse tácita e inequívocamente de los actos de las partes. Asimismo, la elección puede ocurrir en el momento de celebración del contrato o con posterioridad, ya para elegir ley en un contrato en el que no se había elegido, ya para modificar la ley elegida inicialmente. Esta amplitud en la elección de ley ha planteado problemas en el momento de interposición de una acción judicial. Ha ocurrido que el demandante funda su demanda en el Derecho del foro y el demandado contesta sobre esa misma ley, sin invocar ninguna parte la ley elegida anteriormente. La elección será efectiva y, a diferencia de lo que ocurre en el RB I bis  a efectos procesales, el juez no tiene obligación de informar al consumidor, cuando sea demandado, de las consecuencias de sus actos.

 

[38] Vid. sobre las diferentes nociones de “consumidor” en la UE, F. Esteban de la Rosa, La protección de los consumidores en el mercado interior europeo, Granada, Comares, 2002, pp. 44 y ss. y una crítica al respecto en las pp. 171 y ss.

 

[39] Piénsese en el siguiente ejemplo: un consumidor con residencia en Marruecos recibe en su domicilio una oferta para comprar un producto para uso doméstico por parte de una empresa con residencia en España. En el contrato no se elige ley. Según el artículo 6 del RR I, se aplicará la ley marroquí, como ley de la residencia habitual del consumidor. Será irrelevante que, en un contrato con un consumidor “no captado”, se hubiera aplicado la ley española, como ley de la                residencia del vendedor. También que, conforme a la Directiva 2011/83, este comprador sí tuviese la condición de consumidor.

 

[40] Se aplica la norma de conflicto de consumo del RR I, sin ningún tipo de matiz o interferencia: la ley del Estado miembro elegida es aplicable en la medida en que respete las normas imperativas y protectoras del tercer Estado de residencia del consumidor (art. 6).

 

[41] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común sobre compraventa europea [Bruselas, 11.10.2011, COM(2011) 635 final, 2011/0284 (COD)].

 

[42] Cf. S Sánchez Lorenzo, “La propuesta de Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea y el Derecho internacional privado”, AEDIPr, t. XI, 2011, pp. 35-61, p. 40; F. Esteban de la Rosa y O. Olariu, “La aplicación de la normativa común de compraventa europea a los contratos de consumo: nuevos desafíos para el sistema de Derecho internacional privado europeo”,InDret, nº 1, 2013, pp.  1-32, esp. p. 17. Convendría que se mejorara la redacción de este precepto porque el considerando 13 no parece excesivamente claro a este respecto. En general, para un visión crítica de la Propuesta en lo que se refiere al Derecho de consumo, vid. S. Sánchez Lorenzo, “De Bruselas a La Haya pasando por Roma y Viena: la normativa común de compraventa europea”, en J. J. Forner Delaygua y otros (coords.), op. cit., pp. 821-832, esp.  pp. 829-832; E. Valpuesta Gastamiza, “La propuesta de normativa de compraventa europea: un paso más hacia la unificación del Derecho de los contratos de la UE, lastrado por la protección al consumidor”, CDT, vol. 5, 2013, pp. 199-216, esp. pp. 214 y ss.

 

[43] Vid. cdo. 14 de la Propuesta y S. Sánchez Lorenzo, loc. cit., esp. pp. 47 y ss.; F. Esteban de la Rosa y O. Olariu, loc. cit., pp. 21-22.

 

[44] Vid. G. Rühl, “La protección de los consumidores en el Derecho internacional privado”, AEDIPr, t. X, 2010, pp. 91-120, esp. pp. 113-115. Otro supuesto posible pero menos problemático es el de elección de la ley de un tercer Estado. Si en el contrato se elige la ley del tercer Estado donde reside el consumidor, no se producen conflictos porque coinciden la ley elegida y la ley aplicable en defecto de elección. Si se elige la ley de un tercer Estado distinto al de residencia del consumidor, la elección de ley deberá respetar las normas contractualmente imperativas del Estado de residencia habitual del consumidor cuando celebró el contrato. Por ejemplo, una empresa brasileña, a través de su sucursal en España, envía al domicilio  en Andorra de un consumidor una oferta para la compra de un producto de uso personal. En el contrato se elige la ley brasileña. En este caso, será aplicable la ley brasileña, respetando las normas imperativas andorranas. Deberá valorarse en cada caso qué disposición resulta más protectora para el consumidor.

 

[45] Vid. F. J. Garcimartín Alférez, loc. cit., p. 461; E. Torralba Mendiola, loc. cit., p. 22.

 

[46] Vid. B. Añoveros Terradas, Los contratos de consumo intracomunitarios, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2003, esp. pp. 267 y ss.;id., “Consumidor residente en la UE vs. Consumidor residente en un Estado tercero: a propósito de la propuesta de Reglamento Roma I”, AEDIPr, t. VI, 2006, pp. 379-401, esp. pp. 386-387.

 

[47] Basta el siguiente ejemplo: durante unas vacaciones en España, un consumidor con residencia en Marruecos compra un bien para uso personal a una empresa española y en el contrato no se elige ley. De conformidad con el artículo 4 del RR I, se aplicará la ley española, porque el comprador no tiene la consideración de consumidor “captado” y, por tanto, no es merecedor de la aplicación de las normas del Reglamento sobre consumidores, que remitiría a la ley marroquí. Al aplicar la ley española, se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2011/83, que sí considera a este comprador un consumidor, al adquirir el producto para su uso personal.

 

[48] Vid. B. Añoveros Terradas, op. cit., pp. 166 y ss.

 

[49] Vid. M. Requejo Isidro, “Contratos de consumo y Roma I: ¿un poco más de lo mismo?”, AEDIPr, t. VIII, 2008, pp. 493-510, esp. pp. 495 y ss., refiriéndose a que las normas en materia de consumo aplicables sea cual sea la ley elegida pueden considerarse “normas de extensión”.

 

[50] Vid. M. M. Salah, “Loi d'autonomie et méthodes de protection de la partie faible en droit international privé”, R. des C., t. 315, 2005, pp. 141-264, esp. pp. 227 y ss.; F. Esteban de la Rosa, op. cit., pp. 198 y ss. Vid., igualmente, J. I. Paredes Pérez, “La necesidad de una nueva norma de conflicto bilateral sobre contratos de consumo. Propuesta de lege ferenda”, AEDIPr. , t. VI, 2006, pp. 87-114, esp. pp. 102 y ss., en referencia a los intereses públicos de ordenación del mercado presentes en la normas imperativas de consumidores.

 

[51] BOE nº 287, 30-XI-2007.

 

[52] La expresión “ley elegida” es problemática porque no abarca los casos en los que, existiendo vínculos con el EEE, se aplica la ley de un tercer Estado sin pacto alguno de las partes. No obstante, esa situación será más habitual en la hipótesis de profesional establecido en un tercer Estado, porque el art. 4 RR I probablemente remitirá al ordenamiento de dicho país. Será analizada, pues, más adelante (vid. infra III.2.B)

 

[53] En cualquier caso, la posibilidad de aplicar una ley de policía de un Estado, en este caso España, no puede servir para contravenir normas de la UE, que gozan de aplicación preferente. Así, por ejemplo, es irrelevante que el ordenamiento español considere una ley de policía las normas anti-cláusulas abusivas de elección de una ley extranjera distinta de la del lugar donde se emite la declaración negocial o de la del lugar donde el empresario desarrolla la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza (art. 90.3 DLTRLGDCU). Dicha previsión, que no deriva de la normativa europea armonizada, no puede afectar a la elección de ley válidamente celebrada de conformidad con el propio RR I, pues tiene aplicación preferente respecto del DLTRLGDCU.

 

[54] Como se observa, no se refiere al territorio español, sino al territorio del EEE, dado que se trata de una ley de policía derivada de una normativa europea. Vid., no obstante, sobre la diferente comprensión de los Estados de qué es una estrecha conexión con el EEE, F. J. Garcimartín Alférez, loc. cit., p. 460. Recuérdese, de hecho, que España no había hecho una correcta transposición de esta normativa de la UE según la Sentencia del TJCE de 9 de septiembre de 2004, Asunto C-70/03, Comisión c. España.

 

[55] Otros vínculos hacen alusión a que los bienes inmuebles sobre los que versan los contratos se hallen en un Estado miembro (art. 67.2 in fine DLTRLGDCU).

 

[56] Vid. F. J. Garcimartín Alférez, loc. cit., pp. 459-460.

 

[57] Vid. F. Esteban de la Rosa, op. cit., pp. 198 y ss. Ilustra lo expuesto el siguiente ejemplo: un residente en Argentina, mientras se halla de turismo en España, compra para su vivienda un bien a un empresario marroquí, a través de su sucursal en España. En el contrato se establece que “el comprador quedará obligado a realizar los pagos aun cuando la otra parte no haya procedido a la entrega en la fecha prevista” y que “para cualquier controversia, el contrato se regirá por la ley marroquí”.  En este caso, si un tribunal español conociese de la demanda del consumidor, aplicaría la normativa española contra cláusulas abusivas por falta de reciprocidad en las prestaciones (art. 87 TRDLGDCU). Ello se debe a que el contrato se gestó en el marco de actividades desarrolladas en un Estado miembro del EEE, siendo irrelevante que: i) en el RR I, el comprador no tendría la consideración de consumidor porque no ha sido captado en su residencia; y ii) el contrato se regiría por la ley marroquí, libremente pactada por las partes.

 

[58] Puede aplicarse como ley de policía cuando el contrato presente un vínculo estrecho con el EEE y la ley elegida sea la de un tercer Estado (art. 5.3 Ley 16/2011). Ese vínculo se basará en que el prestamista ejerce actividades en, o las dirige a, uno o varios Estados miembros, en el marco del cual se comprende el contrato, como puede verse en el siguiente ejemplo: una persona física residente en República Dominicana, durante unas vacaciones en España, compra un producto para un uso personal financiándolo a través de un crédito con una sucursal de una entidad prestamista panameña. En el contrato se elige la ley panameña. Si se presentara la reclamación ante un tribunal español, por ejemplo, el del lugar donde se halla la sucursal, este aplicaría la ley panameña como ley elegida por las partes, de conformidad con el RR I. No se tendría en cuenta la ley dominicana, porque el contrato no se considera de consumo al no haber existido captación en el Estado de residencia habitual del prestatario. Sin embargo, el juez aplicaría la Ley 16/2011 como ley de policía, por existir un vínculo estrecho con el EEE, al haberse realizado el contrato en el marco de actividades desarrolladas en dicho EEE.

 

[59] Cuando dicho consumidor resida en un Estado miembro, las normas de la Directiva 1999/44 serán irrenunciables y no se verán afectadas por la elección de la ley de un tercer Estado (art. 6.2 RR I), en relación con el art. 7.1 de la Directiva 1999/44).

 

[60] Vid. E. Torralba Mendiola, loc. cit., p. 26.

 

[61] Vid., destacando esta situación incluso en la redacción anterior del DLTRLGDCU, M. Requejo Isidro, loc. cit., esp. pp. 497 y ss.

 

[62] Vid. B. Campuzano Díaz, “Las normas de competencia judicial internacional del Reglamento 1215/2012 y los demandados domiciliados fuera de la UE: análisis de la reforma”, REEI, nº 28, 2014, pp. 1-35, esp. p. 12; C. I. Cordero Álvarez, “La contratación entre consumidores de la UE y empresas de terceros Estados: evolución del DIPr de la UE”, en J.-S. Bergé, S. Francq y M. Gardeñes Santiago (eds.), Boundaries of European Private International Law/Les frontières du droit international privé européen/Las fronteras del derecho internacional privado europeo, Bruselas, Bruylant/Larcier, 2015, pp. 347-365, esp. p. 352. Hasta ahora no cabía utilizar las normas europeas respecto de profesionales domiciliados en terceros Estados, vid. R. Arenas García, loc. cit., pp. 55 y ss. en referencia a la STJCE de 19 de enero de 1993, Asunto C-89/91, Shearson Lehman Hutton c. TVB, y STJCE de 15 de septiembre de 1994, Asunto C-318/1993, Brenner c. Noller. El cambio del RB I bis puede tener especial incidencia en el comercio electrónico (cf. C. I. Cordero Álvarez, loc. cit., p. 353) donde el TJUE ha elaborado una serie de indicios bastante amplios para entender que existe captación del destinatario final de un Estado miembro y, por tanto, concurre la definición de consumidor respecto de profesionales establecidos en terceros Estados que operan a través de la red. Es de destacar, principalmente, su Sentencia de 7 de diciembre de 2010 (Asuntos C-585/08 y C-144/09, P. Panner c. Reederei Karl Schlüter y Alpenhof c. O. Heller), seguida después por la Sentencia de 6 de septiembre de 2012 (Asunto C‑190/11, Mühlleitner c. Yusufi) y por la de 17 de octubre de 2013 (As. C-218/12, Emrek c. Sabranovic). Ni siquiera se exige que el contrato celebrado se enmarque en las actividades virtuales de captación (STJUE de 17 de octubre de 2013, Asunto C-218/12, Emrek c. Sabranovic), cf. C. I. Cordero Álvarez, loc. cit., p. 357.

 

[63] Vid. P. de Miguel Asensio, “El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones”, La Ley UE, nº 8013, 31-I-2013, pp. 1-4, esp. pp. 1-2; B. Campuzano Díaz, loc. cit., pp. 12 y 17, y, en relación con los trabajos preparatorios del RB I bis , vid. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 289. Esta nueva previsión hace de mínima aplicación en esta materia al apartado 2 del artículo 6 en esta materia, cuando dispone que el demandante, sea cual sea su nacionalidad, si está domiciliado en un Estado miembro, podrá invocar las normas de dicho Estado de la misma forma que sus nacionales.

 

[64] Vid. B. Campuzano Díaz, loc. cit., p. 12, esp. nota 36. Sobre las razones para no extender el derecho del consumidor a reclamar en su domicilio respecto de demandados domiciliados en terceros Estados, vid. R. Arenas García, loc. cit., pp. 54-55.

 

[65] Vid. P. de Miguel Asensio, “El nuevo Reglamento…”, loc. cit., pp. 1-2; B. Campuzano Díaz, loc. cit., p. 16, destacando la falta de claridad del Reglamento a este respecto. Otros autores han considerado que la nueva normativa impide la aplicación de la legislación interna (cf. C. I. Cordero Álvarez, loc. cit., p. 361).

 

[66] Vid. F. Esteban de la Rosa, op. cit., pp. 144 y ss. sobre este criterio interpretativo en materia de consumo.

 

[67] Vid. J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Derecho Internacional Privado, 7ª ed., Cizur Menor, Thomson/Reuters/Civitas, 2013, p. 592, en referencia a que el RB I bis  habilita al consumidor a presentar la demanda en su domicilio.

 

  1.  Vid. A. Dickinson, “Surveying the proposed Brussels I bis Regulation – solid foundations but renovation needed”, Yearb. Priv. Int’l Law, 2010, pp. 247-309, esp. pp. 273-274.

 

[69] Vid. M. Pohl, “Die Neufassung der EuGVVO – im Spannungsfeld zwischenVertrauen und Kontrolle”, IPRax, vol. 33, nº 2, 2013, pp. 109-114, esp. p. 111.

 

[70] Ya se ha destacado antes que este foro desaparecerá de prosperar el Proyecto de reforma de la LOPJ, que sigue los principios del Reglamento “Bruselas I.bis [art. 22.quinquies.d)].

 

[71] Vid. B. Campuzano Díaz, loc. cit., p. 19.

 

[72] Vid. A. Espiniella Menéndez, “La europeización de decisiones de Derecho privado”, REDI, vol. LX, 2008-1, pp.  39-69, esp. pp. 61 y ss.

 

[73] Vid. el Convenio relativo a la asistencia judicial entre la República Argelina Democrática y Popular y el España, hecho en Madrid, el 24 de febrero de 2005; el Convenio de cooperación jurídica en materia civil entre España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid , el 13 de abril de 1989; el Tratado entre España y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, hecho en Pekín el 2 de mayo de 1992; el Tratado entre España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000; el Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid, el 12 de septiembre de 2006; el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, hecho en Madrid el 17 de abril de 1989; el Convenio entre España y la República de Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, hecho en Túnez el 24 de septiembre de 2001; el Convenio de cooperación jurídica entre España y la República Oriental de Uruguay, hecho en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987; y el Convenio entre España y la URSS sobre asistencia judicial en materia civil, hecho en Madrid, el 26 de octubre de 1990.

 

[74] Como excepción, sí contempla la materia de consumo y la posibilidad de reconocer decisiones dictadas en el Estado del domicilio del consumidor demandante el Convenio entre España e Israel para el mutuo reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Jerusalén, el 30 de mayo de 1989 [art. 3.g)]. Del mismo modo, el problema no se plantea en aquellos convenios que prevén un control de la competencia conforme a las normas del Estado de origen de la sentencia, que sí pueden tener previsiones específicas sobre consumo. Tal es el caso del Convenio de cooperación judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid, el 30 de mayo de 1997.

 

[75] Sobre la necesidad de un enfoque multilateral en este ámbito, que trascienda a la UE, vid. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 294.

 

[76] Vid., por ejemplo, las bondades del artículo 74 del Anteproyecto de la Ley modelo OHADAC relativa al Derecho internacional privado, que permite reconocer decisiones si la competencia del tribunal extranjero se ha basado en un criterio de los previstos en la propia Ley o en una conexión razonable o de naturaleza equivalente. Entre esos criterios se encuentra el domicilio del consumidor demandante (art. 14.iv).

 

[77] Dada su competencia exclusiva para estas negociaciones, vid. Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia, de 7 de febrero de 2006.

 

[78] Cf. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 288.

 

[79] Vid. B. Añoveros Terradas, “Extensión de los foros…”, loc. cit., p. 305; C. I. Cordero Álvarez, loc. cit., p. 363.

 

[80] Por ejemplo, si se trata de un consumidor domiciliado en España que contrata con un profesional establecido en Brasil con sometimiento a los tribunales brasileños, una hipotética derogación de la competencia de los tribunales españoles afectaría directamente a un criterio de competencia establecido en el RB I bis, el del domicilio del consumidor (arts. 6  en relación con el art. 18).

 

[81] Cf. M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, op. cit., p. 298.

 

[82] Vid. supra II, sobre la importancia del Asunto Océano a este respecto.

 

[83] Vid. P. Wautelet, loc. cit., pp. 4-6; A. Nuyts, loc. cit., pp. 41 y 86. Téngase en cuenta que el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro 2005 excluye a los contratos de consumo, cf. P. de Miguel Asensio, “La tutela de los consumidores en el mercado global: evolución del marco normativo”, Estudios sobre consumo, nº 85, 2008, pp. 23-44, parágrafo 9.

 

[84] Vid. supra III.1.A) sobre cómo el tribunal del domicilio del consumidor se declarará competente por una norma europea (art. 18 RB I bis), mientras que el resto de tribunales de Estados miembros se declararían competentes por sus legislaciones nacionales (art. 6).

 

[85] Vid. P. de Miguel Asensio, “La tutela de los consumidores…”, loc. cit., parágrafo 18.

 

[86] Vid. J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, op. cit., p. 115. Se trataría de que, si favorece al consumidor, la competencia del tribunal extranjero elegido fuera compatible con la competencia los tribunales españoles. Máxime si se tiene en cuenta que no hay disposición alguna que obligue a abstenerse al juez español por sumisión a los tribunales extranjeros (art. 36 LEC 2000).

 

[87] El artículo 22.bis.1.II del Proyecto de reforma de la LOPJ señala que la sumisión a tribunales españoles solo puede jugar si se basa en un acuerdo posterior al surgimiento de la controversia, si ambas partes tenían su domicilio o residencia en España cuando se celebró el contrato o si el demandante es el consumidor. El problema está en que el art. 22.quinquies vuelve a regular esta cuestión en su último párrafo, con la contradicción de que los pactos posteriores al nacimiento del litigio solo pueden ser invocados por el consumidor demandante.

 

[88] En principio la regulación del Proyecto de reforma de la LOPJ se refiere a la sumisión a tribunales españoles, mientras que la del DLTRLGDCU podría referirse a la sumisión a tribunales de terceros Estados. No obstante, el Proyecto debería establecer claramente si podría bilateralizarse respecto de los tribunales de terceros Estados, de modo que el juez español se declarara incompetente si observa que existe una sumisión a los tribunales de un tercer Estado en el que las partes tenían su domicilio cuando se realizó el contrato o una sumisión posterior al nacimiento del litigio.

 

[89] Sobre la necesidad de abordar desde una perspectiva europea y no estatal el reconocimiento de decisiones en materia de consumo de terceros Estados, vid. A. Borrás Rodríguez, loc. cit., p. 347.

 

[90] Vid. supra II.

 

[91] El otro supuesto sería el de elección de la ley de un Estado miembro. Así, la regla de la ley elegida con respeto a las normas imperativas favorables al consumidor juega genéricamente en los aspectos no armonizados. Sin embargo, ha de ponerse en relación con la Directiva 2011/83, que establece un nivel máximo de armonización de los derechos de los consumidores, que los Estados deben alcanzar pero no mejorar. Ello significa que, existiendo una correcta transposición, el contenido de la ley elegida y la ley de residencia del consumidor debe de ser idéntico. De esta forma, habría vía libre a la aplicación de la ley elegida. A lo sumo, se plantea una cuestión procesal como la oportunidad de probar la ley extranjera elegida ‑con los costes temporales y económicos que ello tiene‑, cuando la ley del foro se pronuncia en los mismos términos.

 

[92] Vid. S. Sánchez Lorenzo, loc. cit., pp. 47 y ss.; F. Esteban de la Rosa y O. Olariu, loc. cit., pp. 18-19.

 

[93] Vid., en detalle, F. J. Garcimartín Alférez, loc. cit., p. 459 y ss.

 

[94] Vid. M. Requejo Isidro, loc. cit., pp. 499 y ss.

 

[95] Además de tener en cuenta las de otros Estados donde se ejecuta el contrato, en función de su naturaleza, objeto y consecuencias derivadas de su aplicación y, en particular, la posible ilegalidad de la ejecución (art. 9.3 RR I).

 

[96] Por ejemplo: una persona física, con residencia habitual y domicilio en Barcelona, durante unas vacaciones en México, recibe varias ofertas publicitarias de empresas mexicanas. Ya de vuelta en España, decide hacer un contrato a distancia para un uso personal, para lo cual la empresa mexicana le envía a su residencia las condiciones generales de contratación, que son firmadas y devueltas por correo. En ellas se pacta la entrega de las mercancías en Barcelona y el sometimiento a la ley mexicana. En principio, este usuario final no será considerado consumidor por el RR I, al haber sido captado fuera de su Estado de residencia. Sin embargo, las normas sobre condiciones generales de la contratación de la Ley 7/1998 serán aplicadas como ley de policía.

 

[97] Vid. F. J. Garcimartín Alférez, loc. cit., p. 460.

 

[98] Cf. F. Esteban de la Rosa, op. cit., p. 188; F. J. Garcimartín Alférez, loc. cit., p. 462.

Citar: elDial.com - DC2634

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