Derecho penal inflacionario y corona virus.

Derecho penal inflacionario y corona virus. El castigo por diseminar una enfermedad peligrosa y contagiosa llega hasta los quince años de prisión, previéndose además multas económicas de hasta cien mil pesos

Por Luis María Desimoni

“… un decreto del PEN hace hincapié en que las personas que incumplan la cuarentena y las medidas preventivas que disponen las autoridades sanitarias “estarán incurriendo en un delito” (…) “… el actual Código Penal en su artículo 202 prevé una pena que oscila entre los tres y quince años de cárcel para las personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa", en tanto, que el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”. Finalmente, el artículo 205 destaca: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. (…) Pero aún en situaciones extremas es necesario mediante el Estado de Derecho que se cumplan las reglas del debido proceso, en cuanto a tipicidad y garantías procesales.” “Admitir lo opuesto nos lleva a pensar como lo hiciera MALAGARRIGA que estas figuras del código penal pueden ser tachadas de inconstitucionales ya que la norma pretende imponer sanciones a conductas legales indeterminadas que no se especifican en norma alguna, sino como meras referencias a “medidas”. En igual sentido SOLER (2) aclara que comparte lo expuesto por este autor, resaltando además que atento que el referido desconocía la teoría de la ley penal en blanco, su criterio es aún más valorable.” “Ya en nuestros días MUÑOZ CONDE nos diría: “con penas draconianas, con el abuso del derecho penal empleándolos más allá de lo que permite su carácter de ultima ratio y con recortes de los derechos fundamentales del imputado en el proceso penal quizás se pueda luchar más o menos eficazmente contra la emergencia”, pero lo que sí es seguro es que con ello se está abriendo una puerta por la que puede colarse, sin darnos cuenta, un derecho penal de corte autoritario, tan incompatible con el Estado de Derecho como lo son las legislaciones excepcionales de las más brutales dictaduras.” “… entendemos que si bien es cierto que las emergencias aconsejan y obligan a que se utilicen todos los resortes y recursos del Estado, debe tenerse precaución en cuanto al derecho penal, tema en el cual debemos ser muy cuidadosos, so riesgo que en la práctica el empleo del mismo se torne inflacionario y exorcizante, habida cuenta que cuando el autor provocó un daño, o contagió una enfermedad infecciosa, aplicar una severa sanción no repara a las víctimas en particular o a la sociedad en general por el daño producido.” “En suma, creemos que deberán utilizarse todas las medidas de policía sanitaria y administrativas tendientes al fin que persigue la norma que nos ocupa, dejando como un recurso excepcional la sanción penal para el eventual caso que existan sujetos que, con comprobada intencionalidad o por extrema negligencia, violen los preceptos del Código Penal de la Nación, que además hemos visto que no son en modo alguno novedosos.”

Citar: elDial.com - DC29A8 Publicado el 16/03/2020 Copyright 2020 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Texto Completo

Guardar | Copiar | Imprimir | Enviar

Derecho penal inflacionario y corona virus

El castigo por diseminar una enfermedad peligrosa y contagiosa llega hasta los quince años de prisión, previéndose además multas económicas de hasta cien mil pesos

Por Luis María Desimoni(*)

I.- Introducción

A modo introductorio comentamos que un reciente informe comisionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial advierte en tono sombrío que "el espectro de una emergencia sanitaria mundial se vislumbra peligrosamente en el horizonte". El documento señala que el mundo se enfrenta a un creciente brote de enfermedades infecciosas: entre 2011 y 2018, la OMS registró 1483 brotes epidémicos en 172 países. Enfermedades propensas a epidemias como la influenza, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), el ébola, el zika, la peste, la fiebre amarilla y otros, son precursores de una nueva era de brotes de alto impacto y propagación rápida que se detectan con mayor frecuencia y son cada vez más difíciles de manejar.

El análisis se hizo con base en el estudio de pandemias que han ocurrido en el pasado y la forma en que se atendieron esas crisis. A modo de ejemplo histórico el brote de influenza de 1918 (también conocida como la gripe española), enfermó a un tercio de la población mundial y mató a unos 50 millones de personas.

Se especula en base al referido informe, que, si en la actualidad hubiera un brote similar, podría matar aproximadamente entre 50 y 80 millones de personas y destruiría "casi el 5% de la economía mundial",

Este “apocalipsis” se vería facilitado en medio de una población globalizada que hoy es cuatro veces mayor a la de hace un siglo y que puede viajar a cualquier parte del mundo en menos de 36 horas.

Visto así, este escenario nos obligaría a ser muy estrictos con la política sanitaria de los países, pero la perplejidad surge en cuanto a la utilidad de echar mano a herramientas de la política criminal para ello, cuando todas las cátedras expresan que hay que limitar el poder punitivo y avanzar desde una política criminal retributiva a una restaurativa.

Lo expresado y un decreto del PEN hace hincapié en que las personas que incumplan la cuarentena y las medidas preventivas que disponen las autoridades sanitarias “estarán incurriendo en un delito”.

II.- Delitos contra la salud pública

Técnicamente el actual Código Penal en su artículo 202 prevé una pena que oscila entre los tres y quince años de cárcel para las personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa", en tanto, que el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”. Finalmente, el artículo 205 destaca: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Obviamente que la emergencia, tal como la presenta la OMS, no deja dudas que las personas de bien, las “buenas gentes” en términos de CARRARA deberían en forma espontánea colaborar para evitar con sus acciones y omisiones y por todos los medios que indiquen las autoridades pertinentes a que este flagelo se disemine y es obvio que nadie podría estar en contra de medidas del poder político sanitario que tienden a proteger a la ciudadanía y habitantes de nuestro suelo. Pero aún en situaciones extremas es necesario mediante el Estado de Derecho que se cumplan las reglas del debido proceso, en cuanto a tipicidad y garantías procesales, tema éste que no es nuevo, y a dichos fines vamos a la biblioteca para proporcionar citas historiográfricas y doctrinarias del derecho penal argentino para visualizar que el tema no es nuevo y que además existen bemoles filosóficos prospectivos a que el poder politico induzca a sancionar indiscriminadamente conductas mediante las herramientas del Código Penal salvo casos puntuales perfectamente comprobados.

Admitir lo opuesto nos lleva a pensar como lo hiciera MALAGARRIGA(1) que estas figuras del código penal pueden ser tachadas de inconstitucionales ya que la norma pretende imponer sanciones a conductas legales indeterminadas que no se especifican en norma alguna, sino como meras referencias a “medidas”. En igual sentido SOLER(2) aclara que comparte lo expuesto por este autor, resaltando además que atento que el referido desconocía la teoría de la ley penal en blanco, su criterio es aún más valorable.