Contratos de consumo en el tráfico comercial UE-terceros Estados

Contratos de consumo en el tráfico comercial UE-terceros Estados

Contratos de consumo en el tráfico comercial UE-terceros Estados

Por Ángel Espiniella Menéndez**

I. Introducción

  1. El análisis de los contratos de consumo vinculados a terceros países no miembros de la UE[1] presenta un especial interés tanto desde una perspectiva económica como jurídica. Económicamente, esta realidad resulta esencial para diseñar las estrategias de internacionalización de la actividad empresarial, ya que es en las relaciones comerciales en terceros Estados en las que se observan mayores obstáculos, mientras que en las relaciones en el EEE las barreras en el mercado minorista cada vez son más reducidas. Máxime cuando es constatable que los estándares de protección del EEE para el destinatario final[2], captado o no, son altos en relación con otros mercados de nuestro entorno.

. Desde un punto de vista jurídico, el estudio de los contratos de consumo ajenos a la UE también presenta un especial interés, dados los importantes hitos del Derecho europeo en los últimos tiempos tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal[3]. En la dimensión sustantiva, no puede perderse de vista que la armonización de máximos de la Directiva 2011/83[4] origina que las principales divergencias en lo que respecta a la ley aplicable concurran en contratos en los que existe un elemento ajeno al EEE[5]. En la dimensión procesal, debe destacarse que la principal reforma del Reglamento “Bruselas I.bis”[6] (en adelante RB I bis) respecto de los contratos de consumo ha sido precisamente extender su ámbito de aplicación a aquellos supuestos en los que el consumidor tiene su domicilio en la UE y el profesional demandado no posee ni domicilio ni sucursal en ningún Estado miembro (art. 6)[7]. Deben analizarse, pues, su impacto y su relación con las reformas de la legislación española en materia de consumo, principalmente, de la LOPJ[8]. Además, la litigación en materia de consumo en este contexto geográfico es importante dado que los ADRs y ODRs están poco desarrollados en relaciones ajenas al EEE, pues no pueden aplicarse mecanismos de cooperación como la red de Centros Europeos del Consumo, ni la Directiva 2013/11[9], ni el Reglamento (UE) nº 524/2013[10] sobre procedimientos de resolución alternativos celebrados en línea[11].

  1. Lo señalado aconseja prescindir de una estructura expositiva clásica de competencia judicial, ley aplicable y reconocimiento, para, a partir de un análisis conjunto de estos sectores, ver su impacto en dos hipótesis: profesional en la UE y consumidor en tercer Estado y profesional en tercer Estado y consumidor en la UE[12].


II. Profesional en la UE y consumidor en tercer Estado


1. La desprotección procesal del consumidor


A) La irrelevancia de la captación en tercer Estado


  1. En la hipótesis de consumidor residente o domiciliado en tercer Estado, el Derecho de la UE no puede regular la competencia del juez del domicilio del consumidor, al hallarse en tercer Estado. Por ello, ha centrado su atención en la posibilidad de atribuir competencia a los tribunales del domicilio del empresario demandado (art. 18.1 Reg. “Bruselas I.bis” y art. 16.1 Conv. de Lugano)[13]. Si se trata de una empresa de la UE o de la EFTA con sucursales en varios Estados miembros o partes, distintos al de su domicilio, también podrá presentar la demanda ante el tribunal de otro Estado miembro o parte en el que se halle la sucursal que haya gestionado el contrato (= sucursal a cuya explotación se vincula el litigio ex art. 7.5 Reg. “Bruselas I.bis y art. 5.5 Conv. Lug)[14]. En todos estos casos, el Reglamento “Bruselas I” y el Convenio de Lugano se aplican de forma exclusiva y excluyente, sin posibilidad de aplicar las legislaciones nacionales y, en concreto, la LOPJ. Será irrelevante que la legislación nacional contenga otros foros, como son los de oferta publicitaria o personal en España o ejecución en España de los actos necesarios para la celebración del contrato[15].


  1. El hecho de que el RB I bis no pueda atribuir competencia a los tribunales del domicilio del consumidor ha originado que el consumidor pasivo protegido por el RB I bis sea únicamente el captado y domiciliado en un Estado miembro[16] -a diferencia de lo que ocurre en el Reglamento “Roma I”[17] (en adelante RR I), sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, que protege también al consumidor captado y residente en tercer Estado[18]-. No obstante, esta delimitación espacial del RB I bis no se ha extendido al consumidor que compra y/o financia mercaderías a plazos [apdos. a) y b) del art. 17.1][19]. Esta situación origina dos problemas:

En primer lugar, la desprotección del consumidor captado y domiciliado en tercer Estado, si bien es comprensible porque tiene su domicilio fuera de la UE, no está tan justificada en lo que respecta a la sumisión a tribunales de Estados miembros. A dicho consumidor se le podría imponer una sumisión abusiva a los tribunales de un Estado miembro, los del domicilio del profesional, como si de un contrato B2B (business to business) se tratase (art. 25 Reg. “Bruselas I.bis”)[20]. Es más, en el marco de la mayoría de los convenios bilaterales firmados por España, la sentencia dictada por el tribunal español podría ser reconocida en el tercer Estado firmante del convenio, dado que no suelen tener cláusulas especiales de protección de consumidores en el momento de solicitar el reconocimiento y ejecución de una sentencia[21]. Esta situación no parece muy lógica tanto por el desequilibrio jurídico-económico a favor del profesional, como por el agravio comparativo respecto del consumidor domiciliado y captado en un Estado miembro o que adquiere bienes muebles a plazos, que sí quedan protegidos siendo ineficaz la sumisión[22]. Para evitar estos efectos perniciosos, resulta obligado extender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el Asunto Océano[23], sobre un caso puramente interno, a supuestos internacionales[24]. De conformidad con esta Sentencia, la sumisión a los tribunales del domicilio del profesional debe considerarse una cláusula abusiva por el importante desequilibrio en los derechos y obligaciones para el consumidor[25]. Será irrelevante a estos efectos que el consumidor sea captado o no, y residente o no en la UE[26], pues esta circunstancia no se contempla en la Directiva 93/13/CE[27]. No obstante, debe reconocerse lo llamativo de declarar abusiva conforme a esta Directiva una cláusula que se ajusta totalmente al tenor literal del RB I bis[28].

  1. En segundo lugar, en defecto de elección de tribunal, el consumidor de tercer Estado podría ser demandado en un Estado miembro, si la legislación interna contempla foros no protectores o ambivalentes[29], como por ejemplo la realización en el foro de los actos necesarios para la celebración del contrato, que pueden ser utilizados tanto por el consumidor como por el profesional[30]. Pero, además, respecto del consumidor actor, surge una paradoja en la práctica procesal internacional: el consumidor no protegido, es decir, el captado y domiciliado en tercero Estado, dispone a su favor de más foros de competencia en la UE que el consumidor protegido domiciliado en tercer Estado, esto es, el que compra o financia mercancías a plazos. Así, el desprotegido dispone de tres foros: domicilio ex art. 4 del RB I bis , sucursal ex art. 7.5 y lugar de cumplimiento de la obligación ex art. 7.1. Mientras que el protegido dispone de dos foros de competencia: domicilio del demandado ex art. 18.1 o sucursal del profesional ex art. 7.5. Parece perder, pues, la posibilidad de demandar en el Estado en el que se ejecuta la obligación que sirve de base a la demanda[31].


B) El silencio sobre el traslado de domicilio del consumidor


Además de las circunstancias señaladas, aparecen problemas importantes en relación con el consumidor captado y domiciliado en un Estado miembro que, antes de interponer la demanda, traslada su domicilio a un tercer Estado. Este aspecto ha sido silenciado por el RB I bis , heredado de su antecesor y del Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007[32].Prima facie cabe inferir la determinación del domicilio en el momento de interposición de la demanda, como lo corrobora el uso del tiempo verbal en el RB I bis : “la acción (…) podrá interponerse (…) ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que esté ‑y no “estaba”‑ domiciliado el consumidor”[33]. Ello significaría el que consumidor que traslada su domicilio a un tercer Estado va a perder el derecho a reclamar en el Estado miembro en el que estaba domiciliado en el momento en el que fue captado, y ello a pesar de la proximidad que muestra tal lugar con el objeto del litigio[34]. Cabría, para evitar esta situación, considerar competentes a los tribunales del domicilio del Estado miembro en el que fue captado, como parece derivarse de los antecedentes del RB I bis[35]. Mas, incluso asumiendo la interpretación de estos antecedentes, debe criticarse que se ofrezcan soluciones diferenciadas allí donde la norma literalmente no diferencia. Además, persistiría el problema respecto del consumidor que, aun comprando o financiando a plazos, también había sido captado en su domicilio. En este caso, los antecedentes del RB I bis se refieren al domicilio del consumidor en el momento de interposición de la demanda, y no en el momento de captación. Sin embargo, tanto el profesional como el consumidor podrían tener interés en mantener la competencia del tribunal del domicilio del consumidor en Estado miembro. El profesional, porque ha podido calcular el riesgo de ser demandado en un Estado miembro en el que ejercía o al que dirigía actividades, siendo quizá preferible a ser demandado en un tercer Estado conforme a sus normas procesales, si en ese tercer Estado no tiene actividad alguna. El consumidor, porque dispone de un foro más para demandar que neutraliza el riesgo de que la legislación procesal del tercer Estado no admita este tipo de forum actoris.


2. Contradicciones en la normativa sustantiva