Difusión inconsentida de imágenes sexuales de tercero en tiempos de pandemia

Difusión inconsentida de imágenes sexuales de tercero en tiempos de pandemia

Por Marcelo A. Riquert[1]

  1. Introducción: pandemia y conectividad

El 2020 nos ha traído como inesperada novedad una emergencia sanitaria mundial a partir del virus COVID-19. Gran parte de la población mundial, con diversa intensidad, se ha visto obligada a conocer de primera mano que el llamado “arresto domiciliario” no es tan placentero como se suponía al criticar el instituto como modalidad de ejecución de la pena. Bajo la más suave etiqueta del “aislamiento social preventivo obligatorio” (ASPO), la vieja “cuarentena” se ha reinstalado y nuestra vida y prácticas habituales se han reconfigurado.

Una de las ventajas de la actual con relación a tiempos pretéritos estaría dada porque las modernas tecnologías de la información y comunicación nos hacen más soportable el encierro. Por cierto, desde los grandes medios de comunicación se hace hincapié en esto como si verdaderamente “todos” estuviéramos conectados. Pero, la verdad, aunque la conectividad mejora a pasos gigantescos (7% en 2019 a nivel global), al presente hay una porción muy significativa de la humanidad que está por fuera del acceso a las TICs (y, probablemente, al no recibir el bombardeo de noticias constante, malas y buenas, sobre la pandemia, la esté viviendo y sintiendo en forma diferenciada).

Con una población mundial en 2019 de unos 7700 millones de personas, muy desparejamente distribuidas (alrededor del 37% del total sólo en dos países, China e India; el continente asiático concentra unos 4677 millones), sólo el 55% urbanizados, el total de usuarios de celulares (no de internet, sino de telefonía) son 5190 millones (aprox. el 70% de la humanidad). Tienen acceso a internet con distintas facilidades y calidad de acceso y servicio, 4250 millones (casi el 60%, téngase presente que en 2007 era el 15%). El país con mayor nivel de conectividad es Emiratos Árabes Unidos, que alcanza el 99%; el que menos, Burundi, con un 7%. La media mundial es del 59%, por debajo de la que se encuentran países de enorme población: India (50%, con más de 1300 millones de habitantes), Nigeria (42%, con 191 millones de habitantes), entre otros. Hay 16 países que están por encima del 90% de conectividad (Dinamarca, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda, Canadá, Arabia Saudita, Alemania, Nueva Zelanda, Japón, Hong Kong, España y Bélgica). En nuestro continente, USA alcanza casi el 89% y Argentina el 78%. El segundo continente más poblado, África (1100 millones de personas) es el que tiene conectividad más baja (Sudán, Eritrea y Burundi, menos del 10%).

En fin, como se ve, la situación sigue siendo todavía bastante desigual y no es necesario ingresar en mayores detalles para justificar el aserto. Lo expuesto también deja en claro que, para casi el 60 % de las personas, las restricciones de movilidad por motivos sanitarios han generado un incremento sustancial del tiempo de conexión diario y, en campos antes no implementados o con un uso hasta ahora menor o marginal, se han debido acelerar planes de implementación que aseguraran y ampliaran las posibilidades de teletrabajo (cumplir tareas en modo remoto a la oficina por medios informáticos, elaborando y firmando documentación en forma digitalizada), educación a distancia (clases online), compras y entretenimiento online. Y, acercándonos al objeto de este trabajo, en Argentina, el propio gobierno recomendó -a efectos de mitigar los rigores del aislamiento social-, el sexo virtual, en particular, la práctica del “sexting”[2].

Por cierto, tal como se viene poniendo en evidencia en los grandes medios, para este universo de personas conectadas y que ahora lo están por más tiempo, la natural incidencia de la tecnología como factor criminógeno se ha incrementado. Así, por ejemplo, nuestros adultos mayores, verdaderos “inmigrantes digitales”, forzados a abandonar su economía “analógica” (del dinero en efectivo) y a usar tarjetas de débito y crédito, a comprar online, son víctimas privilegiadas de ciberfraudes. Pero también los usuarios más asiduos, los de las generaciones que constituyen los grupos de “nativos digitales”, ven día a día cómo se suceden denuncias de no sólo errores en la entrega de los pedidos, sino de maniobras intermedias por las que reciben piedras o maderas en las cajas que debían contener diversos productos. Tampoco es necesario abundar sobre esto.

Con todos encerrados se abre paso también al incremento de la violencia de género y la intrafamiliar, con otras víctimas privilegiadas (mujeres, jóvenes, niñas y niños). Aquella tecnología también favorece que se concreten diversos atentados contra la intimidad y la privacidad y, entre quienes hacen uso frecuente de las redes sociales (unos 3800 millones personas, es decir, casi la mitad de quienes habitan el planeta), se exacerban prácticas de compartir los más variados contenidos audiovisuales. Es notable la alta exposición que, sin demasiada conciencia, se hace de nuestros niños por sus propios padres, publicando en forma indiscriminada imágenes (“sharenting”) de las que, como no puede ser de otro modo, más temprano que tarde se perderá control y podrán involucrarse incluso en prácticas claramente ilícitas (por ejemplo, producir material que refleje abusos sexuales infantiles).

Podrían profundizarse cada una de estas líneas que, además, no son más que algunos de los posibles temas de interés pero, presentado el panorama con mínima suficiencia, se pasará a centrar la mirada en la mentada propuesta gubernamental: hasta que podamos salir del ASPO en esa futura “nueva normalidad” que, sin duda, será bastante diferente que la que conocíamos, una alternativa en materia de sexualidad sería el recurrir al “sexting”.

  1. Sexting y difusión inconsentida de imágenes sexuales de tercero

La voz “sexting” es fruto de la contracción de los vocablos “sex” y “texting”. Se podría decir que empezó como una práctica de intercambio de textos entre jóvenes (al principio, vía SMS), de contenido sexual. En su evolución, no sólo cambió la modalidad tecnológica incluyendo imágenes y videos, sino el rango etario de quienes lo practican, perdiéndose aquella inicial nota de exclusividad entre jóvenes y adolescentes. Esto no quiere decir que el último no sea el grupo que más lo utiliza y diversas encuestas indican que alrededor de un tercio de los menores y jóvenes adultos conectados ha “sexteado” en alguna ocasión o con frecuencia.

Es necesario aclarar que, aun cuando suele confundírsela en el lenguaje informal e incluso en algunos comentarios técnicos con la “difusión no consentida de imágenes íntimas”, el sexting es en sí misma una conducta perfectamente legal. Es una opción de ejercicio de la sexualidad que, justamente por ser realizada por personas que válidamente la consienten, integra la esfera de libertad que, de otro lado, protege el propio derecho penal cuando regula los delitos contra la “libertad sexual” (en el caso de nuestro CP, delitos contra la integridad sexual). De allí que resulte lógico que, en el marco de medidas sanitarias que impiden el contacto personal, las autoridades gubernamentales del área la sugieran como una práctica válida para atemperar las consecuencias del ASPO.

A esta legal y acotada difusión consentida de imágenes de contenido sexual, digamos, entre la pareja que las obtiene en forma conjunta o individual e internamente las comparte, como contracara, puede seguirle otra conducta ciertamente disvaliosa, como es la de la difusión no consentida a terceros de aquellas imágenes. Por eso, en caso de optarse por mantener la designación con el apocopado anglicismo –no puede ignorarse que hay un sector amplio de la doctrina que lo hace-, pareciera que como sugiere Paz Lloria García se formule una suerte de distinción entre el “sexting” a secas, para referirse a la práctica lícita, y el “delito de sexting”[3].

En particular, no debiera olvidarse que, como afirma Martínez Otero, la publicación de imágenes de terceras personas sin su consentimiento, cualquiera que fuere, no sólo con contenido sexual, en un perfil de una red social puede vulnerar dos derechos fundamentales: el derecho a la propia imagen y el derecho a la protección de datos personales[4]. Y, en términos de la capacidad de pluriofensividad, tampoco puede pasar por alto que la obtención de las imágenes de contenido sexual consensuadas puede dar lugar no sólo al mentado “delito de sexting” sino también a otras conductas disvaliosas de relevancia típica en forma autónoma o concurrente.

En línea con aquella advertencia vinculada a la falta de adecuada diferenciación se ha señalado, con razón, que hay mucha información en la web que demoniza el sexting como una más de las conductas dañosas digitales, cuando no es así: insisto, es solo una práctica sexual más, en el marco de las interrelaciones humanas[5]. Por cierto, una que conlleva el riesgo de que eso compartido en confianza en algún momento pueda irse más allá del círculo de intimidad inicial, ya sea voluntaria o involuntariamente y, desde este punto de vista, sería una actividad poco prudente.

Desde esta última perspectiva convergen múltiples factores que debieran analizarse antes de llevar adelante esta modalidad sexual. En particular, al menos en nuestro país, más allá de muchas iniciativas particulares, incluso en momentos como el que se vive en que el mismo Estado sugiere la práctica, se echa de menos una política seria tendiente a esclarecer sobre los riesgos, derechos y responsabilidades involucrados. También ilustrar sobre las opciones y caminos más convenientes para actuar ante el desvío de la conducta original consentida, brindar capacitación en seguridad informática, enfatizar una cultura de la privacidad que no sólo sea respetuosa de la propia sino también de la ajena. Explicar las consecuencias de geolocalizar o geoetiquetar las imágenes, sugerir formas de encuadrarlas, de hacer las tomas, que minimicen riesgos futuros en caso de caer en manos de terceros (por ej., que no incluyan rostro o un rasgo o característica tanto personal como de contexto con alta capacidad individualizante). Cuando se trata de jóvenes, involucrar a padres e instituciones educativas de todos los niveles, generar climas y espacios de confianza que permitan alertar, aconsejar y apoyar en caso de necesitar la intervención del sistema judicial.

Es cierto que, como indican Zerda y Benítez Demstchenko, cuando estamos frente a conductas dolosas como son los abusos digitales, estos son provocados por otras causales y no por el propio sexting, de allí que postulan que el prevenirlo importa una inhibición de nuestro libre albedrío y la exploración de nuestra sexualidad. Valga aclarar que, no obstante, apuntan que es correcto, como con toda práctica sexual, que se ejerza responsablemente[6]. Un matiz diferencial que parece apropiado destacar es que aquello que en general queda, por decirlo así, entre las cuatro paredes, en el registro de la memoria de quienes participaron, aquí se trata de algo que se documenta y comparte. Así, lo que pasó no quedará en una evocación mental o una narrativa verbal, sino que consta en un elemento digital (imagen, audio, video) que, como tal, tiene una potencia de distribución o difusión potenciada. Desde este punto de vista, el ejercicio responsable debiera incluir la consideración de tales distintas posibilidades.

Sin ignorar que la víctima de esta conducta no tiene por qué ser de uno u otro sexo, no escapa a nadie que la mujer es víctima preferente. Cualquier trabajo estadístico que se quiera consultar mostrará que en la porción ampliamente mayoritaria de casos las imágenes que se distribuyen a terceros sin consentimiento son de mujeres. Es más, la posesión de tales imágenes puede ser muchas veces una suerte de “palanca” a través de la que se ejercite la que se conoce como “violencia de control”. Resaltando la correlación de comportamientos disvaliosos, Bentivegna apunta que las estadísticas llevadas a cabo en torno a la violencia digital en el ámbito de la CABA indican que el 75% de las mujeres que sufrieron difusión no consentida de material íntimo sufrieron también sextorsión[7]. La fenomenología que habitualmente se congloba bajo tal etiqueta comprende diferentes variantes que, bien sintetiza Mara Resio, traducen en que el agresor al tener el material de contenido sexual lo utiliza como un elemento de control sobre la víctima. Se trata en general del paso siguiente a la conducta del “delito de sexting”[8]. También es habitual su asociación con el delito de grooming, como el paso subsiguiente a la fase de simple toma de contacto o de confianza que, una vez lograda, puede tener como expresión el intercambio de material de contenido sexual que obtenido del propio menor es usado después para lograr o forzar la llegada al encuentro en el mundo físico para concretar la finalidad perseguida desde el inicial acercamiento.

A todo evento, es evidente la similitud entre la mecánica que puede producirse con relación a un o una menor y aquella en la que la víctima es una persona adulta. Cuando se refiere a la mujer, también se ha propuesto denominarla como “violencia de género digital”, comprensiva de los abusos a través de las redes sociales contra la mujer, enfatizando que se trata de modos de actuar que no tienen otro fin más que humillar, denigrar y desprestigiarla; un ejercicio violento de carácter básicamente vengativo que puede provocar un desequilibrio emocional de consecuencias fatales[9].

  1. Propuesta de tipificación en el proyecto de CP de 2019

No obstante tratarse de una conducta que, a esta altura, no sólo no es novedosa sino que, además, es frecuente y se ha reflejado en numerosos casos de gran repercusión pública por ser sus víctimas personas de alta exposición en los medios masivos de comunicación, lo cierto es que aún no se ha concretado su tipificación expresa, lo que ha provocado se dieran disímiles respuestas judiciales en sede penal.

Si se hace un rápido ejercicio de búsqueda se advertirá que hubo desde declaraciones de atipicidad hasta la pretensión de subsumir la conducta como afectaciones al derecho a la imagen bajo el marco de la Ley de Propiedad Intelectual (N° 11723), como injurias por afectación al honor, a veces, a partir de las características concretas del caso se viabilizaron sanciones bajo canon del art. 128 del CP por involucrar a menores, o el 153 o 153bis del mismo código por la modalidad de acceso, o si las hubo, se canalizó a través de los tipos de coacciones (149bis/149ter, CP) o extorsión (168/169, CP).

En el Proyecto de CP que ingresara a consideración parlamentaria en marzo de 2019 (producto de la Comisión presidida por el Dr. Mariano Borinsky), se prevé como art. 493 la incorporación del tipo de difusión no consentida de materiales de contenido sexual, incluyendo tres agravantes propios, en los siguientes términos:

“Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o SEIS (6) a VEINTICUATRO (24) días-multa, al que sin autorización de la persona afectada difundiere, revelare, enviare, distribuyere o de cualquier otro modo pusiere a disposición de terceros imágenes o grabaciones de audio o audiovisuales de naturaleza sexual, producidas en un ámbito de intimidad, que el autor hubiera recibido u obtenido con el consentimiento de la persona afectada, si la divulgación menoscabare gravemente su privacidad.

La pena será de prisión de UNO (1) a TRES (3) años:

1°) Si el hecho se cometiere por persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión convivencial o similar relación de afectividad, aun sin convivencia.

2°) Si la persona afectada fuere una persona menor de edad.

3°) Si el hecho se cometiere con fin de lucro”.

Puede advertirse su similitud con el art. 197.7 del CP español, incorporado por la reforma mediante LO 01/2015[10], con el que coincide en los severizantes del segundo párrafo. La nueva figura es una consecuencia directa dentro de la Unión Europea de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento y Consejo, de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques contra los sistemas de información, que incluía también las conductas de grooming, stalking y bullying.

Por cierto, la norma española luce de mayor amplitud pues no ciñe la tipificación a las imágenes de naturaleza sexual. Si se busca evitar una divulgación que gravemente afecte la dignidad de una persona, esto se puede lograr con otras obtenidas en el ámbito de intimidad que no sean de contenido sexual.

4. El tipo contravencional en la CABA

Mientras se sigue esperando se debata en el Congreso la iniciativa, ya sea en forma total o parcial, lo que sería necesario también desde el punto de vista de mantener nuestra adecuación a los estándares que impone el formar parte del universo de signatarios del “Convenio sobre Cibercriminalidad” de Budapest de 2001, ingresado a nuestro derecho interno a partir de la Ley 27411[11], en el ámbito de la CABA, existe vigente una figura de “Difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas” en su Código Contravencional (Ley 1472/2004), con una profusa cantidad de posibles agravantes. Fue incorporada a comienzos de 2019 mediante su modificación por Ley N° 6128[12].

En efecto, el nuevo artículo 71 bis dice:

“Quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, de transmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier otro medio de comunicación, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con una multa de 400 a 1950 unidades fijas o cinco a quince días de trabajo de utilidad pública o con tres a diez días de arresto. El consentimiento de la víctima para la difusión, siendo menor de dieciocho años, no será considerado válido. Tampoco podrá alegarse el consentimiento de la víctima en la generación del contenido como defensa a la realización de la presente conducta. Acción dependiente de instancia privada con excepción de los casos donde la víctima sea menor de dieciocho años de edad. No configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión…”.

Resalta, en mi opinión, como un acierto, la referencia al “carácter íntimo”, no solamente sexual, aspecto que debiera ser considerado si se avanzara en la consagración de la conducta como delictiva. Es claro que si no fuera así, sería de suma importancia que los códigos contravencionales y de faltas provinciales que no tienen un tipo similar, lo incorporen. Tratándose de una contravención, es correcto que se remarque su carácter residual a la existencia de delito. El tema del consentimiento no válido en caso de menores de 18 años, a primera vista es claro que se ajusta a la regulación del consentimiento en general en la legislación argentina. Sin embargo, habría que analizar la incidencia de los numerosos casos en que se habilita por debajo del umbral para variadas actividades, incluido el ejercicio de la sexualidad. Además, en particular, no debiera soslayarse que la edad en que se permite habilitar cuentas para actuar en las redes sociales es en la mayoría de las más conocidas de 13 años (WeChat, SnapChat, Twitter, Pinterest) y en algunas de 16 años (Linkedin, desde hace poco WhatsApp), sin que falten intermedios (Instagram, YouTube, Facebook). Y esos son espacios donde gran parte de su intimidad en un sentido amplio se expone, al punto de hablarse habitualmente de transitar la “era de la extimidad”.

Luego, la aclaración de que tampoco podrá alegarse el consentimiento de la víctima en la generación del contenido como defensa a la realización de la presente conducta, si bien en principio podría decirse que es una redundancia innecesaria porque lo que se tipifica es que se difunda sin consentimiento a terceros, no que hubieran sido las imágenes obtenidas sin aquel), cumpliría una función aclaratoria que trataría de evitar se desplace el eje de una eventual discusión hacia un aspecto que no integra el núcleo de la prohibición.

Siendo la víctima perteneciente al rango etario de minoridad, la acción será pública y no dependiente de instancia privada como en los restantes casos.

Se fija como límite del ámbito de tipicidad contravencional los casos en que la difusión de imágenes constituyera un legítimo ejercicio de la libertad de expresión.

Entre las posibles circunstancias severizantes, en el art. 71 quáter se prevén las siguientes:

“… las sanciones se elevan al doble cuando son realizadas:

1. Cuando la víctima fuera menor de dieciocho años, mayor de setenta, o con discapacidad.

2. Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas.

3. Cuando la contravención sea cometida por el/la jefe, promotor u organizador de un evento o su representante artístico.

4. Cuando la contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.

5. Cuando la contravención sea cometida por un familiar en el 4° grado de consanguinidad o 2° grado de afinidad.

6. Cuando la contravención se cometa con información que no habría sido develada sin que medie engaño.

7. Cuando la contravención sea cometida mediante la utilización de identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la identidad de otra persona humana o jurídica”.

Como se advierte, no se trata sólo de los agravantes que reconoce la propuesta reformista del Código Penal, sino un elenco más densamente poblado que apuntan a otras situaciones de estrecha vinculación con la víctima (incs. 3° y 4°) o medie un aprovechamiento de circunstancias engañosas (incs. 6° y 7°).

5. Consideración final

El “sextear” es una práctica válida y legal cuyo uso se promueve en tiempos de ASPO. Conlleva una serie de riesgos en cuanto aquello que consensualmente se obtiene y comparte son textos, imágenes, audios y/o videos que, una vez que salen del control individual, una vez que atraviesan la esfera de secreto y forman parte de la más laxa de confidencialidad, tienen destino final incierto. Tal vez se mantengan dentro del respeto estricto de la confidencia, tal vez no.

Esta última opción posible incluye la disvaliosa conducta de difusión no consentida o inconsentida de imágenes íntimas de contenido sexual a terceros, respecto de la que hay propuesta concreta de tipificación como delito y que ya existe como contravención en la CABA, pero también otras.

No es inusual que se abra paso encadenándose con otros delitos como el grooming y las más variadas opciones de hostigamientos, coacciones, extorsiones, etc. (algunas con versiones “ciber” ya tipificadas, otras también en propuesta como la pornografía involuntaria o no consensual –también llamada “revenge porn”-).

Siendo así, es importante que se avance rápidamente en la discusión acerca de su adecuada tipificación, sea como delito, sea como contravención. No lo es menos que se realicen campañas que eduquen en su práctica responsable, alerten sobre sus peligros y clarifiquen sobre los caminos a seguir en caso de vulneraciones de confianza que sensiblemente afecten la intimidad, el honor u otros bienes jurídicos que, como consecuencia, resulten lesionados.

[1] Abogado y Doctor en Derecho (UNMDP). Máster en Derecho Penal (U. Salamanca, España). Director del Área Departamental de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, UNMDP. Ex Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

[2] Por todas, valga la noticia que publicara “Infobae” con el título “Coronarirus en Argentina: el gobierno recomienda sexo virtual en medio del aislamiento obligatorio”, en su edición del 17 de abril de 2020 (versión digital disponible en: https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/17/coronavirus-en-argentina-el-gobierno-recomendo-el-sexo-virtual-en-medio-del-aislamiento-obligatorio/), aclarando que la propuesta alcanzó repercusión en muchos medios internacionales.

[3] Así, Paz Lloria García entiende media sinonimia entre la difusión inconsentida de imágenes íntimas y el “delito de sexting”, que no debe confundirse con la actividad legítima de difundir o mostrar imágenes propias de naturaleza íntimo-sexual cuando existe consentimiento (en su trabajo “La regulación penal en materia de violencia familiar y de género tras la reforma de 2015. Especial referencia al ámbito tecnológico”, pub. en la revista “Sistema Penal e Informática”, M.A. Riquert director y C.C. Sueiro coordinador, ed. Hammurabi, Bs.As., N° 2, 2019, pág. 103).

[4] En su trabajo “Derechos fundamentales y publicación de imágenes ajenas en las redes sociales sin consentimiento”, pub. en “Revista española de derecho constitucional”, Madrid, N° 106, enero/abril de 2016, pág. 145; versión digital disponible en http://dx.doi.org/10.18042/cepc/redc.106.03).

[5] Cf. María Florencia Zerda y Marina Benítez Demtschenko, en su trabajo “Violencia de género digital”, pub. en “Revista Jurídica de Buenos Aires”, Año 43, N° 97, 2018-II, Facultad de Derecho de la UBA/Abeledo Perrot, Bs.As., número dedicado “Género y Derecho”, coordinado por Diana Maffia y Patricia L. Gómez, pág. 137.

[6] Ob.cit., pág. 137.

[7] Silvina A. Bentivegna, en su obra “Delitos vinculados a la violencia de género. Mujeres víctimas del patriarcado”, Hammurabi, Bs.As., 2019, pág. 41.

[8] Resio, en su trabajo “Delitos sexuales en la era digital”, pub. en AAVV “Cibercrimen y delitos informáticos. Los nuevos tipos penales en la era de Internet”, Suplemento Especial, ed. Erreius, Buenos Aires, agosto de 2018, pág. 126. Allí indica que, en Argentina, en 2017, la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC) denunció 39 casos, habiendo asesorado a unas 140 víctimas de sextorsión, de las cuales la mitad se contactó con la asociación después de pagar al extorsionador.

[9] Así, Zerda y Benítez Demtschenko, ya citadas, págs. 133 y ss. Ccte.: Silvina A. Bentivegna, en su obra “Delitos vinculados a la violencia de género. Mujeres víctimas del patriarcado”, Hammurabi, Bs.As., 2019, pág. 37.

[10] Su texto: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa”.

[11] Pub. en el BO del 15/12/2017.

[12] Pub. en el BOCBA N° 5531, del 07/01/2019.

Citar: elDial.com - DC2B37 Publicado el 23/06/2020 Copyright 2020 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

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