La caducidad de los derechos en el nuevo Código Civil y Comercial.

Create an avatar link Create an author post link Ed. Microjuris.com Argentina en 27 agosto 2015

Autor: López Mesa, Marcelo J. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 21-ago-2015

Cita: MJ-DOC-7364-AR | MJD7364

Sumario:

I. El tiempo y las relaciones jurídicas. II. La caducidad de derechos y su nueva actualidad. III. La caducidad sustancial de derechos. IV. Presupuestos o elementos de la caducidad. V. Caracteres de la caducidad. VI. Fundamentos de la caducidad. VII. Interpretación de la caducidad. VIII. Plazo de prescripción y plazo de caducidad. IX. Régimen y efectos de la caducidad en el nuevo Código Civil y Comercial. X. Supuestos de caducidad en el nuevo Código Civil y Comercial. XI. Observaciones.

Doctrina:

Por Marcelo J. López Mesa

I. EL TIEMPO Y LAS RELACIONES JURÍDICAS

El hombre tiene su vida signada por el tiempo. Ello, al punto de que se ha dicho agudamente que «el tiempo es un recurso escaso, quizá el mejor ejemplo de escasez» (1).

Esta temporalidad de la vida del hombre, hace que el tiempo no sea neutro tampoco en el derecho, sino que éste marca una serie de limitaciones al ejercicio de los derechos y establezca un elenco de recaudos para su adquisición.

Claro que «el transcurso del tiempo por sí solo no es capaz de extinguir obligaciones u otorgar derechos, han de intervenir además del tiempo otros factores que considerados en su conjunto van a crear o extinguir esos derechos. Sin embargo, el transcurso del tiempo como factor que puede incidir sobre las relaciones jurídicas, puede llegar a ser un elemento distorsionador del orden social. Puede provocar un desajuste entre la realidad y el supuesto jurídico, entre el titular del derecho y el que ejercita el mismo, entre el hecho y el derecho. Esta desarmonía ni es pretendida ni querida por el derecho, puesto que uno de los fines fundamentales a que aspira todo derecho es la seguridad en el tráfico jurídico y a esa meta se llega mediante la coincidencia entre el hecho y el derecho. El transcurso del tiempo pues, puede jugar una importante baza en las relaciones jurídicas y esta causa, juntamente con otras ha inducido al legislador a que establezca unos determinados plazos legales con la finalidad de que en el orden social exista una cierta estabilidad y seguridad en el tráfico jurídico. El principio de la seguridad jurídica se opone al azar, a las arbitrariedades; y ya que el derecho es un orden, una forma de vida, el derecho tiene que exigir que sea posible la existencia de esa vida social.Es decir, el derecho en sí mismo supone una certeza jurídica, y el transcurso del tiempo puede ser una causa, entre otras, de que el contenido jurídico de un supuesto de derecho tienda a diluir el principio de la seguridad jurídica» (2).

El derecho debe lidiar con el tiempo, que influye en numerosas instituciones jurídicas y, para ello, tiene que regularlo, estableciendo sus efectos (3). La forma arquetípica del derecho de establecer la temporalidad de los derechos y acciones es fijarles un plazo de cumplimiento o ejercicio, plazo que puede ser de distinta naturaleza y efectos (4).

Con galanura se ha precisado que «el derecho, como conjunto de normas generalmente armónicas, coherentes y reguladoras de la conducta humana, tiene la virtualidad de reconocer en cabeza de determinados sujetos la existencia de derechos y obligaciones, de tal forma que se pueda promover a todo lo largo y ancho del grupo social una equilibrada distribución de cargas y beneficios. Precisamente, esta búsqueda de equilibrio en lo pertinente a la distribución de cargas y beneficios hace suponer y determinar el grado de cohesión social que pueda tener el hombre con respecto a la norma, a la justicia que ella pretende alegar e incluso el grado de desobediencia que respecto al orden legal puedan predicar determinados sujetos.Precisamente esta búsqueda del equilibrio en torno a las relaciones del hombre con el hombre, así como con su entorno, conlleva a que el derecho se valga de distintas formulas que le permitan mantener su vitalidad y lozanía e igualmente lo legitimen para premiar algunas conductas, reprochar o sancionar otras» (5).

Y se agregó luego que «la inercia del ser, así como su indiferencia respecto de determinadas situaciones, incluso respecto al ejercicio de sus propios derechos, agravado esto por la escasez propia de los recursos naturales, hace que el ordenamiento jurídico o derecho apele al establecimiento de términos para el puntual y correcto ejercicio de las facultades que el mismo garantiza, puesto que no existe nada más reprochable que la presencia de injusticia aunada con el desdén o desinterés de muchos. En este orden de ideas, figuras como la caducidad o la prescripción, institutos de vieja data, se elevan a título de mecanismos de los cuales se vale el derecho para reprochar toda inercia del ser humano o todo el desinterés que éste puede manifestar, expresa o tácitamente, en el ejercicio de sus facultades y en contra de terceros» (6).

II. LA CADUCIDAD DE DERECHOS Y SU NUEVA ACTUALIDAD

Existen diversas clases de plazos con efectos jurídicos; los más importantes y gravosos son sin duda el plazo de prescripción y el de caducidad. Y, de ambos, el más grave es el plazo de caducidad, ello dadas las consecuencias irremontables que entraña su cumplimiento (7).

Agudamente se ha precisado que «la caducidad es una figura de importación reciente, de aquéllas cuyo funcionamiento no siempre satisface al operador del derecho» (8).

En una visión extrema se ha llegado a conceptualizarla expresando que «durante mucho tiempo aborrecida por la doctrina y abandonada por las obras jurídicas, la caducidad ha sido la mal querida del derecho de las obligaciones» (9).

Sin llegar a tanto es indudable que se trata de una figura no siempre bien conocida, ni menos aún, bien aplicada por nuestra jurisprudencia y doctrina.La caducidad del derecho ostenta perfiles netos, que la diferencian de otros plazos de decadencia; pero ello es así a condición de que se la conozca suficientemente, lo que no está al alcance de todos los operadores jurídicos, que muchas veces la confunden con otros institutos o la aplican indiferenciada o despreocupadamente y sin advertir siquiera sus filosas aristas.

Por otra parte, al menos durante la vigencia del Código de Vélez, esos perfiles diferenciales con la prescripción, han debido ser advertidos y explicitados por la doctrina, ya que ninguna norma consagró el codificador ni la reforma de 1968 a reglar específicamente la caducidad, debiendo los autores y los jueces darse a la labor de identificar dentro de ese articulado qué plazos podían considerarse de caducidad.

Con el nuevo Código Civil y Comercial el panorama ha cambiado radicalmente en esta materia, al contemplar el nuevo ordenamiento a la caducidad como una forma de decadencia de derechos, de efectos más rotundos y terminantes que otras y darle un régimen específico, en los arts. 2566 a 2572 .

Ello así, sin dejar de advertir que la incertidumbre que campeaba en el ordenamiento velezano, por su falta de regulación específica de la caducidad, ha sido reemplazada por una incertidumbre sobre la real extensión de algunas normas del nuevo régimen dado a la figura por el legislador de la ley 26.994 (especialmente, los arts. 2570 y 2571 ) que en ésta, como en otras materias, ha seguido predilecciones doctrinales de algunos de los miembros de la Comisión de reformas, plasmando una regulación compleja, no clara en sus alcances, difícil de captar en cuanto a su extensión y abierta a la conjetura, en virtud de lo lato e indeterminado de algunas de sus reglas y la falta de una explicación suficiente sobre la intención legislativa tenida al sancionarla.

III.LA CADUCIDAD SUSTANCIAL DE DERECHOS

El plazo de caducidad es aquél dentro del cual se debe realizar un hecho (positivo o negativo) o un acto, que dará nacimiento o consolidará un derecho o una acción; vale decir que durante el plazo de caducidad deberá necesariamente cumplirse el acto de que se trate para que surta sus efectos jurídicos, y, correlativamente, que no realizado el mismo en tiempo propio, quedará definitivamente cerrada la posibilidad de practicarlo ya eficientemente (10).

A su respecto bien se ha expresado que «aunque no sea una noción jurídica nueva, la caducidad permanece vaga e incierta, lo que nos hace recelar de sus numerosas ambigüedades, al punto de tener el sentimiento de que existen diferentes caducidades según sea el dominio jurídico considerado. Un estudio global que sobrepase los linderos entre derecho civil y procedimiento civil, o incluso entre contratos y actos jurídicos unilaterales, se impone hoy en derecho privado francés. Tal estudio permite en primer lugar poner de relieve la dualidad funcional de la caducidad, que puede resultar o de la desaparición no culpable, total y definitiva de un elemento esencial a la ejecución del acto jurídico. O de la inacción de la persona interesada en el acto, ya se trate de una parte o de un beneficiario de un acto jurídico unilateral» (11).

Aún con cierta apariencia velada, difuminada o no cognoscible en plenitud, la caducidad es una figura que denota como ninguna la temporalidad de los derechos concedidos a los sujetos; esta figura sujeta o condiciona el ejercicio de un acto o de un derecho a su realización dentro de un plazo prefijado y de perentoria observancia, quedando establecida la consecuencia de su ejecución fuera de él:la extinción de ese derecho.

Por ende, cabe también definirla como la pérdida o extinción de una acción o un derecho por inacción de su titular, quien no la ha ejercitado dentro del plazo perentorio que para hacerlo tenía concedido, o cuando lo ha efectivizado temporáneamente, pero sin cumplir requisitos legales indisponibles.

En cualquiera de sus formas la caducidad opera como un plazo fatal y perentorio para el ejercicio de determinados derechos, la realización de cierta manifestación recepticia, la contestación de algunas reclamaciones o la impugnación de determinadas situaciones jurídicas; el efecto de la caducidad radica en que el transcurso del tiempo prefijado legalmente, sin haberse ejercido el derecho, efectuada la manifestación, contestado la reclamación o impugnado la situación jurídica, que se encontrare sometida a plazo de caducidad, produce la pérdida del derecho o la consolidación definitiva de la situación no cuestionada. El efecto básico de la caducidad es la extinción del derecho y la pérdida de su correspondiente acción judicial para ejercerlo (12).